POLITICA
A 20 años de la desaparición de Jorge Julio López: las 15 pistas que no llevaron a nada y las preguntas que siguen sin respuesta

El 18 de septiembre de 2006, a Jorge Julio López, un albañil de Los Hornos, se lo tragó la tierra. O eso quisieron hacer creer. El sobreviviente de la más cruel dictadura que vivió la Argentina fue un testigo clave en los juicios contra el genocida Miguel Etchecolatz y su relato permitió que fuera condenado a perpetua por los crímenes de lesa humanidad.
Su declaración, clara y precisa, según destacó el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, fue crucial. Pero el mismo día que iba a estar cara a cara con el represor, volvió a desaparecer. Esta segunda vez estuvo marcada por un contexto muy lejano a aquella primera captura en 1976: Argentina era un país en democracia.
Fueron decenas las pistas que siguió la Justicia: algunos eran señuelos para desviar la investigación, otros eran aportes de personas que creían que podían ayudar, pero que no llegaban a nada. Algunos otros simplemente eran pasos confusos o esperanzados. Todo terminó con el mismo resultado: Jorge Julio López sigue desaparecido.
1. La hipótesis de una venganza policial por su testimonio contra Etchecolatz
Una de las principales hipótesis, y la que se sostuvo en el tiempo, estuvo vinculada con una posible desaparición forzada como represalia por su testimonio contra Miguel Etchecolatz.
La posibilidad de que sectores policiales vinculados con la última dictadura hubieran participado en su desaparición se convirtió en una de las líneas centrales de la investigación.
En 2014, el día que se dictó el veredicto en su contra por los crímenes en el centro clandestino de detención La Cacha, el represor tenía en sus manos un papel que decía “Jorge Julio López” y la palabra “secuestrar”.
A pesar de esa imagen amenazante, la Justicia no avanzó sobre él y nunca se pudo probar, pese a las incontables pistas que lo indicaban como principal sospechoso, que haya sido el culpable de esta nueva desaparición.
2. Un posible cuadro de desorientación después del juicio
En los primeros días, la propia familia de López manejó otra posibilidad: que hubiera sufrido una descompensación o algún episodio de desorientación producto de la conmoción que le había generado enfrentarse con el genocida durante el juicio.
La hipótesis apuntaba a que el impacto de esa experiencia podía haberle provocado un cuadro de shock postraumático que explicara que se hubiera alejado o perdido.
3. El aislamiento por voluntad propia
Durante los primeros días también se llegó a plantear que López podía haberse retirado voluntariamente y que su desaparición no estuviera vinculada con un hecho criminal.
En ese contexto, el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, minimizó públicamente la situación y dijo que López podría “estar tomando el té en la casa de la tía”.
La hipótesis de un repliegue personal o incluso de un suicidio tampoco permitió explicar qué había ocurrido con él.

4. El cadáver acribillado
Días después de la desaparición de López apareció un cadáver acribillado con disparos calibre 9 milímetros y luego calcinado en el Camino Negro, un lugar emblemático de La Plata por los asesinatos cometidos allí por organizaciones paramilitares de la derecha peronista, como la CNU y la Triple A, durante el período de terrorismo estatal previo al golpe de 1976.
La propia Policía bonaerense informó inicialmente a la prensa que el cuerpo correspondía a Jorge Julio López. Sin embargo, esa identificación nunca fue corroborada y posteriormente se determinó que los rasgos de la persona asesinada no coincidían con las características del hombre.
El hecho ocurrió además en una fecha especialmente sensible: la persona había sido asesinada el martes 19, cuando se leía el veredicto del juicio contra Etchecolatz, y el cuerpo fue calcinado al día siguiente. La pista terminó sin aportar información sobre el paradero de López.
5. El rastrillaje en Atalaya
Apenas cinco días después de la desaparición, la Policía Bonaerense realizó un rastrillaje en Atalaya, partido de Magdalena. El procedimiento estuvo a cargo de cinco policías: tres integrantes de la División Canes y dos efectivos de la Comisaría 3ª de Los Hornos, bajo las órdenes del capitán Eduardo Zaffino. Se movilizaron en un vehículo sin identificación y vestidos de civil.
Según declararon los propios policías, los perros siguieron un recorrido desde la ruta hasta la vivienda de Rubén Darío Durso, delegado municipal de Atalaya.
Sin embargo, en lugar de continuar con el procedimiento, los policías se pusieron a merendar en la casa del delegado mientras los perros permanecieron afuera. Luego retiraron a los animales y, sin labrar un acta, dejaron a dos efectivos de guardia.
Esa misma noche regresó una comitiva integrada por los fiscales Marcelo Martini y Javier Berlingieri, la jefa de la Departamental La Plata, Victoria Huck, el jefe de la Distrital La Plata, Marcelo Medoro, y el capitán Zaffino, posteriormente condenado por el fusilamiento de Darián Barzábal en un patrullero de la Comisaría 3ª.
Aunque los perros habían reconocido prendas y un colchón con rastros de López dentro de la vivienda, el procedimiento se interrumpió. Los efectivos atribuyeron la decisión a “lo tupido de la vegetación y la oscuridad reinante”. También se denunciaron irregularidades similares en materiales surgidos de otras investigaciones paralelas realizadas por la Policía Bonaerense.
6. La llamada de la “mujer pájaro”
El 25 de diciembre de 2006 se realizó un procedimiento a partir del insólito testimonio de una persona de origen peruano que residía en Argentina.
Según declaró ante la Justicia, había hablado telefónicamente con una amiga que vivía en Perú y que “por la noches se convierte en águila”. La explicación policial para incorporar esa información a la causa fue que, durante uno de sus vuelos nocturnos, la denominada “mujer-pájaro” habría visto a Julio López en un campo cercano a La Plata.
La declaración derivó en un importante despliegue policial: participaron tres comisarías y se realizaron decenas de traslados, movilizaciones, identificaciones de personas y declaraciones testimoniales. La pista, sin embargo, no llevó al paradero de López.
7. La información de la SIDE
Los organismos de derechos humanos que integraban la querella solicitaron al juez Arnaldo Corazza que requiriera al Servicio de Inteligencia del Estado el material de inteligencia producido antes del juicio a Etchecolatz de 2006.
La SIDE negó haber realizado tareas relacionadas con ese proceso, pero envió un informe sobre el juicio a Christian Von Wernich, el capellán policial cuyo juicio oral sería el siguiente en La Plata.
Además, sin notificar al juez federal y con aval del gobierno nacional, la SIDE entregó a familiares y allegados de López una flota de teléfonos celulares y equipos de radio Nextel. Según la información aportada por los organismos, esto terminó generando escuchas falsas, inutilizando otras verdaderas y ocultando cruces telefónicos, elementos considerados básicos para investigar un secuestro.
En la causa también quedaron registrados informes de inteligencia de la SIDE sobre familiares, vecinos y amigos de López. Sin embargo, no figuraba información sobre el entorno de Etchecolatz.
8. Las llaves
A fines de noviembre de 2006, dos meses después de la desaparición, encontraron un juego de llaves debajo de un rosal en el jardín de la casa de López.
Las llaves pertenecían a la familia, pero nunca pudo determinarse desde cuándo estaban allí. Las pericias realizadas por Gendarmería y la Policía Bonaerense fueron contradictorias: una sostenía que habían permanecido poco tiempo en el jardín, mientras que la otra calculaba que llevaban más de tres meses a la intemperie.
Otro elemento llamó la atención de los organismos de derechos humanos: hasta ese momento, el lugar del hallazgo no había sido rastrillado de manera adecuada. Por ese mismo jardín habían pasado en distintas oportunidades el gobernador Felipe Solá y el ministro de Seguridad León Arslanián durante sus visitas a la familia.
Para los organismos de derechos humanos, se trató de un nuevo mensaje mafioso.
9. El allanamiento en el penal de Marcos Paz
Desde el comienzo, los organismos de Derechos Humanos reclamaron que se investigara a los represores alojados en el penal federal de Marcos Paz, donde estaban detenidos Etchecolatz y otros genocidas.
Se solicitó un allanamiento, pero el procedimiento recién se realizó seis meses después de la desaparición y bajo condiciones cuestionadas.
El juez Corazza decidió no realizar personalmente el allanamiento. Diez días antes del operativo se había reunido con el ministro de Justicia de la Nación y le había solicitado que el ministerio se hiciera cargo.
Finalmente, el 23 de marzo de 2007 se realizó una requisa en Marcos Paz a cargo del propio Servicio Penitenciario Federal. El magistrado y otros funcionarios judiciales no estuvieron presentes. En el procedimiento participaron integrantes de la SIDE, la Policía Federal y la Policía Bonaerense.
Años después, en octubre de 2014, los fiscales Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira pidieron la indagatoria de siete agentes del Servicio Penitenciario Federal por irregularidades en los registros de visitas al pabellón de lesa humanidad de Marcos Paz durante los meses posteriores a la desaparición de López.
10. La agenda de Etchecolatz y la pista de Susana Gopar
Durante aquella requisa en Marcos Paz fue secuestrada una agenda perteneciente a Etchecolatz. Entre sus anotaciones aparecían los datos de Susana Beatriz Gopar, una policía bonaerense que seguía en actividad. La mujer había trabajado en Interpol durante la dictadura y vivía a cinco cuadras de la casa de López.
Un vecino había declarado que había visto a López durante la mañana de su desaparición “entre la verdulería y Edelap”, en la calle 66, entre 137 y 138. Lo describió parado de espaldas a la calle y mirando hacia las fachadas, como si estuviera buscando algo.
La dirección coincidía exactamente con la vivienda de Gopar. Además, ella formaba parte de los 9000 agentes de la Bonaerense que habían trabajado durante la dictadura y continuaban activos al momento de la segunda desaparición de López.
En septiembre de 2007, Gopar fue citada a declarar en el Juicio por la Verdad. Allí, sostuvo: “No fui secretaria de Etchecolatz”, además, afirmó que había estado “muy poco en la dirección de Investigaciones”. “Viví con carpetas médicas”, argumentó. También aseguró que no conocía al represor. Cuando le preguntaron cómo podía haber obtenido su número telefónico, respondió: “No sé, a mi casa no llamó y eso puede constatarlo por mi número, ni yo lo llamé”.
A pedido de la querella se realizaron tareas de inteligencia. La Policía de Seguridad Aeroportuaria siguió a Gopar e intervino sus líneas telefónicas. Ante la repercusión que tomó la pista, el ministro Arslanián decidió pasarla a retiro el 18 de septiembre de 2007, exactamente un año después de la desaparición de López.
También se incorporó otro dato: Gopar era oriunda de Pehuajó, localidad donde Etchecolatz había trabajado a comienzos de los años 70 y de donde también era oriundo el médico policial Carlos Falcone, uno de sus visitantes en Marcos Paz.
A pesar de las sospechas y de los pedidos de la querella para allanar la vivienda de Gopar, el juez Corazza y el fiscal Sergio Franco no avanzaron con esa medida.
A fines de 2008, la pista volvió a activarse. Parte de las escuchas realizadas por la PSA fueron enviadas a la Oficina de Observaciones Judiciales de la SIDE, conocida como “Ojota”, para limpiar el audio, pero nunca fueron devueltas. También fue intervenido el correo electrónico de Gopar. Aunque allí apareció información relacionada con el centro clandestino de detención de Arana, la investigación no avanzó.
Finalmente, Gopar se mudó de su vivienda de Los Hornos sin que se realizara ningún allanamiento.
11. La búsqueda en el arroyo El Pescado
En abril de 2008, equipos especializados de la Policía Bonaerense realizaron un operativo en un arroyo de la localidad de Ignacio Correa, en las afueras de La Plata.
La búsqueda había sido ordenada por el juez federal Arnaldo Corazza luego de la declaración de un testigo de identidad reservada que, según explicó Rubén López, hijo de la víctima, había aportado datos “muy creíbles y precisos”.
El procedimiento incluyó buzos y personal de la Policía Científica que formaban parte de la unidad especial creada para buscar a López.
La búsqueda terminó sin resultados positivos.
12. El testimonio de San Miguel del Monte
Otra pista llevó la investigación hasta San Miguel del Monte. En los primeros meses posteriores a la segunda desaparición de López, un gestor y vecino llamado Jorge Scanio declaró que lo había visto con vida el 1° de octubre de 2006.
Según su declaración ante la Justicia y los investigadores, había visto a López en la estancia San Genaro, ubicada a la altura del kilómetro 135 de la Ruta Nacional N.º 3.
Scanio relató que había ingresado al establecimiento por pedido de un cliente para verificar si estaba ocupado y que allí había visto a López en mal estado físico, mientras caminaba custodiado por un grupo de personas armadas.
La declaración dio lugar a allanamientos y rastrillajes tanto en esa zona como en otros lugares señalados durante la investigación, entre ellos Atalaya. Ninguno produjo resultados positivos y, con el paso de los años, el testimonio fue perdiendo sustento judicial.
13. El rastrillaje en el Parque Pereyra Iraola
En febrero de 2011, un grupo de antropólogos forenses realizó un nuevo rastrillaje en una zona del Parque Pereyra Iraola, en el partido de Berazategui, luego de que apareciera otro testigo de identidad reservada.
La Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad informó que había aportado un georadar solicitado por la Justicia para buscar el cuerpo.
Los trabajos se desarrollaron en un predio cercano a la estación Pereyra de la línea Roca. El área fue vallada y quedó bajo custodia de efectivos de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El georadar permitió detectar ocho puntos en los que podía haber habido movimientos de tierra. El dispositivo permite identificar alteraciones morfológicas debajo de la superficie, hasta una profundidad aproximada de entre 1,80 y 2 metros, para establecer los lugares donde realizar excavaciones.
El rastrillaje, finalmente, dio resultado negativo.
14. El cadáver del Hospital Posadas
Otra de las pistas que reaparece periódicamente es la existencia de un cadáver en el Hospital Posadas.
Cada cierto tiempo, personas que ingresan al área denuncian que el cuerpo podría ser el de Jorge Julio López. Sin embargo, las comparaciones realizadas mediante huellas y ADN determinaron que no se trata de él.
El cuerpo continúa en el centro de salud y, pese a que su identidad tampoco pudo establecerse, nunca fue reclamado.
15. El supuesto cruce a Paraguay
Una de las pistas llevó la investigación hasta la frontera con Paraguay. Un exagente de la Dirección de Migraciones fue procesado después de que apareciera registrado un supuesto paso de Julio López por el puente internacional que une Posadas con Encarnación.
El juez federal de La Plata procesó a Sergio Miguel Rolón, un docente misionero de 28 años que se desempeñaba como inspector de Migraciones, por la presunta comisión del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Rolón fue dado de baja por el caso López porque se consideró que “conocía las circunstancias de la persona buscada” y que no había hecho nada para impedir el supuesto cruce.
El registro informático de Migraciones consignaba el supuesto paso de López por la casilla de Rolón, con su número de documento. El movimiento se habría producido cuando los organismos de seguridad ya habían sido alertados sobre la desaparición.
La investigación sobre esta pista, finalmente, tampoco avanzó.
La primera desaparición de Julio López
López fue secuestrado por primera vez en septiembre de 1976 y comenzó a recorrer el temido circuito Camps, integrado por Cuatrerismo, el Pozo de Arana, la comisaría Quinta, la Octava y la Novena de La Plata.
Allí, se cruzó con las víctimas de La Noche de los Lápices, a quienes los represores llamaban “los subversivos de los boletos baratos”, y fue testigo del asesinato de sus compañeros de la Unidad Básica: Juan Pablo Maestre, Norberto Rodas, Ambrosio De Marco y Patricia Dell’ Orto.

De esta última, recuerda haberla visto suplicar piedad: “No me maten, llévenme a una cárcel pero no me maten, quiero criar a mi nenita”.
“Ella y los otros dos tienen el tiro acá en la cabeza”, declaró López ante los jueces mientras se señalaba la frente. “El día que encuentren los cuerpos, van a ver, lo tienen acá. Los vi”, insistió.
La nueva pista, 20 años después
Según cuenta Rubén López, hijo del albañil desaparecido, a TN, un nuevo punto en la investigación resurgió: se trata del enorme volumen de información acumulada durante dos décadas en comunicaciones telefónicas.
“Hoy están trabajando mucho, depurando las llamadas de aquel 18 de septiembre de 2006 para tratar de sacar cuerpos de anexos de investigación que son truchos y enturbian la causa. Están tratando de clarificar 10 millones de llamadas después de 20 años”, detalló.

Sumado a ello, en los últimos meses, la Provincia de Buenos Aires aumentó la recompensa que pasó de 5 a 10 millones de pesos. “Los gobiernos siempre han tratado de colaborar, actualmente desde Nación no pasa, pero no esperamos mucho”, agrega.
Todas las preguntas siguen sin respuestas
Para Rubén, pese al paso del tiempo, todavía debería investigarse el entorno de Etchecolatz. “Cuando mostró un papelito que decía ‘Jorge Julio López’ y ‘secuestrar’ nunca se investigó. En esa oportunidad fui a hablar con el fiscal Molina. Me dijo que lo iba a convocar”, cuenta. “Todavía estamos esperando que lo convoquen”, agrega con ironía, debido a que el represor murió hace cuatro años en prisión.
Hoy, para la familia, todas las preguntas siguen sin respuestas. “¿Qué pasó?, ¿quiénes fueron?, ¿por qué no se los protegió a los testigos?, ¿por qué después de la desaparición de mi papá empezaron a cuidarlos?, ¿por qué le pasó a él?, ¿por qué lo eligieron a él? Son las mismas de hace 20 años”, lamenta.
Para Rubén, la falta de respuestas está vinculada con el silencio de quienes podrían aportar información. “Esto es como el pacto de los genocidas de la dictadura: hay un manto de silencio que no se corrompe ni con toda la plata que les pongas. No hay más que dos o tres que ejecutaron y un instigador, porque esto sigue quedando impune como con los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos”, insiste.
Y sobre el final, completa: “Se fueron muriendo y nunca contaron, nunca dijeron nada, nunca tuvieron un signo de respeto hacia las familias. Nunca se arrepintieron”.
La pregunta, como cada año, es la misma, una de las grandes deudas de la democracia: ¿dónde está Julio López?
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Marketing Sports: la responsable de la despedida de Messi que muestra inconsistencias sobre su fundación – Nexofin

La sociedad anónima Marketing Sports fue creada el 20 de septiembre de 2018 por el empresario autopartista Mariano Martín Camerota y Analía Gabriela Arcuri. En apenas siete años, la compañía pasó de fabricar las mascotas de la Copa Argentina a organizar eventos vinculados con la selección nacional de fútbol.
La firma comenzó prestando servicios para la productora Torneos antes de entablar un vínculo directo con la cúpula de la AFA. Su primer gran contrato oficial con el combinado nacional se concretó en 2021, cuando organizaron la recepción del plantel campeón de la Copa América en el predio de Ezeiza.
Instagram de Marketing Sports
Según La Nación, a finales de 2019 la empresa ya participaba en grandes espectáculos deportivos al organizar la apertura de la final de la Copa Argentina. Si bien en su sitio web institucional aseguran contar con más de veinte años de trayectoria, su registro formal y sus publicaciones digitales se concentran exclusivamente en actividades vinculadas al fútbol argentino.
Recientemente, la productora estuvo en el centro de la polémica tras organizar la despedida oficial de Lionel Messi en el estadio Monumental. Frente a las múltiples críticas por fallas técnicas y organizativas, la empresa emitió un comunicado oficial culpando al Club Atlético River Plate por no autorizar estructuras clave.
La productora de la AFA responsabilizó a River por los imperfectos en la despedida de Messi
Por su parte, desde la institución de Núñez rechazaron las acusaciones y tildaron los argumentos de la productora como “una afirmación objetivamente falsa”. Las diferencias operativas entre los organizadores y el club anfitrión generaron un fuerte revuelo mediático durante el homenaje al capitán argentino.
La entrada Marketing Sports: la responsable de la despedida de Messi que muestra inconsistencias sobre su fundación se publicó primero en Nexofin.
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Constitucionalistas critican el giro de la Corte por la ley de tierras y hablan de “arbitrariedad”

Luego de que la Corte Suprema restableciera los límites a la venta de tierras a extranjeros a través de una medida cautelar interina, constitucionalistas consultados por cuestionaron el giro del máximo tribunal y los fundamentos de la decisión.
Los expertos criticaron la medida -algunos la calificaron como “arbitraria” y otros le atribuyeron motivaciones políticas-; en cambio, destacaron la postura del juez Carlos Rosenkrantz.
El martes de la semana pasada, la Corte Suprema revocó, invocando un motivo procesal, la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto 70/2023 de Javier Milei. Ese artículo derogaba la ley de tierras, por lo que con el fallo quedaron eliminados los límites a la compra de campos por parte de extranjeros.
La decisión generó críticas, protestas y una avanzada opositora en el Congreso para impulsar el rechazo de todo el DNU. Los movimientos de los bloques críticos en la Cámara de Diputados habían arrinconado al oficialismo.
Este nuevo fallo de la Corte ayuda al Gobierno, que necesitaba desactivar un eventual rechazo al DNU 70.
La resolución de hoy fue firmada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.
Frente a este escenario, el constitucionalista Alejandro Carrió planteó: “No parece que la próxima sesión de la Cámara de Diputados pueda ser una razón atendible [como un motivo de urgencia para dictar la cautelar interina] aún cuando, por supuesto, no ha sido ese el fundamento del voto mayoritario”.
El abogado expresó que el voto en disidencia de Rosenkrantz le resultó “más consistente” que el de la mayoría: “No alcanza con hablar genéricamente de un peligro ambiental si no se entiende en qué consiste. [Rosenkrantz] dice que el hecho de que la tierra esté en manos extranjeras no la convierte en dañina para el medio ambiente”.
En el mismo sentido, con ironía, el constitucionalista Osvaldo Pérez Sammartino escribió: “El extranjero, como se sabe, es proclive a dañar el ambiente, mientras que el ciudadano argentino es esencialmente ecologista”.
Es que la definición de la Corte se tomó en respuesta a un planteo de una asociación ambientalista, dos grupos indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, que pidieron que la Corte aclarara si el fallo de la semana pasada implicaba también un rechazo a un amparo que tenían presentado ellos contra la ley de tierras, que alegan “derechos de incidencia colectiva vinculados con la protección del ambiente y derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas”.
Al margen de este argumento, fueron varios los constitucionalistas que destacaron los fundamentos de Rosenkrantz. Coincidieron en que la Corte intervino originariamente en un asunto sin que antes se haya pronunciado la instancia anterior y en que el demandante no cuenta con legitimación activa para un expediente de estas características.
Félix Lonigro afirmó que “la Corte está haciendo política”. En concreto, el tribunal devolvió la causa al juzgado federal de Bariloche, donde se inició este caso, para que todo eso se discuta allá. Pero mientras tanto, dictó la medida cautelar “interina” que suspende los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023 hasta tanto el juzgado de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de todos los que promovieron este caso y examine su pedido de medida cautelar.
“¿Qué es esto? Política –sostuvo Lonigro–. La Corte, normalmente, no debería haber hecho esto. Debería haber dicho: ‘No intervengo todavía. Que intervenga el juzgado de Bariloche’, y no hacer nada. Pero, como fueron tantas las críticas porque había dejado desamparada la ley de tierras, entonces ahora muñequea un poco y suspende este [artículo del] decreto 70”.
Consultado por , Daniel Sabsay evaluó que “no es bueno que la Corte vaya y venga sobre el mismo tema en poco tiempo”.
Entretanto, Juan Vicente Sola indicó que “el efecto [del nuevo fallo] es, de alguna manera, suavizar el debate político actual que ha tomado un carácter extremo y en esto trata de postergar un tema que considero inevitable de decidir”.
Lorena Gonzalez Tocci, profesora de Derecho Constitucional (UBA y San Andrés), sostuvo que “el impacto que generó la sentencia del 29 de septiembre es innegable, y de alguna manera esperable” por los alcances de esa sentencia, por su “timing” y “sobre todo por el tsunami que generó el dictado del (inconstitucional) decreto 70/23 que sigue esquivando tanto el control legislativo como el judicial”.
Sin embargo -advirtió-, las “reacciones y sensaciones” que generó “no pueden guiar ni mucho menos condicionar el resultado de las decisiones judiciales”, que deben “apoyarse en fundamentos sólidos y en razones públicas, no en modulaciones personales de los jueces que, ante cualquier presión o descontento por el impacto de una decisión, adaptan y desarman las reglas del juego”.
Tocci destacó, en cambio, la disidencia de Rosenkrantz. Dijo que no olvidó que una regla básica para llevar un caso a los tribunales es la acreditación de una “legitimación adecuada”, pero que además recordó que para poder dictar una cautelar, “medida excepcionalísima”, se requiere la “acreditación -aunque sea mínima- del peligro ambiental grave e irreversible”; algo que, según Tocci, no quedó acreditado en las presentaciones de Árbol de Pie.
En la misma línea, Sebastián Guidi, doctor en Derecho por la Universidad Yale y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Di Tella, afirmó que “queda la apariencia de que ni una ni otra decisión [la sentencia de la semana pasada y la nueva] fueron motivadas únicamente en el derecho”. Guidi dijo: “Las decisiones impopulares van y vienen, lo que verdaderamente daña a la Corte es que se perciba que se maneja con arbitrariedad en general. Y lo de hoy no ayudó”.
Mientras, Andrés Gil Domínguez planteó, en clave política, que “es un fallo que favorece al Gobierno porque mantiene la vigencia del decreto” al “debilitar el planteo de la oposición y darle argumentos a los aliados para que no apoyen el rechazo [en el Congreso]”. Y agregó: “El trámite excepcional utilizado por la Corte Suprema y este fallo demuestran que la anterior sentencia fue arbitraria”.
Diego Armesto también posó la mirada en el Poder Legislativo: “Pasa por allí el tema. [La Corte] está dando un plazo para que se utilicen las herramientas institucionales para que se dé una solución definitiva a este entuerto que se ha planteado en torno a la ley de tierras”. Es decir, desde su perspectiva, le brindó un “margen” a los legisladores nacionales para que consensúen una nueva ley de tierras que “sobrepase” el artículo 154 del DNU 70 y eche por tierra la posibilidad de que haya nuevos giros en el asunto.
Por último, Magalí Miranda, profesora de Derecho Constitucional y Derecho Político de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba, apuntó que hay ciertos “problemas institucionales que subyacen al fallo”. Entre ellos, mencionó la “falta de integración de la Corte”, compuesta hoy por tres miembros, que derivó en la convocatoria de los conjueces, y “la necesidad de que el Congreso ejerza un verdadero control sobre los DNU” y discuta la reforma de la ley que regula este tipo de decretos.
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Argentina e Israel firmaron un memorándum de cooperación en defensa: qué implica y qué armamento podría incorporar el país

Argentina e Israel profundizaron su cooperación en defensa con la firma de un nuevo memorándum de entendimiento, días después de la llegada de los primeros fusiles de asalto ARAD para las Fuerzas Armadas. El acuerdo se suma a una agenda que incluye la modernización del equipamiento militar y posibles adquisiciones de artillería autopropulsada y drones.
Durante una columna en Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont explicó el alcance del acercamiento bilateral, repasó las versiones sobre futuras compras y se refirió a la licitación para construir el muelle militar de la Base Naval Integrada de Ushuaia.
El documento fue firmado por el jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Carlos Presti, y la embajadora de Israel en la Argentina, Ahuva Spieler Reshef. También participó el coronel Amit Guy, agregado de Defensa israelí en el país.
“Esto es una cosa que se viene ya negociando hace varios meses y que tiene ya algunos resultados que se han visto en estos días y otros que se espera que puedan venir”, señaló Serbin Pont.
El acuerdo con Israel y la llegada de los fusiles ARAD
El memorándum se inscribe en una relación que tuvo otro antecedente en 2024, cuando el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, visitó Israel. La agenda de aquella etapa incluyó ciberdefensa, drones, protección de fronteras, comunicaciones satelitales y provisión de armamento.
Uno de los resultados concretos del acercamiento fue la incorporación inicial de 250 fusiles ARAD, fabricados por la empresa israelí Israel Weapon Industries (IWI). El nuevo armamento está destinado a reemplazar progresivamente al FAL, utilizado por el Ejército argentino durante décadas.
“Se han convertido en el reemplazo del mítico fusil FAL del Ejército argentino después de 66 años de servicio”, afirmó el analista.
La partida incluye dos variantes: el ARAD 7, de calibre 7,62 × 51 milímetros, destinado principalmente al Ejército, y el ARAD 5, de calibre 5,56 × 45 milímetros, previsto también para la Armada y la Fuerza Aérea. La provisión contempla accesorios y equipamiento complementario.
El contrato tiene un tope de USD 12 millones. Según las estimaciones mencionadas durante el programa, cada fusil cuesta alrededor de USD 1.000, aunque el valor total depende de los componentes incluidos. Serbin Pont remarcó que se trata de una entrega inicial limitada, dentro de un proceso de incorporación que podría continuar con nuevos lotes.

Artillería y drones: los sistemas israelíes que podría incorporar la Argentina
La firma del memorándum volvió a poner el foco en las posibilidades de cooperación militar entre la Argentina e Israel. Entre las versiones sobre eventuales adquisiciones aparecen sistemas de artillería autopropulsada y drones de vigilancia, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales sobre contratos para incorporar ese equipamiento.
Andrei Serbin Pont mencionó dos alternativas que podrían responder a necesidades de modernización de las Fuerzas Armadas: los sistemas de artillería Atmos y los vehículos aéreos no tripulados de la familia Hermes. No obstante, aclaró que se trata de trascendidos y que no puede darse por hecho que las operaciones estén en marcha.
Una de las posibilidades es el Atmos, un sistema de artillería autopropulsada sobre ruedas de 155 milímetros. Su eventual incorporación permitiría reforzar la movilidad y la capacidad de apoyo de fuego del Ejército, en un contexto de renovación de medios terrestres y de incorporación de vehículos blindados Stryker.
Según las estimaciones mencionadas por Serbin Pont, cada sistema podría costar entre USD 6 millones y USD 7 millones, aunque el monto dependería del equipamiento, las municiones y los servicios incluidos en una eventual contratación.

Otra de las alternativas que mencionó el analista es la incorporación de drones militares de media altitud y larga autonomía, conocidos como MALE. Dentro de la oferta israelí se encuentran los modelos Hermes 450, 600 y 900, plataformas que podrían ampliar las capacidades argentinas de vigilancia y reconocimiento.
Serbin Pont estimó que cada aeronave podría rondar los USD 10 millones, sin contemplar necesariamente el costo total de su puesta en servicio. Un programa de estas características también requeriría estaciones de control, capacitación, mantenimiento y soporte logístico.
El analista consideró que la incorporación de drones podría resultar especialmente relevante para las tres fuerzas, tanto para la vigilancia marítima como para el control de las fronteras y el apoyo a las operaciones militares.
Por ahora, tanto el Atmos como los Hermes deben considerarse posibles alternativas de adquisición y no compras confirmadas. El memorándum establece un marco de cooperación entre ambos países, pero su firma no implica, por sí sola, que esos sistemas hayan sido seleccionados o contratados.

Ushuaia: licitación para construir el muelle de la base naval
En paralelo con la agenda de cooperación internacional, la Argentina avanzó en otro proyecto de infraestructura militar. La licitación para construir el muelle de la Base Naval Integrada de Ushuaia quedó formalizada mediante la Resolución 704/2026, publicada en el Boletín Oficial.
La obra tiene un presupuesto oficial de $189.321 millones, equivalente a unos USD 120 millones según la estimación mencionada por Serbin Pont. El procedimiento se tramitará a través de la plataforma Contratar y contempla la construcción del muelle.
La iniciativa integra un proyecto de mayor alcance para desarrollar infraestructura naval en Tierra del Fuego. “El plan íntegro para la base es 700 palos y es a largo plazo”, explicó el analista.
Para Serbin Pont, la construcción del muelle constituye una de las prioridades inmediatas. “Que el muelle avance creo que es probablemente lo más importante en este momento”, afirmó.
La adjudicación y el inicio de los trabajos permitirán determinar el avance efectivo de una obra estratégica para la presencia argentina en el Atlántico Sur y su proyección hacia la Antártida.
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