POLITICA
Mientras siguen las negociaciones por la reforma electoral, el oficialismo reactiva su agenda legislativa en el Senado
Antes del receso legislativo, La Libertad Avanza (LLA) buscará sancionar el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada durante la sesión convocada para este jueves a las 12 en el Senado.
Con esa iniciativa, el oficialismo intenta retomar la agenda parlamentaria mientras continúan empantanadas las negociaciones con los bloques dialoguistas por la eliminación de las elecciones primarias (PASO) y la incorporación de colectoras en la Boleta Única de Papel (BUP).
El temario fue acordado el pasado martes con la titular del bloque de LLA, Patricia Bullrich, y el resto de los jefes de bloque en la última reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Además de esa iniciativa, la Cámara alta tratará los ascensos del personal de la Cancillería y una serie de pliegos de integrantes del Poder Judicial.
La agenda también incluye un proyecto de la senadora Beatriz Ávila, del bloque Independencia, que propone declarar a San Miguel de Tucumán capital de la República cada 9 de julio.
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Con el compromiso de los bloques de garantizar el quórum para la sesión de este jueves, los presidentes de bancada también definieron la hoja de ruta para después del receso invernal. En ese sentido, acordaron convocar a una nueva sesión el 6 de agosto para debatir el proyecto de ley Hojarasca, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que propone derogar legislación considerada obsoleta y que ya cuenta con media sanción de Diputados.
Para esa misma jornada también prevén incluir el proyecto de Falsas Denuncias, promovido por la senadora radical Carolina Losada, y el de Salud Mental, que aún no obtuvo dictamen y continúa en tratamiento en un plenario de las comisiones de Legislación General y Salud Pública.
En qué consiste el proyecto sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada
La iniciativa incorpora modificaciones respecto de la versión original impulsada por el Gobierno, que proponía eliminar todas las restricciones para que empresarios extranjeros pudieran adquirir tierras rurales. El dictamen finalmente establece que, en el caso de los inmuebles ubicados en zonas de frontera, las operaciones deberán contar con un doble aval: el de la provincia correspondiente y el del Poder Ejecutivo Nacional.
El proyecto también introduce cambios en la Ley de Tierras, el régimen de desalojos, las expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego. La iniciativa obtuvo dictamen el pasado 20 de mayo en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los diputados libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez. No obstante, fuentes parlamentarias no descartan que el articulado vuelva a ser revisado antes de su tratamiento en el recinto este jueves.
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Entre las modificaciones más relevantes figura la incorporación de los denominados “desalojos exprés” para los casos de inmuebles usurpados o con tenedores precarios. La reforma faculta al juez a ordenar la restitución inmediata de la propiedad cuando el derecho invocado por el propietario resulte verosímil y este preste caución juratoria.
El proyecto también incorpora ese procedimiento al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y establece que el magistrado podrá intimar, en un plazo de 72 horas, la devolución del inmueble cuando el propietario acredite, mediante prueba documental, la titularidad del terreno, la vivienda o el campo en disputa.

En materia ambiental, la iniciativa deroga un artículo de la Ley de Manejo del Fuego, impulsada por el diputado Máximo Kirchner (Unión por la Patria) en 2020, que impedía durante 30 años modificar el uso de las superficies rurales incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas. Desde el oficialismo sostienen que esa restricción “atentó directamente contra la producción”.
San Miguel de Tucumán, capital de la Argentina por un día
La senadora Ávila avanzó con el proyecto que declara a la ciudad de San Miguel de Tucumán como Capital de la República Argentina, con carácter simbólico, cada 9 de julio. La iniciativa, acompañada por la legisladora de Convicción Federal Sandra Mendoza, obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Educación y Cultura y este jueves será tratada en el recinto.
El proyecto consta de dos artículos. El primero declara a San Miguel de Tucumán como “Capital de la República Argentina” todos los 9 de julio de cada año. El segundo establece que los actos centrales organizados por el Gobierno nacional para conmemorar el aniversario de la Declaración de la Independencia deberán realizarse en esa ciudad.

La propuesta retoma el espíritu del decreto 81, firmado por el expresidente Carlos Menem en 1991, que declaró a San Miguel de Tucumán Capital Simbólica de la República Argentina cada 9 de julio. La diferencia es que la iniciativa busca otorgarle rango de ley a esa disposición.
En los fundamentos del proyecto, Ávila sostiene que la ciudad “ocupa un lugar central en la historia institucional de nuestro país” por haber sido sede del Congreso que el 9 de julio de 1816 declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En ese sentido, recuerda que fue en la Casa Histórica de Tucumán donde los congresales proclamaron “solemnemente a la faz de la tierra” la voluntad de romper los vínculos con la Corona española y constituirse como una nación libre e independiente.
sesion, Senado, propiedad privada
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Paro en los puertos: el Gobierno defendió la desregulación del sector y advirtió que aplicará sanciones
En pleno paro en puertos, el Gobierno defendió la desregulación del sector y advirtió que aplicará sanciones por la protesta que afecta el comercio exterior. El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo que los prácticos que están de huelga integran un servicio esencial y que “deben sostener” la actividad. El funcionario además alertó sobre el “costo elevado” de la logística marítima con respecto a otros países.
Ravier defendió en conferencia de prensa en Casa Rosada el Decreto 690/2026, publicado el 31 de julio en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La resolución sustituye el reglamento que regía la actividad desde 1991 y cambia varios de sus aspectos centrales.
El vocero presidencial dijo: “Intentamos bajar el costo argentino. En esta materia (transporte marítimo) la Argentina tiene un costo elevado, comparado con otros países. Esto se resuelve con competencia. Abrimos la competencia para permitir, en este caso del practicaje, puedan entrar nuevos jugadores, con precios más competitivos. Para que eso permita, en lo que tiene que ver con el traslado de mercaderías, podamos tener mejores precios. Y que esto, eventualmente, impacte en mejoras para empresas y consumidores».
Ravier dijo, en ese sentido que “se aprobó un decreto para este concepto, muy importante para que bajen los costos logísticos”, y criticó: “Hay personas que operan en ese mercado que, ante la entrada de competidores, plantean este reclamo y hacen este paro que perjudica la logística». El funcionario reclamó: “Este es un servicio esencial, que estas personas tienen la obligación de sostener, y van a tener sanciones».
Las claves del paro en los puertos en rechazo a los cambios en el régimen que regula la actividad de prácticos
- El paro en los puertos es en rechazo al Decreto 690/2026, que quita el límite de cupos para que un profesional se inscriba como práctico, permite que armadores y agencias marítimas contraten en forma directa a los prácticos, establece topes de tarifas a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y habilita a capitanes con determinada cantidad de viajes realizados en una zona a navegar sin necesidad de contratar un práctico.
- Los prácticos son considerados clave para la seguridad de la navegación en tramos complejos, como ríos, canales y accesos portuarios, porque conocen en detalle las corrientes, la profundidad y los riesgos de cada zona. Buena parte del comercio exterior argentino depende de su trabajo, ya que intervienen en el tránsito de buques por el río Paraná y el Río de la Plata, la vía de salida de gran parte de las exportaciones del país.
- La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante tildó de inconstitucional al decreto. Anticipó que presentará una Acción Declarativa de Certeza y una Acción de Amparo en la Justicia Federal para frenar su aplicación, además de una denuncia penal por una eventual afectación a la seguridad de la navegación, contemplada en el artículo 190 del Código Penal. Junto con la Cámara de Practicaje y la Asociación Civil de Prácticos, argumentan que los cambios podrían derivar en un deterioro de las condiciones de seguridad y de trabajo en el sector.
Adrián Ravier, PUERTOS
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El Gobierno anunció que aplicará sanciones a los prácticos por el paro de actividades
El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó este martes que el Gobierno sancionará a los prácticos marítimos que llevan adelante un paro en los principales puertos del país. El funcionario dijo que se trata de un servicio esencial y que influye directamente en el “costo argentino”.
“Es un servicio esencial y estas personas tienen la obligación de sostenerlo. Seguramente va a haber sanciones; no tengo ahora los detalles, pero sin dudas es algo que va a ocurrir; se está decidiendo en este mismo momento”, declaró el vocero con respecto a la medida de fuerza que mantienen los trabajadores del sector.
Ravier también indicó que la intención de la medida es abaratar los costos del transporte. “El Gobierno busca bajar el costo argentino, muy elevado en comparación con el de otros países. Buscamos que entren nuevos jugadores con precios más competitivos, una mejora tanto para empresas como para consumidores. Lograríamos menor costo logístico, y por ende precios más bajos”, afirmó el funcionario.
Esta protesta se inició tras la publicación del Decreto 690/2026, firmado por el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger. La medida busca desregular el régimen vigente desde 1991, modificado en 2019 bajo el Decreto 188/19.
La parálisis de actividades dejó sin operar a más de 140 buques mercantes en las terminales de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz, sumadas a las maniobras suspendidas en Caleta Córdova, en Comodoro Rivadavia.
La Cámara Argentina de Energía (CADE) confirmó la interrupción de las actividades portuarias en sus empresas asociadas ante la falta de personal especializado. Esto afecta el ingreso de petróleo crudo a las plantas refinadoras y la salida de combustibles refinados hacia los puntos de distribución.
Por ejemplo, las refinerías de Campana, Dock Sud, La Plata y Bahía Blanca despachan carga hacia Comodoro Rivadavia para abastecer a la Patagonia sur, la zona de mayor riesgo ante posibles complicaciones de suministro. En algunas plantas el margen operativo se redujo a 24 horas antes de recortar la producción.
La falta de maniobras bloquea además la carga de crudo destinado a la exportación en Bahía Blanca. Al no tener personería gremial, las agrupaciones de prácticos no quedan sujetas a las convocatorias de conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo, lo que hace más difícil tratar el conflicto con las vías tradicionales de negociación.
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Facundo Moyano, un rebelde con perfil propio dentro del clan familiar que encabeza el líder del Sindicato de Camioneros
A los 82 años, Hugo Moyano lidera no sólo uno de los principales sindicatos de la Argentina. También es la cabeza de un clan familiar que fue extendiendo su influencia en las filas gremiales y políticas.
En su primer matrimonio, el líder del Sindicato de Camioneros tuvo cuatro hijos; Pablo, Karina, Emiliano (fallecido en 2011) y Paola (única que no se dedicó al gremialismo y ex esposa del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia). De su segundo matrimonio nacieron Facundo y Hugo Antonio. Y del tercero, con su esposa actual, Liliana Zulet, Jerónimo, el menor.
Hugo Moyano mantiene a 4 de sus 6 hijos en puestos centrales de Camioneros, pero la disputa familiar y las diferencias políticas y gremiales abrieron la incógnita sobre su sucesión dentro de una estructura donde cada miembro del clan ocupan espacios con perfiles distintos.
La discusión sobre el eventual heredero en Camioneros se cruzó con un dato que involucra al único hijo del líder sindical que no integra su organización y que siempre tuvo una carrera autónoma: luego de haber incursionado en la función legislativa en el PJ, Facundo Moyano volvió a la jefatura del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) en octubre de 2025.
Dentro del universo camionero, Pablo Moyano sigue siendo secretario adjunto del sindicato de Capital y provincia de Buenos Aires y además conduce el Club Social y Deportivo Camioneros. Su permanencia en esos cargos convive con una pelea abierta con su padre desde hace cuatro años, originada por diferencias en el manejo de la obra social y ampliada luego por posturas distintas sobre la estrategia sindical, la CGT y el kirchnerismo.
Ese enfrentamiento amaga con debilitar su proyección como sucesor natural de su padre, pero en desde febrero pasado se produjo el regreso de Pablo a la actividad cotidiana de Camioneros, en una suerte de reconciliación que se atribuye al agravamiento de la interna del sindicato y las dificultades de Hugo Moyano para calmar las tensiones en sus propias filas.
Hugo Antonio, Karina y Jerónimo conservan posiciones de conducción en la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros. Hugo Antonio Moyano, conocido como “Huguito”, es secretario de Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Federación de Camioneros y presidente del partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, el CET, creado por Hugo Moyano en 2013. En las últimas elecciones ganó una banca de diputado nacional en la lista de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.
Karina Moyano ocupa la secretaría de la Mujer de la Federación y también es secretaria adjunta de una fracción de las 62 Organizaciones que es promovida por Pablo, con quien mantiene una excelente relación.
Jerónimo Moyano, de 26 años, es el menor del clan familiar y en noviembre de 2025 pasó de la Secretaría de la Juventud de la Federación Nacional de Camioneros a ser encabezar la Secretaría Gremial e Interior, virtual número 3 de la organización que lidera Hugo.
Hijo de Liliana Zulet, que encabeza un holding de empresas que provee de servicios a Camioneros, Jerónimo estudió Derecho, aunque abandonó la carrera y fue escalando posiciones en la estructura sindical promovido por su padre, algo que a acentuó una relación distante con Pablo, crítico de ese vínculo privilegiado.
Facundo Moyano, que tiene una pésima relación con Pablo por diferencias políticas, es, en los hechos, el rebelde de la familia porque nunca integró la estructura de Camioneros. Su base de construcción estuvo en el gremio de peajes, donde encabezó el SUTPA entre 2009 y 2017 y luego volvió a quedar al frente tras los comicios realizados en 2025, donde fue elegido secretario general al frente de una lista única, con el apoyo del 80% de los afiliados: obtuvo 4.482 votos sobre un total de 5.659.
Su recorrido también quedó marcado por una agenda propia sobre la vida interna de los sindicatos. En 2014, cuando era diputado nacional, impulsó un proyecto de democratización sindical que proponía elecciones más transparentes y democráticas y que incluía la limitación de mandatos, iniciativa que apoyó su padre, pero le generó enemigos entre sus colegas de la vieja guardia.
En línea con ese planteo de democracia sindical Facundo desistió de buscar su reelección en el SUTPA y en 2021 fue elegido secretario adjunto de Florencia Cañabate.
Su vínculo con el moyanismo como sector sindical no desapareció pese a esa autonomía. Con el aval de Hugo Moyano, fue armador de listas opositoras con las que esa fracción amplió su presencia en distintos gremios.
Facundo también tuvo una carrera parlamentaria. Fue diputado por el Frente Renovador entre 2011 y 2021 y renunció a su banca por diferencias con La Cámpora.
El dirigente volvió a diferenciarse de sus pares desde la pandemia al pronunciarse a favor de una modernización de la legislación laboral para generar más empleo.
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