POLITICA
Procesaron a un exagente de inteligencia y dos hackers por espiar a miembros de la Corte y jueces
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó el procesamiento del agente inorgánico de la AFI Ariel Zanchetta, el hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro y Tomás Hválica, el joven que creó el sitio web Dark PFA, acusados de haber integrado una asociación ilícita que espió a jueces de la Corte Suprema de Justicia y otros miembros de la justicia federal.
“La actuación coordinada en la recopilación masiva y sistemática de datos personales, patrimoniales y migratorios de altas autoridades del Poder Judicial de la Nación (jueces de la Corte Suprema y de la Cámara Federal de Casación Penal) que llevó a cabo Zanchetta refleja que no se trató de averiguaciones aisladas, sino de una labor funcional orientada a abastecer de información sensible a la estructura criminal”, sostuvo el fallo.
El magistrado sostuvo que la organización “accionó contra diversos miembros del Poder Judicial de la Nación, entre febrero de 2022 y mayo de 2023”
“En efecto, la reiteración de las intrusiones, el mantenimiento de la plataforma Dark PFA con asignación de créditos ilimitados y la constante recopilación de información personal dan cuenta del carácter estable y continuo de la estructura criminal, lo cual permite acreditar fehacientemente la estabilidad y permanencia de la banda criminal”, señaló el juez.
La causa por el espionaje a los jueces, que investiga Martínez De Giorgi, tiene varios objetos de investigación. Una es la denuncia por la creación de líneas telefónicas a nombre de los ministros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, entre otros.
La otra es el hackeo que sufrieron dos jueces de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; y dos jueces que llevaban adelante el juicio Vialidad contra Cristina Kirchner, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Por el caso fue detenido inicialmente Nuñes Pinheiro, un joven que reconoció que en agosto de 2022 se contactó con él, vía Telegram, el usuario “ElJuanxd” y le hizo una serie de encargos.
El objetivo eran los celulares de jueces y funcionarios. Tras pagarle, “ElJuanxd” desapareció, según contó Nuñez Pinheiro en su declaración indagatoria.
También estuvo detenido y está procesado Ariel Zanchetta, un expolicía que el mismo día del hackeo a Borinsky buscó sus datos en base SudamericaData, en donde sólo en 2022 había hecho otras 2.000 búsquedas de magistrados, políticos y artistas, varios de ellos luego hackeados.
Zanchetta se excusó diciendo ser periodista, pero en sus diálogos quedó expuesto que era un agente inorgánico de la AFI, tal como sostuvo la fiscalía.
Tras el análisis inicial de los dispositivos de Zanchetta, se ordenó el allanamiento del exfuncionario de AFIP y miembro de La Cámpora Fabián Rodríguez, quien hablaba con el espía y le encargaba “objetivos” y operaciones.
También mantuvo diálogos con el diputado Rodolfo Tailhade.
Rodríguez logró evadirse de la policía cuando fue a buscarlo a sus oficinas y recién se presentó 5 días después en los tribunales para entregar sus celulares y dispositivos.
En los últimos meses, Martínez De Giorgi también decidió llamar a prestar declaración como sospechoso a Tomás Patricio Hválica, el joven que creó el sitio Dark PFA, el lugar desde donde se podía acceder a la deep web en busca de datos de cualquier persona que se eligiera. Y se amplió la declaración de Nuñes Pinheiro y de Zanchetta.
Según describió el fallo, la maniobra se llevaba adelante en tres pasos: “1) la obtención de información acerca de las víctimas, a través del acceso ilegítimo a bancos de datos personales; 2) la toma de control de las líneas de telefonía celular, por medio de un cambio de tarjeta SIM de la empresa Movistar (maniobra informática que se conoce como “sim swapping” que consiste en la obtención de una tarjeta SIM asociada a su línea de teléfono por parte de una persona que, para eso, debe hacerse pasar por la víctima ante la operadora de telefonía celular) y; 3) el acceso ilegítimo a las aplicaciones de comunicación de las víctimas (Whatsapp, Telegram y/o Facebook)”.
En ese sentido “se comprobó que Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro llevó a cabo maniobras que permitieron -entre otros aspectos- mediante la modificación de datos originales de las líneas telefónicas, tomar el control de los abonados telefónicos y lograr el acceso a las plataformas Telegram y WhatsApp de los cuatro magistrados damnificados”, se afirmó.
En tanto, precisó el fallo, “Hválica, en su carácter de administrador del sitio web “Dark PFA” bajo el usuario de Telegram @pr1sox, llevó a cabo maniobras que permitieron -entre otros aspectos- brindar a Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, acceso ilimitado a dicha plataforma web para consultar el número de trámite de DNI, en la ejecución del hecho”.
Sobre Zanchetta se acreditó que pidió informes a la empresa SudamericaData Group SRL de los jueces de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, de los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda; de los jueces de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Pablo Daniel Bertuzzi; de Silvio Federico Robles, director general ante la Corte Suprema, del juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro y del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, dijo Martínez de Giorgi.
“Corresponde afirmar que Ariel Pedro Zanchetta se encargó de recopilar información sobre datos personales, patrimoniales y migratorios de funcionarios del Poder Judicial de la Nación, entre ellos los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal –Dres. Borinsky y Hornos–, jueces de Tribunal Oral Federal –Dres. Giménez Uriburu y Basso–, y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –Dres. Lorenzetti, Rosatti y Maqueda–, así como de otros funcionarios y magistrados”, añadió.
En el caso de Giménez Uriburu, tras tomar el control de su línea telefónica les pidieron plata a contactos del juez en Telegram y WhatsApp, “con destino/transferencia a una cuenta de Mercado Pago registrada a nombre de Julián Matías Bellido con alias “julian.01”, ya procesado”.
misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro,Hernán Cappiello,Conforme a
La 64ª Asamblea anual de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), celebrada este 11 de septiembre en San Miguel de Tucumán, eligió el Consejo Ejecutivo que conducirá la entidad durante el período 2026-2027. Daniel Dessein, de La Gaceta de Tucumán, fue electo como presidente y encabezó además la lectura del informe semestral de libertad de prensa, elaborado por la Comisión homónima.
Al frente de las vicepresidencias quedaron Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe) como primera vicepresidenta y Luis H. Tarsitano (El Tribuno, Salta) como vicepresidente segundo. La secretaría general recayó en Pablo Deluca (Infobae), la de organización en Tomás Vio (Diario Olé) y la de Relaciones Institucionales en Agustino Fontevecchia (Perfil). Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui) ejercerá como secretario de Actas, mientras que la tesorería quedó a cargo de Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes), con Marcelo Almada (Misiones Online, Posadas) como protesorero.
Entre los seis vocales titulares figuran Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz), Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos), Ricardo Terán (La Capital, Rosario), Carlos Marino (Letra P), Valeria Zitelli (El Ancasti, Catamarca) y Juan A. Boglione (Nueva Rioja, La Rioja). Al frente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información quedó Martín Etchevers (Clarín), en tanto que José Santa María (Página/12) presidirá la Comisión de Asuntos Económicos. Andrés D’Alessandro continuará como director ejecutivo, y Gabriel Matijas como gerente general.
Más allá de la renovación de autoridades, el informe semestral concentró la otra discusión central de la jornada. El documento expuso su preocupación por el deterioro del debate público durante el último semestre, marcado por una reiteración de agravios desde posiciones de poder. La entidad reconoció que todo funcionario tiene derecho a cuestionar una información, desmentirla o recurrir a la Justicia, pero trazó una línea entre refutar y legislar para castigar, según comunicó la misma ADEPA.
En ese sentido, señaló las declaraciones del ministro de Economía de la Nación del 25 de agosto, quien, ante una publicación que juzgó falsa, sostuvo que “la Justicia debería actuar” y que era necesaria “una ley que castigue este tipo de conductas”. El planteo recibió respaldo público de Javier Milei. Para ADEPA, una legislación de ese tipo podría generar un efecto inhibitorio sobre la investigación y la difusión de asuntos de interés público.
Los números que relevó el informe para una sola semana de agosto —entre el 17 y el 23— son precisos: 335 mensajes contra la prensa republicados por la cuenta del Presidente, más 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas en intervenciones públicas. En esos días fueron señalados por nombre al menos 16 periodistas y cuestionadas nueve empresas de comunicación. “Cuando el insulto proviene de la máxima autoridad estatal, y se repite sistemáticamente, la asimetría de poder entre quien agrede y quien es agredido transforma el episodio en un problema que excede ampliamente una disputa entre individuos”, sostiene el informe de ADEPA.
A eso se sumaron restricciones al acceso periodístico a fuentes oficiales. ADEPA retomó la preocupación expresada en abril por las limitaciones al ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, extendidas también a la Cámara de Diputados y al Ministerio de Economía. Semanas más tarde, la entidad manifestó su “máxima preocupación” ante la decisión de restringir de manera general el acceso a la Casa de Gobierno. En paralelo, cuestionó una resolución del Ministerio Público de San Juan que centralizaba las consultas periodísticas en una única autoridad, mecanismo que, según el informe, puede conducir a un monopolio oficial de la información.
En el debe también, el documento registró pronunciamientos judiciales que preservaron garantías de libertad de expresión. La Cámara de Apelación de San Isidro revocó prohibiciones de contacto y difusión impuestas a periodistas en el caso promovido por Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Daniel Santoro obtuvo el sobreseimiento definitivo en la causa vinculada con Marcelo D’Alessio, pronunciamiento que reafirmó el secreto de las fuentes. La Cámara Civil y Comercial Federal rechazó la desindexación de publicaciones sobre denuncias de abuso sexual contra un director teatral posteriormente absuelto, y se restituyeron provisoriamente las cuentas digitales del periodista Alejandro Pueblas.
“La respuesta frente a los errores del periodismo no puede ser una verdad oficial, una ley destinada a castigar publicaciones, la restricción del acceso a las fuentes ni la inducción al desprecio social hacia quienes informan”, afirmó la entidad.
ADEPA
POLITICA
Adepa rechazó los insultos de Milei a medios y periodistas: “Incluyeron expresiones de una violencia inusual para el debate democrático”
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN (Enviada especial).- En el tramo final de su 64ª Asamblea Anual, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) advirtió sobre el “deterioro del debate democrático” y cuestionó al presidente Javier Milei y a sus funcionarios por los ataques lanzados contra el periodismo durante el último semestre, un período marcado por la escalada de insultos propinados a la prensa.
“No corresponde pedir silencio a los funcionarios. Corresponde reclamarles que ejerzan su derecho a expresarse dentro de las reglas y responsabilidades que impone el sistema republicano”, demandó Adepa en su informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información. La institución planteó que el “agravio” y la “estigmatización”, especialmente cuando proviene de altos funcionarios públicos, “deterioran el debate democrático y pueden generar un efecto contagio sobre el conjunto de la sociedad”.
“La libertad de prensa no incluye un derecho a no ser criticado. Pero existe una diferencia esencial entre responder, debatir o refutar una información y promover la degradación personal de quienes la producen”, agregó la entidad. Y completó: “Cuando el insulto proviene de la máxima autoridad estatal, y se repite sistemáticamente, la asimetría de poder entre quien agrede y quien es agredido transforma el episodio en un problema que excede ampliamente una disputa entre individuos”.
Adepa, que reúne a más de 180 empresas periodísticas del país, consideró que los calificativos pronunciados últimamente por Milei “incluyeron expresiones de una violencia inusual para el debate democrático”.
Según reveló la institución, solo en una semana de agosto se registraron 335 mensajes contra la prensa republicados por la cuenta del Presidente, además de 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas al periodismo en intervenciones públicas. “En esos pocos días fueron señalados por su nombre al menos 16 periodistas y cuestionadas nueve empresas de comunicación” con calificativos como “periodistas corruptos”, “ensobrados” y “simios con micrófono”.
La entidad advirtió, además, sobre dos episodios concretos ocurridos en las últimas semanas. Uno de ellos fue la exposición de Milei ante alumnos de la Escuela ORT, en la que alentó a los estudiantes a abuchear a los periodistas. “El jefe del Estado no se limitó a cuestionar una cobertura o a discutir una información: incentivó a menores de edad a manifestar hostilidad hacia una actividad indispensable para la democracia”, indicó Adepa.
El segundo episodio involucró a Luis Caputo, ministro de Economía, quien, frente a una publicación periodística que consideró falsa, sostuvo que “la Justicia debería actuar” y que era necesaria “una ley que castigue este tipo de conductas”. “El Presidente respaldó públicamente el planteo”, remarcó la entidad en su documento.
Frente a ese planteo, Adepa afirmó que “el ordenamiento jurídico ya dispone de herramientas para resolver esos conflictos” y sostuvo que una legislación como la propuesta por Caputo “podría otorgar a las autoridades un poder incompatible con los estándares democráticos de libertad de expresión y generar un fuerte efecto inhibitorio sobre la investigación y la difusión de asuntos de interés público”.
El informe semestral –titulado “IA, apropiación de contenidos y deterioro del debate público”– fue presentado por el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Daniel Dessein (La Gaceta).
El foro de Adepa contó ayer con la presencia de dos emisarios del gobierno nacional: Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Prensa, y Ariel Ferrentino, responsable de la comunicación partidaria de La Libertad Avanza.
Límites al periodismo y judicialización
Adepa también expresó preocupación por las “restricciones al acceso a las fuentes”, en alusión a la prohibición del ingreso a los periodistas acreditados a la Casa Rosada dispuesta en abril y levantada una semana más tarde, aunque se mantuvieron las limitaciones para movilizarse dentro de Balcarce 50.
“El acceso de la prensa a las fuentes oficiales permite hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a recibir información pública a través de una pluralidad de canales”, destacó la entidad.
En paralelo, la institución valoró distintas decisiones de la Justicia que consideró “relevantes” para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Entre ellas, mencionó la revocación de las prohibiciones de contacto y difusión impuestas a periodistas en el caso promovido por Claudio Tapia y Pablo Toviggino, y el sobreseimiento definitivo del periodista Daniel Santoro, quien había sido acusado de integrar una supuesta banda de espías y extorsionadores que buscaba incriminar a Cristina Kirchner en causas por corrupción.
“La respuesta frente a los errores del periodismo no puede ser una verdad oficial, una ley destinada a castigar publicaciones, la restricción del acceso a las fuentes, la judicialización preventiva de investigaciones ni la inducción al desprecio social hacia quienes informan”, resumió Adepa, y agregó: “La calidad de una democracia depende también de que quienes poseen las mayores responsabilidades institucionales comprendan que tener derecho a pronunciarlas no los exime de responder por el clima público que ayudan a construir”.
Para la entidad, proteger un “ecosistema plural” requiere del profesionalismo de los medios, la tolerancia y el respeto de los poderes públicos, la prudencia de la Justicia ante “cualquier medida capaz de producir censura previa o autocensura” y la consciencia de toda la dirigencia de que “las palabras pronunciadas desde posiciones de poder tienen consecuencias que suelen extenderse mucho más allá de quienes inicialmente las reciben”.
Inteligencia Artificial
La Inteligencia Artificial (IA) fue, junto con la libertad de prensa, uno de los ejes del foro anual de Adepa realizado en Tucumán. En cuanto al impacto de esta herramienta sobre la práctica periodística, la entidad reclamó que las plataformas tecnológicas compensen a los medios –creadores de la información que alimenta esta tecnología– tanto en lo que hace a los derechos de propiedad intelectual como al reconocimiento económico.
“La protección de la propiedad intelectual no es un obstáculo negociable, sino un pilar fundamental para la supervivencia del ecosistema mediático: la utilización indiscriminada de contenidos protegidos para entrenar modelos de lenguaje y alimentar algoritmos de búsqueda, sin la debida compensación a sus creadores, amenaza la viabilidad económica de la prensa”, señaló la entidad.
La institución planteó que el esfuerzo de quienes producen información verificable debe ser “debidamente reconocido”, y advirtió que debe evitarse que la tecnología se “apropie” y “desvalorice el insumo básico de la democracia”.
Asimismo, Adepa subrayó la importancia del trabajo periodístico en la verificación de los hechos, la investigación, la contextualización, la mirada editorial independiente y la construcción de confianza.
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POLITICA
Malvinas: el Gobierno ajusta el proyecto que enviará al Congreso y evalúa ampliar las sanciones a todas las actividades productivas
El Gobierno estudia extender las nuevas sanciones por Malvinas a todas las actividades productivas que se desarrollen en las islas sin autorización argentina, como parte de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que Javier Milei prepara para enviar al Congreso. La Casa Rosada busca que el régimen deje de estar concentrado en los hidrocarburos y analiza un esquema más amplio para abarcar otras explotaciones económicas.
La minería es uno de los sectores que el Ejecutivo tiene sobre la mesa. “Minería sí”, aseguran en Nación sobre su posible incorporación. La pesca también está bajo análisis y la ganadería, la agricultura y el turismo forman parte de las actividades que se discuten técnicamente, aunque todavía no existe una definición final sobre todas ellas.
El texto se trabaja en una mesa reducida y con el articulado todavía abierto. En áreas que participan de la elaboración advierten que se trata de una ley compleja, con “muchísimas cosas en la mesa aún bajo estudio”, y que el Gobierno busca avanzar con cautela antes de cerrar el alcance definitivo.
La discusión parte de una diferencia central. La exploración y explotación de hidrocarburos ya están alcanzadas por la Ley 26.659, mientras que el nuevo proyecto busca determinar qué herramientas pueden extenderse a otras actividades desarrolladas en las islas y a los actores que participan directa o indirectamente de ellas.
La pesca es, hasta ahora, el caso más avanzado dentro de esa ampliación. “Estamos trabajando en eso”, reconocen en el Ejecutivo. La Casa Rosada analiza reforzar las restricciones sobre socios, empresas vinculadas y otros actores que obtengan beneficios económicos de operaciones realizadas bajo licencias británicas.
Ese sector ya cuenta con una herramienta específica. Desde 2008, la Ley Federal de Pesca establece restricciones para quienes reciben cuotas o permisos argentinos y mantienen relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores que pescan sin autorización nacional.
El punto que busca revisar el Gobierno es hasta dónde extender el concepto de vinculación. Una aplicación más amplia sobre accionistas, sociedades relacionadas, proveedores o grupos empresarios podría incrementar el universo de compañías alcanzadas y obligar a revisar estructuras societarias con intereses tanto en la Argentina continental como en las islas.
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La dimensión económica explica parte del interés oficial. Según la propia estrategia económica de las islas, la pesca y la acuicultura generan alrededor del 58% del producto bruto y constituyen desde hace décadas el principal motor de su economía. La administración isleña busca ahora diversificar ese esquema con petróleo, agricultura, turismo y otros sectores.
La ganadería tiene, a diferencia de la minería, una actividad histórica y consolidada. Los documentos oficiales de las islas definen a la agricultura y la producción ganadera como la columna vertebral económica y social del Camp, las zonas rurales fuera de Puerto Argentino, y destacan especialmente la producción ovina, de lana y de carne.
La estrategia económica 2026-2040 plantea además diversificar el ganado y los cultivos, aumentar la producción local de alimentos y desarrollar productos de mayor valor agregado. La administración de las islas busca reducir así la exposición a la volatilidad de los precios de la lana y sostener la economía rural durante el crecimiento esperado del sector petrolero.
La minería aparece con una lógica diferente. No existe actualmente una explotación minera comercial relevante en las islas, pero sí un marco legal específico y antecedentes de exploración. Por eso, su eventual inclusión en la nueva ley tendría principalmente un carácter preventivo frente a futuros proyectos que puedan ser autorizados por la administración británica.
El principal antecedente es la exploración de oro. Estudios realizados en las islas detectaron partículas del mineral en distintos cursos de agua y dieron lugar posteriormente a campañas geológicas y perforaciones para evaluar posibles depósitos. También existieron antecedentes vinculados con diamantes, pero ninguno derivó en una industria extractiva comparable con la pesca o los hidrocarburos.
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El turismo también figura entre los sectores que el Ejecutivo mantiene bajo evaluación. La estrategia de desarrollo isleña lo identifica como una de las principales vías para diversificar la economía durante los próximos quince años y señala que aportó £15,2 millones en la temporada 2023/2024, con planes para aumentar visitantes y mejorar la conectividad aérea.
El Gobierno analiza que el régimen permita así cubrir tanto actividades ya consolidadas como posibles explotaciones futuras. La lógica que se estudia es que una empresa que participe, financie, provea servicios o se beneficie de una actividad económica en Malvinas sin autorización argentina pueda enfrentar restricciones para operar o contratar en el territorio nacional.
La definición central será hasta dónde llegará finalmente ese esquema transversal. La Casa Rosada tiene decidido endurecer el régimen sobre hidrocarburos, trabaja sobre la pesca y mantiene bajo evaluación minería, ganadería, agricultura y turismo. El texto que llegue al Congreso determinará si las sanciones pasan de un modelo principalmente petrolero a uno capaz de abarcar el conjunto de las actividades productivas desarrolladas en las islas.
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