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Qué le pidieron a Santiago Caputo en EEUU, el informe que complica a Adorni y el dato que preocupa a Milei

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Manuel Adorni llegó al Parque Solar El Quemado arriba de una van que compartió durante los 48 kilómetros de viaje desde Mendoza capital, con el gobernador, Alfredo Cornejo, el presidente de YPF, Horacio Marin y las dos funcionarias que lo acompañaron desde Buenos Aires, María Ibarzabal -la secretaria de Legal y Técnica- y María Tettamanti, secretaria de Energía. Era la primera vez que encabezaba un acto -desde hace 75 días cuando empezó el escándalo sobre su patrimonio- sin estar rodeado del Presidente, de Karina o de ministros de alto rango del Gabinete para mostrar apoyo en una aparición pública.

Durante el viaje de casi una hora, a nadie se le ocurrió mencionar su situación política pero apenas bajó de la camioneta, esa condición se vio por todos lados. Se movió en cápsula alejado de los medios y del público, habló y se fue sin acercarse ni un segundo a los periodistas que cubrían un evento muy relevante para Mendoza y para el Gobierno: la inauguración del primer proyecto presentado al RIGI y a la vez el primero en ser terminado e inaugurado. Es un desarrollo de YPF Luz con la empresa mendocina de energía. Pero al acto no fue ni la vicegobernadora ni el intendente de las Heras donde está el parque, que habían hecho declaraciones contra el Jefe de Gabinete. Cornejo también se retiró sin hablar. Apenas Marin se quedó a conversar con los medios tratando de poner el foco en el proyecto inaugurado. La decisión de retomar rutinas y actos protocolares empieza a convertirse en una trampa complicada para el Gobierno. Anoche, un funcionario se lamentaba: “El problema es que al final no se pudo tomar magnitud de la buena noticia que era esa inauguración porque sólo se hablaba de Adorni”.

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Encima, el derrotero judicial que esta semana fue más amable que la anterior, parece apuntar a que, a diferencia de lo que esperaban en la Rosada, el expediente no detenga su ritmo. Más allá de las declaraciones testimoniales, los informes oficiales sobre movimientos con moneda cripto complejizan cada vez más las cuentas del jefe de Gabinete y se acerca el momento en que tendrá que presentar su justificación patrimonial, la clave de este caso, donde finalmente expondrá los números que dice tener pero no presentó todavía.

La trama de Adorni convive con un momento en el que la mesa política intenta reconducir las prioridades en el Congreso porque no es sólo que el segundo semestre quedará totalmente intervenido por la previa a un año electoral donde cada interés -sobre todo de los Gobernadores- empezará a tener una dimensión no sólo económica sino sobre todo electoral. Además el mundial está a tres semanas de distancia y nadie espera mucha actividad legislativa en ese período.

Manuel Adorni, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el titular de YPF, Horacio Marín, en la inauguración del parque solar de El Quemado, en Las Heras. (Foto: Presidencia)

En la reunión de la mesa política, no estuvo Santiago Caputo y hubo quien pensó en la interna pero en realidad el asesor estaba en un vuelo a Estados Unidos con su mano derecha, Manuel Vidal, para seguir una de las agendas que más le interesan y que más lo diferencia en su interna con la hermana presidencial. En el mismo momento de la mesa política en Casa Rosada, Caputo, Vidal y el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, entraban al Capitolio a encontrarse con Brian Mast, el presidente del comité de Asuntos Exteriores, republicano trumpista y excombatiente al que le faltan las dos piernas por el impacto de una bomba en la guerra, con el que tuvieron una larga reunión de la que salieron con un vínculo que promete futuro. A esa reunión y a las que siguieron los escoltó el lobbista Barry Bennet, una pieza clave del canal blue de diplomacia que construyó el asesor con Estados Unidos. El miércoles vieron a Michael Jensen, el asesor para Hemisferio Occidental de Trump y una visita al departamento de Estado. Con Jensen y Mast la conversación fue, como es de esperar, por la agenda de infraestructura crítica, minerales, energía, telecomunicaciones y hubo, sobre todo con Jensen, un momento dedicado a una licitación trascendental que antes del martes tendrá un paso fundamental en Argentina: la compulsa por quién administrará en los próximos 25 años la Hidrovía, un cauce que como toda la infraestructura del país, no sólo promete un negocio estratégico a quién gane sino que implica ocho años de inversiones para acondicionar el estado de esta vía en dragado, profundidad y actualización tecnológica.

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Es una licitación que tiene a un funcionario de Caputo a cargo y que en los inicios del Gobierno fue anulada después de una denuncia de la PIA y vuelta a lanzar después de conversaciones con todos los actores involucrados en el rubro. Ahora está por abrirse el tercer y último sobre de ofertas, que es el económico, y el que definirá un ganador entre Jan de Nul y una empresa argentina de la familia Román y otro consorcio entre Deme y dos compañías americanas. De eso les habló Jensen.

Los belgas son los dos jugadores globales más grandes del sector. Quién se quede con la hidrovía representará superar al otro en términos de volumen. De los 3400 kilómetros de la Hidrovía Paraná-Paraguay, 1600 km son en territorio argentino y por ese cauce navega casi la total de nuestro mercado agroindustrial sumado al de Paraguay. Es una película para mirar con muchísimo detalle y la definición está sucediendo ahora mismo.

Caputo tuvo además, otros encuentros bastante más secretos, y de los que se sabe muy poco. ¿Es cierto que visitó la base de la CIA en Langley, Virginia? Hay información que asegura que sí. Si se lee solo en clave de rosca, el asesor maneja la SIDE a través de un funcionario de su confianza y a pesar de que Karina Milei mostró disposición a quitarle ese área, es una pelea que parece sin final claro. Ella esta semana logró consolidar a Sebastián Pareja al frente de la comisión Bicameral de seguimiento de las tareas de inteligencia. Es una guerra de guerrillas.

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El dato de la inflación

En Buenos Aires, después de la marcha universitaria, toda la atención oficial estaba puesta en que el índice de inflación de abril les diera buenas noticias y así fue. Rompió la curva ascendente por primera vez en diez meses, y logró bajar a un número de noviembre. Sin embargo, en su acumulado del año, ya superó la expectativa para 2026 planteada en el Presupuesto que era de 10.1 %.

Javier Milei dio una entrevista en Carajo. (Foto: captura Carajo)
Javier Milei dio una entrevista en Carajo. (Foto: captura Carajo)

Es, sin dudas, la principal obsesión del Presidente que le dedicó dos horas y media a un programa de economía financiera en Neura adonde volvió sobre la idea de que es él mismo quién sacrificó sus ingresos por encima del resto de los argentinos: “El tipo al que peor le va en términos de salario en la Argentina, ¿quién es? Soy yo. Le ajusté cero. Y lo otro son los no registrados. Bueno, por algo hicimos la ley de modernización laboral”, dijo. Reconoció que los salarios están perdiendo frente a la inflación y aunque no se notó en el tono, intentó volver a usar palabras que muestren empatía con el sufrimiento económico de los argentinos, el dato de las encuestas que más lo enoja. Dijo Milei: “La tasa de inflación, además, como saltó el nivel de precios, se aceleró. Y como vos no tenías contraparte de que se te dinamizara el mercado laboral, los salarios, en términos reales, empezaron a caer. Y bueno, sí, claro, la sensación de frustración estaba”. Trató, en todo momento, de mostrar ese escenario como un estado de situación que se está terminando. Que empieza a girar positivamente. Por ahora, la realidad no parece coincidir.

En el último día de hot sale, los números reflejaron lo que ya se sabe sobre el consumo. El evento de descuentos que es un termómetro en las compras de los argentinos, funciona también como un ejemplo relevante de una coyuntura. Y si a esta hora en Economía leen los resultados, se encontrarán con datos preocupantes: los números de una de las empresas más grandes de retail en tecnología muestran que facturaron un 50 % menos de celulares que el año anterior, que el porcentaje de venta de productos menos imprescindibles como equipos de audio o monitores fue casi nulo y que sólo los televisores treparon en el ranking de compras por el estímulo imponente que produce la llegada del Mundial.

Leé también: Con su odio a las universidades públicas, Milei las convirtió en una corporación casi intocable y conservadora

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Una de las cadenas de ventas de tecnología y electrodomésticos más grande del país cerraba con información alarmante: en cantidad de unidades vendidas el primer día, bajaron el 60 % respecto del hot sale del año pasado, una cifra que se sostuvo así hasta el cuarto día donde llegó a ser 80 % menos en cantidad de productos que el 2025. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) comunicó que el dato sobresaliente de esta edición es que el 60 % de las personas priorizaron búsquedas relacionadas con cuotas. Apenas el 20 % se interesó en los descuentos.

Santiago Caputo, Javier Milei

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Jorge Macri respaldó las detenciones de los metrodelegados: “El que bloquea un servicio esencial va preso”

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En medio del conflicto por el paro en todas las líneas de subte, el jefe de gobierno porteño Jorge Macri salió a respaldar las detenciones de los metrodelegados y advirtió: “En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple”.

Macri remarcó que no va a aceptar “extorsiones mafiosas” y que quienes bloqueen un servicio esencial “van presos, sin vueltas”.

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El mandatario porteño insistió en que no permitirá que “les jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis”.

El secretario de Seguridad porteño explicó por qué detuvieron a tres metrodelegados

En diálogo con TN, el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Piñeiro, explicó que las detenciones de los trabajadores del subte se produjeron luego de que un gremialista abriera una puerta de emergencia en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B para permitir el paso de los usuarios como medida de fuerza.

“En la primera hora del día, un gremialista del subte abrió una de las puertas de emergencia y habilitó el paso de los usuarios como medida de fuerza. A raíz de ello, el personal policial consultó a la fiscalía, que ordenó el cese de esta actividad irregular. Ante la negativa de esta persona, la fiscalía dispuso su detención por desobediencia”, relató.

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Luego, según su relato, otros dos gremialistas intervinieron para impedir el accionar policial, por lo que la fiscalía también avaló que sean detenidos. “Están detenidos por incumplir lo ordenado por la Justicia”, reiteró Piñeiro.

Los metrodelegados advierten que no reanudarán los servicios del subte “hasta la inmediata liberación” de los gremialistas

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP) denunció la detención de dos trabajadores por parte de la Policía de la Ciudad en la estación Juan Manuel de Rosas (Línea B).

“No habrá servicio de subte hasta la inmediata liberación de los compañeros detenidos. Exigimos su libertad urgente y el cese de la represión”, alertaron.

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Jorge Macri, Metrodelegados, Subte

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Malvinas: el Gobierno evita confrontar con Washington por el Comité de Descolonización de la ONU y la ley de soberanía

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“(Donald) Trump es Trump. Aun con los amigos”, reflexionó un diplomático de carrera en la noche del lunes, cuando ya era conocido que el gobierno norteamericano solicitó, a través de sus representantes diplomáticos, disolver el Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que desde 1965 insta al Reino Unido a sentarse a negociar con la Argentina una resolución a la diputada por la soberanía de las islas Malvinas.

En la Cancillería no hubo comentarios públicos sobre el pedido, que va en línea con la escasa estima que Trump tiene hacia las Naciones Unidas (sentimiento compartido por el presidente Javier Milei) y que tuvo como argumentos que ese comité “dejó de cumplir su propósito original”. Ayer, en la conferencia de prensa semanal que brinda en Casa Rosada, el portavoz Adrián Ravier afirmó que esa postura de Estados Unidos “está bajo análisis hoy como para tomar una decisión final”, y afirmó que “seguramente” el canciller Pablo Quirno, que acompaña al Presidente en su actual gira por España, hablaría sobre el tema. La consulta incomodó a Ravier, que no pudo precisar qué es lo que “está en análisis”.

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En la última reunión del Comité de Descolonización, en junio pasado, el canciller Quirno acusó en duros términos al Reino Unido de “desconocer la realidad histórica”, y afirmó que “el principio de autodeterminación no aplica en casos de colonialismo que vulneran la integridad territorial de una nación preexistente”, en relación con la posición de Londres en relación con los pobladores de las islas. Fue solo una de las exposiciones de los últimos meses en las que el Gobierno y la Cancillería elevaron el tono del reclamo por la soberanía de las islas.

“Lo que dijeron los Estados Unidos tiene que ver con la propuesta de racionalizar la ONU, algo similar a la motosierra”, explicó una fuente diplomática cercana al Gobierno, con intención de minimizar un eventual conflicto.

“Por supuesto que, como todo país con controversias de ese tipo, apoyamos la continuidad del comité. Pero no sería un daño para la Argentina, el reclamo se puede presentar, como se hacía en los años noventa, ante la Asamblea General de la ONU”, agregó el experto.

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En coincidencia con el despertar del sentimiento nacionalista en el país por la recuperación de Malvinas, que explotó luego del partido con Inglaterra en el mundial de fútbol, y enojado por la posición del Reino Unido durante la guerra con Irán, Trump declaró que “podría revisar” su postura en relación a la soberanía de Malvinas. Semanas después, se reunió con el primer ministro británico Andy Burnham, y esa amenaza se disipó.

Más allá de la controversia por el Comité de Descolonización (que no integran ni Estados Unidos ni Gran Bretaña, que sostiene 10 de los 17 territorios no autónomos en disputa, entre ellos Malvinas), el freno al tratamiento en comisión de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculado con la causa Malvinas e impulsado por el Poder Ejecutivo, también muestra posturas divergentes entre Washington y Buenos Aires.

Empresas norteamericanas le habrían transmitido al Gobierno su preocupación por la “laxitud” del Título I del proyecto, que no solo establece sanciones para las compañías Rockhopper (británica) y Navitas (israelí) que llevan adelante el proyecto Sea Lion en las aguas circundantes de Malvinas, sino también contra empresas asociadas a ellas en otros proyectos, con la secretaría de Malvinas que encabeza la secretaria Paola di Chiaro, como autoridad de aplicación.

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“A la industria le preocupaba este abordaje tan amplio que tiene la ley, y que impacte sobre la actividad”, comentó a una importante fuente del sector petrolero. No sólo las empresas se quejaron: según informadas fuentes del Gobierno, el embajador norteamericano Peter Lamelas también le habría expresado su preocupación vía telefónica a miembros del oficialismo. Consultadas por este diario, fuentes de la embajada norteamericana evitaron hacer comentarios sobre el asunto, y desde el oficialismo de la Cámara baja -los diputados Silvana Giúdici y Gabriel Bornoroni trabajan en el dictamen de la ley- dijeron no haber recibido llamado alguno. Adjudicaron la postergación del tratamiento a la cantidad de temas que incluirá la próxima sesión de la Cámara baja.

Diplomáticos alejados del Gobierno agregan un tercer foco de disenso, siempre dentro de los márgenes de la excelente relación entre ambos países. Se trata de la postulación de Rafael Grossi como próximo secretario general de la ONU, impulsado por Argentina y que marcha en el primer pelotón en las votaciones secretas que se han venido haciendo hasta ahora. Esos diplomáticos aseguran que Grossi “no es” el preferido de Trump, que ya intentó postular al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y con el megamillonario Elon Musk, y que podría insistir con otro “outsider” en las próximas semanas, si como viene ocurriendo, ninguno de los postulantes alcanza la mayoría necesaria (sin vetos de los cinco miembros permanentes) para ser elegido.

El jueves próximo, ya con Milei y Quirno de regreso en el país, el influyente subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y el responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, llegarán a Buenos Aires. Entre otros asuntos, las divergencias por el comité de Descolonización y el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía podrían ser temas de conversación con el Gobierno.

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Fallo clave para el Gobierno: la Justicia puso en revisión la cautelar sobre Financiamiento Universitario

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La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal le dio la razón al Ministerio de Capital Humano y ordenó que la justicia revise si la medida cautelar sobre financiamiento universitario sigue o no vigente. El tribunal consideró que el Estado Nacional enfrentaba un perjuicio irreparable al verse obligado a cumplir una orden cuya vigencia está en disputa.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación y la asistencia legal de la Procuración del Tesoro de Sebastián Amerio, había reclamado ante la Cámara porque el juez de primera instancia le negó el derecho a apelar. La causa de fondo es el amparo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras instituciones contra el Decreto 759/25 del Poder Ejecutivo Nacional, que recortó fondos universitarios.

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“La vamos a seguir a muerte”, respondieron fuentes de primera línea del Ministerio de Capital Humano al ser consultados por el fallo judicial. “La Justicia todavía no nos está sugiriendo ‘no cumplan con la cautelar’, pero lo que nos dice es que van a revisar si la tenemos que cumplir”, explicó uno de los principales patrocinadores legales del Gobierno.

La Cámara no resolvió si el Estado cumplió o no con la medida cautelar. Lo que decidió, el 20 de octubre de 2026, es más acotado: que el juez de primera instancia se equivocó al bloquear la apelación, y que esa apelación debe tramitarse.

La resolución fue firmada por los jueces José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán, quienes cubrieron dos vacantes en la Sala conforme a las acordadas 2/26 y 5/26 de la Cámara. El Ministerio de Capital Humano argumentó que la medida cautelar original tenía un límite temporal expreso y que ese plazo ya había vencido. Desde esa postura, continuar con la ejecución de la orden equivalía a extender artificialmente una tutela que había caducado.

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El origen del conflicto

El amparo fue impulsado por el CIN tras la sanción del Decreto 759/25, que modificó la distribución del financiamiento para las universidades nacionales. El juzgado federal N° 11 dictó una medida cautelar que obligó al Estado a garantizar recursos mientras se resolvía el fondo del asunto.

La sentencia de primera instancia se dictó en el expediente principal. Contra esa sentencia, el Estado interpuso un recurso de apelación que fue concedido en ambos efectos, lo que en términos prácticos paraliza la ejecución de la condena mientras la Cámara resuelve.

El nudo del problema apareció cuando el mismo juez ordenó, en paralelo, que el trámite de ejecución de la medida cautelar continuara en el incidente vinculado, con un plazo de cinco días para cumplir bajo amenaza de sanciones. El Estado intentó apelar esa decisión, y el juez lo rechazó.

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El argumento del Estado y la decisión de la Cámara

La postura del Ministerio descansó en un principio procesal: si la medida cautelar fue otorgada con un límite temporal, ese límite forma parte del contenido de la orden y no puede ampliarse por vía interpretativa. “La limitación temporal no fue accesoria ni irrelevante, sino que integró expresamente los términos de la tutela concedida”, sostuvo el Estado en su presentación ante la Cámara.

Además, el Ministerio señaló que las sumas exigidas eran de “dimensión extraordinaria” y que no existía una liquidación concreta que permitiera determinar con exactitud cuánto debía pagar. Denunció que se le imponía cumplir una “manda judicial imprecisa, genérica, omisiva y sin datos ciertos”, sin posibilidad de revisión por parte de un tribunal superior.

La Cámara no evaluó el fondo de ese debate. Lo que analizó fue si el bloqueo de la apelación generaba un perjuicio concreto e irreparable para el Estado. La conclusión fue afirmativa: dejar al Ministerio sin posibilidad de recurrir mientras corría el plazo de cumplimiento, con sanciones conminatorias latentes, configuraba un agravio que justificaba abrir la instancia de apelación.

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El trámite que sigue

Con la queja aceptada, el recurso de apelación del Estado quedó concedido “en relación”, una modalidad que, según el artículo 243 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no suspende automáticamente la ejecución de la resolución apelada. La causa regresa ahora al juzgado de primera instancia para que implemente el trámite correspondiente.

La Cámara dejó expresamente aclarado que su decisión no anticipa ninguna opinión sobre si el Estado cumplió o incumplió la medida cautelar original. Esa pregunta quedará para una resolución posterior, una vez que el recurso de apelación tramite en forma.

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