Qué empresas pueden ingresar al RIMI, cuáles son los montos exigidos en dólares y los beneficios en IVA y Ganancias para proyectos productivos
03/07/2026 – 11:23hs
El Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) se consolida como una herramienta para fomentar proyectos productivos mediante beneficios fiscales destinados a empresas y entidades sin fines de lucro. Su implementación establece requisitos específicos sobre el tipo de inversión, los montos mínimos exigidos y las condiciones necesarias para mantener los incentivos.
Con la adhesión de nuevas jurisdicciones provinciales, el régimen amplía su alcance y abre una oportunidad para que las empresas incrementen su capacidad productiva con ventajas tributarias. No obstante, acceder a estos beneficios requiere cumplir una serie de condiciones que conviene conocer antes de iniciar un proyecto.
El régimen contempla las inversiones realizadas entre el 6 de marzo de 2026 y el 19 de mayo de 2028. En el caso de las obras, podrán incorporarse aquellas que al 6 de marzo de 2026 registraban un avance inferior al 30%.
Pueden acceder al RIMI:
Además, quienes ingresen al régimen nacional podrán adherirse al régimen provincial correspondiente mediante un procedimiento simplificado.
Se consideran inversiones productivas aquellas destinadas a incorporar bienes vinculados directamente con la actividad económica. Entre ellas se incluyen:
Quedan excluidos los activos financieros, inversiones de cartera y mercaderías.
Las inversiones serán consideradas efectivamente realizadas cuando los bienes entren en funcionamiento y se destinen a la actividad productiva.
El monto mínimo exigido depende del tamaño de la empresa:
No obstante, las inversiones en sistemas de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo y animales reproductores quedan exceptuadas de estos mínimos.
Entre los principales beneficios fiscales del régimen se destacan:
No podrán acceder al RIMI quienes hayan sido condenados por delitos tributarios, aduaneros o vinculados con la responsabilidad penal empresaria, las empresas declaradas en quiebra, quienes mantengan deudas fiscales firmes o quienes ya reciban beneficios del RIGI para la misma inversión.
Para conservar los incentivos, los bienes incorporados deberán permanecer afectados a la actividad productiva durante un plazo mínimo de dos años desde su puesta en funcionamiento. En caso de incumplir esa condición, los beneficios podrán caducar.
Con la expansión del régimen a distintas provincias, el RIMI se posiciona como una alternativa para impulsar nuevas inversiones productivas. En este contexto, la planificación tributaria y el cumplimiento de los requisitos establecidos serán determinantes para aprovechar las ventajas fiscales y mantenerlas a lo largo del tiempo.
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Los problemas para Mark Walter, el empresario estadounidense investigado por autoridades federales y con vínculos en la Argentina, sumaron dos frentes durante las últimas semanas: titulares de rentas vitalicias presentaron demandas contra aseguradoras de su grupo y fondos de Guggenheim Partners sufrieron rescates por USD 2.400 millones en septiembre.
Las acciones judiciales cuestionan la información que las compañías de seguros habrían entregado a sus clientes sobre el destino de los fondos administrados. En paralelo, la salida de dinero de los fondos mutuos de Guggenheim se aceleró luego de que trascendiera la pesquisa sobre las operaciones financieras del conglomerado que lidera Walter, también dueño de Los Angeles Dodgers.
Los reclamos apuntan a compañías bajo el paraguas de Group 1001 Insurance, entre ellas Delaware Life, Clear Spring y Gainbridge. Según informó The Wall Street Journal, los demandantes sostienen que contrataron anualidades sin conocer en qué medida las aseguradoras tenían activos colocados en inversiones o préstamos vinculados con empresas relacionadas con el propio empresario.
La conexión de Walter con la Argentina aparece a través de Juan y Diego Ball, empresarios argentinos que trabajaron en Guggenheim Partners y que figuran vinculados a ABS Capital, una de las firmas intermediarias mencionadas en la trama de préstamos bajo revisión. Según la información publicada, ABS Capital habría participado en estructuras societarias que recibían fondos de aseguradoras del grupo de Mark Walter para canalizarlos hacia otras entidades relacionadas. La investigación federal busca determinar si esas operaciones fueron informadas correctamente a los reguladores y si existieron vínculos financieros que debieron transparentarse; hasta el momento no hay acusaciones formales contra los empresarios argentinos.
Rick Phillips, un jubilado de la zona de Los Ángeles, presentó una demanda para que los clientes de Clear Spring y Gainbridge puedan rescindir sus contratos sin pagar cargos o reciban una compensación. El planteo sostiene que los productos podrían haber tenido otro precio si las firmas hubieran informado el peso real de las inversiones relacionadas dentro de sus carteras.
Las anualidades son instrumentos financieros que suelen captar los ahorros de personas próximas al retiro o ya jubiladas. A cambio de un desembolso inicial, ofrecen pagos futuros bajo condiciones definidas. Las modalidades indexadas, que permiten una exposición parcial a la evolución de mercados bursátiles, ganaron terreno durante la última década.
Otro demandante, Robert Kalinsky, de 76 años, inició una causa contra Clear Spring y Delaware Life. Ira Rosner, titular de una anualidad de Delaware Life, había presentado una acción separada el mes anterior. Los dos casos fueron radicados ante un tribunal federal del sur de Florida.
Las demandas se suman al escrutinio sobre la administración de los ahorros de cientos de miles de titulares de pólizas. Group 1001 informó que, al cierre de 2024, tenía cerca de 500.000 contratos de anualidades vigentes entre sus aseguradoras.
La controversia se profundizó en junio, cuando Delaware Life y Clear Spring corrigieron datos incluidos en sus presentaciones regulatorias. De acuerdo con cálculos de The Wall Street Journal basados en registros estatales, las dos compañías habían informado inicialmente proporciones de activos vinculados de un solo dígito.
Tras la reformulación de esos datos, el peso de esas inversiones ascendió al 59 % de las tenencias de Clear Spring y al 42 % de Delaware Life. Se considera que un activo está vinculado cuando implica préstamos a empresas conectadas, o inversiones comercializadas por ellas y respaldadas por otros deudores.
Las firmas señalaron que detectaron la dimensión de esas exposiciones después de que fiscales federales de Nueva York y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) iniciaran una investigación. Gainbridge también comunicó que coopera con los investigadores.
La pesquisa busca determinar si las empresas vinculadas a Walter obtuvieron financiamiento de las aseguradoras sin que se informaran debidamente esas relaciones a los reguladores estatales. Este tipo de operaciones no está prohibido de por sí, aunque está sujeto a límites y obligaciones de transparencia.
En una declaración enviada al diario estadounidense, un vocero de Group 1001 afirmó que ninguna corte determinó que sus aseguradoras o Delaware Life hayan cometido irregularidades. La compañía sostuvo que defenderá los casos y destacó su trayectoria de servicio a sus clientes.
Por su parte, TWG Global, el conglomerado de Walter, negó que hubiera existido fraude tanto en Guggenheim como en las aseguradoras vinculadas al grupo.
La investigación también repercutió sobre el negocio de gestión de activos de Guggenheim Partners. Según datos de Morningstar citados por Investing.com, los cuatro mayores fondos mutuos de la administradora registraron rescates netos por USD 2.400 millones durante septiembre.
El mayor impacto se concentró en el Guggenheim Total Return Bond Fund, el principal fondo mutuo de la firma que cotiza en los mercados. Ese vehículo sufrió salidas por USD 1.800 millones, equivalentes al 6,1 % de su patrimonio, y sus activos descendieron por debajo de USD 29.000 millones.
A ello se sumaron retiros por USD 317 millones en el Guggenheim Limited Duration Fund, USD 222,4 millones en el Guggenheim Macro Opportunities Fund y USD 64,9 millones en el Guggenheim Core Bond Fund.
El ritmo de los rescates creció de forma marcada en tres meses: había sido de USD 103 millones en julio y de USD 647 millones en agosto, antes del salto registrado en septiembre. La comparación con la categoría de bonos de perfil similar muestra una dinámica distinta: los fondos Intermediate Core Plus Bond, que reúnen cerca de USD 1 billón, recibieron aportes netos por USD 4.600 millones ese mes.
Eric Jacobson, analista de Morningstar, señaló que las condiciones del mercado de bonos podían explicar una parte de las salidas, aunque consideró que el volumen total indicaba que las noticias alrededor de la investigación también incidían en las decisiones de los inversores. El especialista mantuvo en agosto una calificación de cuatro estrellas para el Guggenheim Total Return Bond Fund.
Guggenheim respondió que continúa recibiendo inversiones en sus estrategias institucionales y minoristas, pese a los rescates de sus fondos de renta fija. Un vocero de la administradora sostuvo que los productos mencionados conservan calificaciones de cuatro o cinco estrellas otorgadas por Morningstar y que la firma trabaja con sus clientes en la gestión de riesgos de las carteras.
Los 25 fondos mutuos de Guggenheim Partners administran en conjunto alrededor de USD 52.000 millones. Esa cifra representa cerca del 14 % de los USD 367.000 millones que la firma tiene bajo administración, de acuerdo con los datos difundidos.
Mientras avanzan las investigaciones federales, las causas promovidas por los titulares de anualidades abren una instancia judicial separada. Allí se pondrá en discusión si la información divulgada por las aseguradoras alcanzó los estándares exigidos para la comercialización de esos contratos y si los clientes tuvieron elementos suficientes para evaluar el riesgo de sus inversiones.
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christian asinelli
