POLITICA
Purga en la Armada por la trama de corrupción con los sueldos: avanza la destitución de una decena de militares
La conducción de la Armada Argentina apartó de sus funciones a diez militares involucrados en las actuaciones por la trama de corrupción detectada en el sistema de liquidación de sueldos y puso en marcha una instrucción disciplinaria que puede terminar con la destitución de los responsables. La medida fue dispuesta por el jefe del Estado Mayor General de la fuerza, almirante Juan Carlos Romay, mientras avanza en paralelo la investigación de la Justicia Federal por 645 acreditaciones indebidas que alcanzaron un monto histórico de $981.148.567,88.
Fuentes oficiales de la Armada confirmaron a Infobae que el universo reconstruido hasta ahora comprende 23 beneficiarios: diez militares y trece civiles o personas ajenas a la fuerza. Todo el personal militar alcanzado por las actuaciones fue separado de las funciones que desempeñaba y quedó sometido desde el 16 de septiembre a un procedimiento disciplinario interno. La decisión se terminó de sustanciar anoche.
La precisión modifica la información inicial que había circulado sobre nueve efectivos apartados y también permite delimitar el alcance de las medidas. La Armada no dispuso todavía la destitución automática de los involucrados. Abrió una instrucción disciplinaria por una falta considerada “gravísima”, dentro de la cual la expulsión de la fuerza aparece como la máxima sanción posible.
En el ámbito de la Armada consideran que el proceso podría terminar con destituciones, pero cada situación deberá ser analizada individualmente y los involucrados tendrán derecho a ejercer su defensa. Un abogado militar ya fue designado para conducir la instrucción. A medida que avance el procedimiento se terminarán de conformar las autoridades que deberán evaluar las pruebas, recibir los descargos y resolver las responsabilidades disciplinarias.
La decisión cuenta con una instrucción expresa del ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, que intervino una vez que la investigación administrativa interna tomó dimensión y los responsables de la Armada reunieron los elementos que luego fueron enviados a la Justicia.
Presti se refirió públicamente al caso y buscó separar la conducta de los investigados del conjunto de la institución. “Quiero guardar el alto prestigio de la Armada. La Armada no son esos cuatro, cinco, veinte delincuentes”, afirmó.
Después explicitó la orden impartida a Romay: “Le he impartido las órdenes al jefe de la Armada para que tome las medidas y que con un Consejo de Disciplina, desde el punto de vista militar, pasen ya a ser destituidos”.
La expresión del ministro establece la orientación política con la que Defensa pretende abordar el caso, aunque el resultado formal deberá surgir del procedimiento disciplinario. Dentro de la Armada remarcan precisamente esa diferencia: primero debe desarrollarse la instrucción, analizarse la conducta de cada integrante y garantizarse el derecho de defensa. La destitución es uno de los resultados posibles y constituye la sanción más grave dentro del régimen militar.
El segundo camino es judicial y transcurre de manera independiente. La Armada presentó el 15 de septiembre una denuncia ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, a cargo de Sebastián Ramos, para que se investiguen las eventuales responsabilidades penales.
Presti también se refirió en diálogo con TN a esa vía. “Más allá de la Justicia Federal, espero que los encuentren culpables, que devuelvan el dinero y que vayan presos”, afirmó.
Así, el caso quedó dividido en dos carriles. La Armada debe resolver las responsabilidades disciplinarias de sus integrantes y puede imponer las sanciones previstas por el régimen militar. La Justicia Federal, en cambio, deberá determinar si existieron delitos, quiénes participaron y qué responsabilidad penal corresponde a cada una de las personas investigadas.
La investigación interna reconstruyó pagos irregulares desde 2022
La reacción de la conducción militar es consecuencia de una investigación iniciada por la propia Armada y que se extendió durante varias semanas hasta reconstruir operaciones realizadas durante más de tres años.
Las primeras señales aparecieron en febrero de 2026, cuando una revisión sobre la liquidación de enero permitió detectar cinco acreditaciones incorrectas correspondientes a integrantes del Departamento Revista. Una vez detectados los pagos, el dinero fue devuelto.
En ese momento no había elementos suficientes para establecer que las inconsistencias formaban parte de un mecanismo deliberado. Tampoco existían indicios que vincularan personalmente al entonces jefe del Departamento Revista, capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff.
Las irregularidades iniciales llevaron, sin embargo, a reforzar los controles. En marzo se modificó parte del circuito administrativo: Tesorería pasó a encargarse de la tramitación de las acreditaciones ante el Banco de la Nación Argentina y Contabilidad comenzó a realizar de manera independiente la conciliación de la cuenta utilizada para pagar los haberes.
La decisión permitió separar la liquidación, la orden de acreditación y el control posterior de los movimientos bancarios.
El punto de inflexión ocurrió en agosto. Nuevas revisiones de períodos anteriores permitieron detectar pagos que no tenían respaldo en los haberes liquidados y, entre ellos, acreditaciones realizadas a María del Carmen Prieto, esposa de Atanasoff.
Fue el primer elemento que vinculó personalmente al jefe del Departamento Revista con las operaciones bajo análisis. Atanasoff fue relevado preventivamente de manera inmediata, se resguardaron los equipos informáticos empleados para preparar los archivos enviados al Banco Nación y se dispuso una revisión integral hacia períodos anteriores.
Entre el 20 de agosto y el 14 de septiembre, la Armada reconstruyó la operatoria, obtuvo información adicional del Banco Nación y abrió actuaciones administrativas de acuerdo con el Reglamento de Actuaciones Administrativas Militares.
El resultado fue considerablemente mayor que las primeras anomalías.
La revisión determinó que entre julio de 2022 y enero de 2026 se habían producido 645 acreditaciones indebidas a 23 beneficiarios por $981.148.567,88. El número es el monto histórico comprobado por la investigación interna y posteriormente incorporado a la denuncia penal.
Fuentes de alto nivel de la Armada ratificaron además a Infobae que esa es la cifra respaldada por la documentación reunida hasta ahora. Otras estimaciones superiores que circularon públicamente no forman parte de la cuantificación efectuada por la investigación interna que derivó en la denuncia judicial.
El dinero surgía de pagos bloqueados antes de su devolución al Tesoro
La pesquisa permitió también entender de qué manera se generaban los fondos utilizados para realizar los pagos.
La maniobra aprovechaba el período existente entre el cierre de la liquidación mensual y el envío definitivo del archivo de acreditaciones al Banco Nación.
Después de confeccionarse una liquidación pueden existir pagos que originalmente estaban previstos pero que finalmente deben bloquearse por distintas razones: una baja, un retiro, el fallecimiento de un integrante de la fuerza o un error detectado durante los controles.
Cuando eso ocurre, ese dinero ya no debe ser transferido al destinatario inicialmente previsto. Los fondos que finalmente quedan disponibles deben ser reingresados posteriormente a la Tesorería General de la Nación.
La investigación estableció que parte de esos recursos era aprovechada antes de la devolución para realizar las acreditaciones irregulares.
Había básicamente dos mecanismos.
En algunos casos se aumentaba de manera transitoria el monto correspondiente a una persona determinada. En otros se incorporaba directamente un pago para el cual no existía ninguna liquidación de haberes que pudiera justificarlo.
Las modificaciones se realizaban después de los controles ordinarios y antes del envío definitivo de los archivos al Banco Nación. Eso permitía incluir los pagos cuestionados dentro de un volumen mensual superior a las 24.000 acreditaciones correspondientes al personal de la Armada.
El sistema tenía además una instancia posterior que dificultaba la detección.
Después de confeccionarse el archivo destinado al banco, los registros modificados podían ser restituidos a sus valores anteriores. Como consecuencia, la transferencia efectivamente recibida por un beneficiario podía no coincidir con el monto que luego aparecía en su recibo de haberes dentro del sistema.
La diferencia quedó expuesta cuando los investigadores comenzaron a comparar las distintas fuentes de información: las liquidaciones originales, los recibos publicados, las diferentes versiones de los archivos confeccionados para pagar y las confirmaciones bancarias.
La evidencia reunida tiene un elemento especialmente relevante para la investigación: las acreditaciones se hicieron mediante transferencias bancarias a cuentas a nombre de los respectivos beneficiarios. Por eso fue posible vincular los pagos cuestionados con personas concretas y contrastarlos con los haberes que legítimamente debían percibir.
La pesquisa contó también con información extraída de los equipos informáticos preservados por la Armada, registros enviados por el Banco Nación y las actuaciones administrativas desarrolladas después de detectar el mecanismo.
Cuatro de los 23 beneficiarios no tenían relación laboral ni funcional con la Armada. En conjunto recibieron 184 acreditaciones por $434.200.718,04, equivalentes al 44,25% del total histórico reconstruido.
María del Carmen Prieto fue la mayor beneficiaria individual. Según consta en la denuncia a la que accedió Infobae, recibió 46 acreditaciones por $152.259.495,86. Prieto es esposa de Atanasoff.
Damián Andrés Santana recibió 47 acreditaciones por $99.496.225,47 y Amalia Cristina Díaz registró 46 pagos por $91.978.048,38. La documentación de la Armada identifica a los cuatro receptores externos como personas que no tenían relación funcional con la institución.
Las actuaciones administrativas atribuyen a Atanasoff un papel central.
Según la documentación interna a la que accedió Infobae, el entonces jefe del Departamento Revista manifestó durante la investigación que conocía los pagos realizados a las personas ajenas a la Armada, que las acreditaciones se hacían manualmente, que él definía los beneficiarios y los importes y que ejecutaba personalmente las operaciones.
El informe interno agrega un elemento de especial importancia: Atanasoff manifestó que ese mecanismo tenía como finalidad favorecer económicamente no solamente a los beneficiarios externos, sino también a las restantes 19 personas pertenecientes a la Armada alcanzadas por la investigación.
Ese dato conecta su declaración administrativa con el conjunto de los 23 beneficiarios identificados.
La Justicia Federal y la Armada deberán determinar responsabilidades individuales
La investigación reconstruyó además situaciones particulares dentro de la fuerza.
El capitán de Corbeta Contador Roberto Eduardo Castro aparece en la denuncia por haber recibido, durante determinados períodos, haberes en la Argentina en simultáneo con los que percibía mientras estaba destinado en el exterior.
La situación resultó significativa porque el sistema identifica automáticamente al personal destinado fuera del país y lo excluye de los archivos utilizados para pagar haberes localmente. La investigación sostuvo que esos pagos sólo pudieron concretarse mediante la incorporación de registros por fuera del proceso automático.
También fueron detectadas acreditaciones a Luana Magalí Piedigrossi, esposa de Castro, durante períodos en los que estaba de licencia sin goce de haberes.
Otros integrantes aparecen en las actuaciones como perceptores de sumas posteriormente restituidas.
Los capitanes de Corbeta Contadores Ariel Vicente Gallo, Roberto Eduardo Castro, Cristian Sebastián Lobato y Juan Carlos Barrios realizaron transferencias a la cuenta operativa del Servicio Administrativo Financiero por importes percibidos en exceso con los haberes correspondientes a enero de 2026.
También efectuaron devoluciones los capitanes de Corbeta Gerardo Horacio Heredia, Anabela Alejandra Farias y Mathías Agustín Pieroni. Los tres transfirieron el 11 de septiembre la totalidad de las sumas que habían recibido indebidamente.
La existencia de un cobro indebido no determina por sí sola el grado de responsabilidad de cada perceptor. Tanto la investigación disciplinaria como la causa federal deberán establecer qué conocimiento tenía cada uno sobre el origen de las acreditaciones y qué intervención pudo haber tenido en el mecanismo.
Hasta el momento de formularse la denuncia habían sido restituidos $42.574.267,63. Por eso, del monto histórico de $981.148.567,88, permanecía una diferencia de $938.574.300,25.
La Armada aclaró desde el inicio que las devoluciones posteriores no modifican el volumen histórico de las acreditaciones detectadas. Permiten únicamente establecer cuánto dinero fue recuperado y cuánto permanecía pendiente al momento de llevar el caso a la Justicia.
El 15 de septiembre, una vez reunidos los elementos técnicos, bancarios y administrativos, la denuncia fue presentada por el capitán de Navío Contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada.
La presentación puso a disposición de la Justicia informes técnicos, documentación bancaria, planillas con las inconsistencias, declaraciones administrativas y registros informáticos. La Armada también ofreció los equipos preservados y cualquier otro soporte requerido por el juzgado.
Al día siguiente llegó la reacción disciplinaria.
Romay resolvió apartar de sus cargos a todo el personal militar alcanzado por las actuaciones y dio inicio a la instrucción por una falta gravísima.
La Armada ya designó a un abogado militar para conducir esta primera etapa del procedimiento. Los involucrados podrán contar con defensores y presentar las pruebas y explicaciones que consideren pertinentes. Posteriormente deberá completarse la estructura disciplinaria encargada de evaluar las actuaciones y resolver las sanciones.
La máxima pena posible dentro de ese camino es la destitución.
La secuencia institucional quedó así definida: la propia Armada detectó las anomalías, reforzó los controles, reconstruyó operaciones que se remontaban a 2022, apartó preventivamente al responsable del área, preservó la evidencia, realizó una investigación administrativa, presentó el caso ante la Justicia y finalmente inició el proceso disciplinario sobre sus propios integrantes.
La fuerza sostiene que la respuesta busca evitar que la conducta de un grupo de miembros comprometa el prestigio de una institución integrada por alrededor de 24.000 personas.
La cantidad precisa de militares alcanzados también quedó ahora delimitada con mayor claridad. Fuentes oficiales de la conducción de la Armada indicaron a Infobae que son diez los efectivos comprendidos en las actuaciones disciplinarias, mientras que los restantes beneficiarios identificados son civiles o personas que no integran la fuerza.
El resultado del proceso no está formalmente decidido. La instrucción disciplinaria comenzó esta semana y debe analizar cada caso. Pero tanto Defensa como la conducción naval dejaron definida la orientación con la que pretenden avanzar.
Presti pidió que se adopten las máximas medidas dentro de la institución. La Armada apartó a todos los militares alcanzados. Y en paralelo, la Justicia Federal deberá determinar las responsabilidades penales por un esquema que durante más de tres años permitió desviar casi $1.000 millones mediante modificaciones introducidas en el circuito utilizado para pagar los salarios.
POLITICA
Un ministro de Kicillof y un intendente se sumaron a la carrera por la gobernación bonaerense: quiénes son los otros aspirantes
La carrera por la sucesión de Axel Kicillof comenzó a sumar postulantes dentro del peronismo bonaerense. Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, y Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, hicieron públicas sus intenciones de competir por la Gobernación en 2027, en medio de las discusiones por el futuro político del oficialismo.
“Me gustaría conducir los destinos de esta provincia”, afirmó Katopodis en una entrevista con Radio Brisas. El funcionario sostuvo que cuenta con experiencia para asumir el desafío y planteó que buscará darle continuidad a la gestión del actual gobernador, aunque también impulsar cambios.
“Me tocó estar en San Martín, en el Gobierno nacional y ahora me toca en la provincia. Pude gobernar y gestionar los tres niveles del Estado, y la verdad que me siento con la confianza suficiente como para encarar todos los cambios, pero también de darle continuidad a todo lo que Axel viene haciendo en todos estos años”, expresó.
Katopodis también cuestionó el rumbo del gobierno de Javier Milei y señaló que el peronismo debe construir una alternativa nacional para las próximas elecciones presidenciales. “Nuestra prioridad es que podamos poner a la Argentina en otra dirección, estamos convencidos de que el rumbo en el que está es equivocado”, sostuvo.
El mundo actual se encuentra en una larga fase de profunda transformación acelerada, atravesada por una serie de factores estructurales que permiten pensar que el segundo cuarto de siglo será muy distinto al primero. Los principales vectores de esa metamorfosis son la frenética evolución tecnológica, con la IA como símbolo; los efectos del cambio climático; la brusca alteración demográfica, con menor natalidad y mayor longevidad; el derrumbe del viejo orden internacional basado en reglas y el predominio de los liderazgos autocráticos; y la reconversión del capitalismo global, más concentrado y menos occidentalizado. La humanidad se reformula a partir de las tensiones que se derivan de un caótico entrecruzamiento de factores económicos, políticos, sociales y tecnológicos.
En ese contexto, la Argentina también atraviesa su propia etapa de reconfiguración, que se deriva de los fenómenos globales, pero que tiene sus propios componentes. Javier Milei rompió el tablero político que se venía estructurando en torno de dos coaliciones, y ese sistema todavía no se volvió a rearmar. Deambula entre el regreso a una nueva polarización, el demorado surgimiento de nuevas figuras, o la fragmentación. La irresolución de este dilema es ganancia para el Gobierno, que atraviesa meses difíciles sin que nadie termine de capitalizar esa vacancia.
La llegada del poder libertario también trajo aparejado un recambio abrupto de la lógica económica, que pasó de un estatismo decadente a un libremercadismo irrestricto. Los efectos en la nueva matriz productiva son los que hoy mantienen en tensión a todos los indicadores, con sectores vinculados a las cadenas globales muy dinámicos (los RIGI-beneficiados), y otros más dependientes del mercado interno en tendencia declinante (los industri-deprimidos).
En el aspecto económico, a diferencia de lo que ocurre en el plano político, la irresolución es una desventaja para el Gobierno. Por eso sufre este largo valle con la sensación instalada de que la economía no está funcionando de acuerdo con las expectativas. El debate dentro de la mesa política sobre la conveniencia de acelerar o no el acuerdo político que reclama Luis Caputo, así lo refleja.
Pero debajo de esos movimientos visibles se viene produciendo una serie de transformaciones sociales, que se iniciaron en décadas pasadas, pero que cobraron nueva dimensión a partir de la pospandemia. En líneas generales, las tres tendencias históricas marcan que la Argentina ha tendido a ser estructuralmente más pobre, más vieja y más urbana. Se ha venido incubando una redefinición de la composición social del país, que exhibe rasgos diferentes a los que ofrecía décadas atrás, cuando se configuraron las instituciones y organizaciones que emergieron como ordenadores de la vida comunitaria. Es decir, se está haciendo cada vez más palpable el desfase entre una arquitectura institucional concebida para lógicas del siglo XX y las mutaciones que rediseñan una sociedad en modo siglo XXI.
Ese descalce genera tensiones naturales porque hay una pronunciada crisis de representación en todos los órdenes. En parte este déficit fue aprovechado por el Milei original para plantar su bandera en contra del sistema político y económico. Pero su rol como catalizador de ese desencanto exhibe limitaciones. Por ejemplo, el sector más descontento con el Gobierno es la clase media, porque es la que más sobrecarga sufrió por la eliminación de subsidios y los incrementos de servicios y tarifas, prepagas, escuelas; es la que perdió capacidad de ahorro y se endeudó en montos mayores. Es la que más recortó sus expectativas.
Esa clase media es la principal víctima de la transformación socioeconómica de las últimas décadas, que pasó de ser un símbolo de la movilidad ascendente y un rasgo característico de la Argentina en comparación con otros países de la región, a sufrir un angostamiento marcado en número y capacidades, para dar lugar a la nueva clase que define las dinámicas sociales: la media-baja. Si la Argentina de la segunda mitad del siglo XX se definía por su clase media, ahora lo hace por su clase media-baja.
En la última medición de Management & Fit, la clase media fue la que peor calificó la coyuntura, fue incluso más dura que la clase baja. Por ejemplo ante la pregunta “¿cómo evaluás la situación económica del país?”, el 42,1% de los sectores medios la calificó como “muy mala” contra el 31,6% de los más bajos. No es que están peor que los más pobres, se sienten peor.
Otro proceso similar parece ocurrir con los adultos. Si bien los jóvenes son los protagonistas de la época, los adultos progresivamente van siendo más numerosos. Y en ese corrimiento también se produce un descalce porque la expectativa de mejora es menor y la percepción de nueva frustración aumenta.
Una reciente encuesta de la consultora Mide, refleja un desencanto muy superior entre los mayores de 46 años, en comparación con las franjas etarias menores. Por ejemplo, entre el 64 y el 68% de ese segmento considera que el país va en la dirección equivocada (contra el 45% entre los sub 25 y el 51% de los sub 35); y entre el 60 y el 61% opina que la Argentina “está en una crisis profunda” (contra el 34% de los sub 25 y el 47% de los sub 35).
Según Gonzalo de Janin, que dirigió el trabajo, “hay distintas explicaciones para este desencanto maduro. Los mayores de 60 están afectados por la baja de las jubilaciones. Y los que están debajo de esa línea son los más afectados por la suba de los alquileres, las expensas, el colegio, la prepaga. También son los más críticos de las formas de Milei”. En el fondo, es un sector amplio que no termina de sentirse comprendido como parte del proyecto libertario, que tiene más mensajes para los jóvenes que para los adultos.
Esa descompensación también se ve en relación con la extrema urbanización de la población, que hace de la Argentina uno de los países del mundo con mayor proporción de gente que vive en ciudades, con alrededor del 90% del total de habitantes. Ese proceso de acumulación generacional por décadas enfrenta ahora un estrés productivo, porque el modelo económico que promueve el Gobierno tiende a favorecer las regiones andina, patagónica y pampeana, a partir de la expansión de la minería, los hidrocarburos y el campo.
Pero los cordones de las grandes urbes, dedicadas a industrias y algún tipo de servicios, emergen con mucha menos proyección. Tampoco el anterior modelo económico cerraba porque era extremadamente AMBA-céntrico y poco competitivo, pero lo padecía un interior más invisibilizado y una economía que requería de anabólicos que distorsionaban la macro.
En un trabajo reciente la consultora Moiguer retrataba estos contrastes a partir de preguntar por las expectativas que tenía en el país para los próximos doce meses. En el eje patagónico el 45% afirmó tener expectativas favorables; en el eje andino, el 41%; y en el pampeano, el 38%. Sin embargo en el AMBA esa misma respuesta solo alcanzó el 29%, la más baja a nivel nacional. Es un proyección de cómo cada región se visualiza en el futuro cercano. En el gran conurbano, el horizonte no ilumina un amanecer.
Identidades líquidas
Estos indicadores permiten observar un triple descalce por razones socio-económicas, etarias y geográficas. Transformaciones de larga data que reconfiguran el rostro de la Argentina y que se encuentran en situación de estrés nuevamente. No porque lo anterior haya dado respuestas, sino porque las mutaciones constantes las van redefiniendo.
Pero por debajo de estos movimientos, se consolida otro proceso, mucho más sutil pero profundo, que también impacta en la manera de entender la política: la tendencia social creciente hacia la individualización y a la desafiliación. El desplazamiento de las representaciones colectivas y la reclusión en las identidades comunitarias; donde el Estado, los partidos políticos y las organizaciones no simbolizan más que una burocracia inexpresisva, al mismo tiempo que un streamer, un influencer de cocina thai o una agrupación de mascotas pueden provocar adhesiones mucho más firmes. Se pasó de una era de adhesión ideológica a otra de identificación personal.
En el libro que acaban de publicar los sociólogos Ignacio Ramírez y Luis Alberto Quevedo, titulado “La gran transformación de la cultura política argentina”, le dedican un capítulo al tema y analizan su impacto en ese ámbito. Escriben allí que “la vida colectiva perdió parte de su espesor democrático” en la Argentina, que “en la pospandemia muestra una tendencia desintegradora: una erosión sostenida del capital social, visible en el aumento de la desconfianza, la fragmentación de las redes comunitarias y el debilitamiento del sentido de pertenencia colectiva”.
Es un fenómeno global, claramente, pero que en nuestro país encontró un cauce predominante en el proyecto libertario. Por eso los propios autores remarcan que “el triunfo de Javier Milei, más allá de sus aspectos más disruptivos, no puede leerse como una anomalía, sino como un emergente ‘normal’ de esta implosión social. Milei no convoca a la organización ni promete un horizonte compartido; no interpela a un pueblo, sino al sujeto solo, al individuo precarizado que ha perdido la fe en los otros. No ofrece comunidad, sino desquite”.
Este proceso de individualización es heredero del fracaso del último proyecto basado en las ideas del Estado presente y la justicia social, y su desplome definitivo con la pandemia. Su significación es muy profunda, porque marca un quiebre del proyecto colectivo, y el ingreso a una fase de autopreservación. Es lo que representa Milei y de allí la sintonía que logró con esa sociedad invertebrada, que se conecta por las redes. Al mismo tiempo, es una interpelación filosófica para el peronismo clásico, constructor del paradigma comunitario, dueño de la calle como espacio de expresión popular. Hay una fórmula desencajada allí.
Fuera de la militancia dura, los votantes de Milei apuestan a una relación instrumental: él es el que remueve los obstáculos para la realización personal. No aparece una vinculación política más profunda, ni siquiera un “nosotros” compartido. Es el que viene a romper las cadenas para que cada uno puede desarrollar su camino basado en sus méritos. Por eso la tolerancia social al ajuste de Milei ha sido por mucho tiempo una medida de hasta qué punto la gente había invertido su expectativa y su esfuerzo detrás de su promesa de redención.
Ese tipo de vínculo hace juego con la idea de la desafiliación, la crisis de vínculos que repele procesos de identificación muy profundos. Como explica Gala Díaz Langou, Directora del Panel Internacional para el Progreso Social: “La desafiliación es una crisis identitaria más profunda que la falta de confianza, que es algo más transaccional. Habla de un sentido de pertenencia más ontológico. Y hoy están en crisis las tres instituciones básicas de socialización: la familia, la escuela y el trabajo, pero también las entidades en general. En el plano político es más claro aún, empezando por la caída en la participación electoral”.
Un dato a seguir es el ritmo de consultas a la IA sobre cuestiones políticas. Es probable que en un clima de desafección identitaria muchos terminen directamente preguntando a la Inteligencia Artificial a quién votar. Una tecnificación del proceso democrático que entraña una dosis de despersonalización ideológica. Interesante será discernir quiénes van a promtear esas búsquedas.
El economista Alberto Ades, además de generar un revuelo de versiones por su reunión con Milei y su presentación ante el gabinete con observaciones sobre el programa, está presentando un libro que se llama “Lo que se desvanece”. Entre otros cambios de época reversiona al filósofo Zygmunt Bauman para hablar de “identidades líquidas”. Plantea allí que lo relevante es que las identidades dejaron de ser estáticas para pasar a una fase dinámica, y que “lo que se pierde, en todo caso, no son las identidades en sí, sino su pretensión de inmutabilidad”. En definitiva, la licuación de las pertenencias viene de la mano de una metamorfosis de las identidades. Muy complejo.
Esta es la sociedad a la que le va a tener que hablar la política de cara a las elecciones. Milei encontró en 2023 un discurso a partir del cual sintonizó la frecuencia de esas transformaciones. Hoy está en zona de fricción con una realidad que también a él se le va escurriendo. Él ya no representa lo mismo, y la gente también siguió sus movimientos de cambio. Por eso los descalces.
Pero mucho más inquietante es el cuadro para todos los que lo desafían, desde los posibles candidatos peronistas hasta los aprendices de outsiders. Intuyen que no conectan con los desencantados, pero no logran interpretar sus demandas. Hay una empatía esquiva que parte de pensar en una sociedad que ya se transformó, que desconfía de las intermediaciones y que es reticente a la hora de volver a pensarse como parte de un propósito colectivo.
Jorge Liotti,Conforme a
POLITICA
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Médicos residentes de los hospitales gestionados por el Gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires denuncian una situación laboral de extrema precariedad marcada por los bajos salarios, guardias colapsadas y éxodo de profesionales de la salud a otras jurisdicciones o al sector privado.
No se trata de una situación nueva. Recientemente, el 8 de octubre, los trabajadores residentes realizaron un paro en reclamo de mejores condiciones de trabajo y una movilización en La Plata, que concluyó con la entrega de una carta al Ministerio de Salud bonaerense y la Casa de Gobierno de la provincia.
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Los testimonios recogidos por Mundo Gremial afirman que los haberes que perciben los residentes se ubican en los $1.200.000. Un salario que no se condice con la carga laboral que llevan a cuestas en el marco de la falta de personal que deriva en una sobrecarga de actividad frente al desborde de las guardias.
Si bien también apuntaron contra la política económica de ajuste del Gobierno nacional sobre las provincias, no dejaron de observar que “Kicillof también ahí tiene su responsabilidad, primero porque es quien nos paga los sueldos”.
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“Hoy un residente que entra en primer año, sin ningún plus, cobra $1.200.000, lo cual entendemos que, en un marco en que un alquiler está alrededor de $600.000, no alcanza para llegar a fin de mes de ninguna manera”, indicaron, según el mencionado medio de comunicación, a lo que agregaron que “ganamos $6.000 la hora”.
La entrada Médicos apuntaron a Kicillof y denuncian que ganan $6.000 pesos por hora en los hospitales bonaerenses se publicó primero en Nexofin.
Axel Kicillof,Hospitales,Provincia de Buenos Aires,Salarios
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