SANTA FE.- Un exintendente kirchnerista del interior de esta provincia, Camilo Busquet (69 años), que gobernó la ciudad de Ceres, de 20 mil habitantes, entre 2003 y 2017, fue condenado por delitos de fraude, abuso de autoridad y malversación de caudales contra la administración pública.

La condena fue de dos años y diez meses de prisión en suspenso, pero con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En la misma causa, el exsecretario de Hacienda de ese municipio, durante la gestión Busquet, Lucas Sebastián Cañete, también fue condenado. En este caso, fue a dos años y tres meses de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La sentencia fue dispuesta por los jueces Cecilia Álamo (presidenta), Javier Bottero y Nicolás Stegmayer, en el marco de un juicio oral y público que se desarrolló la última semana en los tribunales de San Cristóbal.

Como parte de ese juicio se escucharon los testimonios de 22 testigos, entre ellos, la actual intendenta de Ceres, Alejandra Dupouy, quien impulsó la denuncia contra su antecesor.

En el debate, Guillermo Loyola, de la Sección Criminalidad Económica y Compleja de la Fiscalía Regional 5, que representó al Ministerio Público de la Acusación, sostuvo: “Si bien esperaremos a conocer los fundamentos del fallo para analizar los pasos a seguir, valoramos la decisión de condenar a los dos exfuncionarios a los que investigamos”.

“Durante el debate logramos demostrar que mientras Busquets ejerció la intendencia de Ceres en sucesivos períodos en los que fue electo, cometió diferentes delitos en perjuicio de la administración pública”, indicó el fiscal.

Sobre Cañete, responsable de la secretaría de Hacienda de aquel municipio, se añadió que “intervino activamente para que algunos de esos ilícitos pudieran concretarse”.

Loyola sostuvo que “entre los hechos por los que se impusieron las condenas está el desvío de los fondos recibidos en concepto de Financiamiento Educativo en 2017”, y aseguró que “quedó probado que ese dinero tuvo un destino distinto al que correspondía”.

Asimismo, el fiscal afirmó que “con abuso de la confianza conferida para el manejo de fondos públicos, se disponían llamados a concursos privados de precios para realizar obras públicas que por el elevado monto debían realizarse a través de licitaciones públicas”. Al respecto, expuso que “esas maniobras representaban un perjuicio patrimonial ya que las obras eran abonadas en su totalidad cuando aún no habían sido concluidas o se adjudicaban concursos sin respetar los procedimientos de compra previstos por la ordenanza municipal”.

Finalmente, Loyola aseguró que, “de forma reiterada, los funcionarios condenados incumplieron con los deberes que conllevan los cargos públicos que ostentaban”.

Condenas

Al concluir el juicio oral y público, Busquets fue condenado por la coautoría de “malversación de caudales públicos”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público”; y por la autoría de “fraude a la administración pública” y “abuso de autoridad”. En cambio, no se trató ningún caso de supuesto enriquecimiento ilícito.

Por su parte, a Cañete se lo condenó como coautor de “malversación de caudales públicos” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, así como partícipe necesario de “fraude a la administración pública”.

El abogado querellante, Ignacio Alfonso Garrone, quien intervino en la causa junto con Clara Vázquez, calificó la resolución como “histórica” para el centro y norte de Santa Fe.

Consecuencias

En tanto, la actual intendenta de Ceres, Alejandra Dupouy (UCR/Unidos), le comentó a este diario que “no se trata de celebrar la condena de una persona, sino de reafirmar un principio fundamental: quienes administran los bienes del Estado deben hacerlo con honestidad, responsabilidad y transparencia”. Y agregó: “Esperamos que esta decisión siente un precedente y contribuya a fortalecer las instituciones, los mecanismos de control y la confianza de la ciudadanía en la Justicia y en la política”.

“Los recursos públicos se respetan. El que no lo hace, sabe que la corrupción tiene consecuencias”, subrayó Dupouy.

Por su parte, Busquet resaltó: “Fui juzgado por varios hechos y fui absuelto de seis de ellos. En ninguno se me acusó de haberme llevado dinero o de haberme enriquecido personalmente”. Y añadió: “Durante estos años, sentí que esta causa fue utilizada políticamente para desprestigiarme. Me quedo con la tranquilidad de saber que siempre goberné pensando en la gente”, señaló.

Finalmente, desde varios sectores políticos recordaron que durante la gestión de Busquets al frente de la ciudad de Ceres, a solo siete kilómetros del límite con Santiago del Estero, el exjefe comunal mantuvo vínculos políticos e institucionales con el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Precisamente, fue mediante esa relación con el ministro más poderoso del kirchnerismo que logró la firma de convenios de Obras Públicas y financiamiento nacional para municipios de la región.

El exintendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, propuso la creación de una policía militar para el conurbano. Según sostuvo, el objetivo es modificar el esquema de seguridad vigente ante el crecimiento y la complejidad del delito.

Sobre el funcionamiento de esta fuerza federal, de La Torre explicó que dependería del gobierno nacional y no de las autoridades provinciales ni municipales y actuaría “en los municipios federalizados”.

Esta fuerza federal “permanente, de régimen y formación militar” se dedicará a delitos complejos, la inteligencia, el narcotráfico y las operaciones tácticas.

“No es el Ejército prestado ni Gendarmería prestada, es una fuerza creada específicamente para el conurbano”, remarcó el también exsenador por la provincia de Buenos Aires. Asimismo, precisó que se formaría en Campo de Mayo, a través de la Gendarmería y el Ejército, con integrantes de la actual Policía Bonaerense.

“Campo de Mayo es la guarnición más grande del país y está en el corazón del territorio que van a custodiar. Se crea por Leyes ordinarias del Congreso y de la Legislatura, sin reforma constitucional”, afirmó.

Según explicó De la Torre, la eventual Policía Militar conviviría con la Policía municipal que continuarían bajo la órbita de los intendentes y mantendrían las tareas de prevención y patrullaje.

“Ya está probado que las policías municipales funcionan y están dando excelentes resultados en bajar el delito. Solo hay que darles más recursos”, sostuvo.

En ese sentido el legislador cuestionó el actual esquema de seguridad de la provincia de Buenos Aires. “En estas condiciones, es imposible que el gobernador se haga cargo de la seguridad del conurbano. ¿Qué sabe el gobernador sobre lo que pasa en la Comisaría Tercera de un municipio del conurbano? La Policía Bonaerense duplicó personal desde 2010 y el delito no bajó, no resiste análisis”, razonó.

Para De la Torre, el problema requiere una transformación profunda del sistema actual. En ese sentido, defendió la necesidad de avanzar con cambios estructurales tanto en el modelo de seguridad.

“Está claro que el gobernador no se puede hacer cargo de la seguridad de toda la provincia y cada vez es peor, porque cada vez crece más el delito en el conurbano, cada vez tiene más realidades más complejas. Con este sistema, las soluciones que propongan van a seguir siendo malas. Hay que cambiar por completo”, concluyó.

La federalización del conurbano

De la Torre también propone federalizar el conurbano bonaerense y sacárselo a la Provincia. La iniciativa contempla establecer que cada municipio pase a convertirse en un distrito federal dependiente directamente del Gobierno nacional.

Semanas atrás, de La Torre propuso federalizar los 27 distritos del conurbano y eliminar así la figura del gobierno provincial como autoridad competente sobre ellos. El exsenador provincial planteó la iniciativa, aseguró, en respuesta a los problemas que se agravaron en la región en los últimos años.

“Pasan a tener únicamente Estado municipal y Estado nacional”, ratificó en diálogo con radio Mitre. Su postulación propone, a su vez, que cada distrito federal elija a su propio intendente, pero no participe en las votaciones para gobernador, senadores o diputados provinciales.

Y explicó: “Lo que hay que entender es que esto ya funciona así: si vivís en La Matanza o en Hurlingham, el agua te la brinda AySA, que es una privatización nacional; el gas, MetroGAS, que también es nacional; la luz, Edesur; los trenes y colectivos también son nacionales; de la salud también se hacen cargo los municipios; en cuanto a la seguridad, los patrulleros, el combustible y las cámaras las pone el municipio, lo único que pone la provincia es el sueldo de los policías. Lo mismo pasa en educación”.