POLITICA
Qué cambia con el proyecto que modifica la ley de tierras rurales: provincias, extranjeros, expropiaciones y desalojos
El Congreso argentino discute un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propone modificar la regulación sobre la propiedad privada y la tenencia de tierras rurales. El debate pone en el centro la posibilidad de que las provincias definan los límites para la compra de tierras por extranjeros, eliminando la restricción nacional del 15%. La discusión incluye aspectos sobre expropiaciones, desalojos, soberanía y el control de recursos estratégicos, en un contexto de falta de consenso político y con cambios en el dictamen de mayoría.
El proyecto de ley, conocido como Inviolabilidad de la Propiedad Privada, avanza en la Cámara de Senadores y busca reformar varias normas vigentes en la Argentina. El texto firmado en el Congreso todavía no cuenta con los votos necesarios para su aprobación. La iniciativa propone transferir a las provincias la facultad de regular la venta de tierras rurales a extranjeros, eliminando el límite nacional que establecía un máximo del 15% del territorio.
Uno de los puntos centrales del debate es la posible pérdida de control nacional sobre territorios y recursos estratégicos. La transferencia de la regulación a las provincias plantea interrogantes sobre la capacidad para restringir la extranjerización en áreas sensibles.
Juan Martín Paleo, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, advirtió en Infobae en Vivo: “La soberanía hoy no está en juego solo cuando se define quién tiene potestad o dominio sobre ese territorio, sino sobre los recursos críticos o estratégicos de ese territorio”. Paleo consideró que el título del proyecto busca “enmascarar detrás de un título algo más de fondo, que es justamente la modificación de la ley de extranjería”.
El militar también señaló que “hoy el dominio de las capacidades y las posibilidades de lo que está dentro del territorio es soberanía, es una forma de ejercer la soberanía”. Destacó la importancia de mantener el control estatal sobre activos estratégicos y alertó: “Los países modernos consideran que la soberanía se empieza a proteger desde medidas como estas”.
Comparación internacional y argumentos en el Congreso
Al mismo tiempo, Paleo expuso ejemplos de otros países. Mencionó que Brasil limita la adquisición de tierras por extranjeros y requiere aprobación de la Abogacía General de la Unión. Canadá impone restricciones a inversionistas extranjeros y controles provinciales estrictos. Estados Unidos prohíbe la extranjerización en territorios de frontera y está evaluando ampliar esas restricciones. También citó a Australia, Nueva Zelanda, China y México, que cuentan con regulaciones especiales sobre la propiedad de tierras y activos estratégicos.
La propuesta de transferir la regulación a las provincias generó desacuerdos. Paleo expresó: “Que tengan el poder de decisión absoluto para mí no es correcto. Primero, porque somos una nación”. Consideró que debe existir un acuerdo parlamentario para definir qué recursos son estratégicos y requieren protección nacional.
El debate incluyó la necesidad de una ley de protección de activos estratégicos. Paleo afirmó: “Lo que creo que debería haber discutirse previamente es una ley de protección de activos estratégicos. Así lo enumero, como tiene la mayoría de los países”.
Contexto político y geopolítico
El proyecto se discute en un contexto de falta de una directiva de Defensa Nacional actualizada. Paleo indicó que el gobierno no ha emitido ese documento, que orienta a las fuerzas armadas sobre los puntos estratégicos a defender. La directiva vigente data de 2021, firmada durante la gestión anterior.
El Congreso cuenta con dictámenes de mayoría y minoría, y el texto sigue en debate con modificaciones. El gobierno sostiene que la flexibilización de la normativa busca atraer inversiones y aumentar el ingreso de dólares al país. La discusión parlamentaria se produce en un escenario de tensión por la relación entre federalismo y control nacional de los recursos, así como por los antecedentes de cesión de soberanía en otras áreas.
La definición sobre el control de tierras rurales y recursos estratégicos sigue abierta, con posiciones encontradas sobre el alcance que debe tener la regulación y el rol del Estado frente a la inversión extranjera.
Cambios en la regulación de tierras rurales
El dictamen de mayoría elimina el límite nacional para la compra de tierras rurales por extranjeros. Cada provincia tendrá la potestad de fijar restricciones o no imponer ninguna. La medida también elimina el tope de mil hectáreas en la zona núcleo, lo que permitía evitar grandes concentraciones de territorio en áreas productivas.
La regulación actual establece que una persona extranjera, sea particular o Estado, puede adquirir hasta un 15% de tierras rurales del territorio nacional. Ese límite desaparece y pasa a depender de la decisión de cada provincia. Las jurisdicciones podrán autorizar, regular o vetar la compra de tierras por extranjeros según sus propios criterios.
Las limitaciones que existen para la compra de tierras por parte de Estados extranjeros también quedarán eliminadas. La discusión se centra en la posibilidad de que recursos hídricos estratégicos y áreas de frontera queden en manos extranjeras si las provincias no establecen restricciones.
Nuevos requisitos para expropiaciones y desalojos
El proyecto de ley modifica el régimen de expropiaciones y endurece los requisitos para que el Estado pueda avanzar sobre la propiedad privada. La declaración de utilidad pública deberá ser específica, necesaria y proporcional. Además, la indemnización tendrá que pagarse antes de la toma de posesión.
La iniciativa incorpora el concepto de lucro cesante. Los propietarios podrían reclamar no solo el valor actual del bien sino también la ganancia que podrían obtener en el futuro por su explotación. La resolución de estos reclamos podría judicializarse, según lo explicado en el debate legislativo.
Respecto a los desalojos, el Senado amplía el plazo de intimación por falta de pago de tres a diez días. El proyecto establece salvedades para garantizar que no habrá desalojos masivos, especialmente en barrios populares. La protección vigente suspende los desalojos hasta octubre de 2032, plazo durante el cual debería resolverse la regularización de la propiedad y el territorio.
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La Justicia federal investigará a Claudio Tapia por presunto enriquecimiento ilícito en su cargo en la CEAMSE
La Justicia federal de Comodoro Py investigará una denuncia contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito en su función como directivo de la CEAMSE, la empresa estatal mixta entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires que gestiona los residuos del Área Metropolitana.
La denuncia fue presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con Tapia, y sostiene que el dirigente registró “un crecimiento real de la liquidez” de aproximadamente el 1.000% entre 2017 y 2024, un salto que, según planteó, “excede con creces cualquier índice inflacionario del período” y no encuentra correlato en los ingresos lícitos que el propio Tapia declaró en ese lapso.
El caso había sido presentado originalmente ante la Justicia porteña, pero se abrió una disputa de competencia porque la CEAMSE es un organismo interjurisdiccional. El fiscal Gerardo Pollicita entendió en una primera instancia que la causa debía tramitar en la Ciudad, mientras que el fiscal José Agüero Iturbe sostuvo que correspondía a la Justicia federal; finalmente la Cámara Federal de Comodoro Py resolvió que el expediente quede radicado en el fuero federal, a cargo del juez Ariel Lijo. El magistrado ya había tenido un rol en otra causa vinculada a Tapia: en 2021 cerró una investigación por irregularidades en contratos firmados por la AFA, en la que Tofoni también resultó sobreseído. Hasta el momento no se produjeron medidas de prueba en el nuevo expediente.
Según el análisis que Tofoni acompañó en su presentación, en 2017 Tapia había declarado un patrimonio compuesto por cuatro propiedades con un valor fiscal de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo. La declaración jurada correspondiente a 2024, en cambio, consigna más de $1.002 millones en depósitos distribuidos en múltiples cuentas bancarias —entre ellas una cuenta corriente con más de 517 millones—, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en caja de ahorro a valor oficial, lo que representa una liquidez total cercana al millón de dólares. La denuncia también repara en los ingresos que Tapia declaró por sus otras funciones: $100.233.144 anuales como presidente de la CEAMSE y $718.536.500 anuales como vicepresidente de la CONMEBOL. La presidencia de la AFA, en tanto, es un cargo ad honorem.
Leer más: Yategate: la Justicia reactivó la causa contra Insaurralde y busca información sobre sus comunicaciones y cuentas en el exterior
Tapia integra la CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente por Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno porteño, y pasó a presidir el organismo a partir de 2024 por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Se trata de la segunda causa judicial que involucra el patrimonio de Tapia como funcionario público: el resto de los expedientes que enfrenta están vinculados a su gestión en la AFA, donde él y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, están procesados por retención indebida de impuestos, y son investigados además por el manejo de los fondos de la asociación, por presuntas facturas falsas y por la compra de una mansión en Pilar que se le atribuye a Tapia. Varias de esas denuncias también fueron presentadas por Tofoni, dueño de World Eleven, la empresa que organizaba partidos amistosos de la Selección argentina y cuyo contrato con la AFA fue dado de baja durante la gestión de Tapia.
Claudio Tapia, AFA, ceamse
POLITICA
Los cuadernos de las coimas: Baratta amplía su descargo con críticas a los empresarios que aseguraron haberle entregado dinero
Luego de que su situación en el juicio por los Cuadernos de las coimas se complicara con la declaración de directivos del grupo Techint, el exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido y uno de los principales recaudadores de la maniobra, amplía su declaración indagatoria por pedido de sus defensores y apunta contra los testigos que aseguraron haberle entregado dinero.
“Zabaleta, Betnaza y Paolo Rocca están todos sobreseídos. El único imputado y elevado a juicio oral por estos hechos soy yo”, sostuvo el exfuncionario.
Su descargo tiene como protagonistas a Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, que declararon como testigos y admitieron haber realizado pagos a Baratta, en un tramo del juicio que lo tiene solo al exfuncionario como acusado.
“Hubo una clara diferenciación en el trato y en los procesos de la etapa de instrucción. Hubo una clara asimetría procesal de Techint con respecto a otros empresarios”, siguió, con críticas a la instrucción y a la causa en general, a la que definió como una “operación de inteligencia”.
Los directivos de Techint fueron sobreseídos en el caso, en un expediente separado, porque la Justicia entendió que sus entregas de dinero no fueron parte del esquema de pagos ligado a la obra pública, sino que se habían producido en la crisis que el grupo atravesaba en Venezuela durante la expropiación de una de sus empresas. “Nadie apeló”, se quejó el exfuncionario.
Baratta, exsubsecretario de Planificación, está acusado como miembro organizador de la asociación ilícita que, según la fiscalía, habrían liderado Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2015.
Su situación es una de las más comprometidas en el caso: lo señalan los cuadernos de su exchofer Oscar Centeno, los dedos de muchos de los arrepentidos y testigos y distintos registros telefónicos.
Apoyado en diapositivas, ofreció un descargo que combinó una defensa de la gestión de Cristina Kirchner, críticas al actual Gobierno y la identificación de presuntas contradicciones en el relato de Betnaza y Zabaleta.
No aportó elementos que permitieran sostener que esos pagos no se ejecutaron, pero los negó. “A mí no me pagaron nada”, decía una de sus filminas. “Ni Zabaleta ni Betnaza me dieron nunca ningún pago, nunca, a través de un llamado telefónico, de los cientos que tuve, les solicité nada”, completó.
Noticia en desarrollo
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El oficialismo cambió de estrategia en Diputados y acompañó el debate sobre morosidad y discapacidad: “No quisieron dar la foto de más de 133”
La Cámara de Diputados aprobó un emplazamiento para que las comisiones avancen con proyectos sobre discapacidad y morosidad. La votación reunió 249 votos afirmativos, uno negativo y ninguna abstención. El cronograma prevé debates sobre discapacidad el 16 y 23 de septiembre, y sobre morosidad el 29 de septiembre. Así lo afirmó en Infobae A las Nueve Pablo Juliano, diputado nacional de Provincias Unidas.
El funcionario indicó que el oficialismo decidió participar ante la posibilidad de que el respaldo parlamentario creciera. “No quisieron dar la foto de más de 133”, sostuvo al referirse al número de legisladores que había apoyado una propuesta previa.
Juliano señaló que la Cámara alcanzó el quórum con 135 diputados, mientras integrantes de La Libertad Avanza permanecían de pie en el recinto. Según su interpretación, el Gobierno evaluó que no podía quedar fuera de una sesión centrada en asuntos que afectan a personas con deudas y a beneficiarios de prestaciones por discapacidad.
El emplazamiento fijó fechas para discapacidad y morosidad
El emplazamiento obliga a las comisiones a tratar los proyectos dentro de un calendario definido. La Cámara debatirá iniciativas sobre discapacidad los días 16 y 23 de septiembre. Las comisiones abordarán la morosidad el 29 de septiembre.
El diputado sostuvo que el debate sobre morosidad acumuló demoras. Indicó que presentó la misma propuesta 15 días antes de la sesión y que entonces obtuvo 133 votos. Para Juliano, ese antecedente permitió convocar la reunión parlamentaria que definió el nuevo cronograma.
Juliano cuestionó la posición inicial del oficialismo frente al quórum. Relató que representantes del Gobierno contactaron a su espacio durante la mañana de la sesión para comunicar que asistirían. También afirmó que La Libertad Avanza discutió internamente quiénes concurrirían al recinto.
El legislador vinculó la decisión con el respaldo de bloques provinciales. Dijo que esos espacios aportaron votos para alcanzar el quórum y para aprobar el emplazamiento. A su vez, planteó que las dificultades financieras tienen expresiones distintas en cada región del país.
Deudas y acceso al crédito
El funcionario planteó que el Congreso debe buscar una respuesta para las personas con morosidad sin afectar el acceso al crédito. “Yo quiero que el Congreso pueda colocar alguna especie de solución”, afirmó. Su propuesta busca combinar herramientas de refinanciación, criterios de segmentación y un mecanismo no judicial para resolver conflictos.
Al mismo tiempo sostuvo que la Comisión de Presupuesto podía demorar el debate. Explicó que el Gobierno propuso sumar a ese cuerpo junto con las comisiones de Usuarios y Consumidores y Finanzas. Juliano pidió excluirla para evitar iniciativas con impacto fiscal y acelerar la elaboración de un dictamen.
Según explicó, el tratamiento debe concentrarse en medidas que no expongan el proyecto a un veto presidencial. Propuso revisar experiencias de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y La Rioja. Mencionó planes de refinanciación y programas dirigidos a trabajadores del sector público.
El legislador también propuso crear una instancia extrajudicial inspirada en la mediación. Ese procedimiento buscaría ofrecer una salida para quienes acumulan deudas y evitar nuevas situaciones de mora. Juliano afirmó que la medida podría reunir consensos entre bloques con posiciones distintas.
Consecuencias de la mora
Juliano advirtió que las deudas impagas pueden dejar a personas fuera del sistema financiero durante años. Señaló que su proyecto, llamado Segunda oportunidad, busca revisar ese efecto. La iniciativa apunta a distinguir entre quienes acumulan obligaciones de bajo monto y quienes registran incumplimientos mayores.
El diputado afirmó que el 40% de las personas con morosidad tiene menos de 25 años. Consideró que una deuda inicial no debería impedir el acceso posterior a créditos. También cuestionó que una persona quede registrada durante cinco años por obligaciones que luego regularizó.
Aismimos citó cifras que, según dijo, surgen de estudios del Banco Central. Indicó que las personas con más de tres meses de mora arrastran entre $370.000 y $420.000. Añadió que cerca de 1,8 millones no logran salir de esa situación.
El legislador diferenció los niveles de morosidad según el tipo de prestador. Afirmó que los bancos registran cerca de 7%, las billeteras virtuales entre 19% y 21%, y los prestadores no bancarios alcanzan 36%.
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