POLITICA
Purga en la Armada por la trama de corrupción con los sueldos: avanza la destitución de una decena de militares
La conducción de la Armada Argentina apartó de sus funciones a diez militares involucrados en las actuaciones por la trama de corrupción detectada en el sistema de liquidación de sueldos y puso en marcha una instrucción disciplinaria que puede terminar con la destitución de los responsables. La medida fue dispuesta por el jefe del Estado Mayor General de la fuerza, almirante Juan Carlos Romay, mientras avanza en paralelo la investigación de la Justicia Federal por 645 acreditaciones indebidas que alcanzaron un monto histórico de $981.148.567,88.
Fuentes oficiales de la Armada confirmaron a Infobae que el universo reconstruido hasta ahora comprende 23 beneficiarios: diez militares y trece civiles o personas ajenas a la fuerza. Todo el personal militar alcanzado por las actuaciones fue separado de las funciones que desempeñaba y quedó sometido desde el 16 de septiembre a un procedimiento disciplinario interno. La decisión se terminó de sustanciar anoche.
La precisión modifica la información inicial que había circulado sobre nueve efectivos apartados y también permite delimitar el alcance de las medidas. La Armada no dispuso todavía la destitución automática de los involucrados. Abrió una instrucción disciplinaria por una falta considerada “gravísima”, dentro de la cual la expulsión de la fuerza aparece como la máxima sanción posible.
En el ámbito de la Armada consideran que el proceso podría terminar con destituciones, pero cada situación deberá ser analizada individualmente y los involucrados tendrán derecho a ejercer su defensa. Un abogado militar ya fue designado para conducir la instrucción. A medida que avance el procedimiento se terminarán de conformar las autoridades que deberán evaluar las pruebas, recibir los descargos y resolver las responsabilidades disciplinarias.
La decisión cuenta con una instrucción expresa del ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, que intervino una vez que la investigación administrativa interna tomó dimensión y los responsables de la Armada reunieron los elementos que luego fueron enviados a la Justicia.
Presti se refirió públicamente al caso y buscó separar la conducta de los investigados del conjunto de la institución. “Quiero guardar el alto prestigio de la Armada. La Armada no son esos cuatro, cinco, veinte delincuentes”, afirmó.
Después explicitó la orden impartida a Romay: “Le he impartido las órdenes al jefe de la Armada para que tome las medidas y que con un Consejo de Disciplina, desde el punto de vista militar, pasen ya a ser destituidos”.
La expresión del ministro establece la orientación política con la que Defensa pretende abordar el caso, aunque el resultado formal deberá surgir del procedimiento disciplinario. Dentro de la Armada remarcan precisamente esa diferencia: primero debe desarrollarse la instrucción, analizarse la conducta de cada integrante y garantizarse el derecho de defensa. La destitución es uno de los resultados posibles y constituye la sanción más grave dentro del régimen militar.
El segundo camino es judicial y transcurre de manera independiente. La Armada presentó el 15 de septiembre una denuncia ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, a cargo de Sebastián Ramos, para que se investiguen las eventuales responsabilidades penales.
Presti también se refirió en diálogo con TN a esa vía. “Más allá de la Justicia Federal, espero que los encuentren culpables, que devuelvan el dinero y que vayan presos”, afirmó.
Así, el caso quedó dividido en dos carriles. La Armada debe resolver las responsabilidades disciplinarias de sus integrantes y puede imponer las sanciones previstas por el régimen militar. La Justicia Federal, en cambio, deberá determinar si existieron delitos, quiénes participaron y qué responsabilidad penal corresponde a cada una de las personas investigadas.
La investigación interna reconstruyó pagos irregulares desde 2022
La reacción de la conducción militar es consecuencia de una investigación iniciada por la propia Armada y que se extendió durante varias semanas hasta reconstruir operaciones realizadas durante más de tres años.
Las primeras señales aparecieron en febrero de 2026, cuando una revisión sobre la liquidación de enero permitió detectar cinco acreditaciones incorrectas correspondientes a integrantes del Departamento Revista. Una vez detectados los pagos, el dinero fue devuelto.
En ese momento no había elementos suficientes para establecer que las inconsistencias formaban parte de un mecanismo deliberado. Tampoco existían indicios que vincularan personalmente al entonces jefe del Departamento Revista, capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff.
Las irregularidades iniciales llevaron, sin embargo, a reforzar los controles. En marzo se modificó parte del circuito administrativo: Tesorería pasó a encargarse de la tramitación de las acreditaciones ante el Banco de la Nación Argentina y Contabilidad comenzó a realizar de manera independiente la conciliación de la cuenta utilizada para pagar los haberes.
La decisión permitió separar la liquidación, la orden de acreditación y el control posterior de los movimientos bancarios.
El punto de inflexión ocurrió en agosto. Nuevas revisiones de períodos anteriores permitieron detectar pagos que no tenían respaldo en los haberes liquidados y, entre ellos, acreditaciones realizadas a María del Carmen Prieto, esposa de Atanasoff.
Fue el primer elemento que vinculó personalmente al jefe del Departamento Revista con las operaciones bajo análisis. Atanasoff fue relevado preventivamente de manera inmediata, se resguardaron los equipos informáticos empleados para preparar los archivos enviados al Banco Nación y se dispuso una revisión integral hacia períodos anteriores.
Entre el 20 de agosto y el 14 de septiembre, la Armada reconstruyó la operatoria, obtuvo información adicional del Banco Nación y abrió actuaciones administrativas de acuerdo con el Reglamento de Actuaciones Administrativas Militares.
El resultado fue considerablemente mayor que las primeras anomalías.
La revisión determinó que entre julio de 2022 y enero de 2026 se habían producido 645 acreditaciones indebidas a 23 beneficiarios por $981.148.567,88. El número es el monto histórico comprobado por la investigación interna y posteriormente incorporado a la denuncia penal.
Fuentes de alto nivel de la Armada ratificaron además a Infobae que esa es la cifra respaldada por la documentación reunida hasta ahora. Otras estimaciones superiores que circularon públicamente no forman parte de la cuantificación efectuada por la investigación interna que derivó en la denuncia judicial.
El dinero surgía de pagos bloqueados antes de su devolución al Tesoro
La pesquisa permitió también entender de qué manera se generaban los fondos utilizados para realizar los pagos.
La maniobra aprovechaba el período existente entre el cierre de la liquidación mensual y el envío definitivo del archivo de acreditaciones al Banco Nación.
Después de confeccionarse una liquidación pueden existir pagos que originalmente estaban previstos pero que finalmente deben bloquearse por distintas razones: una baja, un retiro, el fallecimiento de un integrante de la fuerza o un error detectado durante los controles.
Cuando eso ocurre, ese dinero ya no debe ser transferido al destinatario inicialmente previsto. Los fondos que finalmente quedan disponibles deben ser reingresados posteriormente a la Tesorería General de la Nación.
La investigación estableció que parte de esos recursos era aprovechada antes de la devolución para realizar las acreditaciones irregulares.
Había básicamente dos mecanismos.
En algunos casos se aumentaba de manera transitoria el monto correspondiente a una persona determinada. En otros se incorporaba directamente un pago para el cual no existía ninguna liquidación de haberes que pudiera justificarlo.
Las modificaciones se realizaban después de los controles ordinarios y antes del envío definitivo de los archivos al Banco Nación. Eso permitía incluir los pagos cuestionados dentro de un volumen mensual superior a las 24.000 acreditaciones correspondientes al personal de la Armada.
El sistema tenía además una instancia posterior que dificultaba la detección.
Después de confeccionarse el archivo destinado al banco, los registros modificados podían ser restituidos a sus valores anteriores. Como consecuencia, la transferencia efectivamente recibida por un beneficiario podía no coincidir con el monto que luego aparecía en su recibo de haberes dentro del sistema.
La diferencia quedó expuesta cuando los investigadores comenzaron a comparar las distintas fuentes de información: las liquidaciones originales, los recibos publicados, las diferentes versiones de los archivos confeccionados para pagar y las confirmaciones bancarias.
La evidencia reunida tiene un elemento especialmente relevante para la investigación: las acreditaciones se hicieron mediante transferencias bancarias a cuentas a nombre de los respectivos beneficiarios. Por eso fue posible vincular los pagos cuestionados con personas concretas y contrastarlos con los haberes que legítimamente debían percibir.
La pesquisa contó también con información extraída de los equipos informáticos preservados por la Armada, registros enviados por el Banco Nación y las actuaciones administrativas desarrolladas después de detectar el mecanismo.
Cuatro de los 23 beneficiarios no tenían relación laboral ni funcional con la Armada. En conjunto recibieron 184 acreditaciones por $434.200.718,04, equivalentes al 44,25% del total histórico reconstruido.
María del Carmen Prieto fue la mayor beneficiaria individual. Según consta en la denuncia a la que accedió Infobae, recibió 46 acreditaciones por $152.259.495,86. Prieto es esposa de Atanasoff.
Damián Andrés Santana recibió 47 acreditaciones por $99.496.225,47 y Amalia Cristina Díaz registró 46 pagos por $91.978.048,38. La documentación de la Armada identifica a los cuatro receptores externos como personas que no tenían relación funcional con la institución.
Las actuaciones administrativas atribuyen a Atanasoff un papel central.
Según la documentación interna a la que accedió Infobae, el entonces jefe del Departamento Revista manifestó durante la investigación que conocía los pagos realizados a las personas ajenas a la Armada, que las acreditaciones se hacían manualmente, que él definía los beneficiarios y los importes y que ejecutaba personalmente las operaciones.
El informe interno agrega un elemento de especial importancia: Atanasoff manifestó que ese mecanismo tenía como finalidad favorecer económicamente no solamente a los beneficiarios externos, sino también a las restantes 19 personas pertenecientes a la Armada alcanzadas por la investigación.
Ese dato conecta su declaración administrativa con el conjunto de los 23 beneficiarios identificados.
La Justicia Federal y la Armada deberán determinar responsabilidades individuales
La investigación reconstruyó además situaciones particulares dentro de la fuerza.
El capitán de Corbeta Contador Roberto Eduardo Castro aparece en la denuncia por haber recibido, durante determinados períodos, haberes en la Argentina en simultáneo con los que percibía mientras estaba destinado en el exterior.
La situación resultó significativa porque el sistema identifica automáticamente al personal destinado fuera del país y lo excluye de los archivos utilizados para pagar haberes localmente. La investigación sostuvo que esos pagos sólo pudieron concretarse mediante la incorporación de registros por fuera del proceso automático.
También fueron detectadas acreditaciones a Luana Magalí Piedigrossi, esposa de Castro, durante períodos en los que estaba de licencia sin goce de haberes.
Otros integrantes aparecen en las actuaciones como perceptores de sumas posteriormente restituidas.
Los capitanes de Corbeta Contadores Ariel Vicente Gallo, Roberto Eduardo Castro, Cristian Sebastián Lobato y Juan Carlos Barrios realizaron transferencias a la cuenta operativa del Servicio Administrativo Financiero por importes percibidos en exceso con los haberes correspondientes a enero de 2026.
También efectuaron devoluciones los capitanes de Corbeta Gerardo Horacio Heredia, Anabela Alejandra Farias y Mathías Agustín Pieroni. Los tres transfirieron el 11 de septiembre la totalidad de las sumas que habían recibido indebidamente.
La existencia de un cobro indebido no determina por sí sola el grado de responsabilidad de cada perceptor. Tanto la investigación disciplinaria como la causa federal deberán establecer qué conocimiento tenía cada uno sobre el origen de las acreditaciones y qué intervención pudo haber tenido en el mecanismo.
Hasta el momento de formularse la denuncia habían sido restituidos $42.574.267,63. Por eso, del monto histórico de $981.148.567,88, permanecía una diferencia de $938.574.300,25.
La Armada aclaró desde el inicio que las devoluciones posteriores no modifican el volumen histórico de las acreditaciones detectadas. Permiten únicamente establecer cuánto dinero fue recuperado y cuánto permanecía pendiente al momento de llevar el caso a la Justicia.
El 15 de septiembre, una vez reunidos los elementos técnicos, bancarios y administrativos, la denuncia fue presentada por el capitán de Navío Contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada.
La presentación puso a disposición de la Justicia informes técnicos, documentación bancaria, planillas con las inconsistencias, declaraciones administrativas y registros informáticos. La Armada también ofreció los equipos preservados y cualquier otro soporte requerido por el juzgado.
Al día siguiente llegó la reacción disciplinaria.
Romay resolvió apartar de sus cargos a todo el personal militar alcanzado por las actuaciones y dio inicio a la instrucción por una falta gravísima.
La Armada ya designó a un abogado militar para conducir esta primera etapa del procedimiento. Los involucrados podrán contar con defensores y presentar las pruebas y explicaciones que consideren pertinentes. Posteriormente deberá completarse la estructura disciplinaria encargada de evaluar las actuaciones y resolver las sanciones.
La máxima pena posible dentro de ese camino es la destitución.
La secuencia institucional quedó así definida: la propia Armada detectó las anomalías, reforzó los controles, reconstruyó operaciones que se remontaban a 2022, apartó preventivamente al responsable del área, preservó la evidencia, realizó una investigación administrativa, presentó el caso ante la Justicia y finalmente inició el proceso disciplinario sobre sus propios integrantes.
La fuerza sostiene que la respuesta busca evitar que la conducta de un grupo de miembros comprometa el prestigio de una institución integrada por alrededor de 24.000 personas.
La cantidad precisa de militares alcanzados también quedó ahora delimitada con mayor claridad. Fuentes oficiales de la conducción de la Armada indicaron a Infobae que son diez los efectivos comprendidos en las actuaciones disciplinarias, mientras que los restantes beneficiarios identificados son civiles o personas que no integran la fuerza.
El resultado del proceso no está formalmente decidido. La instrucción disciplinaria comenzó esta semana y debe analizar cada caso. Pero tanto Defensa como la conducción naval dejaron definida la orientación con la que pretenden avanzar.
Presti pidió que se adopten las máximas medidas dentro de la institución. La Armada apartó a todos los militares alcanzados. Y en paralelo, la Justicia Federal deberá determinar las responsabilidades penales por un esquema que durante más de tres años permitió desviar casi $1.000 millones mediante modificaciones introducidas en el circuito utilizado para pagar los salarios.
POLITICA
Presupuesto 2027: los aliados presionan al Gobierno con pedidos que comprometen el déficit cero
El Gobierno admite que el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027 está demorado a la espera de las definiciones de acuerdos políticos con algunos gobernadores y del visto bueno de bloques cercanos. “La discusión entró a un limbo por la multiplicidad de pedidos de las provincias y espacios aliados”, afirma una fuente importante de una de las patas negociadoras de la Mesa Política.
El proyecto fue presentado en septiembre y desde entonces solo hubo cuatro reuniones, todas informativas y en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El oficialismo esperaba concretar un encuentro el 28 de octubre para firmar el dictamen del proyecto, pero se suspendió por falta de apoyo de los aliados. Los bloques responsables de ese contratiempo fueron el PRO y la UCR, que endurecieron su postura y reclamaron cambios.
El jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, le envió una nota a Martín Menem en la que pidió la reducción del componente vial del impuesto a los combustibles a medida que el Estado deje de mantener rutas nacionales. También reclamó prorrogar los regímenes de promoción automotriz y autopartista, un pedido de Mauricio Macri, y bajar del 21% al 10,5% el IVA de los huevos y sus derivados, una demanda que viene desde Entre Ríos de parte de Rogelio Frigerio. Para la Ciudad, exigió incluir la coparticipación y reconocer una deuda de unos $628.197 millones.
Una novedad surgió en las últimas horas: en el bloque amarillo afirman que hay diálogos en el último tiempo con representantes del oficialismo y que se avanzaron con varias de las solicitudes.
La negociación pasó entonces a girar en torno a cómo conformar a los aliados. “Es una sábana corta que no va a contentar a todos. Al menos no si nosotros queremos seguir manteniendo nuestra meta fiscal. Y eso para el Presidente es innegociable”, indica una fuente.
La Fundación Mediterránea publicó una estimación en base al proyecto presupuestario que proyecta un superávit primario de 1,3% del PIB, pero que “lo apoya en supuestos demasiado optimistas: crecimiento de 4% y suba real de la recaudación de 5,5%”. “Si no se cumplen, el ajuste volverá a caer sobre un gasto con márgenes ya muy estrechos”, afirman.
El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó esta mañana en la Conferencia Anual de la Fundación FIEL y volvió a reivindicar la política fiscal como la principal ancla del modelo macroeconómico del Gobierno. “Relegar nuestra ancla principal sería un enorme error, porque nosotros tenemos un pasado que nos condena; por muchos años, sepan que Argentina no va a poder hacer lo que hacen otros países desarrollados, que crecen uno por ciento teniendo cinco puntos del producto de déficit”, explicó.
Esta fue una respuesta implícita a los sectores aliados que le piden al oficialismo que relajen su política de gasto y lo orienten a incrementar las partidas presupuestarias.
A los reclamos del PRO y la UCR se les suma el malestar de Provincias Unidas por el reciente aumento de los subsidios al transporte del AMBA, en perjuicio del interior. El miércoles, un grupo de intendentes, entre ellos el cordobés Daniel Passerini, se presentó en la Comisión de Asuntos Municipales para exigir un trato igualitario.
“Entendíamos una política de reducción de los subsidios nacionales en función de la estabilidad macroeconómica como objetivo. Luego, el cambio se ha dado estrictamente para el AMBA y al interior se nos ha puesto un tope en la cobertura de los atributos sociales de la SUBE, que es lo único que cubría Nación. Y, paralelamente, esta semana se ha consagrado una situación en la cual se le aumenta el subsidio a la oferta estrictamente limitado al AMBA. Gran parte de esto está financiado por un impuesto a los combustibles, que pagamos absolutamente todos los ciudadanos”, esgrimió Pablo Javkin, intendente de Rosario.
Los reclamos que fueron llevados también contemplan una revisión del Programa Remediar para poder reformularlo (se bajó de 126 a 6 medicamentos contemplados) en el Presupuesto, aunque no son optimistas de que aquello pueda ser aceptado por el oficialismo. Pero no es la única temática que busca insertarse en la discusión: también se cuelan partidas como las de Discapacidad o Financiamiento Universitario.
“Si vos hacés la sumatoria de todas las discusiones que se ponen sobre la mesa y cómo te lo usan para condicionar los aliados, la negociación está cada vez más compleja. Hoy en día está bastante trabada a la espera de que se resuelva lo político”, dice un importante senador de La Libertad Avanza. En la conducción del bloque del Senado estarían de acuerdo con esta perspectiva.
Ante la restricción del Gobierno de no poder relegar más partidas presupuestarias, hay un sector para nada menor de la Mesa Política que no veía con malos ojos que se incrementaran los mecanismos para “hacer crecer la torta” de la recaudación.
Un indicio de esto es lo que sucedió este martes con el proyecto de Mercado de Capitales que envió la Casa Rosada, el cual contenía un artículo que quitaba las exenciones del Impuesto a las Ganancias para los Cedears. Con esa medida, esos instrumentos financieros iban a comenzar a aportar a un tributo coparticipable, es decir, que se redistribuye tanto a la Nación como a las provincias.
“[Caputo] ya está tratando de agarrar lo que sea. No sabemos hasta dónde tiene margen”, afirma una fuente que trabaja muy cerca de ese esquema.
Allí agregan: “Hay una parte de la Mesa Política que está dispuesta a hacer lo que sea con tal de no hacer acuerdos políticos. Por eso Toto hizo lo de Discapacidad [envió el proyecto eliminando partidas consensuadas por la oposición para tratar de incrementar el superávit fiscal]. Realmente no sabemos qué va a pasar con el Presupuesto, pero en el medio se están cerrando todas las elecciones desdobladas, las PASO se complican y el riesgo país sube. Y encima acaba de pasar lo de Estados Unidos”.
El Ministerio de Economía festejó días atrás que la recaudación tributaria creció apenas 0,8% anual en octubre, pero logró hilar el cuarto mes consecutivo sin caer. “Los recursos tributarios girados a las provincias subieron apenas 0,1% anual real; los de Nación, 1%. No fue un crecimiento generalizado: solo Ganancias, Derechos de Exportación y, en menor medida, Combustibles traccionaron la suba”, estimó la consultora LCG, que proyecta “un crecimiento tibio de la recaudación para los últimos dos meses del año”.
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POLITICA
Malvinas: el Gobierno espera un fallo favorable en el Tribunal del Derecho del Mar y prepara más sanciones contra empresas petroleras
El Gobierno se muestra optimista respecto a sus posibilidades de conseguir una resolución favorable del Tribunal Internacional del Derecho del Mar en su reclamo contra el Reino Unido por la explotación de petróleo en las Islas Malvinas.
En la Casa Rosada transmiten confianza en los argumentos presentados y aseguran que mantendrán la ofensiva jurídica independientemente del resultado de las audiencias previstas para el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania. La expectativa es que los jueces se pronuncien durante las semanas posteriores.
“Vamos por todo. Es histórico y estamos confiados”, expresan desde el Ejecutivo sobre la instancia internacional. En Balcarce 50 consideran que el procedimiento representa una oportunidad para intentar frenar el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion antes de que comience su etapa de explotación. La evaluación oficial es que el planteo argentino tiene fundamentos suficientes para obtener medidas provisionales, aunque reconocen que la decisión final dependerá de los magistrados.
El optimismo no implica que el Gobierno espere una resolución inmediata después de las exposiciones. En Nación admiten que el Tribunal del Mar suele tomarse varias semanas para dictar sus órdenes y que todavía no existe una fecha precisa para conocer el resultado. Las estimaciones internas ubican esa posibilidad entre dos y cuatro semanas después de las audiencias, por lo que el pronunciamiento podría llegar durante la segunda mitad de noviembre o a comienzos de diciembre.
Los antecedentes que siguen en el Gobierno
El antecedente más relevante es el caso de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana durante 2012. La Argentina solicitó entonces medidas provisionales el 14 de noviembre, los jueces escucharon a las partes el 29 y 30 de ese mes y ordenaron liberar el buque el 15 de diciembre. La decisión se conoció quince días después de las audiencias, aunque en el Gobierno aclaran que ese precedente no establece un plazo obligatorio para el procedimiento actual.
En el entorno presidencial también transmiten que la estrategia no terminará si el tribunal rechaza la solicitud. La intención es agotar todas las herramientas jurídicas y diplomáticas disponibles y mantener el reclamo contra las actividades británicas en los espacios marítimos disputados. En el Ejecutivo consideran que cualquier resultado deberá analizarse en función de su alcance concreto, sin dar por concluida la controversia de fondo.
La Argentina inició el 28 de septiembre un arbitraje internacional contra el Reino Unido bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Después, el 13 de octubre, solicitó medidas provisionales ante el tribunal de Hamburgo para evitar que las actividades hidrocarburíferas avanzaran mientras se constituye el órgano arbitral. El pedido busca impedir que se consolide una situación irreversible antes de que exista una decisión sobre la controversia principal.
El planteo se concentra en Sea Lion, un desarrollo impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. Las empresas proyectan comenzar las perforaciones durante 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028. En la Casa Rosada sostienen que la proximidad de esas operaciones justifica una intervención urgente para proteger los derechos que reclama la Argentina sobre los recursos del suelo y subsuelo marítimos.
POLITICA
José María Poirier: “Un Papa no soluciona los problemas de la sociedad, pero esperemos que la Argentina sepa escucharlo”
“Nosotros somos un país de sorpresas. Con su estado de ánimo tan sereno y reflexivo, León XIV sabrá leer nuestra realidad. El problema es que la sociedad argentina, especialmente la vida política y económica, sepa escucharlo”. La singular mirada sobre la visita del Papa pertenece a José María Poirier, periodista, director de la revista Criterio y un hombre de la cultura identificado con el pensamiento social cristiano.
En una entrevista con , Poirier asume que el mensaje de León XIV recorrerá los desafíos que plantean la pobreza y la fragmentación, signos de un mapa social que forma parte del paisaje cotidiano en la Argentina. Recuerda que se trata de un Papa que conoce nuestro país y ha estado muchos años en América Latina. “Un hombre que piensa y reflexiona antes de hablar”, define el periodista, formado en Filosofía en la Universidad Lateranense de Roma.
“Robert Prevost conoció los cinco continentes como superior general de la Orden de San Agustín. En el Vaticano, al frente del Dicasterio para los Obispos, trató con todos los episcopados. Probablemente conozca a los obispos de todo el mundo mejor que Bergoglio. La sociedad argentina tendrá que saber escucharlo. Y también la jerarquía eclesiástica, porque un cambio de papado dentro del catolicismo es un hecho importante”, describe el intelectual, de 76 años.
-¿Qué se puede esperar de la visita de León XIV?
-Esperar, siempre se puede esperar todo, pero no es sano. Conviene esperar poco, porque puede aparecer la desilusión. A mí me impresiona la gran capacidad de León XIV para escuchar, reflexionar, pensar y después hablar. Es un hombre muy reflexivo y muy profundo. Tal vez sería legítimo esperar que haga un llamamiento a la paz, a la cordura, a la convivencia, a la pacificación de los ánimos. El Papa apunta mucho a eso. Sus constantes referencias a la vida en comunidad en la Iglesia tienen un fundamento muy sólido. En todo caso, la dificultad es entender qué país recibirá a León XIV.
-En la propia Iglesia se dijo que el Papa se va a encontrar con una Argentina herida por la pobreza y la fragmentación. ¿Esa visión quedará reflejada en sus mensajes?
-En los mensajes seguramente. Son dos temas claves para el Papa. Ahora, si eso va a tener impacto en la vida real del país, es una incógnita. El llamado de León XIV va a estar dirigido a afrontar el drama de la pobreza, que es tan grave en la Argentina, así como la fragmentación y la división. Después está en nosotros saber responder. A mí me llamó la atención que después de la espectacular visita que hizo a París, Lourdes y Metz, al poco tiempo Francia se volvió a reencontrar con manifestaciones violentas. Un Papa no soluciona los problemas de la sociedad. Es ficticio pensarlo. Tampoco lo solucionó en España. Sí fue muy claro su mensaje en favor del respeto por las instituciones. El concepto institucional de Prevost es muy importante. Eso nos haría mucho bien a los argentinos.
-¿Las instituciones en la Argentina atraviesan una etapa de fragilidad?
-Es una historia antigua, no solo de fragilidad, sino de pendularidad, lo que acrecienta esa condición frágil. El Papa tiene un interés muy particular en volver a Perú, que es su segunda patria. Si uno analiza la política de Perú, con tantos presidentes presos, es desastrosa. Salvo Uruguay, que siempre fue un país moderado, toda América Latina es un poco ambivalente y muestra su fragilidad institucional.
-¿Los sectores políticos de la Argentina van a tratar de apropiarse de su figura y su mensaje?
-Sería muy ingenuo pensar que no lo van a intentar; está dentro del espíritu político tratar de hacerlo. No me parece lo mejor, pero es inevitable. Van a estar preocupados en el Gobierno y en la oposición, porque en los dos casos llamará la atención si tratan de apropiarse de una figura muy clara y decidida en sus gestos y en sus palabras.
-En la visita a España, León XIV habló en el Parlamento sobre la crispación política y la descalificación permanente. ¿Ese mensaje tuvo un impacto?
-Relativo. Después se profundizó el enfrentamiento entre el presidente Pedro Sánchez y la oposición. Algo similar sucede en Francia, donde está la ultraderecha, con Marine Le Pen, y del otro lado la ultraizquierda. Esto acompaña una derechización de la política internacional general. Hay cambios muy difíciles de prever. No sabemos qué pasará después de las elecciones en los Estados Unidos.
-¿La Iglesia tiene una posición frente a estos escenarios de convulsión?
-En el mejor de los casos, hay algunas figuras del Episcopado y de la dirigencia católica que son interesantes. A mí siempre me sorprende para bien el arzobispo de Córdoba, el cardenal Ángel Rossi, así como el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo Marcelo Colombo, y el de San Juan, monseñor Jorge Lozano. Otras figuras, ya retiradas, como Jorge Casaretto, siempre han aportado a la unidad dentro de la Iglesia. Hay otros a los que les cuesta estar a la altura de estas circunstancias o hacen una lectura muy parcial. No tenemos la generación aquella que marcaron los obispos Juan José Iriarte, Vicente Zaspe, Jorge Novak, Jaime de Nevares, Justo Laguna. Hoy ellos no están. Hay que aceptar que hoy la dirigencia de la Iglesia argentina ha perdido peso y prestancia.
-¿Eso implica que la Iglesia ha perdido peso e influencia en el terreno político?
-En lo político no creo que tenga mayor peso. En el campo social se nota una presencia mayor.
-¿Cómo se puede definir la Iglesia argentina que dejó Francisco?
-Quizás nos falta perspectiva, porque la historia es muy larga. Pero creo que ha dejado una sensibilidad social absolutamente distante de lo que fue el Episcopado en la época del enfrentamiento con Chile, en la dictadura militar. La renovación que provocó Bergoglio es muy importante. Al mismo tiempo, Bergoglio, con su desconfianza ante lo intelectual, empobreció el mundo episcopal. Con su personalidad tan peculiar, pretendía que nadie le hiciera sombra.
-¿Con Robert Prevost la Iglesia recupera su presencia en el campo intelectual?
-Yo creo que sí. Es muy respetuoso del mundo intelectual. Es un hombre de una formación importante, en ciencia, en teología y en derecho. Como apunta mucho a la comunión y a la corresponsabilidad, y tiene una personalidad que ayuda a eso, es capaz de trabajar en equipo. No era una característica de Francisco, que era un líder personalista, muy fuerte, con todo lo positivo que tuvo en sus reformas y toda la contrapartida en las oposiciones dentro de la Curia romana.
-¿El proceso de reformas que había iniciado Francisco en el Vaticano sigue adelante con León XIV?
-Sí, León XIV es un fiel continuador de estos procesos, como en el tema de la sinodalidad, que es el camino hacia una Iglesia más abierta y horizontal. Llama la atención que, al mismo tiempo que tiene esa mesura y capacidad de escuchar y delegar, es muy claro y decidido. Como pasó con algunas medidas que tomó.
-¿Qué medidas, por ejemplo?
-Con los lefebvristas y con algunas instituciones eclesiásticas en México y Perú, donde aplicó una mano severa. Cuando, después de escuchar y reflexionar, León XIV toma una decisión, esa medida es clara.
-¿Mostró esa misma firmeza en la respuesta a Donald Trump?
-Sí, lo favoreció el hecho de que él es norteamericano. Puede hablarle a su presidente con claridad y con decisión. Y enfrentar, incluso, los despropósitos de Trump.
Mariano De Vedia,Papa León XIV,Conforme a
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