POLITICA
Cruces, insultos y un final abrupto: la trastienda del plenario en Diputados sobre la Ley de Defensa de la Soberanía
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados inició el tratamiento del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en un clima de tensión y fuertes cruces entre legisladores. El debate estuvo atravesado además por el impacto del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley de Tierras.
El diputado Carlos Zapata logró encauzar la discusión durante las primeras horas, luego de las exposiciones de legisladores de distintas bancadas, entre ellos Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, y Pablo Juliano, de Provincias Unidas.
La tensión aumentó después de un fuerte cruce entre Juan Grabois y los oficialistas Jairo Guzmán y Gerardo Huesen, quienes se insultaron cara a cara. Zapata advirtió entonces que levantaría la sesión si continuaban los agravios e incluso le pidió a Germán Martínez: “Germán, controlá a los tuyos”.
Luego llegó la segunda tanda de exposiciones y fue el turno del tucumano Federico Pelli, de La Libertad Avanza. El diputado, exintegrante de las Fuerzas Armadas, cuestionó a las administraciones del Ministerio de Defensa durante el kirchnerismo. Frente a él se encontraban los exfuncionarios Jorge Taiana y Agustín Rossi.
El intercambio entre Pelli y Rossi también generó tensión y Zapata volvió a intervenir para intentar calmar los ánimos.
El momento que precipitó el final de la reunión llegó cuando tomó la palabra Grabois. El dirigente del Frente Patria Grande cuestionó al oficialismo y, tras una interrupción de Juliana Santillán, le dijo “cállate tontita”.
Poco después, Grabois le gritó “facho de mierda” a Zapata, quien había ordenado cortar su micrófono. En ese momento, el presidente del plenario dio por terminada la reunión.
Mientras se retiraban los legisladores, se escuchó a Grabois decir: “No te vayas Doctor Chapatín, que ahora viene una presidenta en serio”, en referencia a la diputada Agustina Propato, quien intentó asumir la conducción del plenario. Para entonces, los micrófonos del salón se habían apagado y la mayoría de los diputados se había retirado.
El puntano Carlos Almena (LLA) fue uno de los que permaneció en el lugar para responderle a Grabois.
Más tarde, el dirigente opositor publicó en sus redes sociales: “Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo. Lo intolerable no hay que tolerarlo”.
Cómo continuará el debate
La Libertad Avanza definirá la continuidad del plenario para la próxima semana. La intención es realizar nuevas reuniones el martes y miércoles y mantener abierto el tratamiento de la iniciativa, que podría llegar al recinto el próximo 21 de octubre.
“Vamos a seguir tratando este tema que tenemos que priorizar todos los argentinos. Sin politizarlo, Malvinas nos tiene que unir en la defensa de su soberanía”, le dijo a TN Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal.
El inicio del plenario
El debate fue organizado por las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, conducidas por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.
El jefe de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, fue el encargado de abrir la discusión. “Venimos en un contexto de muchísima preocupación por el escandaloso fallo de la Corte Suprema de quitarle legitimidad al CECIM La Plata”, señaló.
Antes del plenario, el bloque opositor se había reunido con representantes del CECIM La Plata en sus oficinas. Allí, según explicó Martínez, se comprometió a pedir junto con otras fuerzas una sesión especial para intentar derogar el DNU 70/2023.
Por parte del oficialismo fueron convocados funcionarios del Gobierno nacional: Paula Tadei, de la Secretaría de Legal y Técnica, y Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía. Desde UxP reclamaron además la presencia de los ministros Pablo Quirno y Carlos Presti, de Relaciones Exteriores y Defensa, respectivamente.
Los cuestionamientos de la oposición
Durante el tratamiento, la diputada Agustina Propato (UxP) cuestionó distintos aspectos de la iniciativa. Señaló que el proyecto aumenta las multas para las empresas petroleras que exploten en la cuenca Malvinas, pero que al mismo tiempo incorpora un capítulo de regularización con quita de multas, sanciones administrativas y sanciones penales.
“Dan una vuelta con el pago insignificante para una petrolera y vienen a explotar en la Argentina continental. Esto es lo contrario a lo que anunció por cadena nacional”, afirmó Propato.
La diputada también cuestionó el alcance de la iniciativa sobre otras normas y advirtió sobre sus efectos en materia de libertad de expresión.
“Es una ley ómnibus que modifica la Ley de Defensa, la Ley de Seguridad Interior, varios artículos del Código Penal, trae un aspecto muy preocupante para la libertad de prensa en la República Argentina que es lo que llama en este texto “campañas de desinformación masivas”, y por tal motivo hemos recibido desde ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, una preocupación en relación a la modificación del artículo 225 del Código Penal, que pueden significar un atraso realmente inconcebible para la República Argentina en materia de libertad de expresión y de democracia”, sostuvo.
Qué propone el proyecto
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo busca endurecer el régimen vigente frente a actividades vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El proyecto ratifica que esos territorios integran el territorio nacional y establece como objetivo permanente la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina.
La propuesta se estructura sobre tres ejes: sancionar la explotación ilegítima de recursos, generar incentivos para que esas actividades cesen y ampliar las herramientas del Estado ante amenazas externas.
Entre los principales cambios figura la derogación de la Ley 26.659 y su reemplazo por un régimen sancionatorio más amplio, que alcanza no solo a los hidrocarburos sino también a otros recursos naturales renovables y no renovables.
La iniciativa contempla penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para distintas conductas vinculadas con la explotación de esos recursos sin autorización argentina.
También establece consecuencias económicas para las personas y empresas sancionadas. Entre otras medidas, podrían quedar impedidas de desarrollar determinadas actividades en la Argentina, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.
POLITICA
Javier Milei en España: llamó “impresentable dictador” a Pedro Sánchez y pidió “sacar a los socialistas a patadas”
Javier Milei aprovechó su séptima visita a España como presidente para intervenir abiertamente en la disputa electoral del país. Durante un desayuno organizado por Nueva Economía Forum, ante unas 500 personas, calificó a Pedro Sánchez de “impresentable dictador”, lo acusó de corrupto y convocó a “sacar a los socialistas a patadas”.
El mandatario argentino presentó al socialismo como responsable de la decadencia económica y política, y advirtió a los españoles: “No quiero verlos caer en los males que vivimos nosotros”. En esa línea, sostuvo que “vengo del futuro a advertirles” y reivindicó a España como “la cuna del liberalismo”.
Milei también manifestó su respaldo a Santiago Abascal, líder de Vox, y a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y referente del Partido Popular. Justificó su intervención en la política local al afirmar que su compromiso con España lo lleva a apoyar a quienes, según dijo, generarán mayor bienestar para sus ciudadanos.
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La inmigración ocupó otro tramo central de su exposición. Sobre la situación en Ceuta, afirmó: “Cada inmigrante es un voto”, y cuestionó las políticas migratorias del gobierno de Sánchez.
También criticó la intervención estatal en el mercado inmobiliario español, en medio de los reclamos por el acceso a la vivienda: “Donde mete el Estado la mano, lo pudre”.
En materia económica, defendió su gestión, destacó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y negó que Argentina atraviese problemas de mora crediticia, sin referirse a los indicadores oficiales de caída de la actividad.
El discurso también tuvo un cruce con la prensa. Ante una pregunta de una periodista de Clarín, Milei calificó al medio de “corrupto” y lo acusó de publicar información falsa y de perjudicar a su gobierno. Además, reivindicó la desregulación de internet satelital y el ingreso de Starlink.
Cabe destacar que durante sus visitas anteriores, Milei no mantuvo encuentros con Sánchez ni con sus ministros.
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Javier Milei,MILEI ESPAÑA,Pedro Sánchez,Vox
POLITICA
Una agencia británica de comunicación hizo gestiones internacionales en defensa de Cristina Kirchner
El correo electrónico salió el 5 de octubre, a las 15.56. “Hola, Emma. Annie Correal tuvo la amabilidad de pasarme tu contacto”, escribió Ani Gevorgyan, una consultora radicada en Londres. El asunto prometía una entrevista con Rafael Valim, el abogado brasileño que lleva el caso de Cristina Kirchner ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La destinataria era una integrante de The New York Times.
Valim, que fue integrante del equipo jurídico que defendió al presidente brasileño, Lula da Silva, en la investigación conocida como Lava Jato, se sumó a mediados de este año al equipo de defensa internacional de la expresidenta Cristina Kirchner en el marco de la condena por la causa Vialidad.
El email presentaba al abogado brasileño como antiguo representante de Lula, especialista en lawfare y asesor en sistemas internacionales de protección de los derechos humanos.
La consultora escribía en representación de la expresidenta, según sus palabras textuales.
Gevorgyan reconoció en el mensaje que su objetivo era acompañar el trabajo para suspender temporalmente la inhabilitación perpetua que le impide a Cristina Kirchner ocupar cargos públicos. Un dato relevante de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
Ese mismo día hubo otro contacto con The New York Times y uno con Bloomberg News.
El objetivo de la agencia británica era instalar en los grandes medios internacionales el planteo de Cristina Kirchner contra la condena a seis años de prisión.
Los correos formaban parte de una campaña diseñada para extenderse durante un año y revelada por documentos presentados ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Fuentes al tanto de la estrategia de la expresidenta sostienen, sin embargo, que su equipo nunca dio la aprobación final a la contratación y que la consultora avanzó “prematuramente”, cuando todavía persistían diferencias sobre algunos detalles contractuales.
La documentación presentada por Milton ofrece otra versión. El 7 de octubre, la firma declaró ante el Departamento de Justicia que su acuerdo con Nazar Partners se encontraba vigente. Para entonces, ya había contactado a periodistas de The New York Times y Bloomberg News.
Más allá del contrapunto, la trastienda de esas conversaciones es reveladora. El contrato entre Nazar Partners FZ-LLC y Milton Advisers fue firmado el 27 de agosto. Nazar, radicada en la zona franca de Ras al-Khaimah, en Emiratos Árabes Unidos, aparece como la contratante formal. Cristina Kirchner figura como beneficiaria del trabajo y como “principal extranjera”.
Quienes conducen la estrategia internacional de Cristina Kirchner consideran que el caso tuvo buena recepción y que reciben consultas frecuentes sobre su situación. Por eso, no consideran necesaria, al menos por ahora, la ayuda adicional de una consultora.
El precio negociado era de US$10.000 mensuales durante 12 meses. Es decir, unos US$120.000 por el año completo, más impuestos y gastos. Cualquier gasto superior a £500 debía ser aprobado previamente. Al registrarse, el 7 de octubre, Milton declaró que todavía no había recibido pagos.
El calendario ayuda a entender la operación. La expresidenta había anunciado el 29 de julio pasado que recurriría al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Un mes después comenzó el contrato con Milton. En septiembre último, sus abogados presentaron como nueva prueba un informe encargado a especialistas brasileños. El 5 de octubre salieron los correos hacia los medios norteamericanos. Dos días después, la consultora quedó registrada en Washington.
El equipo de la expresidenta busca que la ONU dicte una medida cautelar para suspender la inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que le abriría una puerta para volver a competir en elecciones.
La ofensiva internacional avanza mientras se acelera la pelea por la candidatura peronista de 2027. Aunque no lo dice, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, construye su proyecto presidencial; Sergio Massa está activo, Máximo Kirchner defiende la centralidad de su madre y Cristina Kirchner busca recuperar la posibilidad de competir.
El contrato permite reconstruir las tareas que se les hubieran requerido a los consejeros británicos. Incluía la elaboración de mensajes, apoyo a voceros, relaciones gubernamentales e institucionales en Estados Unidos, Europa y América Latina, contactos con medios y coordinación entre los abogados y el equipo de comunicación.
También preveía buscar observadores jurídicos y “validadores externos”, seguir la conversación mundial sobre Cristina Kirchner y medir el tono de la cobertura.
El objetivo quedó escrito con claridad: conseguir columnas de opinión, artículos y entrevistas en medios internacionales de primera y segunda línea de Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa. El trabajo debía organizarse en ciclos de seis semanas, sincronizados con los hitos que indicara el cliente.
Nazar Partners ocupaba un lugar central, pero todavía opaco. Era la contratante formal y la responsable de pagarle a Milton. El acuerdo estaba firmado en su nombre por Almira Sylaj. Sin embargo, los documentos no explican quién contrató a la firma emiratí, cuánto cobraba por su propia intervención ni de dónde provienen finalmente los fondos. Tampoco aparece un contrato firmado directamente por la expresidenta.
Milton tiene sede en Londres y fue fundada por dos británicos con experiencia política. Louis Rynsard trabajó con equipos del Partido Laborista y luego se especializó en comunicación de crisis y litigios internacionales. Alex Walker pasó ocho años en Westminster y asesoró al alcalde de Kiev y excampeón mundial de boxeo Vitali Klitschko, entre muchas otras cosas.
Tres integrantes de la firma quedaron registrados personalmente para trabajar a favor de Cristina Kirchner. Rynsard es uno. Los otros son Tolga Inanc, un consultor británico que pasó por el Tesoro y la Cancillería de su país, y Gevorgyan, que escribió los correos y ofreció la entrevista con Valim.
La defensa de Cristina Kirchner conecta abogados y consultores de varios países. Junto al argentino Carlos Beraldi trabajan Valim y Javier Borrego, español, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y exmagistrado del Tribunal Supremo de España.
Milton se inscribió bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, conocida como FARA. La norma obliga a quienes desarrollan determinadas actividades políticas o de comunicación en favor de intereses extranjeros a revelar a quién representan, qué hacen y cuánto cobran.
Cristina Kirchner aparecía como ciudadana argentina y expresidenta. Milton declaró la actividad como política porque buscaba influir sobre la percepción de audiencias estadounidenses respecto de su situación judicial y su futuro político.
La Justicia argentina considera probado que entre 2003 y 2015 se direccionaron 51 obras públicas en Santa Cruz para favorecer a las empresas de Lázaro Báez y condenó a Cristina Kirchner por administración fraudulenta contra el Estado.
La Corte Suprema dejó firme en junio del año pasado la pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Desde entonces, la expresidenta cumple arresto domiciliario y busca trasladar la disputa a los organismos internacionales.
Pablo Fernández Blanco,Conforme a
POLITICA
Tierra del Fuego: dos libertarios se disputan el liderazgo provincial y buscan posicionarse para la gobernación
Las dos principales figuras de La Libertad Avanza (LLA) en Tierra del Fuego, Agustín Coto y Santiago Pauli, comenzaron a medir fuerzas en el territorio con la mirada puesta en la gobernación. Ambos comparten la aspiración de suceder a Gustavo Melella al frente del Ejecutivo provincial, pero, por ahora, evitan exponer sus diferencias y concentran sus esfuerzos en consolidar sus respectivos espacios políticos.
En el horizonte no aparece, al menos por el momento, la posibilidad de dirimir la disputa en una interna partidaria. La decisión sobre quién representará al espacio libertario en la contienda provincial quedaría en manos de la conducción nacional, con la Casa Rosada como principal instancia de definición.
Frente a ese escenario, tanto el senador Coto como el diputado Pauli buscan llegar fortalecidos a la instancia decisiva. La estrategia pasa por ampliar sus bases de apoyo, consolidar vínculos territoriales y demostrar capacidad de construcción política en un distrito donde el sello nacional de LLA deberá traducirse en una estructura electoral competitiva.
Pauli fue el primero en exteriorizar sus aspiraciones de conducir la provincia. Sin embargo, esa anticipación no implica necesariamente una ventaja en la carrera sucesoria ni supone que la conducción nacional haya establecido un orden de prioridades. En un espacio con fuerte centralidad de las decisiones nacionales, el posicionamiento de ambos dirigentes dependerá también de las señales que emita el núcleo de poder libertario.
El vínculo de Melella con Milei y el reordenamiento político provincial
La disputa libertaria se desarrolla en un escenario atravesado por las dificultades fiscales de Tierra del Fuego, las tensiones entre el gobierno provincial y la administración nacional y los movimientos políticos que podrían alterar el mapa de alianzas de cara a las próximas elecciones.
Melella atraviesa una etapa compleja en materia política y de gestión. En las últimas semanas trascendió un acercamiento con el gobierno de Javier Milei, canalizado a través del jefe de Gabinete, Diego Santilli, que abrió una nueva instancia de diálogo entre ambas administraciones.
Ese entendimiento tuvo una expresión concreta en el plano financiero: la provincia obtuvo un incremento de los anticipos de fondos, que pasaron de $27.000 millones a $45.000 millones, en un contexto de dificultades fiscales. El movimiento reforzó las expectativas sobre un cambio en la relación entre la Casa Rosada y el Ejecutivo fueguino, aunque sus alcances políticos todavía están sujetos a evolución.
Otro episodio que alimentó las interpretaciones sobre un eventual entendimiento se produjo en el Congreso. El diputado nacional Agustín Tita, referente de Melella y dirigente vinculado al oficialismo provincial, estuvo ausente en la sesión especial convocada para debatir la derogación del DNU 70/2023, impulsado por Milei. Su ausencia contribuyó a que la oposición no reuniera el quórum necesario para abrir el debate.
En paralelo, el gobernador respaldó públicamente el cambio de postura de Milei respecto de la cuestión Malvinas y destacó los avances para reactivar el proyecto de la Base Naval Integrada y el Polo Logístico Antártico en Ushuaia. Melella justificó la apertura del diálogo con el Gobierno nacional bajo el argumento de que existen “causas que están por encima de cualquier diferencia política”.
El acercamiento, sin embargo, abrió nuevos frentes de conflicto dentro del arco opositor y de los espacios políticos que integran el escenario provincial. Sectores vinculados al intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, y a dirigentes municipales de Río Grande cuestionaron el giro del gobernador y lo interpretaron como un entendimiento con Milei que contradice los compromisos políticos asumidos y tensiona la relación con Unión por la Patria.
Para LLA, ese reordenamiento representa una variable relevante en la construcción de una alternativa provincial. No obstante, el oficialismo fueguino conserva capacidad de influencia territorial y política, por lo que la eventual fragmentación de sus adversarios no garantiza por sí sola una victoria libertaria.
Ushuaia y Río Grande, los territorios en disputa
La competencia entre Coto y Pauli también se expresa en la distribución de apoyos en las principales ciudades de la provincia. En Ushuaia, el senador cuenta con una posición más consolidada, mientras que el diputado busca hacer valer su inserción política en Río Grande.
Esa distribución territorial puede convertirse en un factor determinante cuando la conducción nacional evalúe quién ofrece mejores condiciones para encabezar la fórmula provincial. La capacidad de movilización, el vínculo con los referentes locales y la posibilidad de ampliar la base electoral serán variables centrales en una definición que excede la exposición pública de las aspiraciones personales.
La situación institucional de Melella también forma parte de los cálculos electorales. El gobernador no podría buscar un nuevo mandato bajo las actuales restricciones constitucionales, luego de que fracasara el intento de reformar la Carta Magna provincial para habilitar la reelección indefinida. Ese escenario abre la competencia por la sucesión, aunque no despeja las incógnitas sobre el peso que conservará el oficialismo en la próxima contienda.
En las elecciones legislativas de octubre de 2025, LLA obtuvo un resultado que reforzó sus expectativas de crecimiento en Tierra del Fuego y superó al oficialismo provincial por cerca de diez puntos, según los datos consignados en el escenario electoral. Ese antecedente constituye un activo para el espacio libertario, pero trasladar el respaldo nacional a una elección ejecutiva requiere una construcción política propia y una propuesta capaz de competir más allá de la marca partidaria.
En ese contexto, Coto aparece mejor posicionado en términos institucionales por su condición de senador y por su cercanía con la conducción nacional. Esos atributos podrían favorecerlo en una eventual búsqueda de consenso, aunque no alcanzan para dar por definida la candidatura.
Pauli, por su parte, conserva margen para fortalecer su armado territorial y disputar el lugar de representante libertario en la provincia. La ausencia de una confrontación abierta entre ambos permite que la competencia continúe sin erosionar, al menos públicamente, la cohesión del espacio.
La incógnita sigue abierta: ninguno de los dos tiene asegurada la candidatura a gobernador. En una fuerza política donde las decisiones estratégicas mantienen una fuerte centralización, la disputa se resolverá tanto por la capacidad de construcción territorial de los aspirantes como por la evaluación que haga la conducción nacional en Balcarce 50.
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