POLITICA
Prestadores del PAMI suspendieron nuevos turnos y advirtieron que podrían profundizar las medidas por el atraso en los pagos
Establecimientos de salud que atienden a beneficiarios de PAMI en todo el país suspendieron la asignación de turnos para consultorios externos en las distintas especialidades. La demanda principal de las clínicas consiste en la recomposición inmediata de los valores y la cancelación de los pagos pendientes. La medida busca presionar por una negociación con la obra social. Las prestaciones ya programadas, las urgencias y las guardias continúan con atención.
Julieta Díaz, dueña de una óptica que trabaja con PAMI, explicó en Infobae Al Mediodía que la atención para afiliados se redujo un 50% y que los cambios en la entrega de anteojos generaron dificultades para los jubilados que llegan con órdenes médicas.
Por su parte, Alejandro Rodi, gerente de la Cámara Argentina de la Seguridad Social (CAPRESS), sostuvo que las clínicas decidieron suspender la asignación de turnos externos desde el 16 de junio para continuar el diálogo con el PAMI. Según indicó, el objetivo consiste en alcanzar una solución antes de profundizar las medidas.
Reclamo por atraso en los valores y demoras en los pagos
Rodi afirmó que existe un retraso superior al 100% en los valores prestacionales si se compara la evolución desde diciembre de 2023 con la inflación y las paritarias. “Hay un 102% de retraso en el valor prestacional que paga el PAMI. Hace inviable realmente la continuidad del sistema y de poder prestar atención”, señaló el gerente de CAPRESS.
El representante de la entidad explicó que las clínicas afrontan gastos de salarios, honorarios, insumos y funcionamiento, mientras los ingresos no acompañan esa evolución. También recordó que los prestadores mantuvieron la atención durante años pese a los valores que consideran insuficientes.
Rodi indicó que la última actualización fue del 1,9% para junio y julio. Además, sostuvo que ese incremento no alcanza para cubrir la diferencia acumulada. “Los prestadores están dispuestos a negociar. Tiene que haber una propuesta razonable que equipare y cubra costos”, expresó.
El directivo aclaró que la medida no implica un corte total de prestaciones. “Se están atendiendo las prestaciones ya acordadas. Lo que está suspendida es la asignación de consultorios externos”, afirmó.
También advirtió que una falta de acuerdo podría derivar en nuevas restricciones. “De no tener respuesta en los próximos días se profundizarían medidas como suspensión de turnos ya otorgados o de cirugías programadas que no sean urgentes”, sostuvo.
Consultado por Infobae, el PAMI aclaró: “No tenemos deuda acumulada con Clínicas y Sanatorios a nivel nacional. El cronograma de pago se viene cumpliendo y lo que resta pagar durante el mes son gastos corrientes”.
Y agregó: “Con respecto a la actualización de los valores, se acordaron aumentos para junio y julio respectivamente, y los vamos a volver a convocar para hablar sobre las posibles alternativas que hay sobre la mesa en este contexto de estrés presupuestario”.
El impacto en las ópticas y las dificultades para los afiliados
Julieta Díaz describió los cambios que enfrentan los jubilados que buscan acceder a anteojos mediante el PAMI. Según explicó, muchos afiliados descubren las nuevas condiciones cuando llegan al comercio con una orden médica vigente. “Nos pusieron un cupo de atención que redujo un 50% la atención en las ópticas”, indicó la comerciante.
Al mismo tiempo agregó que los afiliados que antes accedían a nuevos anteojos de manera anual ahora deben esperar dos años para realizar el trámite. “El afiliado que viene con una orden hasta el año que viene no puede adquirir un anteojo nuevo”, afirmó.
La propietaria sostuvo que la situación genera conflictos en la atención diaria porque muchos jubilados desconocen las modificaciones. “No hubo un comunicado oficial sobre esta problemática que están teniendo los jubilados”, señaló.
La empresaria también mencionó demoras en los pagos que reciben las ópticas. “Nos pagaron diciembre y todavía estamos a la expectativa de poder seguir cobrando”, expresó.
Además, explicó que el atraso afecta el funcionamiento de los comercios. “Tuve que sacar de otro lado para poder pagarle a los proveedores y seguir atendiendo”, afirmó.
Prestadores esperan una negociación para evitar nuevas restricciones
Rodi aseguró que las conversaciones con el PAMI continúan y que las entidades esperan una propuesta concreta para reducir el atraso acumulado. “Hay diálogo y lo queremos seguir manteniendo. El tema es que tomen conciencia de la gravedad del sistema”, manifestó.
El gerente de CAPRESS remarcó que las clínicas buscan garantizar la continuidad del servicio. “Los prestadores quieren continuar prestando servicios y buscar soluciones”, indicó.
También sostuvo que la medida actual intenta evitar un escenario más complejo para el sistema sanitario. “Esta es una medida para evitar el colapso y para que realmente el PAMI tome conciencia de que una solución tiene que dar”, expresó.
Mientras continúan las negociaciones, la suspensión de nuevos turnos para consultorios externos representa el principal efecto para los afiliados que buscan atenderse con médicos de libre elección. Las entidades mantienen el reclamo por una actualización de los valores y por la regularización de los pagos, mientras esperan una instancia de negociación que permita modificar el escenario actual.
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POLITICA
El Gobierno utilizará el sistema de alertas migratorias para impedir el ingreso de extranjeros que hayan difundido mensajes anti-Argentina
El Gobierno planea aplicar el DNU que habilita a impedir el ingreso o expulsar a extranjeros que inciten al odio contra argentinos mediante el sistema de alertas que ya utiliza la Dirección Nacional de Migraciones. En el Ejecutivo aseguran que no está previsto crear una oficina específica ni modificar la arquitectura general de los controles fronterizos, sino incorporar la nueva conducta como una causal adicional de inadmisión y cancelación de residencia.
“El sistema es el mismo. Lo que se puede hacer es una alerta por la nueva causal prevista en el DNU”, expresan fuentes oficiales. La información podrá incorporarse a las bases que consulta Migraciones antes de autorizar el ingreso de un extranjero y durante los controles que se realizan en aeropuertos, puertos y pasos terrestres.
La operatoria vigente combina el análisis documental, el escaneo de pasaportes y documentos de viaje y el cruce con distintas bases de información. Las incidencias detectadas pueden derivar en la inadmisión de una persona en la frontera, de acuerdo con las causales establecidas por la Ley de Migraciones.
El cambio central será, por lo tanto, jurídico y no tecnológico. A las alertas que actualmente pueden originarse por antecedentes penales, pedidos de captura, prohibiciones judiciales, documentación irregular u otras restricciones se podrá sumar una advertencia vinculada con mensajes de odio, incitación a la violencia contra argentinos por su nacionalidad o ultrajes a símbolos patrios.
En la Casa Rosada no precisan todavía quién deberá producir la información inicial, cuál será el procedimiento para validarla ni qué elementos tendrán que acompañar una alerta. Tampoco aclaran si alcanzará con publicaciones públicas en redes sociales, informes consulares, denuncias particulares, reportes periodísticos o comunicaciones de organismos de seguridad extranjeros.
La distinción operativa que realiza el Gobierno depende de la ubicación de la persona. Cuando el extranjero se encuentre fuera del país y pretenda ingresar, Migraciones deberá evaluar la causal en el puesto de control. Cuando la conducta se produzca dentro del territorio argentino, el monitoreo y la detección quedarán bajo la competencia de las fuerzas federales.
“Lo que pase en la Argentina relacionado con eso es competencia de las fuerzas federales”, sostienen en Nación. Ese punto es relevante porque el Ejecutivo reformó durante 2025 los marcos de actuación de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con una ampliación de sus capacidades de prevención, análisis criminal y actuación en espacios digitales.
La nueva regulación de Gendarmería, por ejemplo, le asignó funciones específicas en materia de ciberdelito, ciberterrorismo e inteligencia criminal, además de su rol como policía auxiliar migratoria. También le reconoció capacidad para actuar en redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes de acceso abierto con fines preventivos frente a acciones criminales o terroristas.
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La reforma de la PSA fue más explícita respecto de la prevención en espacios públicos digitales sin autorización judicial. El alcance de esas facultades ya generó cuestionamientos por el riesgo de que el seguimiento de redes exceda la detección de delitos y avance sobre expresiones políticas, periodísticas o ciudadanas.
El Gobierno evita definir la futura aplicación como un sistema de vigilancia permanente de extranjeros. La explicación oficial es que las fuerzas federales detectarán conductas dentro de sus tareas habituales y comunicarán los antecedentes a Migraciones, que mantendrá la facultad administrativa de cancelar una residencia, intimar a la persona a abandonar el país o iniciar el procedimiento de expulsión.
El Decreto 681/2026 modificó los artículos 29, 62 y 63 de la Ley 25.871. La norma incluyó entre las causales migratorias los mensajes de odio formulados en forma oral o escrita, la incitación a la violencia contra el pueblo argentino o contra una persona por su nacionalidad y la participación o instigación de actos de ultraje contra los símbolos patrios.
El texto aclara que no deben quedar comprendidas las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas amparadas por la Constitución. La reglamentación deberá establecer en la práctica dónde termina una manifestación crítica y dónde comienza una conducta que pueda activar una alerta, una inadmisión o la pérdida de la residencia.
En Balcarce 50 no dan detalles sobre el decreto reglamentario ni sobre los protocolos que deberán aplicar Migraciones y las fuerzas federales. Tampoco descartan que la medida sea judicializada por el instrumento utilizado, la amplitud de las nuevas causales y el margen de interpretación que deja la expresión “mensajes de odio”.
El Ejecutivo ya enfrentó un revés judicial por la reforma migratoria que impulsó mediante el DNU 366/2025. La Cámara Nacional Electoral anuló el capítulo que transfería a Migraciones la facultad de resolver pedidos de ciudadanía al entender que el Gobierno había avanzado mediante un DNU sobre una materia vinculada con derechos políticos y reservada al Congreso.
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El decreto de 2025 había sido más amplio: modificó reglas sobre ingreso, residencia, expulsión, ciudadanía y acceso a servicios públicos. El texto endureció los impedimentos migratorios y mantuvo un procedimiento administrativo con recursos de reconsideración, jerárquico y de alzada, además de la posibilidad de acudir a la Justicia.
El Gobierno había anunciado una transformación de la Dirección Nacional de Migraciones inspirada en el modelo estadounidense. Patricia Bullrich promovió antes de dejar el Ministerio de Seguridad la creación de una estructura con mayor capacidad operativa, mientras que el diseño posterior contempló una Agencia Federal de Migraciones con áreas de Control Migratorio y Política Migratoria.
La reforma nunca terminó de instrumentarse. El esquema se trabó por diferencias sobre la estructura, los recursos, la convivencia con la PSA y las facultades que tendría Diego Valenzuela al frente del organismo. La idea de contar con una policía migratoria propia quedó postergada y, por eso, el nuevo DNU se aplicará inicialmente con Migraciones como autoridad administrativa y las fuerzas federales como brazo de detección y actuación territorial.
La Casa Rosada ubica la medida dentro de una secuencia política que comenzó después de la final del Mundial. En la lectura oficial, las críticas contra la Argentina y sus hinchas derivaron luego en cuestionamientos a símbolos nacionales, entre ellos la bandera argentina con la referencia a las Islas Malvinas, y reactivaron la discusión sobre los beneficios que reciben los extranjeros en universidades y hospitales públicos.
Gobierno, Migraciones, DNU
POLITICA
Lula le respondió a Milei y calificó su presencia en el acto de Bolsonaro como un “disparate”
SAN PABLO (AFP).- En medio de la tensión y los cuestionamientos cruzados, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le contestó el miércoles por la noche a su par argentino, Javier Milei, al calificar su asistencia a la convención de su rival electoral de derecha, Flávio Bolsonaro (hijo del exmandatario), como una “payasada”.
“Ustedes vieron el disparate (pacotada es la palabra que utilizó en portugués) que vino a hacer el presidente de la Argentina. Pero yo amo la Argentina y no va a cambiar eso por culpa de esa cosa. Mientras yo sea presidente nadie de afuera podrá interferir en las elecciones brasileñas”, sentenció el mandatario en una convención en Brasilia del Partido Socialista Brasileño, en la que formalizó su candidatura a la reelección presidencial.
La tensión
En San Pablo, Milei llamó “ladrón” y “presidiario”, sin nombrarlo, al izquierdista Lula y “basura calva” al juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, que le negó al libertario visitar en prisión domiciliaria al expresidente de derecha Jair Bolsonaro, padre de Flávio. El mandatario argentino también advirtió en el acto sobre “el riesgo Lula” y llamó al pueblo a salir del “sometimiento al zurdo”.
Brasil, en ese marco, llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Daniel Raimondi. Tras ello, Milei redobló la apuesta y volvió a referirse el domingo a este socio estratégico de la Argentina. “¿Quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil”, afirmó en diálogo con radio Mitre, en aparente alusión a críticas en redes sociales al país durante el Mundial 2026.
Aseguró además que la “campaña” fue “financiada” por otras “cabezas progresistas” de México y el Partido Demócrata estadounidense.
“Y después me vienen a hablar de interferencia”, dijo Milei y sostuvo que “un grupo de brasileños que mandó Lula jugó activamente” en su contra durante la campaña que lo llevó a la presidencia en 2023.
En respuesta, la Cancillería brasileña convocó al embajador de la Argentina en Brasil para dar explicaciones sobre “ofensas” de Milei contra Lula.
Una fuente diplomática dijo que Milei “ofendió a dos poderes, al pueblo y a la democracia brasileñas”, durante la oficialización el sábado de la candidatura de Bolsonaro.
Lula dijo también el domingo en un acto con sindicalistas que seguirá gobernando “sin injerencia de nadie” porque “en Brasil no se acepta que nadie meta la nariz donde no es llamado”.
En tanto el lunes el mandatario brasileño fue consultado por periodistas sobre cómo recibió los dichos de su par argentino y contestó con otra pregunta. “¿Quién es ese tipo?“, dijo con ironía.
El presidente brasileño sostiene desde 2025 una tensión con el gobierno estadounidense de Donald Trump, aliado de Bolsonaro y Milei, que impuso aranceles y sanciones a la potencia sudamericana leídas por Brasilia como intentos de influir políticamente.
“Referencia irrespetuosa”
Sin nombrar al juez Moraes, Milei dijo el sábado en San Pablo que “la basura calva” le impidió visitar a su “amigo injustamente encarcelado” Jair Bolsonaro, preso por un intento de golpe de Estado en 2022.
Milei también cosechó el rechazo del presidente de la corte brasileña, Edson Fachin, quien criticó en una nota su “referencia irrespetuosa” a Moraes y deploró sus “manifestaciones incompatibles con el civismo que debe caracterizar las relaciones entre Estados”.
El presidente del gobernante Partido de los Trabajadores, Edinho Silva, dijo por su parte que el argentino mostró “no estar a la altura del cargo que ocupa”. Además, el vicepresidente de Lula, Gerardo Alckmin, calificó los dichos como “lamentables” y sostuvo que esa “grosera actitud” es perjudicial para la Argentina.
“Es lamentable que el presidente de un país vecino, amigo, que incluso forma parte del Mercosur, perjudique a su propio país“, manifestó ante la prensa brasilera durante un evento en San Pablo.
Lula tiene una fría relación con Milei. Aunque se cruzaron en citas multilaterales, nunca mantuvieron una reunión bilateral. En su último viaje a Argentina en 2025, Lula visitó en cambio a la expresidenta Cristina Kirchner, en prisión domiciliaria por corrupción.
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POLITICA
Un testigo en la causa AFA negocia inmunidad con la Justicia de EEUU a cambio de revelar información clave
(Enviado especial a Miami, Estados Unidos) Un testigo convocado por el Gran Jurado de Miami negocia un acuerdo de inmunidad con la Justicia de Estados Unidos a cambio de aportar información considerada clave para la investigación que busca determinar si autoridades de la AFA y socios comerciales cometieron actos de corrupción en ese país.
La declaración estaba prevista para las 9 de la mañana (hora del este), pero finalmente no se concretó debido a las negociaciones que mantiene el testigo con la Justicia de Estados Unidos para obtener inmunidad antes de brindar su testimonio.
La investigación es impulsada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El objetivo del Gran Jurado es determinar si existen elementos suficientes para avanzar en una acusación vinculada con presuntos delitos de lavado de activos y fraude bancario.
La convocatoria a los testigos había quedado explicitada en una subpoena emitida a pedido de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia.
De manera textual, la citación obligatoria establecía:
—“Presente todos los registros relacionados con TourProdEnter, todas y cada una de las comunicaciones con Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Diego Lucero y Javier Faroni”.
La orden rquería que los testigos entregasen toda la documentación que vincule a las principales autoridades de la AFA con TourProdEnter y con su propietario, Javier Faroni.
Los fiscales Michael Berger, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, y Patrick Gushue, en representación del Departamento de Justicia, buscan determinar si Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni incurrieron en presuntos delitos de lavado de activos y fraude bancario bajo la legislación estadounidense.
La investigación está centrada en TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en Estados Unidos que pertenece a Faroni y a su esposa, Erica Gillette.
Según la pesquisa, desde 2021 esa empresa habría recaudado y administrado cerca de 300 millones de dólares provenientes de contratos por partidos amistosos y de vínculos comerciales con compañías como Adidas y Warner. La Fiscalía y el Departamento de Justicia intentan reconstruir la ruta de esos fondos.
En ese contexto, la investigación preliminar sostiene que Faroni y Gillette operaron a través de cuentas en JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank.
Por ese motivo, tampoco se descarta que responsables de esas entidades bancarias sean convocados por el Gran Jurado para aportar información sobre los movimientos financieros bajo análisis.
La estrategia de los investigadores consiste en reunir todas las pruebas relacionadas con la distribución de fondos vinculados a la AFA en Estados Unidos, incluyendo a personas que trabajan o trabajaron en bancos estadounidenses, en la Asociación del Fútbol Argentino o en empresas que mantuvieron vínculos comerciales con la Selección.
La Fiscalía y el Departamento de Justicia también buscan determinar los montos involucrados, las cuentas utilizadas y los destinatarios finales de las operaciones investigadas.
La pesquisa incluye además una investigación preliminar sobre diez empresas que, según los investigadores, habrían sido utilizadas desde TourProdEnter para mover cerca de 300 millones de dólares.
En ese marco, el régimen de colaboración e inmunidad previsto por la legislación estadounidense adquiere un papel central. La negociación que mantiene el testigo convocado por el Gran Jurado forma parte de ese proceso y, por ese motivo, la audiencia prevista para este jueves no llegó a concretarse.
El Gran Jurado delibera a puertas cerradas y no tiene un plazo determinado para resolver si existen elementos suficientes para avanzar con una acusación contra Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni por los presuntos delitos de lavado de activos y fraude bancario.
North America,Soccer,Sport
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