POLITICA
¿Puede ganar en primera vuelta? La hazaña que busca Javier Milei y que desafía a las estadísticas electorales

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El alarido de Javier Milei retumbó el miércoles en el Movistar Arena: “¡¡¡Vamos a ganar en primera vuelta!!!”. Desde el público estalló una ovación seguida de canciones de cancha que le ponían rima a la profecía del candidato. Pareció un suspiro de racionalidad en medio de un show de excentricidades, en el que Milei cantó a capela un tema de La Renga, hizo pogo, coqueteó con su novia celebrity, agradeció los consejos de sus perros y dejó que su presentador lo metiera de puro gusto en otro entuerto con el Papa.
Detrás de los gritos, las motosierras de juguete y las imágenes de bombas que estallan, la ansiedad de los libertarios se concentra en la posibilidad objetiva de alcanzar mañana mismo la Presidencia, sin más trámites. “Estamos muy cerca”, dicen (se dicen) dirigentes del entorno de Milei y lo difunden por todos sus canales de socialización. Pero, ¿hay datos que alimenten su esperanza o es una simple expresión de deseos en este mar de incertidumbre que es hoy la política argentina?
Un total de 23 encuestas publicadas en las últimas tres semanas que relevó muestran a Milei en primer lugar (salvo una), pero ninguna lo ubica por encima del umbral constitucional de una victoria sin necesidad de ballottage. Son las mismas consultoras que no vieron venir el tsunami libertario en las PASO de agosto. Podían fallar y fallaron.
Otra forma de aproximarse a una respuesta consiste en estudiar cifras de elecciones pasadas. Al hacerlo, se puede al menos mensurar la magnitud de la hazaña que debería concretar Milei para convertirse la noche del domingo en el sucesor de Alberto Fernández.
analizó un centenar de comicios de distinto orden celebrados bajo el régimen de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) en busca de eventuales patrones de conducta de los votantes.
Reluce en primera instancia un dato elocuente: es altamente inusual que el ganador de unas primarias desate una ola favorable que lo haga crecer de manera abrupta en la elección general. Lo habitual es, en cambio, que el resultado de las internas quede fijado como virtual techo y piso, desde el que oscila luego en un rango acotado.
Milei obtuvo en agosto el 31,58% de los votos positivos (la forma en que se contabiliza el resultado en las generales). Es decir que necesita como mínimo incrementar su caudal en al menos 8,42 puntos porcentuales para alcanzar el 40%. En ese caso, si además superase por 10 puntos a su perseguidor inmediato ganaría la presidencia en el acto. Para no depender de otros, necesita el 45%, lo que implica crecer 13,42 puntos respecto de las PASO.
Es una vara altísima. Veamos los números históricos: el relevamiento de las tres elecciones presidenciales, las 25 de gobernadores y los comicios legislativos nacionales de medio término de cada una de las 24 provincias que se rigieron por el sistema de las PASO muestra que solo tres veces el partido más votado el día de las primarias aumentó su caudal 9 puntos o más en las generales.
Ganar las primarias es un sello de favoritismo. En el 80% de los casos de esta muestra se repitió el vencedor en las elecciones “de verdad”, las que definen cargos.
Detrás de los gritos, las motosierras de juguete y las imágenes de bombas que estallan, la ansiedad de los libertarios se concentra en la posibilidad objetiva de alcanzar mañana mismo la Presidencia
Pero el “efecto ola” es una rareza. En las 100 elecciones analizadas la mayoría de las veces (el 52%) el partido que terminó como el más votado en las PASO redujo su porcentaje de votos el día de las generales.
En el 41% de las elecciones celebradas bajo este sistema, el partido más votado en las primarias obtuvo después un porcentaje que se ubica en una franja entre +/- 3 puntos porcentuales. En un margen de +/- 6 puntos encaja el 75% de los casos.
De Cristina a Alberto
La estadística acumulada en elecciones presidenciales es escasa. El sistema de primarias obligatorias se estrenó en 2011, con la reelección de Cristina Kirchner. Ella se movió de un 50,2% en las PASO al 54,1% que resolvió el pleito en primera vuelta. En 2015, Daniel Scioli celebró la noche de las primarias, pero Mauricio Macri lo dio vuelta dos meses después y se consagró más adelante en un ballottage reñidísimo. Cuatro años más tarde Alberto Fernández arrasó en agosto. Aunque resolvió todo en una única vuelta, lo hizo con un porcentaje ligeramente inferior y con mucha menos ventaja sobre Macri.
Once provincias han aplicado en algún momento las PASO para elegir gobernador. Son 25 casos ya resueltos (otros cuatro se definen mañana), en los que el 64% de las veces el partido que emergió como el más votado en las primarias redujo después su porcentaje en las generales (aunque apenas en cuatro ocasiones cambió el ganador).

Solo una vez un vencedor logró un salto de la magnitud del que necesitaría Milei para consagrarse mañana: fue el salteño Gustavo Sáenz en 2019, que pasó de 42,8% a 53,6% (10,8 puntos más) entre una elección y otra. Fue una situación muy particular ya que entre ambas instancias se consagró presidente Alberto Fernández, el frente kirchnerista que competía contra Sáenz se partió y un sector giró hacia el candidato que se perfilaba para ganar.
Fue algo excepcional. En general en todas las provincias se han dado oscilaciones más suaves entre elecciones con similar oferta. Este año tres gobernadores pasaron por esta virtual doble vuelta. Maximiliano Pullaro, que ganó en Santa Fe, pasó de 63,1% en las primarias (suma de JxC) a 58,5% en las generales. El radical Leandro Zdero ganó Chaco en primera vuelta con 46,2%, casi 4 puntos más que en las PASO (pese a que se redujo la distancia con su rival, Jorge Capitanich). Alfredo Cornejo se impuso en Mendoza en unas elecciones generales en las que sacó casi 10 puntos menos que la cosecha total de su espacio en las primarias.
Solo una vez un vencedor logró un salto de la magnitud del que necesitaría Milei para consagrarse mañana: fue el salteño Gustavo Sáenz en 2019
A los fines de este relevamiento, tomó en cuenta también las elecciones legislativas nacionales de medio término de 2013, 2017 y 2021. Al ser un comicio distinto en cada provincia, se trata de 72 casos más. Se excluyó del cálculo a las elecciones de diputados y senadores de 2011, 2015, 2019 porque coinciden con las presidenciales y los resultados quedan intrínsecamente condicionados a los de la boleta principal.
A nivel legislativo se percibe más volatilidad en los resultados. Sin embargo, tampoco es habitual que haya oleadas drásticas a favor del ganador de las PASO.
En 2013 la elección más atractiva fue la de diputados nacionales por Buenos Aires, en la que Sergio Massa, con el Frente Renovador, sorprendió al kirchnerismo gobernante (que iba con un joven Martín Insaurralde como primer candidato). Massa fue la estrella de las PASO, donde obtuvo 36,8%. En las generales se estiró a 43,9%. Esos 7 puntos de más son la contracara de lo que perdió Francisco De Narváez, cuya lista ofrecía más o menos lo mismo: peronismo de centroderecha y antiK.
Con Macri en el gobierno, el 2017 vio el duelo bonaerense entre Cristina Kirchner y Esteban Bullrich por lugares en el Senado. En las primarias, la expresidenta sacó 35,6% y se impuso por un margen ínfimo. En las generales, ella creció casi 2 puntos, pero Bullrich la superó y se quedó con las dos bancas de la mayoría.
En 2021 el gran foco de las elecciones de medio término fue el duelo en Provincia entre Diego Santilli (JxC) y la lista peronista que encabezaba Victoria Tolosa Paz. La oposición ganó las PASO con 39,8% y cuatro puntos de ventaja. En la general su porcentaje fue un calco, pero el oficialismo pegó un estirón y casi le arrebata el triunfo.
¿Y cuántas veces un ganador de las primarias logró en unas legislativas nacionales un salto superior a 9 puntos, como el que sueña Milei? Solo dos.

La primera de ellas es mérito de Capitanich en Chaco. Se elegían senadores en 2013 y su frente sacó en las PASO casi el 50% de los votos. Al gobernador le supo a poco. La oposición se le había acercado y los resultados del oficialismo habían sido decepcionantes en ciudades en las que sentía que debía arrasar, como Sáenz Peña. Cuentan las crónicas de la época que entre las primarias y las generales se celebró un festival de clientelismo. Se afincaron stands proselitistas en las principales esquinas de las grandes ciudades y hubo un sinfín de medidas distribucionistas, con el gobernador dedicado a tiempo completo a la campaña. Logró crecer 11 puntos, fue uno de los ganadores de un domingo amargo para el kirchnerismo y días después Cristina Kirchner lo designó jefe de Gabinete de ministros.

El otro antecedente se dio en Jujuy en 2017. Fue cuando el radical Gerardo Morales aprovechó para darle una estocada decisiva al peronismo provincial, que fue partido en seis a las PASO para el Senado. Entre las primarias y las generales, los perdedores de la oposición se disgregaron, una parte se acercó al gobernador y al abrirse las urnas la diferencia resultó abrumadora. Un total de 15,4 puntos más. Todo un récord. El único registro en este relevamiento que supera la vara que tendría que saltar Milei para asegurarse un triunfo en primera vuelta.
Es otro desafío para un candidato que derrumba estructuras al andar. Ya sorprendió a los rivales que menospreciaban sus posibilidades, pulverizó las encuestas y dejó en shock al círculo rojo del poder. ¿Podrá cargarse también la fría lógica de las estadísticas electorales?
Martín Rodríguez Yebra,LA NACION,Política
POLITICA
“Se busca ampliar la impunidad”: duras críticas de Poder Ciudadano al Gobierno por la corrupción y la falta de transparencia

En su tradicional cena anual, y con escasa presencia de representantes del oficialismo, Poder Ciudadano apuntó este lunes en duros términos contra el Gobierno al destacar que “la corrupción sigue siendo una enfermedad endémica” y que “en los últimos años no sólo no se ha avanzado en ninguna política específica destinada a incrementar la transparencia, sino que pareciera que buscamos ampliar la impunidad”.
Así lo dijo en su discurso el presidente de la organización, Martín D’Alessandro, quien remarcó que es “imperioso ocuparse en serio de la corrupción de una buena vez”, ya que, puntualizó, “en las encuestas sigue en el tope de las preocupaciones de la ciudadanía y en el Índice de Percepción de la Corrupción que confecciona anualmente Transparencia Internacional para 182 países, Argentina se ubica recién en el puesto 104, con apenas 36 puntos sobre 100″. “Es el peor resultado de los últimos 10 años, consolidando la tendencia declinante de los últimos 6 años”, afirmó el titular de Poder Ciudadano.
En un salón del hotel Sheraton, en Retiro, lo escuchó un variado auditorio en el que se destacó la presencia de dirigentes de la oposición, miembros del Poder Judicial, empresarios y pocos referentes libertarios: estuvieron Luis Petri, Sebastián Pareja y Nicolás Mayoraz, por ejemplo, pero no concurrió ningún miembro del Gabinete nacional ni las máximas autoridades de los bloques legislativos de La Libertad Avanza.

Entre los representantes de la oposición estuvieron, entre otros, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Martín Lousteau, Emilio Monzó, Maximiliano Ferraro, Ernesto Sanz, Jesús Rodríguez, Carolina Losada, Laura Alonso, Nicolás Massot, Luis Naidenoff, Mario Negri, Gabriel Katopodis, Germán Martínez, Juan Manuel Abal Medina, Diego Bossio, José Octavio Bordón, Karina Banfi, Ricardo Gil Lavedra, Daniel Arroyo y Marcelo Stubrin. Además, hubo empresarios como Martín Rappallini, Jorge Brito, Gustavo Weiss y Cristiano Ratazzi, y economistas como Hernán Lacunza, Carlos Melconian, Alfonso Prat Gay y Marina Dal Poggetto.
Además, concurrió una nutrida representación de jueces y fiscales: Julián Ercolini, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello, Diego Luciani, Diego Barroetaveña, Inés Weinberg de Roca, Mariano Borinsky, Daniel Petrone, Sergio Mola Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens, Eduardo Taiano y Alejandra Mángano, entre otros.
En su discurso, D’Alessandro consideró que la corrupción tiene dimensiones morales, colectivas, estatales, republicanas, democráticas y económicas, al tiempo que señaló que afecta la igualdad ante la ley, debilita la confianza en las instituciones, perjudica las políticas públicas y distorsiona la asignación de bienes públicos.

El titular de Poder Ciudadano cuestionó que desde el Gobierno no se hayan implementado políticas específicas para elevar la transparencia y denunció intentos del oficialismo de reducir la cantidad de juzgados con capacidad para investigar hechos de corrupción cometidos por funcionarios. También criticó el proyecto de inocencia fisca”, enviado al Congreso durante este año, porque inicialmente permitía a funcionarios blanquear dinero no declarado sin dar explicaciones.
El proyecto oficial de reforma política fue otro de los puntos objetados por D’Alessandro: sostuvo que la iniciativa contempla liberar los límites a las donaciones privadas para campañas electorales y habilitar campañas paralelas sin controles, en sentido contrario a las prácticas internacionales en la materia.
También cuestionó el incremento del gasto en agencias de inteligencia sin rendición de cuentas y las demoras o versiones contradictorias que, según dijo, buscaron ocultar enriquecimientos sospechosos de funcionarios. Describió esos episodios como una combinación de “arrogancia y tozudez, de tragedia y de comedia”.

Tras mencionar que la Argentina quedó en el último lugar de América Latina en recepción de inversiones extranjeras, de acuerdo con el último relevamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el presidente de Poder Ciudadano vinculó ese retroceso con el deterioro institucional y sostuvo que las reglas estables, la Justicia independiente, la transparencia y la integridad reducen la incertidumbre económica.
D’Alessandro mencionó estimaciones según las cuales la corrupción le hace perder al país entre 8% y 10% del PBI cada año. A partir de esa cifra, planteó que combatirla podría tener un efecto económico rentable.
Por otra parte, rechazó la idea de que la corrupción desaparecería solamente con la reducción del Estado. Admitió que las regulaciones excesivas pueden generar oportunidades de corrupción, pero advirtió que una desregulación sin controles también facilita el aprovechamiento de la debilidad estatal.

Como ejemplo, recordó una denuncia presentada por la organización que dirige ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en diciembre del año anterior luego de descubrir que, tras la eliminación de trámites y controles, ingresaban al país autos de lujo declarados como vehículos de colección, una maniobra que permitía evadir millones de pesos en impuestos.
La denuncia derivó en la detección de un posible delito de contrabando agravado, sanciones a funcionarios, cambios normativos y la elevación del caso a la Justicia Penal Económica. Para D’Alessandro, ese episodio mostró la necesidad de instituciones sólidas y de una sociedad civil que controle las decisiones públicas.
El presidente de Poder Ciudadano aseguró que la democracia no puede depender del crecimiento económico. Recordó que ningún país que sufrió golpes de Estado tuvo ingresos superiores a los de Argentina en 1976, al referirse a la relación entre desarrollo, estabilidad democrática e instituciones.

La participación de organizaciones y ciudadanos debe ser considerada un aporte al control de los gobiernos y no una interferencia, enfatizó D’Alessandro. Sin embargo, denunció que el Gobierno avanza en una dirección opuesta mediante decretos y proyectos legislativos que limitarían la intervención de la sociedad civil.
Entre esas medidas mencionó un decreto que restringió el acceso ciudadano a la información pública y otro que eliminó la participación y la consulta ciudadana en el proceso de designación de jueces. Según expuso, ambas decisiones contradicen la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
También objetó el proyecto de regulación del lobby, que, según describió, busca someter a miles de organizaciones no gubernamentales a un régimen de vigilancia que las obligaría a informar al Estado prácticamente todos sus movimientos. El proyecto de defensa de la soberanía nacional, agregó, pretende limitar la libertad de opinión.

Ambas iniciativas prevén delitos de prisión formulados de manera ambigua, señaló. D’Alessandro consideró que ese tipo de disposiciones acerca al país a modelos como los de Venezuela, Hungría y Nicaragua, en lugar de aproximarlo a Estados Unidos o a Europa.
“Los políticos no se dejan ayudar por los ciudadanos”, resumió el presidente de Poder Ciudadano. A partir de esa premisa, se preguntó cómo podría recuperarse la confianza en la política y en las instituciones si el Estado desconfía de su propia ciudadanía.
Recordó que la fundadora de la organización, Marta Oyhanarte, había definido ese objetivo durante la primera convocatoria pública de Poder Ciudadano, en abril de 1989: “Hemos iniciado un camino que pretende reavivar nuestra conciencia cívica -dijo-. Esto implica un cambio de modalidad en nuestra forma de pensar y de actuar, porque somos copropietarios de esta democracia”.

Oyhanarte agregó entonces: “Intentamos ser promotores de participación para vivir en un país normal, con un sistema de normas claras que sean cumplidas por gobernantes y gobernados”. También sostuvo que el espíritu de la entidad era “la suma de muchos que hacen poquito y no a la inversa”.
D’Alessandro afirmó que esa definición continúa orientando las convicciones y la propuesta de Poder Ciudadano. La organización que preside, según precisó, configuró la corrupción como un problema público y promovió el activismo social como complemento de los controles y las sanciones estatales.

D’Alessandro sostuvo que la organización “no adoptó una posición antipolítica ni alentó escándalos, fanatismo punitivo o la idea de que algunas personas son moralmente inferiores por sus opiniones partidarias”. En cambio, salió en defensa de una visión pluralista basada en la transparencia, los controles, la rendición de cuentas y la calidad institucional.
Cuando los ciudadanos se repliegan en la vida privada, la esfera pública se debilita y aumenta la vulnerabilidad frente al autoritarismo, advirtió. Según D’Alessandro, una sociedad organizada que exige explicaciones fortalece la confianza entre la población y el Estado, reduce las probabilidades de autocratización y mejora las condiciones para el desarrollo.
POLITICA
Malvinas: el Gobierno denunció a una empresa británica por realizar vuelos sin autorización hacia Chile

El Gobierno denunció este lunes las operaciones realizadas por la empresa británica THALES UK LIMITED en la ruta aérea que conecta las Islas Malvinas con Punta Arenas, en Chile, mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas.
El presidente Javier Milei ordenó a los equipos de Gobierno “dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes”.
“La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e Internacional. Las Malvinas son argentinas”, cierra el texto.
Explotación de hidrocarburos
En tanto, el Gobierno intimó formalmente al Reino Unido para que, en un plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para “impedir el inicio o la continuación” de las actividades de explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas.
Milei también instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El objetivo, según el comunicado, es impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto Sea Lion, y evitar el otorgamiento de nuevos permisos sobre los recursos de la Plataforma Continental Argentina.
Si Londres no cumple con la intimación, el Gobierno anticipó que solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar sus derechos soberanos sobre la plataforma continental. El comunicado sostiene que la explotación unilateral de esos recursos es “contraria al derecho internacional” y provoca un “perjuicio irreversible e irreparable”.
“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras”, publicó Milei en sus redes tras compartir el comunicado. En el texto oficial, el Gobierno también manifestó su “rechazo categórico” a la respuesta del Reino Unido frente al discurso del Presidente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y remarcó: “La pretendida denominación de las Islas Malvinas como “Territorio Británico de Ultramar” y el referéndum unilateral celebrado en 2013 y no reconocido internacionalmente no alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas».
POLITICA
Lijo amplió el levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

El juez federal Ariel Lijo ordenó ampliar el levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni para el período comprendido entre el 28 de febrero de 1998 y el 31 de diciembre de 2011, es decir, desde que comenzó su vida activa a los 18 años hasta la fecha a partir de la cual ya fue investigado en la causa que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito.
El fiscal Gerardo Pollicita había solicitado la medida para acceder a sus declaraciones juradas, inscripciones tributarias, actividades declaradas, datos aportados por terceros y eventuales adhesiones a blanqueos, moratorias o regímenes de exteriorización de activos.
La medida también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti, bajo el mismo criterio, por el período comprendido entre el 10 de octubre de 2000 y el 31 de diciembre de 2011.
Por otro lado, Lijo autorizó la realización de una diligencia probatoria para constatar la explicación brindada por el imputado en el requerimiento de justificación patrimonial.
La medida consiste en convocar al defensor Matías Ledesma para que se presente en Comodoro Py acompañado por el perito de parte, “muñido del sobre en cuestión y de una computadora portátil propia, en miras de que el especialista de la defensa ingrese a las cuentas a través de billetera de administración -como ser Sparrow o Electrum- y consigne en la función ‘Sign’ o ‘Verify Message’, en cada una de estas direcciones de bitcoin, un mensaje que será proporcionado por esta parte en el mismo acto”.
La resolución de Lijo establece que, una vez realizada esa operación, personal técnico de la Policía Federal Argentina efectuará una verificación criptográfica de las firmas correspondientes a cada una de las ocho direcciones. La diligencia será grabada y las claves privadas deberán quedar bajo acceso exclusivo de la defensa técnica.
El requerimiento fiscal
La Fiscalía Federal N° 11 busca reconstruir los ingresos y bienes del matrimonio desde que sus integrantes alcanzaron la mayoría de edad, luego de que la defensa atribuyera el capital aplicado desde 2014 a ahorros familiares previos y a operaciones con bitcoin.

Con esta medida, el Ministerio Público Fiscal busca verificar la explicación de la defensa sobre ocho direcciones de bitcoin que habrían sido utilizadas entre octubre de 2014 y septiembre de 2018.
Según la presentación de Pollicita, la liquidación de esas tenencias habría generado USD 591.544,61, monto que fue invocado como origen de los USD 565.000 declarados en efectivo en el país bajo el rubro “venta de activos”.
Por su parte, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero deberá informar las fechas, los montos, las entidades intervinientes, el destino declarado y el resultado de las validaciones de cada operación.
La fiscalía requirió a la ANSES la historia laboral completa de los dos integrantes del matrimonio, con sus aportes, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas previsionales, actividades autónomas o monotributistas y prestaciones registradas.

También pidió a los registros de la propiedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires información sobre los inmuebles que hubieran tenido a su nombre. El requerimiento incluye las fechas de adquisición y transferencia, los porcentajes de titularidad, los gravámenes y los datos de las escrituras.
La investigación también alcanzará a los vehículos y motovehículos registrados, con detalle de dominios, marcas, modelos, años, altas, bajas y prendas inscriptas. La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios deberá remitir esos antecedentes.
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