POLITICA
Mientras siguen las negociaciones por la reforma electoral, el oficialismo reactiva su agenda legislativa en el Senado
Antes del receso legislativo, La Libertad Avanza (LLA) buscará sancionar el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada durante la sesión convocada para este jueves a las 12 en el Senado.
Con esa iniciativa, el oficialismo intenta retomar la agenda parlamentaria mientras continúan empantanadas las negociaciones con los bloques dialoguistas por la eliminación de las elecciones primarias (PASO) y la incorporación de colectoras en la Boleta Única de Papel (BUP).
El temario fue acordado el pasado martes con la titular del bloque de LLA, Patricia Bullrich, y el resto de los jefes de bloque en la última reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Además de esa iniciativa, la Cámara alta tratará los ascensos del personal de la Cancillería y una serie de pliegos de integrantes del Poder Judicial.
La agenda también incluye un proyecto de la senadora Beatriz Ávila, del bloque Independencia, que propone declarar a San Miguel de Tucumán capital de la República cada 9 de julio.
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Con el compromiso de los bloques de garantizar el quórum para la sesión de este jueves, los presidentes de bancada también definieron la hoja de ruta para después del receso invernal. En ese sentido, acordaron convocar a una nueva sesión el 6 de agosto para debatir el proyecto de ley Hojarasca, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que propone derogar legislación considerada obsoleta y que ya cuenta con media sanción de Diputados.
Para esa misma jornada también prevén incluir el proyecto de Falsas Denuncias, promovido por la senadora radical Carolina Losada, y el de Salud Mental, que aún no obtuvo dictamen y continúa en tratamiento en un plenario de las comisiones de Legislación General y Salud Pública.
En qué consiste el proyecto sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada
La iniciativa incorpora modificaciones respecto de la versión original impulsada por el Gobierno, que proponía eliminar todas las restricciones para que empresarios extranjeros pudieran adquirir tierras rurales. El dictamen finalmente establece que, en el caso de los inmuebles ubicados en zonas de frontera, las operaciones deberán contar con un doble aval: el de la provincia correspondiente y el del Poder Ejecutivo Nacional.
El proyecto también introduce cambios en la Ley de Tierras, el régimen de desalojos, las expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego. La iniciativa obtuvo dictamen el pasado 20 de mayo en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los diputados libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez. No obstante, fuentes parlamentarias no descartan que el articulado vuelva a ser revisado antes de su tratamiento en el recinto este jueves.
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Entre las modificaciones más relevantes figura la incorporación de los denominados “desalojos exprés” para los casos de inmuebles usurpados o con tenedores precarios. La reforma faculta al juez a ordenar la restitución inmediata de la propiedad cuando el derecho invocado por el propietario resulte verosímil y este preste caución juratoria.
El proyecto también incorpora ese procedimiento al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y establece que el magistrado podrá intimar, en un plazo de 72 horas, la devolución del inmueble cuando el propietario acredite, mediante prueba documental, la titularidad del terreno, la vivienda o el campo en disputa.
En materia ambiental, la iniciativa deroga un artículo de la Ley de Manejo del Fuego, impulsada por el diputado Máximo Kirchner (Unión por la Patria) en 2020, que impedía durante 30 años modificar el uso de las superficies rurales incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas. Desde el oficialismo sostienen que esa restricción “atentó directamente contra la producción”.
San Miguel de Tucumán, capital de la Argentina por un día
La senadora Ávila avanzó con el proyecto que declara a la ciudad de San Miguel de Tucumán como Capital de la República Argentina, con carácter simbólico, cada 9 de julio. La iniciativa, acompañada por la legisladora de Convicción Federal Sandra Mendoza, obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Educación y Cultura y este jueves será tratada en el recinto.
El proyecto consta de dos artículos. El primero declara a San Miguel de Tucumán como “Capital de la República Argentina” todos los 9 de julio de cada año. El segundo establece que los actos centrales organizados por el Gobierno nacional para conmemorar el aniversario de la Declaración de la Independencia deberán realizarse en esa ciudad.
La propuesta retoma el espíritu del decreto 81, firmado por el expresidente Carlos Menem en 1991, que declaró a San Miguel de Tucumán Capital Simbólica de la República Argentina cada 9 de julio. La diferencia es que la iniciativa busca otorgarle rango de ley a esa disposición.
En los fundamentos del proyecto, Ávila sostiene que la ciudad “ocupa un lugar central en la historia institucional de nuestro país” por haber sido sede del Congreso que el 9 de julio de 1816 declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En ese sentido, recuerda que fue en la Casa Histórica de Tucumán donde los congresales proclamaron “solemnemente a la faz de la tierra” la voluntad de romper los vínculos con la Corona española y constituirse como una nación libre e independiente.
sesion, Senado, propiedad privada
POLITICA
El diputado Castagneto habló sobre la base militar de Ushuaia: “No vamos a aprobar que esté en manos compartidas”
El diputado nacional Carlos Castagneto, de Fuerza Patria, cuestionó el proyecto para construir una base militar en Ushuaia y puso como condición que la instalación permanezca bajo control argentino. “Lo que no vamos a aprobar es que la base militar esté en manos compartidas con otro país que no sea solamente Argentina”, afirmó en Infobae a la Tarde.
Para el legislador, la discusión no pasa únicamente por respaldar o rechazar la obra, sino por conocer las condiciones en las que será construida y operada. En ese sentido, reclamó precisiones sobre el financiamiento, la participación de trabajadores argentinos y el funcionamiento previsto para las próximas dos décadas: “Que diga: es mano de obra argentina, que nos digan de dónde va a salir el financiamiento y cómo se va a operar de acá a 20 años”.
Castagneto aclaró que no se opone de antemano a una iniciativa del Gobierno y que podría acompañarla si esas condiciones quedan garantizadas. “Si eso es así, bienvenido sea y lo vamos a acompañar. No es cuestión de decir: somos opositores a cualquier cosa que venga del Gobierno”, sostuvo.
Las críticas de Castagneto por Malvinas
La discusión sobre Ushuaia estuvo vinculada durante la entrevista con la posición argentina respecto de las Islas Malvinas. Castagneto cuestionó las actividades de empresas vinculadas con los recursos hidrocarburíferos y pesqueros en áreas relacionadas con el archipiélago y recordó que existen sanciones previstas por la legislación argentina.
En particular, aseguró que una empresa habilitada dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) opera en la zona de exclusión. “Caputo autorizó una empresa a operar en el RIGI, que hoy está operando también en la zona de exclusión”, afirmó.
El diputado también cuestionó la política oficial sobre la soberanía argentina y sostuvo que el Gobierno no ha defendido esa posición en los organismos internacionales. “No le creo porque en ningún momento defendió la soberanía en Malvinas ante ningún organismo internacional”, señaló.
El proyecto para financiar el deporte adaptado
Durante la entrevista, Castagneto también presentó su proyecto de ley para crear un sistema de promoción y financiamiento del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico de alto rendimiento mediante aportes privados.
La iniciativa propone que las empresas que realizan aportes deducibles del Impuesto a las Ganancias a clubes y asociaciones civiles destinen un 20% de esos recursos al deporte inclusivo y adaptado. Castagneto explicó que se trata de aprovechar el esquema de responsabilidad social empresarial que ya utilizan esas compañías: “Aquellas empresas que dan responsabilidad social empresarial a los distintos clubes, un 20% de la misma vaya para el deporte inclusivo y adaptado”.
El legislador remarcó que el mecanismo no implicaría una nueva erogación del Estado nacional y definió así uno de los principales aspectos de la propuesta: “Realmente, costo cero para el Estado”.
El proyecto también establece requisitos para las instituciones que accedan a esos recursos. Los clubes deberán acreditar al menos dos años de actividad vinculada con el deporte adaptado, mientras que la Subsecretaría de Deportes tendría a su cargo un registro y el seguimiento del destino de los fondos. Según explicó Castagneto, la intención es “que tenga dos años en actividad con respecto al deporte adaptado para que sea continuo” y que exista una instancia de control sobre la distribución de los recursos.
La iniciativa contempla además a los clubes de barrio y busca ampliar la presencia de las disciplinas adaptadas dentro de las instituciones deportivas tradicionales. El diputado planteó la necesidad de “incorporar el deporte adaptado al deporte común, al deporte que se viene haciendo en todos los clubes”, al considerar que esa integración es central para ampliar el acceso.
El reclamo por el financiamiento del alto rendimiento
La propuesta estuvo acompañada por una crítica al actual esquema de financiamiento del deporte argentino de alto rendimiento. Castagneto consideró que la falta de recursos afectó a distintas disciplinas y apuntó especialmente contra la situación del ENARD.
“Al desfinanciar el ENARD, el deporte argentino, en líneas generales, al no tener financiamiento, se vio afectado en distintas disciplinas”, sostuvo.
El exarquero de Gimnasia y Esgrima La Plata, San Lorenzo y Quilmes recordó el esquema vigente antes de la modificación de 2017, cuando el organismo recibía recursos provenientes de un cargo del 1% sobre la tarifa básica de telefonía celular. Según Castagneto, aquel mecanismo permitía sostener mejores condiciones para los atletas.
Al recordar ese período, destacó que “las becas eran buenas” y explicó que los deportistas que competían en representación de la Argentina contaban con pasajes, alojamiento, alimentación y asistencia de profesores y médicos.
Las críticas a la política tributaria
El ex titular de la AFIP también cuestionó la situación de la recaudación y sostuvo que su caída responde tanto al nivel de actividad como a la evolución de los ingresos. “La recaudación es lógico que va a bajar”, afirmó, y señaló como una de las causas que “la actividad económica está mal”.
Entre las medidas del Gobierno que cuestionó mencionó los cambios en Bienes Personales, el tratamiento de los débitos y créditos en plataformas digitales y el RIGI. Castagneto consideró que esas modificaciones alteraron la estructura del sistema tributario y sostuvo que “es un combo de traspaso de impuestos progresivos, que paguen más los que más tienen, a impuestos regresivos, que paguen más los que menos tienen”.
En ese marco, reclamó una reforma tributaria que incremente la contribución de los sectores de mayor capacidad económica y mencionó los criterios impulsados por la OCDE. “Hay que poner el pilar uno y el pilar dos de la OCDE, que dice el ingreso a las grandes fortunas y también un 15% sobre los saldos contables”, planteó.
Castagneto también cuestionó el concepto de déficit fiscal cero y lo vinculó con el nivel de endeudamiento del Estado. “El déficit fiscal cero es mentiroso, porque todos los días salen bonos de deuda de la Argentina”, afirmó.
Al referirse a las prioridades presupuestarias, el diputado mencionó la emergencia en discapacidad, el financiamiento educativo, los haberes jubilatorios y la situación del Hospital Garrahan. Para Castagneto, esas áreas no pueden quedar subordinadas únicamente al objetivo de reducir el gasto: “Hay gastos que son insustituibles, como las rutas, como el asfalto, como la cloaca, como la salud, como la educación”.
La entrevista con Infobae a la Tarde recorrió así distintos ejes de la agenda del legislador: desde sus reparos frente al proyecto de Ushuaia y su posición sobre Malvinas hasta la propuesta de financiamiento para el deporte adaptado y sus cuestionamientos al esquema tributario y fiscal del Gobierno.
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El Reino Unido anunció que renovará sus aviones de guerra para reforzar la seguridad en las Islas Malvinas. Son cuatro aeronaves Typhoon que serán reemplazados con radar de última generación y tecnología avanzada, utilizada por la OTAN. Así lo hizo saber el ministro de Estado para la Preparación de la Defensa y la Industria, Luke Pollard, ante una consulta en el Parlamento.
El ministro británico detalló que está previsto que “los cuatro aviones Typhoon, que forman parte del Escuadrón 1435, de la Tranche 1, actualmente asignados a las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur, sean sustituidos por cuatro aviones Typhoon de la Tranche 2 procedentes de la flota existente”.
Además, le puso fecha, señalando que “para finales de noviembre o principios de diciembre de 2027 ya estaremos enviando los nuevos aviones al archipiélago”. Pollard indicó que las unidades reemplazadas serán retiradas de servicio.
No es la única novedad: las defensas aéreas de la RAF que protegen las Islas Malvinas se han visto reforzadas con el regreso de un avión cisterna Airbus A330 Voyager a la base aérea de Mount Pleasant. Este avión estuvo asignado durante cinco meses a reforzar a los aliados en Medio Oriente tras el conflicto bélico estadounidense e israelí contra Irán.
En abril pasado, el Reino Unido decidió retirar el avión cisterna Voyager apostado en la base aérea de Malvinas y enviarlo a Medio Oriente, para apoyar la incursión militar.
Esta información no fue pública, pero sitios de rastreo aéreo pudieron comprobar que el Voyager de la RAF estuvo en la isla Ascensión a fines de agosto y llegó a Mount Pleasant el 3 de septiembre. Desde entonces ha estado realizando patrullajes junto al destacamento de cazas Eurofighter Typhoon, justamente los aviones que van a renovar a fin de año.
Según señalan sitios de noticias ingleses especializados en Defensa y Seguridad, y que fueron consignados por el periódico Merco Press, la base de Mount Pleasant está actualizando sus capacidades defensivas.
En ese sentido aseguran que el gobierno de las Islas está pronto a lanzar “una convocatoria de reclutamiento dirigida a un círculo restringido de participantes, entre ellos operadores de drones”, algo que estaría a cargo de la Fuerza de Defensa de las Islas Malvinas (FIDF) , una unidad militar de solo 40 residentes voluntarios en las islas, que colabora técnicamente con la base militar del archipiélago.
Esta información circuló en el Reino Unido, donde se confirmó que “ya se están asesorando y contratando principalmente a británicos con experiencia en pilotaje de drones”.
El sábado pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que un conflicto entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas sería un “desastre”, pero aseguró que si se llegara a ese punto lo llamarían y sería “capaz de resolverlo”. Estas declaraciones las formuló después que no descartara reconsiderar la neutralidad de su país sobre la disputa de soberanía, algo que no cayó muy bien en el mapa político del Reino Unido, donde no quieren darle entidad a la existencia de un conflicto en escalada.
Mientras se espera conocer con detalle el “proyecto de ley de soberanía” que el gobierno argentino enviará al Congreso, algo que también ha generado debate en la política británica con una clara exigencia de los conservadores al gobierno laborista para conocer su reacción, la ministra del Foreign Office Kirsty McNeill declaró ante la Cámara los Comunes que “no existe duda alguna sobre la soberanía británica”, además reafirmó “el compromiso del gobierno de salvaguardar las libertades democráticas de los isleños”.
Pese a esta ebullición en Londres, en las Malvinas los pobladores no se muestran preocupados por las novedades que llegan de Argentina y confían en el resguardo brindado por el Reino Unido, de hecho, se informó a los isleños que el Proyecto Sea Lion, de extracción de petróleo offshore, “continuará con los tiempos informados”.
Daniel Santa Cruz,Malvinas,Conforme a
POLITICA
Malvinas: el Gobierno sigue de cerca la crisis interna del Reino Unido y apuesta al respaldo internacional
En medio de su avanzada por la soberanía de las Islas Malvinas, la Casa Rosada sigue de cerca las repercusiones geopolíticas que podrían desencadenarse en el Reino Unido a partir de los movimientos independentistas impulsados este lunes por Irlanda del Norte, Escocia y Gales.
“Sí, se están analizando todos los movimientos geopolíticos que se están dando”, confirmaron a TN desde Balcarce 50, luego de la cumbre que mantuvieron los líderes nacionalistas de esas tres naciones en Cardiff para firmar un memorándum y avanzar en su separación del Gobierno británico.
Hasta el momento, ninguna autoridad oficial del Gobierno argentino tuvo expresiones públicas al respecto. Quien rompió esa regla fue el asesor Santiago Caputo, que se burló en sus redes de cómo el histórico argumento británico sobre la autodeterminación de los pueblos que utilizó el Reino Unido para defender su presencia en las Islas del Atlántico Sur se le volvió en contra. “El invento revienta al inventor”, escribió en sus redes el consultor.
En el seno del Gobierno, también fueron celebrados los pronunciamientos en favor del reclamo argentino del ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir, y del hijo del primer ministro, Yair Netanyahu. “Estamos en diálogo permanente”, aseguró un alto funcionario a este medio, que dio cuenta de una oportunidad en medio del reciente conflicto diplomático entre el Gobierno laborista de Andy Burnham y Netanyahu por el respaldo del primero a la posición palestina en Cisjordania y Gaza.
De igual manera, el Ejecutivo festeja cada nueva referencia de Donald Trump sobre la disputa en el Atlántico Sur. En su última intervención, el republicano —que está enemistado con Londres por su falta de apoyo en el estrecho de Ormuz y los pocos recursos que el Reino Unido destina a la OTAN—, advirtió una posible disputa que podría convertirse en un “desastre potencial”. Afirmó que, si él terminara involucrado, estaría en condiciones de ayudar a resolverla.
“(Los británicos) tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros asuntos que deben resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos (…) estamos hablando de semanas en barcos”, había señalado Trump tras su paso por Irlanda. Allí, el norteamericano además alimentó las tensiones internas y dijo que le gustaría ver a una Irlanda unificada y sostuvo que el proceso ocurrirá “tarde o temprano”.
El diagnóstico de Trump se asemeja al de Javier Milei durante su cadena nacional cuando se refirió al presente de Gran Bretaña: “Ellos se enfrentan múltiples crisis de carácter migratorio, demográfico y económico, que difícilmente tengan solución. Es claro que ellos recorren un camino de declive. Sin embargo, el futuro de Argentina es floreciente y va a prevalecer”.
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