Connect with us

POLITICA

Qué debe hacer Argentina en materia de terrorismo para ingresar al programa de exención de visas de EEUU

Published

on



“Antes de que yo me vaya como embajador, vamos a tener Visa Waiver. Es una promesa.” Con esa frase, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, volvió a instalar el debate sobre el ingreso del país al programa que permite viajar a territorio estadounidense sin visa. La declaración la hizo en una entrevista con el canal TN, aunque de inmediato moderó las expectativas: “No va a pasar en tres meses, ni en seis meses, ni en un año”. Precisó que restan cumplir alrededor de quince requisitos técnicos y de seguridad, entre ellos uno que apunta al corazón del sistema antiterrorista bilateral: la capacidad de la Argentina de compartir en tiempo real con Washington información sobre personas sospechadas de vínculos con el terrorismo y de responder a los requerimientos que las agencias estadounidenses formulen sobre individuos de su interés.

¿Qué es la Visa Waiver?

El Programa de Exención de Visas —conocido por su nombre en inglés, Visa Waiver Program— permite a los ciudadanos de los países adheridos ingresar a los Estados Unidos sin necesidad de tramitar una visa, por períodos de hasta 90 días con fines turísticos o de negocios. En lugar de la visa, los viajeros deben obtener una autorización electrónica previa a través del sistema ESTA (Electronic System for Travel Authorization). El programa, administrado por el Departamento de Seguridad Nacional, tiene hoy 42 países miembros, todos ellos de Europa, Asia-Pacífico y América —Chile es el único país de América Latina incluido—, y su ingreso está condicionado al cumplimiento de estrictos requisitos de seguridad, intercambio de información y tasas de rechazo de visas.

Advertisement

La Argentina integró el Programa de Exención de Visas entre el 8 de julio de 1996 —cuando se convirtió en el primer país de América Latina en acceder al beneficio— y el 21 de febrero de 2002, fecha en que fue excluida de forma inmediata. La razón fue la grave crisis económica de diciembre de 2001: el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en consulta con el Departamento de Estado, determinó que la situación configuraba una “emergencia económica” que había disparado el número de ciudadanos argentinos que ingresaban al país bajo el programa y permanecían de manera irregular una vez vencido el plazo de 90 días. Esa causal habilita la suspensión inmediata de un miembro según la propia ley que regula el programa. Argentina y Uruguay —excluido en abril de 2003 por razones similares— son los únicos dos países que alguna vez perdieron el beneficio.

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina, aseguró: “Antes de que yo me vaya como embajador, vamos a tener Visa Waiver. Es una promesa

El Programa de Exención de Visas está regulado por la sección 217 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Para que un país sea designado con este beneficio, la norma exige que emita pasaportes electrónicos con datos biométricos; que informe a Estados Unidos el robo o la pérdida de pasaportes dentro de las 24 horas de tomado conocimiento; que coteje contra las bases de INTERPOL a las personas que ingresan por sus puestos fronterizos; que acepte la repatriación de sus nacionales con orden firme de expulsión en un plazo de tres semanas; y que celebre acuerdos para intercambiar información sobre viajeros que representen una amenaza. La ley también prevé que el director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos realice una evaluación independiente sobre la amenaza terrorista en el país candidato y sobre su capacidad real de compartir información.

A eso se suma el requisito más citado y el más difícil de disimular: una tasa de rechazo de visas de visitante inferior al 3% en el último año fiscal completo. Según las cifras difundidas por el Departamento de Estado, la Argentina cerró el año fiscal 2024 en 8,90% y el 2025 en 7,47%.

Advertisement

Detrás de la fórmula “compartir información” hay dos instrumentos bilaterales concretos.

El primero es la iniciativa HSPD-6, llamada así por la Directiva Presidencial de Seguridad Interior 6 firmada el 16 de septiembre de 2003 por el presidente George W. Bush, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Lo negocian la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado y el Terrorist Screening Center del FBI. A través de él, el país socio aporta las identidades de las personas que él mismo determinó que son terroristas conocidos o sospechosos: nombres y alias, fechas y lugares de nacimiento, nacionalidades, números de pasaporte y documentos de viaje, fotografías, datos biométricos. No se transfieren fuentes ni métodos: los registros se depuran de información clasificada y solo se exporta la capa identificatoria. Ese material se incorpora a la base consolidada estadounidense, contra la cual se chequea después cada solicitud de ESTA (Electronic System for Travel Authorization), el permiso electrónico que reemplaza a la visa. Entre 2008 y 2015, los países del programa aportaron por esa vía datos sobre unos 9.000 terroristas conocidos o sospechosos, de los cuales alrededor de 3.500 eran desconocidos hasta ese momento para Washington.

La iniciativa HSPD-6, fue firmada el 16 de septiembre de 2003 por el presidente George W. Bush, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (Photo by SETH MCALLISTER / AFP)

El segundo es el acuerdo PCSC —Preventing and Combating Serious Crime—, derivado de una ley estadounidense de 2007. Funciona al revés: no es la entrega de una lista, sino una consulta caso por caso. Estados Unidos envía una huella dactilar y pregunta si la persona registra antecedentes por delitos graves; la respuesta automática es solo “sí” o “no”, y recién ante una coincidencia se liberan los datos biográficos. Las huellas sin coincidencia se destruyen.

Advertisement

Desde 2022, el Departamento de Seguridad Nacional agregó un tercer instrumento, el Enhanced Border Security Partnership, de alcance más amplio, que hoy es objeto de negociación con la Unión Europea.

Hay un antecedente que ilumina el problema. En agosto de 2015, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos estableció que ya no alcanzaba con suscribir estos acuerdos: para permanecer en el programa había que implementarlos. La razón la documentó la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO por sus siglas en inglés: Government Accountability Office) la auditoría del Congreso estadounidense.

El 28 de julio de 2025, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la ahora ex secretaria de Seguridad Nacional estadounidense Kristi Noem firmaron un Acuerdo Administrativo de Verificación Electrónica (REUTERS)

Dónde está parada la Argentina

El 28 de julio de 2025, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense Kristi Noem firmaron un Acuerdo Administrativo de Verificación Electrónica y un Memorando de Cooperación SAFE, y anunciaron formalmente el inicio del proceso de ingreso al Visa Waiver. No hay, hasta donde es público, un anuncio que identifique instrumentos firmados bajo las denominaciones HSPD-6 o PCSC.

Advertisement

Sobre la cuestión de las capacidades para detectar terroristas y transmitir la información a los Estados Unidos, Infobae consultó al doctor Juan Félix Marteau, abogado con amplia trayectoria en la materia: fue responsable de diseñar el primer proyecto de ley para reprimir el terrorismo y su financiamiento en Argentina cuando se desempeñó como Coordinador Nacional ante el GAFI (Grupo de Acción Financiera)—proyecto que luego se convirtió en ley— y ha trabajado para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en cuestiones de financiación del terrorismo.

— ¿Cuál es la relación entre el otorgamiento de una Visa Waiver y el problema del terrorismo?, le pregunto este medio al abogado.

— Los Estados Unidos como el gran poder político que es tiene la capacidad de colocar la cuestión de su seguridad nacional en todas las esferas en las que se vincula con otros países. Luego de los atentados del 11 de septiembre, el problema de la información sobre amenazas terroristas se tornó una cuestión crucial. Sabemos que el Congreso de los Estados Unidos pudo comprobar que las agencias de inteligencia americanas contaban con información sobre los atacantes y no habían sido efectivas a la hora de compartirla y analizarla adecuadamente para prevenir los atentados. Después de ese episodio, los Estados Unidos entienden que su seguridad nacional no depende solamente de sí misma, sino del grado de compromiso que logra con los países a nivel global. Un cuarto de siglo después de este episodio que inició una nueva era en materia de seguridad internacional, podemos comprobar que la cuestión terrorista sigue siendo no solo central, sino también más amplia: involucra también las finanzas del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Incluye, además, la migración y el acogimiento de combatientes terroristas extranjeros hacia países que están más cerca de las fronteras americanas. Y por supuesto, absorbe las nuevas capacidades tecnológicas que actores estatales y no estatales pueden utilizar de modo muy efectivo contra estructuras críticas de los Estados Unidos y sus aliados. Considerando este contexto, no hay que pensar mucho para entender que el otorgamiento del beneficio de una Visa Waiver exija que los países cumplan con recaudos en materia de detección de terroristas.

Advertisement

El país sufrió dos atentados terroristas: contra la embajada de Israel y la AMIA (Adrián Escandar)

Argentina en materia de terrorismo

Al ser consultado sobre lo que el país ha hecho en materia de terrorismo durante los años en que no gozó del Visa Waiver, Marteau dijo que le preocupa menos la visa que lo que la Argentina ha realizado para cuidarse a sí misma. A su juicio, el país tuvo muchas dificultades para asimilar la cuestión terrorista como un asunto de interés nacional y terminó por absorber presiones internacionales para producir dispositivos no del todo efectivos.

El rasgo más distintivo que señaló el especialista es que la Argentina es el único país de la región que sufrió dos ataques terroristas en el corazón de Buenos Aires —la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994— y que ambos quedaron impunes. “No deja de ser sorprendente que esos hechos no generaron de modo inmediato una reacción institucional consistente para prevenir nuevos ataques”, advirtió.

Marteau recordó que hubo que esperar hasta 2007 para que el Congreso reprimiera por primera vez el terrorismo y su financiación. Su propia experiencia en la discusión parlamentaria de esa norma, dijo, le permitió comprobar “el peso que tenían las ideologías y nuestro pasado con la subversión interna, que impedían entender lo que verdaderamente estaba en juego en el nuevo terrorismo internacional”.

Advertisement

El abogado trazó luego un recorrido por los años siguientes. Señaló que el “peor progresismo garantista” no solo desmanteló los servicios de inteligencia, sino que además impulsó “un pacto delirante con los iraníes acusados por la Justicia Federal Argentina de ser nuestros atacantes”. Durante el gobierno de Mauricio Macri, precisó, se creó el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) para cumplir con el GAFI: un mecanismo que receptaba la lista de terroristas de Naciones Unidas y disposiciones judiciales, pero que no tenía vínculos con información de inteligencia y seguridad, lo que lo tornaba ineficaz. Durante la administración de Alberto Fernández, agregó, se llegó al punto de velar los nombres de los agentes de inteligencia en causas judiciales, con el consiguiente riesgo para su seguridad física.

La afinidad política y personal entre el presidente Javier Milei y el presidente Donald Trump genera condiciones favorables para la Argentina (AP)

“El intercambio de información sobre terrorismo entre un país como los Estados Unidos, un líder global, y la Argentina, un líder regional significativo, se basa en la confianza”, subrayó el especialista. El desafío, opinó, es que esa relación sea duradera y de beneficios mutuos.

Marteau destacó que la afinidad política y personal entre el presidente Javier Milei y el presidente Donald Trump generó condiciones pocas veces vistas para lograr beneficios mutuos, aun considerando la enorme disparidad de poder entre una hiperpotencia y un país mediano como la Argentina. A su entender, la actual administración puso en valor el concepto de orden, por tantos años denostado. “El orden es lo primero. La libertad, el bienestar y el desarrollo solo se alcanzan en un marco político ordenativo”, afirmó, y señaló que ello tiene impacto directo en las relaciones con los países con los que la Argentina quiere cooperar en materia de seguridad.

Advertisement

El abogado recordó que, durante la visita de Noem, se firmaron el Acuerdo Administrativo de Verificación Electrónica y el Memorando de Cooperación SAFE. Mencionó también que, con el apoyo del FBI, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) creó el Centro Nacional Antiterrorista (CNA), con la finalidad de coordinar el esfuerzo nacional e incrementar la cooperación internacional en materia de terrorismo. Marteau consideró que esa iniciativa implica “una alineación directa con los requerimientos del programa americano”.

El especialista advirtió que lo más importante para Estados Unidos es que sus aliados no solo creen los dispositivos requeridos, sino que además sean realmente efectivos. “Las fotos están bien para mostrar quiénes son los amigos, pero la única verdad es la eficacia en el control de las amenazas”, sostuvo. Opinó que esa efectividad, en países con tantas urgencias como la Argentina, solo se logra con incentivos de peso: entre ellos, la propia percepción de que el país es más seguro cuando da y recibe información sobre amenazas. Señaló que la capacitación de los funcionarios en sistemas de intercambio de información es central, pero que lo más relevante es que esos funcionarios se sientan parte del proceso y tengan compromiso pleno con las necesidades del país.

“Desde el punto de vista argentino, es una buena oportunidad para que nuestros servicios de inteligencia pierdan definitivamente el lastre de ser considerados solo una caja averiada al servicio de intereses facciosos y se conviertan en una institución profesionalizada esencial para cuidar los intereses nacionales”, concluyó el abogado.

Advertisement

Embajada Estados Unidos,visados,trámites,espera,Gobierno,inmigración,ciudadanía,fila,oficial,documento

POLITICA

Sigue la motosierra: el Gobierno prepara un decreto con un plan de retiros voluntarios para empleados públicos

Published

on



En cuestión de días, el Gobierno publicará un decreto que efectivizará un plan de retiros voluntarios para el personal civil de planta permanente, el cual abarcará tanto a los empleados públicos que integran la administración pública nacional centralizada y los organismos desconcentrados.

El objetivo de la medida no es otro que el de continuar reduciendo el número de trabajadores que trabajan en el Poder Ejecutivo y sus dependencias. Una estimación realizada por el propio gobierno arrojó que la actual gestión libertaria redujo en 74.332 personas la dotación entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, una baja de 21,6% que incluyó a la administración pública y a las empresas estatales. El Gobierno estimó que la disminución representó un ahorro superior a USD 2.500 millones desde el inicio de la gestión.

Advertisement

Dos funcionarios del Gobierno confirmaron a Infobae que el decreto se publicará en cuestión de días y que ya terminó de confeccionarse y que las inscripciones para los retiros voluntarios arrancarán en noviembre. “Se va a comunicar en breve para que los que estén interesados puedan ir asesorándose”, afirmaron. La información fue revelada primero por la periodista Florencia Donovan de La Nación.

La medida fue trabajada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que lidera Federico Sturzenegger, ya que es el área competente para la aplicación de medidas vinculadas a las reformas de la dotación estatal. Más específicamente, esas cuestiones competen al Secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, que tiene a su cargo a la subsecretaria de Modernización del Empleo Público, Rosana Reggi, y el subsecretario de Reforma Estatal, Alejandro Tamer.

Una estimación realizada por el propio gobierno arrojó que la actual gestión libertaria redujo en 74.332 personas la dotación entre noviembre de 2023 y agosto de 2026

En el Gobierno esperan que la convocatoria sea amplia y que se anoten, de mínima, más de 1.000 personas. Explican que habrá tres grupos en particular a los que se les orientará el retiro:

Advertisement
  1. Empleados que están en edad para jubilarse y que tengan los años de aportes
  2. Empleados en edad para jubilarse pero a pocos años de cumplir con los aportes necesarios
  3. Empleados más jóvenes pero que quieren irse de la función pública

“A los primeros les permitiríamos iniciar los trámites y facilitar el proceso. A los segundos les puede llegar a servir porque con ese dinero se paga la moratoria y después se jubila. Y quienes todavía no tienen la edad para jubilarse pero se quiere ir, seguramente le sirva llevarse la plata. Para cada uno de estos grupos, el dinero que se va a llevar es diferente, por supuesto”, explica una fuente que vio el decreto.

Milei defendió su política de recorte en la dotación pública una semana atrás durante una entrevista con Bloomberg en Nueva York. Consultado por el aumento de la desocupación, el Presidente se defendió diciendo que “la economía argentina ha generado 520.000 puestos de trabajo y, si uno suma que además echó a 80 mil del sector público, la expansión es de 600 mil”.

Consultado por Infobae, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, expresó el rechazo sindical que produce la inminente medida: “Para nosotros no existe el retiro voluntario. Se tratan de despidos encubiertos. Son medidas que buscan seguir el achique del Estado y la disminución de la planta del Estado. Desde ATE rechazamos y en el caso de que esto avance y se instrumente de manera generalizada, se alentará a los trabajadores para que no adhieran a cualquier régimen. No descartamos que en la asamblea se apliquen medidas de fuerza para repeler esta posibilidad”.

Asimismo, puntualizó que ya hubo aproximaciones para que se hiciera en organismos como el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en la Administración de Parques Nacionales (APN), o en el PAMI. Ya se implementaron esquemas similares en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) o en la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). “No están en condiciones de hacerlo en la administración pública porque depende en cada caso de los convenios colectivos sectoriales y de la Ley de Contrato de Trabajo, así como también la Ley de Empleo Público que rige en cada uno de los organismos”, agregó.

Advertisement

El logo del INTA, uno de los organismos que ya tuvo un régimen de retiros voluntarios

Cabe hacer la distinción. Al menos por lo que se comunicó por vías oficiales -pero de manera informal-, la medida no sería para los organismos descentralizados pero sí para los organismos desconcentrados. Estas últimas son dependencias públicas que pertenecen a la administración central, pero que no tienen personalidad jurídica propia, un aspecto determinante que los diferencia de los primeros.

El programa de retiros voluntarios del INTA ofreció el pago equivalente a 1,5 salarios por cada año de servicio, con topes diferenciados según la edad del trabajador. El INTA contaba a principios de año con 5.750 trabajadores activos y el objetivo oficial era reducir la dotación a un promedio de 4.500 empleados, lo que implicaba una meta de 1.200 desvinculaciones, equivalentes a una baja de alrededor del 21% de la planta. El plazo debió extenderse porque las adhesiones no avanzaban al ritmo esperado y, finalmente, el programa cerró con 905 agentes adheridos, el 75,4% de la meta prevista y el 15,7% de la dotación total. De ese total, 377 ya recibieron la aprobación de su retiro, mientras que otros casos quedaron sujetos a un análisis particular del Consejo Directivo.

Los números del recorte estatal

La revisión de estructuras, los retiros voluntarios y la reorganización del gabinete modificaron el mapa laboral del sector público. Entre julio y agosto de 2026, 1.446 personas dejaron de trabajar para el Gobierno nacional, una contracción mensual de 0,5%.

Advertisement

La dotación estatal total pasó de 343.357 trabajadores en noviembre de 2023 a 269.025 en agosto de 2026. La administración pública nacional concentró 51.218 de esas desvinculaciones, al descender de 233.098 a 181.880 personas, equivalente a una merma de 22%.

Las empresas y sociedades del Estado redujeron su personal de 110.259 a 87.145 trabajadores. Ese bloque perdió 23.114 puestos, un 21% de su planta inicial.

Federico Sturzenegger, a la salida de la Casa Rosada (RS Fotos)

La administración centralizada, integrada por los ministerios, la Presidencia y la Jefatura de Gabinete, registró el recorte proporcional más alto dentro de la administración nacional. Su dotación cayó de 55.858 a 37.543 personas, con 18.315 empleados menos y una reducción de 32,8%.

Advertisement

La administración descentralizada perdió la mayor cantidad de personas en términos absolutos: pasó de 136.763 a 109.988 trabajadores, una baja de 26.775 puestos. La administración desconcentrada se redujo de 24.932 a 21.123 personas, mientras que otros entes descendieron de 15.545 a 13.226.

La reducción más pronunciada en términos porcentuales ocurrió en Télam, reconvertida en Agencia de Publicidad del Estado, cuya planta pasó de 810 a 167 trabajadores: una caída de 79,4%. Educar bajó de 446 a 167 empleados, Contenidos Públicos de 234 a 103 y Casa de Moneda de 1.411 a 694.

Advertisement
Continue Reading

POLITICA

El trabajo silencioso de Bullrich, los plazos electorales que evalúa y el conflicto que evita Javier Milei

Published

on



En el entorno de Patricia Bullrich reconocen que no descarta una candidatura a Presidente (Europa Press)

Desde hace algunos meses, cada vez que Patricia Bullrich marcó una diferencia con el resto de la cúpula de La Libertad Avanza o insinuó tener ambiciones de competir por la Presidencia, en el Gobierno, e incluso el propio Javier Milei, buscaron minimizar la situación, negar cualquier tipo de tensión y enfocarse en solucionar el conflicto y fortalecer el vínculo con una de las figuras más fuertes que tiene el oficialismo actualmente, aunque en privado esos gestos molestan y crece la desconfianza.

A mediados de este año, especialmente luego de la salida de Manuel Adorni del Gabinete, a la senadora se la comenzó a mencionar como la posible candidata en la ciudad de Buenos Aires, pero con el tiempo empezó a circular nuevamente la versión de que sería la compañera de fórmula del jefe de Estado el año que viene.

“Sin comentarios”, le responde ella a su círculo íntimo cada vez que le consultan si le entusiasma esa idea de estar en la boleta como aspirante a vice, lo cual la mantendría dentro de la Cámara alta que ya conoce, aunque con un rol más importante.

Advertisement

El objetivo de la dirigente es claro: quiere llegar a lo más alto del Poder Ejecutivo para continuar con el proceso de apertura económica, ordenamiento de la macro y reformas que comenzó Milei, aunque evita especificar a partir de cuándo.

“Nunca pensé que tuviera aspiraciones presidenciales inmediatas. Ella dijo ‘en el 2031′, fue muy clara. No sé por qué lo distorsionan tanto», sostuvo a Infobae una persona de extrema confianza del líder libertario.

Advertisement

Sin embargo, cuando le preguntan en los medios de comunicación si está dispuesta a asumir el cargo en el 2027, Bullrich no solo no lo niega, sino que remarca que está “siempre” preparada.

“Tiene pedidos para reuniones con todos los empresarios, tiene en agenda encuentros pendientes en todas las provincias porque hace años que está en la política y conoce a todos, pero si empieza a viajar por el país van a decir que está haciendo campaña, por eso está un poco frenado eso”, comentó un integrante del equipo de trabajo de la ex ministra de Seguridad.

Cuando terminó su exposición en el Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, compartió un almuerzo con varios de los ejecutivos que querían verla, pero no los recibió por separado porque a las 17:00 se tomó el avión para regresar a su casa y pasar tiempo con su familia.

Advertisement

Aunque todavía no tiene decidido cuál va a ser su futuro, Bullrich conversa cada 15 días con su círculo más cercano, como los diputados Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado, Luis Petri, Sabrina Ajmechet y Patricia Vázquez, el legislador bonaerense Diego Valenzuela y el ex senador Pablo Walter, entre otros.

“A ella siempre le interesa tener la visión de las personas que respeta para hacer un análisis de cómo están las cosas. Cada uno tiene su propio estilo, algunos son indudablemente leales y otros capaz que son socios, pero habla con todos”, explicaron.

La senadora en Idea

Si bien lo volvió más chico, dado el contexto, la ahora referente de La Libertad Avanza nunca disolvió el grupo de campaña que trabajó para su candidatura en el 2023, cuando le ganó la interna del PRO a Horacio Rodríguez Larreta para luego quedar en tercer puesto, por detrás de Milei.

Advertisement

A pesar de las diferencias públicas con un sector del oficialismo, la senadora no tiene pensado romper y en su entorno aseguran que, si decide finalmente presentarse el año que viene para la Presidencia, será siempre dentro del partido.

“El objetivo es que el proyecto continúe, todo va a depender de cómo estén las cosas en marzo, si para ese momento no está segura la reelección de Javier y Patricia tiene más chances de ganar, se sentará con él y se lo planteará. Pero hoy el Gobierno está fuerte y puede que eso nunca pase, ya veremos”, precisan.

En los últimos días comenzó a trascender que el mes clave para una decisión de Bullrich es marzo. O al menos para una charla sincera con el Presidente y el equipo electoral de la Casa Rosada. Porque si las luces de alerta que marca la senadora se acentúan, creen en su entorno, va a ser inevitable tomar una decisión que ponga al proyecto por encima de las personas.

Advertisement

Lo cierto es que la ex ministra sigue de cerca los datos de opinión pública, conversa con los empresarios, que le piden que se postule, y no cierra la puerta a esa posibilidad.

“Más que una encuesta, todos tenemos un concepto bien claro, que es el hecho de que, si bien Milei tiene un núcleo duro más alto, llamémosle ‘primera intención de voto’, ella tiene mayor amplitud, lo que le da más chances de ganar en una segunda vuelta o, incluso, en la primera”, confió un diputado bullrichista.

Mientras tanto, continúa dando señales confusas y en estos días publicó en su cuenta de X un video en el que se la ve hablando en un evento sobre los avances y las deudas que tiene la ciudad de Buenos Aires, lo que reavivó las especulaciones sobre su posible candidatura en territorio porteño.

Advertisement

Bullrich no niega sus aspiraciones presidenciales (RS Fotos)

En su equipo aclaran que fue un acto por los 30 años de la creación de la Constitución de CABA, de la que ella fue parte como convencional, pero que de ninguna manera fue un mensaje de cara a las elecciones.

“Nosotros vamos a seguir dando mensajes para despistar a todos, que no sepan hacia dónde vamos. El que sabe leer entre líneas entiende cuál es nuestro horizonte y nosotros también, pero en el interín no nos cerramos a ninguna posibilidad”, agregan.

Por el momento la dirigente no tiene previsto competir en una interna con el mandatario nacional, a pesar de que cuando se lo consultan en entrevistas televisivas, tampoco lo niega.

Advertisement

“Y está bien. Si no le van a decir que es una mentirosa. No es Duhalde”, remarcaron en el círculo cerrado de Milei, que ya tendría los votos para aprobar en el Congreso la eliminación de las PASO, lo que impediría la competencia con Bullrich.

Si bien en el recinto las negociaciones venían fracasando, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, habría terminado de conseguir los respaldos necesarios por parte de los gobernadores durante las reuniones que mantuvo con los gobernadores en París, en una de las cuales participó el propio mandatario nacional.

Milei y Santilli en París con gobernadores

“Todos coincidieron en que fue muy bueno el encuentro, que lo vieron al Presidente sólido y enfocado en el modelo económico, convencidos de los cambios que están habiendo en la Argentina y del norte que tiene su administración”, contó una persona al tanto de lo conversado.

Advertisement

Aunque optan por no aumentar la tensión, dentro del oficialismo hay un sector muy crítico de la actitud que tomó la senadora en el último tiempo y en la mesa política le pidieron que las quejas las hablen en privado y en los ámbitos correspondientes, aunque quienes la conocen dudan de que vaya a cambiar algo.

“Ella es así, es su forma de ser, es frontal y dice las cosas con las que no está de acuerdo, no es que se levanta pensando ‘qué puedo hacer hoy para joder al Gobierno’. Son cosas que ve que no funcionan y las dice”, argumentan.

Semanas atrás, cuando los conflictos entre Bullrich y el resto de la cúpula libertaria estaban cada vez más fuertes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se bajó de un viaje a los Estados Unidos para reunirlos a todos en un restaurante de sushi y limar asperezas.

Advertisement

0k4a3281_delfina.corbera.pi.jpg,20260712_zip_p265_011.jpg,press

Advertisement
Continue Reading

POLITICA

El temor de los inversores, qué dicen las encuestas sobre las elecciones 2027 y la alternativa del PJ para volver a unirse

Published

on


Vivimos una aceleración del tiempo electoral. Falta todo un año para octubre de 2027. Recién en mayo o junio quedará en claro quiénes serán los candidatos y cómo Javier Milei llega en las encuestas. Pero los tiempos se precipitaron.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había pronosticado días atrás que el año próximo la economía se llevará puesta a la política. Todo indica, sin embargo, que hoy la política y la economía seguirán inexorablemente atadas. Un clásico argentino.

Advertisement

Hay muchos motivos para explicar esa precipitación del calendario, ese vértigo que pretende crear la sensación de que la Argentina, otra vez, podría estar ingresando en la montaña rusa de los años impares.

En realidad, la estrategia de la Casa Rosada es otra: no apresurarse ni cerrar todavía alianza alguna. Pero Milei se escapa del libreto oficial cuando, una y otra vez, califica a Axel Kicillof de “enano soviético”. Y, naturalmente, la oposición aprovecha, porque sí tiene la necesidad de encontrar un enemigo contra quien aglutinarse.

Advertisement
Continue Reading

Tendencias