El Congreso vive horas de versiones en continuado, especulaciones y -sobre todo- recelos entre el oficialismo y sus aliados, con un temario atado sin vueltas al caso de Manuel Adorni. Es el reflejo más claro de la política aún en días de Mundial y lo expone la agenda para la semana que viene. El Senado sesionará el jueves para tratar la interpelación al jefe de Gabinete -con mensaje sobre posible moción de censura- y Diputados tiene cita dos días antes por el mismo tema. El mensaje al Gobierno surge así de casi todo el frente político. Y, de hecho, esa es la señal que acaba de emitir la Cámara alta. Los legisladores del PRO, la UCR y de varios provinciales presionan para que Olivos resuelva la salida del funcionario porque, de lo contario, no quedaría otro remedio que bajarle el pulgar en el recinto. La tensión podría resumirse en una pregunta: quién termina decidiendo el fin.

El clima está tan denso que no faltan especulaciones extremas. Algunos legisladores sostienen que Javier Milei estaría jugando a que el Congreso termine provocando la salida del jefe de los ministros. En esa visión, el Presidente aprovecharía después para apuntar contra el Congreso, en general, acusándolo de ser el motor de un “intento golpista” o desestabilizador. “Adorni es un problema del Gobierno y tiene que resolverlo el Gobierno”, es la síntesis del planteo para reclamar una decisión de Milei y exponer reparos a un desenlace legislativo.

El problema para socios de Olivos -y también para opositores no kirchneristas- es más complejo. En esa franja operan los representantes del Ejecutivo -en especial Diego Santilli y Lule Menem-, con foco especial en los gobernadores. Negocian fondos y agregan promesas políticas como la de no instalarles candidatos competitivos de LLA, el año que viene, cuando se disputen las gobernaciones. En ese conjunto se anotan jefes provinciales de diferente color, es decir, del PRO, radicales, peronistas y representantes de fuerzas locales.

Los planes para bajar el tema tuvieron varios quiebres, por el impacto social de los acontecimientos. El primero fue cuando se conoció el dato de los miles de dólares en negro invertidos para rehacer la casa del country de Exaltación de la Cruz. Y el último fue provocado por la presentación de la declaración jurada y los dichos de Adorni intentando justificar su acelerada mejora patrimonial.

Eso último terminó de amplificar el rechazo a cualquier señal que pueda ser interpretada como respaldo al funcionario. En escala monos visible explica el silencio de ministros que, en algunos casos, se encargan de hacer trascender su disgusto. Pero para los legisladores más cercanos al Gobierno la cuestión es peor. Y por partida doble. No quieren quedar expuestos como sostén de Adorni – por convicción o conveniencia- y tampoco, pegados a los movimientos del peronismo/kirchnerismo.

Pero, lo dicho: el sacudón generado por el argumento del ahorro en negro y la apuesta al bitcoin es de tal magnitud que dejó escaso margen para correrse de la discusión. Y la salida, en el Senado, fue suspender la sesión prevista para este jueves y postergar el llamado al recinto para la semana próxima. Quedó claro que si no hay salida por parte del Gobierno, sería votada entonces la interpelación, para el 2 de julio, el día en que Adorni debería dar su informe de gestión. Y si todo empeora, entonces podría haber moción de censura.

La señal acordada por Patricia Bullrich con los jefes de bloques cercanos, y aceptada de hecho por el peronismo, deja una semana para la resolución del Presidente, y de Karina Milei, con el cortinado fondo que pinta el malestar de otros funcionarios. Las versiones y desmentidas sobre una inminente salida de Adorni alimentaron el clima del Congreso. Y corrieron la mirada también hacia Diputados, donde la oposición promovió una sesión especial para la semana que viene.

Hasta ayer mismo, las cuentas sobre la posibilidad de reunir quórum daban mal para los impulsores de la movida. Los más optimistas decían que estaban diez escalones por debajo de los 129 legisladores sentados en sus bancas. Otros estiraban la cifra a 14. Con un pero: se preguntan qué harán finalmente legisladores considerados aliados y hasta socios políticos de LLA. Si el número no fuera alcanzado, la mirada sería puesta en la lista de ausentes, por bloquear el inicio del camino a la interpelación. Sería contradictorio con las posiciones publicas expresadas en los últimos días por macristas, radicales y espacios como el MID y algunos provinciales.

Resulta difícil técnicamente que el pedido de sesión sea desactivado para centrar la expectativa en el Senado. Y eso, salvo alguna salida política que eluda el trámite formal, es un problema para los aliados, que vienen presionando para que Adorni renuncie. Por lo pronto, Bullrich anticipo que transmitiría al Gobierno, sin demoras, el cuadro real de la Cámara alta. Es un mensaje que añade ingredientes a la interna libertaria y, en rigor, a la relación con Karina Milei.

La extensión en el tiempo del caso Adorni despintó la intención oficialista de avanzar con temas propios en el Congreso. Los pasos son más lentos de lo imaginado en el inicio de las sesiones ordinarias, después de un verano exitoso para el Gobierno, en el terreno legislativo. En Diputados, el oficialismo tiene como objetivo el nuevo RIGI y también una muy cuestionada iniciativa sobre lobby. En el Senado, la lista es más extensa y complica proyectos que parecían cerrados por acuerdos, como el “blindaje” de propiedad privada.

El caso Adorni tiñe cada paso político del oficialismo, no sólo en el Congreso. El acto por el Día de la Bandera, el sábado que viene en Rosario, genera malestar entre los anfitriones frente a la posibilidad de que el funcionario encabece la comitiva que viajará junto al Presidente. Nada escapa a la serie del jefe de Gabinete.

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El Tribunal Oral Federal N° 2 resolvió este miércoles mantener la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, al considerar que cumplió de forma adecuada las condiciones fijadas en su domicilio de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

La decisión, a la que tuvo acceso TN, está firmada por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, y se apoyó en los informes trimestrales de los organismos de control y ratificó la modalidad que la exmandataria cumple desde junio de 2025.

Según la resolución, los reportes de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) y de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) correspondientes a abril, mayo y junio evidencian una “actitud de colaboración y buena predisposición” por parte de la expresidenta.

“Se constató una actitud de colaboración y buena predisposición por parte de Fernández de Kirchner, con trato cordial y respetuoso. Respecto del vecindario, únicamente en el marco de la visita del día 9 de junio se observaron algunas personas portando banderas, en la vereda, sin que se verificasen circunstancias dignas de mención», se lee en el fallo.

Los controles verificaron el cumplimiento estricto del régimen de visitas mediante la revisión periódica del libro de ingresos y egresos, sin detectar personas no autorizadas en la vivienda.

El tribunal también constató que la CFK permaneció en su domicilio salvo en las salidas previamente autorizadas, entre ellas las comparecencias ante el Tribunal Oral Federal N° 7, para declarar en el juicio por la causa Cuadernos, y los traslados para tratamientos médicos, principalmente odontológicos.

Según el documento, la expresidenta se ausentó para cumplir con sus turnos médicos en la Clínica Cecchi, por cuestiones odontológicas, y al Sanatorio Otamendi para realizarse chequeos luego de la operación su atravesó. Todas estas salidas, especificó la Justicia, fueron realizadas “sin inconvenientes y de acuerdo con las pautas establecidas”.

En cuanto al monitoreo electrónico, los informes señalaron que las únicas alertas registradas correspondieron a salidas autorizadas y que “no se haya visto interrumpido en momento alguno el control de su geolocalización”.

Además, se indicó que continúa con su tratamiento por la falta de glándula tiroides, recibió vacunas en el domicilio y mantiene la medicación diaria correspondiente.

El banderazo que generó una advertencia

La resolución también abordó el episodio del banderazo organizado por la militancia que generó una advertencia formal del juez. Giménez Uriburu reconoció que esa situación “justificó la advertencia formal impartida por el suscripto”, pero aclaró que, analizada junto con el resto de los antecedentes, “no posee entidad suficiente para alterar, por sí mismo, la conclusión a que conducen los informes producidos por los organismos de control”.

“Desde luego, la conclusión precedente no desconoce la relevancia del episodio acaecido el 14 de junio pasado ni minimiza los reparos que mereció la conducta entonces desplegada por la nombrada, circunstancias que motivaron la intimación oportunamente cursada”.

Pero este episodio, profundizó el magistrado, se trata de “una incidencia que merece ser considerada y tenida especialmente presente hacia el futuro, pero no alcanza a desvirtuar el cuadro general de cumplimiento”.

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En este marco, el Tribunal Oral Federal 2 concluyó que la expresidenta “ha cumplido adecuadamente con el deber de permanencia en el domicilio”, así como con las obligaciones vinculadas a su estado de salud, las visitas y el acceso a los espacios de la vivienda.

Por todo eso, el tribunal resolvió “mantener la modalidad de prisión domiciliaria para el cumplimiento de la pena de prisión impuesta”.

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