POLITICA
Prestadores del PAMI suspendieron nuevos turnos y advirtieron que podrían profundizar las medidas por el atraso en los pagos
Establecimientos de salud que atienden a beneficiarios de PAMI en todo el país suspendieron la asignación de turnos para consultorios externos en las distintas especialidades. La demanda principal de las clínicas consiste en la recomposición inmediata de los valores y la cancelación de los pagos pendientes. La medida busca presionar por una negociación con la obra social. Las prestaciones ya programadas, las urgencias y las guardias continúan con atención.
Julieta Díaz, dueña de una óptica que trabaja con PAMI, explicó en Infobae Al Mediodía que la atención para afiliados se redujo un 50% y que los cambios en la entrega de anteojos generaron dificultades para los jubilados que llegan con órdenes médicas.
Por su parte, Alejandro Rodi, gerente de la Cámara Argentina de la Seguridad Social (CAPRESS), sostuvo que las clínicas decidieron suspender la asignación de turnos externos desde el 16 de junio para continuar el diálogo con el PAMI. Según indicó, el objetivo consiste en alcanzar una solución antes de profundizar las medidas.
Reclamo por atraso en los valores y demoras en los pagos
Rodi afirmó que existe un retraso superior al 100% en los valores prestacionales si se compara la evolución desde diciembre de 2023 con la inflación y las paritarias. “Hay un 102% de retraso en el valor prestacional que paga el PAMI. Hace inviable realmente la continuidad del sistema y de poder prestar atención”, señaló el gerente de CAPRESS.
El representante de la entidad explicó que las clínicas afrontan gastos de salarios, honorarios, insumos y funcionamiento, mientras los ingresos no acompañan esa evolución. También recordó que los prestadores mantuvieron la atención durante años pese a los valores que consideran insuficientes.
Rodi indicó que la última actualización fue del 1,9% para junio y julio. Además, sostuvo que ese incremento no alcanza para cubrir la diferencia acumulada. “Los prestadores están dispuestos a negociar. Tiene que haber una propuesta razonable que equipare y cubra costos”, expresó.
El directivo aclaró que la medida no implica un corte total de prestaciones. “Se están atendiendo las prestaciones ya acordadas. Lo que está suspendida es la asignación de consultorios externos”, afirmó.
También advirtió que una falta de acuerdo podría derivar en nuevas restricciones. “De no tener respuesta en los próximos días se profundizarían medidas como suspensión de turnos ya otorgados o de cirugías programadas que no sean urgentes”, sostuvo.
Consultado por Infobae, el PAMI aclaró: “No tenemos deuda acumulada con Clínicas y Sanatorios a nivel nacional. El cronograma de pago se viene cumpliendo y lo que resta pagar durante el mes son gastos corrientes”.
Y agregó: “Con respecto a la actualización de los valores, se acordaron aumentos para junio y julio respectivamente, y los vamos a volver a convocar para hablar sobre las posibles alternativas que hay sobre la mesa en este contexto de estrés presupuestario”.
El impacto en las ópticas y las dificultades para los afiliados
Julieta Díaz describió los cambios que enfrentan los jubilados que buscan acceder a anteojos mediante el PAMI. Según explicó, muchos afiliados descubren las nuevas condiciones cuando llegan al comercio con una orden médica vigente. “Nos pusieron un cupo de atención que redujo un 50% la atención en las ópticas”, indicó la comerciante.
Al mismo tiempo agregó que los afiliados que antes accedían a nuevos anteojos de manera anual ahora deben esperar dos años para realizar el trámite. “El afiliado que viene con una orden hasta el año que viene no puede adquirir un anteojo nuevo”, afirmó.
La propietaria sostuvo que la situación genera conflictos en la atención diaria porque muchos jubilados desconocen las modificaciones. “No hubo un comunicado oficial sobre esta problemática que están teniendo los jubilados”, señaló.
La empresaria también mencionó demoras en los pagos que reciben las ópticas. “Nos pagaron diciembre y todavía estamos a la expectativa de poder seguir cobrando”, expresó.
Además, explicó que el atraso afecta el funcionamiento de los comercios. “Tuve que sacar de otro lado para poder pagarle a los proveedores y seguir atendiendo”, afirmó.
Prestadores esperan una negociación para evitar nuevas restricciones
Rodi aseguró que las conversaciones con el PAMI continúan y que las entidades esperan una propuesta concreta para reducir el atraso acumulado. “Hay diálogo y lo queremos seguir manteniendo. El tema es que tomen conciencia de la gravedad del sistema”, manifestó.
El gerente de CAPRESS remarcó que las clínicas buscan garantizar la continuidad del servicio. “Los prestadores quieren continuar prestando servicios y buscar soluciones”, indicó.
También sostuvo que la medida actual intenta evitar un escenario más complejo para el sistema sanitario. “Esta es una medida para evitar el colapso y para que realmente el PAMI tome conciencia de que una solución tiene que dar”, expresó.
Mientras continúan las negociaciones, la suspensión de nuevos turnos para consultorios externos representa el principal efecto para los afiliados que buscan atenderse con médicos de libre elección. Las entidades mantienen el reclamo por una actualización de los valores y por la regularización de los pagos, mientras esperan una instancia de negociación que permita modificar el escenario actual.
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POLITICA
La Corte anuló el sobreseimiento del “Pata” Medina en una causa por presuntos delitos de asociación ilícita, lavado y extorsión
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó este jueves el sobreseimiento de Juan Pablo “Pata” Medina, su hijo Cristián Isidoro Jesús Medina y el resto de los imputados en una causa por los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión.
Con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte hizo lugar a la queja y al recurso extraordinario del fiscal general ante Casación, Raúl Pleé, y dejó sin efecto la sentencia de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que había convalidado el cierre del expediente.
Los jueces remarcaron que comparten “los fundamentos y conclusiones” del dictamen de la Procuración y, por esa vía, anularon lo resuelto en Casación. La causa volverá ahora a esa Cámara, que deberá dictar una nueva resolución con una integración distinta.
Medina, exsecretario general de la seccional La Plata de la UOCRA, fue detenido en septiembre de 2017 por orden del juez federal Luis Armella, que lo procesó por aquellos delitos y le trabó un embargo de 200 millones de pesos.
En febrero de 2020 obtuvo la prisión domiciliaria, que cumplió en su casa de Ensenada. Un año después, el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata lo excarceló con la prohibición de participar en actividades gremiales y el incumplimiento de esa pauta derivó en un nuevo arresto.
El expediente se encaminaba al juicio oral ante ese mismo tribunal. En octubre de 2022, de manera unipersonal, el juez Alejandro Esmoris declaró la nulidad de todo lo actuado y sobreseyó a los acusados. Entendió que la persecución penal era consecuencia de la investigación paralela conocida como “Gestapo” o “mesa judicial”, iniciada a partir de una denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia durante la gestión de Alberto Fernández.
Según aquella resolución, la situación de Medina “no sería más que el fruto de los delitos que se vienen investigando” en ese otro expediente, por “actividades de inteligencia ilegal” y un “proyecto delictivo más amplio” que habría involucrado a funcionarios de alto rango. La fiscalía apeló.
Leé también: Milei le pidió a la oposición que apoye en el Congreso los proyectos por Malvinas: “Es una causa nacional, no puede haber grieta”
En Casación, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar confirmaron la nulidad y los sobreseimientos, mientras que Guillermo Yacobucci votó en disidencia y consideró prematuro el cierre.
Pleé cuestionó esa confirmación. Advirtió que los sobreseimientos “privan al Ministerio Público Fiscal del ejercicio de su deber constitucional de promover la actuación de la justicia e impiden determinar en el debate oral y público la verdad respecto a los hechos imputados”.
Pata medina, UOCRA, La Plata
POLITICA
La defensa de los iraníes prófugos por la AMIA no se opuso al juico en ausencia, pero reclama garantías
La defensa oficial, que representa los intereses de los iraníes y libaneses prófugos por el ataque a la AMIA, a los que se busca juzgar “en ausencia”, pidió garantías de que sus representados −en caso de ser condenados por este mecanismo− puedan ser juzgados nuevamente si se presentan en la Argentina.
“Esta defensa no se opone a la realización de un juicio en ausencia, más en un hecho tan grave, pero el sistema reclama que en todos los casos se garantice un nuevo juicio”, argumentó el defensor oficial Enrique Comellas.
Durante una audiencia en la Cámara Federal de Casación Penal, Comellas sostuvo que iba a recortar las objeciones que había hecho el defensor ante el tribunal oral, que entendió que toda la ley era inconstitucional.
Comellas limitó las objeciones de constitucionalidad al artículo 431 septis del Código Penal, incorporado por la ley de juicio en ausencia, para adecuar la norma a los estandares constitucionales de la legislación europea.
En tanto, la fiscalía a cargo de Raúl Pleé defendió la constitucionalidad de la ley y entendió que la incomparecencia de los acusados “no vulnera su defensa en juicio porque fue una decisión propia”.
Los querellantes familiares de las víctimas insistieron en avanzar con este mecanismo de juicio en ausencia, al igual que la AMIA.
Ahora, los jueces de la Cámara Federal de Casación Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Ángela Ledesma quedaron en condiciones de resolver sobre la constitucionalidad de la ley promulgada en 2025.
Comellas aclaró que iba a “reconducir” el recurso de apelación y no puso en duda la constitucionalidad general de la ley de juicio en ausencia, sino que objetó la validez del artículo mencionado.
Por eso, reclamó la necesidad de “garantizar un nuevo juicio ante la posibilidad de que un condenado en ausencia se presente”.
“El juicio en ausencia en sí no es inconstitucional en la medida que se garantice un nuevo juicio. Reclamo que se respete ese estándar. No es inconstitucional si se anuncia que se va a garantizar un nuevo juicio en el caso de que sean condenados y habidos”, explicó Comellas.
El abogado Tomas Farini Duggan, que representa a Luis Czyzewski y Mario Averbuch, familiares de victimas, expresó por escrito que las modificaciones introducidas al Código Penal “representan un significativo progreso para las víctimas, que demandan justicia, y para el Estado, que tiene el deber de proporcionarla”.
La AMIA pidió desestimar el reclamo de la defensa oficial y avanzar con el juicio en ausencia, en un escrito firmado por el presidente de la entidad, Osvaldo Armoza, y el abogado Miguel Bronfman.
“Surge de las actuaciones que los acusados poseen conocimiento efectivo y pleno sobre la existencia de la causa en su contra. El estándar internacional no exige una notificación formal personada si se acredita fehacientemente que las personas conocían los cargos imputados”, dice el escrito.
Además, se remarcó que la sanción de la Ley 27.784 “no solo es válida constitucionalmente, sino que responde directamente al cumplimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Comellas, en representación de los iraníes ausentes, sostuvo que “el problema esencial es que el sistema judicial debe ofrecer un mecanismo claro y efectivo para obtener una revisión”.
Los acusados deben tener “derecho a un nuevo juicio que pueda dar lugar a la revocación de la decisión original”, afirmó, para señalar que no es suficiente con las instancias de apelación previstas luego del veredicto en un primer debate oral, sostuvo la defensa pública.
Comellas ejemplificó con causas de la legislación europea en los que un prófugo reclamado por un país fue detenido en otro, que resolvió no entregarlo y negar la extradición, porque el demandante en su legislación no garantizaba la realización de un nuevo juicio.
Por eso, pidió enmendar la “esquizofrenia legislativa”, ya que dijo que si no considera inconstitucional el artículo 431 septis, que es el que prohíbe los nuevos juicios para los prófugos condenados, la “Argentina no tendrá ninguna posibilidad de que le acepten pedidos de extradición de los imputados por el atentado contra la AMIA, si son detenidos en otro país”.
El defensor recurrió así la resolución que habilitó el juicio en ausencia para Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Ahmad Reza Asghari, Mohsen Rabbani, Salman Rauf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. Todos están acusados por el ataque terrorista que el 18 de julio de 1994 dejó 85 muertos y centenares de heridos en Pasteur 633.
En el último acto por el aniversario de la voladura de la AMIA, el presidente de la AMIA advirtió que “durante este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa: es como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada”.
En ese momento, instó a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, donde hoy tuvo lugar la audiencia, a que resuelvan la validez del juicio en ausencia. “No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos”, agregó Armoza el 18 de julio pasado.
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LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof culpó al gobierno de Javier Milei por la inseguridad en el Gran Buenos Aires. En una visita a Ezeiza, tras el crimen de David Elías Ojeda Vázquez en José C. Paz, aseguró que el Presidente “sigue ajustando en seguridad” y se quejó: “Nos han dejado solos”.
Lo dijo durante la inauguración de una subcomisaría en Tristan Suárez, en Ezeiza, donde se mostró junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, y aseguró que la provincia está fortaleciendo los dispositivos de prevención.
Casi en simultáneo, la senadora nacional Patricia Bullrich instó al gobernador a dar la cara: “¿Dónde está Kicillof? ¿Va a seguir en silencio mientras los bonaerenses viven con miedo, rodeados de violencia y terror?”, se preguntó la exministra de Seguridad, luego de que este jueves un hombre fuera baleado en la puerta de una escuela en El Palomar.
“Si no se anima a hablar con ellos, prenda la tele. Todos los días pasa lo mismo. Siempre el conurbano”, enfatizó Bullrich. Y arremetió: “El colmo; si son menores quedarían libres por la locura de la jueza garantista”, en referencia a Marta Pascual, magistrada en Lomas de Zamora y exministra de Niñez durante la gobernación de Eduardo Duhalde, que esta semana suspendió la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia.
La declaración de Kicillof llegó justamente desde el Gran Buenos Aires. “Estamos fortaleciendo los dispositivos de prevención para dar respuestas más rápidas y concretas”, dijo. “Esto lo hacemos mientras Javier Milei sigue ajustando en seguridad, salud y educación: nos han dejado solos, pero la provincia y el partido de Ezeiza siguen poniendo la cara por su gente”, agregó.
Rápida respuesta
La oposición política salió a criticar al gobernador, que ayer estuvo en Misiones junto a Alonso en una recorrida que incluyó firmas de convenios con el gobernador de esa provincia, Hugo Passalacqua, con el armado político hacia las elecciones de 2027 como telón de fondo.
Los cuestionamientos llegaron desde el Senado: “La Provincia de Buenos Aires atraviesa una situación de inseguridad que exige presencia, gestión y respuestas concretas de su Ministro de Seguridad”, dijo el senador Marcelo Leguizamón.
“Hace dos años que esperamos que venga al Senado a dar explicaciones. Mientras tanto, los bonaerenses viven todos los días con miedo y la violencia no da tregua. Su responsabilidad está acá, ministro, en la provincia de Buenos Aires. La seguridad no puede quedar en segundo plano por una campaña política”, se quejó el legislador radical.
En 2025 subieron los homicidios en ocasión de robo un 12,9% en comparación con el año anterior en este territorio, de acuerdo con estadísticas de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires.
Los pedidos por más seguridad se replican en todo el Gran Buenos Aires. Incluso más cerca de esta capital, en Villa Elisa, se reiteraron los robos en el barrio monte servente. Los vecinos no se quejan de la comisaría local. Sólo esperan más presencia policial en la zona, en horas de la noche y de la madrugada.
Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se informó desde que Kicillof llegó al gobierno se invirtieron 425.160 millones en fondos de fortalecimiento de Seguridad, para compra de patrulleros, camionetas, motos,cámaras, alarmas, drones y puesta en valor de dependencias policiales.
Se compraron 9.649 patrulleros, 1000 camionetas rurales y se sumaron 16.000 nuevos efectivos
subcomisaría en Tristan Suárez, en Ezeiza, donde se mostró junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso,,María José Lucesole,Conforme a
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