POLITICA
A 20 años de la desaparición de Jorge Julio López: las 15 pistas que no llevaron a nada y las preguntas que siguen sin respuesta
El 18 de septiembre de 2006, a Jorge Julio López, un albañil de Los Hornos, se lo tragó la tierra. O eso quisieron hacer creer. El sobreviviente de la más cruel dictadura que vivió la Argentina fue un testigo clave en los juicios contra el genocida Miguel Etchecolatz y su relato permitió que fuera condenado a perpetua por los crímenes de lesa humanidad.
Su declaración, clara y precisa, según destacó el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, fue crucial. Pero el mismo día que iba a estar cara a cara con el represor, volvió a desaparecer. Esta segunda vez estuvo marcada por un contexto muy lejano a aquella primera captura en 1976: Argentina era un país en democracia.
Fueron decenas las pistas que siguió la Justicia: algunos eran señuelos para desviar la investigación, otros eran aportes de personas que creían que podían ayudar, pero que no llegaban a nada. Algunos otros simplemente eran pasos confusos o esperanzados. Todo terminó con el mismo resultado: Jorge Julio López sigue desaparecido.
1. La hipótesis de una venganza policial por su testimonio contra Etchecolatz
Una de las principales hipótesis, y la que se sostuvo en el tiempo, estuvo vinculada con una posible desaparición forzada como represalia por su testimonio contra Miguel Etchecolatz.
La posibilidad de que sectores policiales vinculados con la última dictadura hubieran participado en su desaparición se convirtió en una de las líneas centrales de la investigación.
En 2014, el día que se dictó el veredicto en su contra por los crímenes en el centro clandestino de detención La Cacha, el represor tenía en sus manos un papel que decía “Jorge Julio López” y la palabra “secuestrar”.
A pesar de esa imagen amenazante, la Justicia no avanzó sobre él y nunca se pudo probar, pese a las incontables pistas que lo indicaban como principal sospechoso, que haya sido el culpable de esta nueva desaparición.
2. Un posible cuadro de desorientación después del juicio
En los primeros días, la propia familia de López manejó otra posibilidad: que hubiera sufrido una descompensación o algún episodio de desorientación producto de la conmoción que le había generado enfrentarse con el genocida durante el juicio.
La hipótesis apuntaba a que el impacto de esa experiencia podía haberle provocado un cuadro de shock postraumático que explicara que se hubiera alejado o perdido.
3. El aislamiento por voluntad propia
Durante los primeros días también se llegó a plantear que López podía haberse retirado voluntariamente y que su desaparición no estuviera vinculada con un hecho criminal.
En ese contexto, el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, minimizó públicamente la situación y dijo que López podría “estar tomando el té en la casa de la tía”.
La hipótesis de un repliegue personal o incluso de un suicidio tampoco permitió explicar qué había ocurrido con él.
4. El cadáver acribillado
Días después de la desaparición de López apareció un cadáver acribillado con disparos calibre 9 milímetros y luego calcinado en el Camino Negro, un lugar emblemático de La Plata por los asesinatos cometidos allí por organizaciones paramilitares de la derecha peronista, como la CNU y la Triple A, durante el período de terrorismo estatal previo al golpe de 1976.
La propia Policía bonaerense informó inicialmente a la prensa que el cuerpo correspondía a Jorge Julio López. Sin embargo, esa identificación nunca fue corroborada y posteriormente se determinó que los rasgos de la persona asesinada no coincidían con las características del hombre.
El hecho ocurrió además en una fecha especialmente sensible: la persona había sido asesinada el martes 19, cuando se leía el veredicto del juicio contra Etchecolatz, y el cuerpo fue calcinado al día siguiente. La pista terminó sin aportar información sobre el paradero de López.
5. El rastrillaje en Atalaya
Apenas cinco días después de la desaparición, la Policía Bonaerense realizó un rastrillaje en Atalaya, partido de Magdalena. El procedimiento estuvo a cargo de cinco policías: tres integrantes de la División Canes y dos efectivos de la Comisaría 3ª de Los Hornos, bajo las órdenes del capitán Eduardo Zaffino. Se movilizaron en un vehículo sin identificación y vestidos de civil.
Según declararon los propios policías, los perros siguieron un recorrido desde la ruta hasta la vivienda de Rubén Darío Durso, delegado municipal de Atalaya.
Sin embargo, en lugar de continuar con el procedimiento, los policías se pusieron a merendar en la casa del delegado mientras los perros permanecieron afuera. Luego retiraron a los animales y, sin labrar un acta, dejaron a dos efectivos de guardia.
Esa misma noche regresó una comitiva integrada por los fiscales Marcelo Martini y Javier Berlingieri, la jefa de la Departamental La Plata, Victoria Huck, el jefe de la Distrital La Plata, Marcelo Medoro, y el capitán Zaffino, posteriormente condenado por el fusilamiento de Darián Barzábal en un patrullero de la Comisaría 3ª.
Aunque los perros habían reconocido prendas y un colchón con rastros de López dentro de la vivienda, el procedimiento se interrumpió. Los efectivos atribuyeron la decisión a “lo tupido de la vegetación y la oscuridad reinante”. También se denunciaron irregularidades similares en materiales surgidos de otras investigaciones paralelas realizadas por la Policía Bonaerense.
6. La llamada de la “mujer pájaro”
El 25 de diciembre de 2006 se realizó un procedimiento a partir del insólito testimonio de una persona de origen peruano que residía en Argentina.
Según declaró ante la Justicia, había hablado telefónicamente con una amiga que vivía en Perú y que “por la noches se convierte en águila”. La explicación policial para incorporar esa información a la causa fue que, durante uno de sus vuelos nocturnos, la denominada “mujer-pájaro” habría visto a Julio López en un campo cercano a La Plata.
La declaración derivó en un importante despliegue policial: participaron tres comisarías y se realizaron decenas de traslados, movilizaciones, identificaciones de personas y declaraciones testimoniales. La pista, sin embargo, no llevó al paradero de López.
7. La información de la SIDE
Los organismos de derechos humanos que integraban la querella solicitaron al juez Arnaldo Corazza que requiriera al Servicio de Inteligencia del Estado el material de inteligencia producido antes del juicio a Etchecolatz de 2006.
La SIDE negó haber realizado tareas relacionadas con ese proceso, pero envió un informe sobre el juicio a Christian Von Wernich, el capellán policial cuyo juicio oral sería el siguiente en La Plata.
Además, sin notificar al juez federal y con aval del gobierno nacional, la SIDE entregó a familiares y allegados de López una flota de teléfonos celulares y equipos de radio Nextel. Según la información aportada por los organismos, esto terminó generando escuchas falsas, inutilizando otras verdaderas y ocultando cruces telefónicos, elementos considerados básicos para investigar un secuestro.
En la causa también quedaron registrados informes de inteligencia de la SIDE sobre familiares, vecinos y amigos de López. Sin embargo, no figuraba información sobre el entorno de Etchecolatz.
8. Las llaves
A fines de noviembre de 2006, dos meses después de la desaparición, encontraron un juego de llaves debajo de un rosal en el jardín de la casa de López.
Las llaves pertenecían a la familia, pero nunca pudo determinarse desde cuándo estaban allí. Las pericias realizadas por Gendarmería y la Policía Bonaerense fueron contradictorias: una sostenía que habían permanecido poco tiempo en el jardín, mientras que la otra calculaba que llevaban más de tres meses a la intemperie.
Otro elemento llamó la atención de los organismos de derechos humanos: hasta ese momento, el lugar del hallazgo no había sido rastrillado de manera adecuada. Por ese mismo jardín habían pasado en distintas oportunidades el gobernador Felipe Solá y el ministro de Seguridad León Arslanián durante sus visitas a la familia.
Para los organismos de derechos humanos, se trató de un nuevo mensaje mafioso.
9. El allanamiento en el penal de Marcos Paz
Desde el comienzo, los organismos de Derechos Humanos reclamaron que se investigara a los represores alojados en el penal federal de Marcos Paz, donde estaban detenidos Etchecolatz y otros genocidas.
Se solicitó un allanamiento, pero el procedimiento recién se realizó seis meses después de la desaparición y bajo condiciones cuestionadas.
El juez Corazza decidió no realizar personalmente el allanamiento. Diez días antes del operativo se había reunido con el ministro de Justicia de la Nación y le había solicitado que el ministerio se hiciera cargo.
Finalmente, el 23 de marzo de 2007 se realizó una requisa en Marcos Paz a cargo del propio Servicio Penitenciario Federal. El magistrado y otros funcionarios judiciales no estuvieron presentes. En el procedimiento participaron integrantes de la SIDE, la Policía Federal y la Policía Bonaerense.
Años después, en octubre de 2014, los fiscales Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira pidieron la indagatoria de siete agentes del Servicio Penitenciario Federal por irregularidades en los registros de visitas al pabellón de lesa humanidad de Marcos Paz durante los meses posteriores a la desaparición de López.
10. La agenda de Etchecolatz y la pista de Susana Gopar
Durante aquella requisa en Marcos Paz fue secuestrada una agenda perteneciente a Etchecolatz. Entre sus anotaciones aparecían los datos de Susana Beatriz Gopar, una policía bonaerense que seguía en actividad. La mujer había trabajado en Interpol durante la dictadura y vivía a cinco cuadras de la casa de López.
Un vecino había declarado que había visto a López durante la mañana de su desaparición “entre la verdulería y Edelap”, en la calle 66, entre 137 y 138. Lo describió parado de espaldas a la calle y mirando hacia las fachadas, como si estuviera buscando algo.
La dirección coincidía exactamente con la vivienda de Gopar. Además, ella formaba parte de los 9000 agentes de la Bonaerense que habían trabajado durante la dictadura y continuaban activos al momento de la segunda desaparición de López.
En septiembre de 2007, Gopar fue citada a declarar en el Juicio por la Verdad. Allí, sostuvo: “No fui secretaria de Etchecolatz”, además, afirmó que había estado “muy poco en la dirección de Investigaciones”. “Viví con carpetas médicas”, argumentó. También aseguró que no conocía al represor. Cuando le preguntaron cómo podía haber obtenido su número telefónico, respondió: “No sé, a mi casa no llamó y eso puede constatarlo por mi número, ni yo lo llamé”.
A pedido de la querella se realizaron tareas de inteligencia. La Policía de Seguridad Aeroportuaria siguió a Gopar e intervino sus líneas telefónicas. Ante la repercusión que tomó la pista, el ministro Arslanián decidió pasarla a retiro el 18 de septiembre de 2007, exactamente un año después de la desaparición de López.
También se incorporó otro dato: Gopar era oriunda de Pehuajó, localidad donde Etchecolatz había trabajado a comienzos de los años 70 y de donde también era oriundo el médico policial Carlos Falcone, uno de sus visitantes en Marcos Paz.
A pesar de las sospechas y de los pedidos de la querella para allanar la vivienda de Gopar, el juez Corazza y el fiscal Sergio Franco no avanzaron con esa medida.
A fines de 2008, la pista volvió a activarse. Parte de las escuchas realizadas por la PSA fueron enviadas a la Oficina de Observaciones Judiciales de la SIDE, conocida como “Ojota”, para limpiar el audio, pero nunca fueron devueltas. También fue intervenido el correo electrónico de Gopar. Aunque allí apareció información relacionada con el centro clandestino de detención de Arana, la investigación no avanzó.
Finalmente, Gopar se mudó de su vivienda de Los Hornos sin que se realizara ningún allanamiento.
11. La búsqueda en el arroyo El Pescado
En abril de 2008, equipos especializados de la Policía Bonaerense realizaron un operativo en un arroyo de la localidad de Ignacio Correa, en las afueras de La Plata.
La búsqueda había sido ordenada por el juez federal Arnaldo Corazza luego de la declaración de un testigo de identidad reservada que, según explicó Rubén López, hijo de la víctima, había aportado datos “muy creíbles y precisos”.
El procedimiento incluyó buzos y personal de la Policía Científica que formaban parte de la unidad especial creada para buscar a López.
La búsqueda terminó sin resultados positivos.
12. El testimonio de San Miguel del Monte
Otra pista llevó la investigación hasta San Miguel del Monte. En los primeros meses posteriores a la segunda desaparición de López, un gestor y vecino llamado Jorge Scanio declaró que lo había visto con vida el 1° de octubre de 2006.
Según su declaración ante la Justicia y los investigadores, había visto a López en la estancia San Genaro, ubicada a la altura del kilómetro 135 de la Ruta Nacional N.º 3.
Scanio relató que había ingresado al establecimiento por pedido de un cliente para verificar si estaba ocupado y que allí había visto a López en mal estado físico, mientras caminaba custodiado por un grupo de personas armadas.
La declaración dio lugar a allanamientos y rastrillajes tanto en esa zona como en otros lugares señalados durante la investigación, entre ellos Atalaya. Ninguno produjo resultados positivos y, con el paso de los años, el testimonio fue perdiendo sustento judicial.
13. El rastrillaje en el Parque Pereyra Iraola
En febrero de 2011, un grupo de antropólogos forenses realizó un nuevo rastrillaje en una zona del Parque Pereyra Iraola, en el partido de Berazategui, luego de que apareciera otro testigo de identidad reservada.
La Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad informó que había aportado un georadar solicitado por la Justicia para buscar el cuerpo.
Los trabajos se desarrollaron en un predio cercano a la estación Pereyra de la línea Roca. El área fue vallada y quedó bajo custodia de efectivos de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El georadar permitió detectar ocho puntos en los que podía haber habido movimientos de tierra. El dispositivo permite identificar alteraciones morfológicas debajo de la superficie, hasta una profundidad aproximada de entre 1,80 y 2 metros, para establecer los lugares donde realizar excavaciones.
El rastrillaje, finalmente, dio resultado negativo.
14. El cadáver del Hospital Posadas
Otra de las pistas que reaparece periódicamente es la existencia de un cadáver en el Hospital Posadas.
Cada cierto tiempo, personas que ingresan al área denuncian que el cuerpo podría ser el de Jorge Julio López. Sin embargo, las comparaciones realizadas mediante huellas y ADN determinaron que no se trata de él.
El cuerpo continúa en el centro de salud y, pese a que su identidad tampoco pudo establecerse, nunca fue reclamado.
15. El supuesto cruce a Paraguay
Una de las pistas llevó la investigación hasta la frontera con Paraguay. Un exagente de la Dirección de Migraciones fue procesado después de que apareciera registrado un supuesto paso de Julio López por el puente internacional que une Posadas con Encarnación.
El juez federal de La Plata procesó a Sergio Miguel Rolón, un docente misionero de 28 años que se desempeñaba como inspector de Migraciones, por la presunta comisión del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Rolón fue dado de baja por el caso López porque se consideró que “conocía las circunstancias de la persona buscada” y que no había hecho nada para impedir el supuesto cruce.
El registro informático de Migraciones consignaba el supuesto paso de López por la casilla de Rolón, con su número de documento. El movimiento se habría producido cuando los organismos de seguridad ya habían sido alertados sobre la desaparición.
La investigación sobre esta pista, finalmente, tampoco avanzó.
La primera desaparición de Julio López
López fue secuestrado por primera vez en septiembre de 1976 y comenzó a recorrer el temido circuito Camps, integrado por Cuatrerismo, el Pozo de Arana, la comisaría Quinta, la Octava y la Novena de La Plata.
Allí, se cruzó con las víctimas de La Noche de los Lápices, a quienes los represores llamaban “los subversivos de los boletos baratos”, y fue testigo del asesinato de sus compañeros de la Unidad Básica: Juan Pablo Maestre, Norberto Rodas, Ambrosio De Marco y Patricia Dell’ Orto.
De esta última, recuerda haberla visto suplicar piedad: “No me maten, llévenme a una cárcel pero no me maten, quiero criar a mi nenita”.
“Ella y los otros dos tienen el tiro acá en la cabeza”, declaró López ante los jueces mientras se señalaba la frente. “El día que encuentren los cuerpos, van a ver, lo tienen acá. Los vi”, insistió.
La nueva pista, 20 años después
Según cuenta Rubén López, hijo del albañil desaparecido, a TN, un nuevo punto en la investigación resurgió: se trata del enorme volumen de información acumulada durante dos décadas en comunicaciones telefónicas.
“Hoy están trabajando mucho, depurando las llamadas de aquel 18 de septiembre de 2006 para tratar de sacar cuerpos de anexos de investigación que son truchos y enturbian la causa. Están tratando de clarificar 10 millones de llamadas después de 20 años”, detalló.
Sumado a ello, en los últimos meses, la Provincia de Buenos Aires aumentó la recompensa que pasó de 5 a 10 millones de pesos. “Los gobiernos siempre han tratado de colaborar, actualmente desde Nación no pasa, pero no esperamos mucho”, agrega.
Todas las preguntas siguen sin respuestas
Para Rubén, pese al paso del tiempo, todavía debería investigarse el entorno de Etchecolatz. “Cuando mostró un papelito que decía ‘Jorge Julio López’ y ‘secuestrar’ nunca se investigó. En esa oportunidad fui a hablar con el fiscal Molina. Me dijo que lo iba a convocar”, cuenta. “Todavía estamos esperando que lo convoquen”, agrega con ironía, debido a que el represor murió hace cuatro años en prisión.
Hoy, para la familia, todas las preguntas siguen sin respuestas. “¿Qué pasó?, ¿quiénes fueron?, ¿por qué no se los protegió a los testigos?, ¿por qué después de la desaparición de mi papá empezaron a cuidarlos?, ¿por qué le pasó a él?, ¿por qué lo eligieron a él? Son las mismas de hace 20 años”, lamenta.
Para Rubén, la falta de respuestas está vinculada con el silencio de quienes podrían aportar información. “Esto es como el pacto de los genocidas de la dictadura: hay un manto de silencio que no se corrompe ni con toda la plata que les pongas. No hay más que dos o tres que ejecutaron y un instigador, porque esto sigue quedando impune como con los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos”, insiste.
Y sobre el final, completa: “Se fueron muriendo y nunca contaron, nunca dijeron nada, nunca tuvieron un signo de respeto hacia las familias. Nunca se arrepintieron”.
La pregunta, como cada año, es la misma, una de las grandes deudas de la democracia: ¿dónde está Julio López?
julio lopez, Jorge Julio López, Desaparecido, Miguel Etchecolatz, dictadura militar, Sumario
El Gobierno designó al embajador Rubén Javier Ruffi como nuevo Director Nacional del Mercosur de manera transitoria, según la Resolución 146/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial, que lleva la firma de Pablo Quirno. El canciller es uno de los críticos más frontales del funcionamiento del bloque regional.
El cargo depende de la Subsecretaría de Negociaciones Económicas Internacionales e Integración, bajo la órbita de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina.
La dependencia que liderará Ruffi es el organismo técnico encargado de coordinar la posición argentina en los ámbitos institucionales del Mercosur —integrado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y, desde julio de 2024, Bolivia—. Su rol resulta central en un contexto en que el acuerdo UE-Mercosur ya rige de manera provisional y comenzaron a aplicarse las rebajas arancelarias sobre más del 90% del comercio bilateral, con cronogramas de desgravación de entre cinco y 25 años según la sensibilidad de cada producto.
En cuanto a la política oficial desde Cancillería, en la LXVII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, celebrada el 30 de junio en Luque, Paraguay, Quirno cuestionó las bases del esquema regional.
“El Mercosur debe dejar de mirar el mundo como una amenaza y asumir el papel que le corresponde”, afirmó el canciller ante los mandatarios del bloque. En el mismo discurso, señaló que la región había padecido “una verdadera adicción al proteccionismo” que, lejos de proteger el empleo y la industria, derivó en “menos competencia, menos productividad, menos inversión, menos innovación, precios más altos para los consumidores, salarios más bajos, en síntesis, más pobreza”.
También apuntó contra el Arancel Externo Común (AEC), al que calificó como una estructura que “condena a las empresas regionales a producir con costos superiores a los de sus competidores” y propuso reemplazarlo por uno “simple, competitivo y compatible con una agenda real de apertura”. En ese sentido, comparó el desempeño del Mercosur con el de Chile, que logró acuerdos con economías que representan el 88% del PBI mundial, mientras el bloque apenas alcanza el 20% tras 35 años de existencia.
Las críticas no quedaron circunscriptas a la cumbre. En agosto, Quirno volvió a cuestionar el funcionamiento del organismo y fue más directo: “Si el Mercosur no acompaña a la velocidad que necesitamos, avanzaremos bilateralmente”, sostuvo, y agregó que en sus 35 años de vida el bloque no cumplió con los objetivos fundacionales del Tratado de Asunción de 1991, y atribuyó esa parálisis a la volatilidad política de la región, la burocracia interna y la falta de voluntad para debatir cuestiones estructurales.
“Argentina no tiene tiempo para perder”, sintetizó el ministro, al tiempo que anunció que el gobierno buscará agilizar relaciones bilaterales dentro del margen que el bloque permite.
En cuanto a las acciones concretas de la Argentina dentro del bloque comercial, el 17 de enero de 2026, la Unión Europea (UE) y el Mercosur firmaron en Asunción un acuerdo de libre comercio que puso fin a 27 años de negociaciones y entró en aplicación provisional el 1 de mayo. El pacto abarca más de 720 millones de personas y representa cerca del 30% del producto bruto interno (PBI) mundial.
Argentina fue el primer miembro del bloque en avanzar en la ratificación: la Cámara de Diputados aprobó el texto el 13 de febrero y el Senado lo ratificó el 26 de febrero por 69 votos contra tres, luego de que Milei enviara el proyecto al Congreso el 6 de febrero.
En paralelo, el gobierno firmó el 5 de febrero en Washington el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca con Estados Unidos (ARTI), rubricado por Quirno y el representante comercial estadounidense Jamieson Greer. El texto contempla la eliminación de aranceles sobre 221 líneas arancelarias desde su entrada en vigor, aunque aún no fue enviado al Congreso para su aprobación definitiva.
International,Relations,Diplomacy / Foreign Policy,South America / Central America
POLITICA
Cambios en la Quinta de Olivos: qué se sabe de los despidos que ordenó Milei en su residencia
El Gobierno confirmó una profunda reorganización en la Quinta Presidencial de Olivos, donde fueron despedidos 12 trabajadores por decisión de la administración de Javier Milei. Las modificaciones también contemplan traslados de personal y el traspaso de la seguridad y la administración del predio a la Casa Militar.
Según indicaron fuentes oficiales a , la medida se adoptó después de una investigación interna por presuntas “filtraciones” relacionadas con las actividades del Presidente y de su círculo más cercano. Entre los cesanteados se encuentra Osvaldo Javier Sosa, quien hasta ahora se desempeñaba como intendente de la residencia.
La Casa Militar, que depende de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asumirá el control integral de Olivos. El proceso de transferencia de responsabilidades y bienes deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.
Por qué despidieron a 12 trabajadores de la Quinta de Olivos
El Ejecutivo vinculó las desvinculaciones y reasignaciones con posibles riesgos para la seguridad presidencial y el manejo de información dentro de la residencia.
“Se encuadra en una serie de filtraciones que le han hecho llegar al Gobierno. Entonces, se decidió un refuerzo de la seguridad”, señalaron fuentes oficiales a .
Desde la Casa Rosada aseguraron que se realizó una investigación que habría detectado “un riesgo para la información y también para la seguridad”, circunstancia que habría motivado la decisión sobre los empleados. Sin embargo, no trascendieron detalles sobre las filtraciones ni se precisó qué participación habría tenido cada uno de los trabajadores apartados.
Entre los despedidos hay personal de distintas áreas, como jardinería, administración y cocina, según informó el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano.
“No los dejaron entrar. Los mandaron a sus casas a esperar el telegrama”, sostuvo el dirigente sindical. También aseguró que los trabajadores no recibieron explicaciones sobre las razones de las cesantías y denunció que una de las personas afectadas se encuentra de licencia por cáncer. El Gobierno no respondió sobre este último punto.
En medio de las versiones que circularon tras conocerse la reestructuración, fuentes autorizadas negaron que la medida estuviera relacionada con algún inconveniente con los perros de Milei. “Son mentiras”, afirmaron.
Quiénes quedaron afuera de la residencia presidencial
Uno de los principales desplazados fue Osvaldo Javier Sosa, quien se desempeñaba como intendente de la Quinta de Olivos. Había llegado al cargo por su parentesco con María Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General e integrante del círculo cercano de Karina Milei.
Consultadas sobre una eventual fricción entre la secretaria general y su colaboradora, fuentes oficiales descartaron esa interpretación y argumentaron que la nueva conducción encabezada por la Casa Militar tiene la facultad de designar a su propio equipo al frente del predio.
La decisión también provocó el rechazo de ATE Nacional. Su titular, Rodolfo Aguiar, adelantó que el sindicato se declaró en “alerta” y no descartó adoptar medidas de fuerza contra las desvinculaciones.
“¿En serio va a despedir a los trabajadores de la quinta presidencial? No se lo vamos a permitir”, expresó Aguiar al cuestionar públicamente al Presidente.
Qué cambiará con el control de la Casa Militar
La reorganización implica que la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, tal como funcionaba hasta ahora, quedará diluida dentro del nuevo esquema. La Casa Militar tendrá bajo su órbita tanto la protección como la administración del predio.
No obstante, desde el Gobierno aclararon que esto no significa que todas las tareas civiles pasarán a ser realizadas por efectivos de las Fuerzas Armadas.
“No quiere decir que los militares hagan actividades de civiles. Pero las personas que tengan relación con el Presidente van a trabajar bajo las órdenes de Casa Militar”, explicaron fuentes oficiales.
El organismo está conducido por el coronel Sebastián Ignacio Ibáñez, quien reporta directamente a Karina Milei. Además de custodiar al Presidente, la Casa Militar desplegó en otras oportunidades operativos vinculados con la cobertura de actos oficiales y las restricciones impuestas a la prensa acreditada en la Casa Rosada.
El área también presentó una denuncia contra periodistas por supuesto espionaje dentro de la sede gubernamental —que luego fue desestimada por la Justicia— e intervino en procedimientos que limitaron el trabajo de camarógrafos durante algunas apariciones públicas de Milei.
La explicación oficial y la próxima visita del Papa
El Ejecutivo comunicó que la Casa Militar asumirá la “responsabilidad integral” de la seguridad de la Quinta de Olivos y de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia. Según el texto oficial, el objetivo es fortalecer la protección y facilitar los procesos administrativos internos.
En ese comunicado no se hizo referencia a las supuestas filtraciones. En cambio, la Casa Rosada argumentó que los cambios buscan “elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno” frente a la escalada de la inseguridad global y la próxima visita del papa León XIV a la Argentina.
La Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro dispuso el desalojo de la planta de Fate en San Fernando, ocupada por sus empleados desde febrero pasado. Frente a la resolución, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) convocó a una concentración en los accesos del predio para rechazar la medida.
El gremio calificó la medida de “aberrante”, sostuvo que la firma mantiene un lockout patronal, y organizó una protesta que incluye un abrazo simbólico y una conferencia de prensa a las 10 en las puertas del establecimiento, según informo el medio local Que Pasa Web.
El secretario general del sindicato, Alejandro Crespo, habló desde la puerta de la fábrica y afirmó: “Hay una presencia permanente desde el 18 de febrero, cuando la empresa generó un lockout ofensivo, que en la Argentina está prohibido y que fue realizado cuando los compañeros estaban de vacaciones”.
Noticia en desarrollo
Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro,Que Pasa Web,Actualidad económica,Industria Automotriz,Conforme a
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