POLITICA
Quién es el multimillonario Michael Milken, el anfitrión de Javier Milei en Los Ángeles
WASHINGTON.- La última vez el economista y multimillonario norteamericano Michael Milken había recibido a Javier Milei en Los Ángeles, en septiembre pasado, el financista devenido en filántropo confió en un encuentro junto a inversores que el Presidente podía “cambiar el curso de la historia”.
“Se tienen mucho afecto”, señaló en aquel momento una persona del entorno de Milken, cuyo papel en el desarrollo del mercado de bonos de alto rendimiento le valió el mote de “rey de los bonos basura” en los años 80. Ambos volverán a encontrarse este miércoles en un hotel en Beverly Hills, donde se desarrolla la 29° Conferencia Global del Instituto Milken.
Originario de Encino, California, Milken llegó a ser la persona más poderosa de Wall Street, y quedó en el foco del mundo financiero en aquellos años por hacer más dinero y a mayor velocidad que nadie en la historia de las finanzas: en una década pasó de ganar cinco a 550 millones de dólares en un año. Hoy figura en el puesto 509 del ranking de Forbes de las mayores fortunas del mundo, con 7500 millones de dólares, el doble de lo que tenía hace cinco años.
Hace dos años, Milken también sido anfitrión de Milei en un viaje anterior del Presidente a Los Ángeles, para la conferencia global conocida como el “Foro de Davos de América del Norte”, en la que este miércoles el líder libertario dará una disertación a las 14 (hora local, las 18 en la Argentina).
El Presidente también estuvo en la sede del Instituto Milken en Washington -ubicada frente a la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro- en enero del año pasado, cuando viajó para la asunción presidencial de su aliado Donald Trump.
“Es un placer para mí estar aquí, rodeado de gente con afinidad de pensamiento que me hace sentir verdaderamente como en casa”, dijo el mandatario en su discurso aquella vez.
Milken amasó una fortuna ayudando a corporaciones a usar los llamados “bonos basura” para financiar adquisiciones corporativas en la ahora desaparecida Drexel Burnham Lambert, un banco de inversión de Wall Street. Sus innovaciones lo convirtieron en una de las figuras más reconocidas del mundo financiero en los años 80 y facilitaron la recaudación de fondos para pequeños emprendedores y para inversores corporativos.
Era una época en la que, recuerdan agentes del mercado, las tasas de interés eran muy volátiles y muchas empresas buscaban resolver sus problemas de capital con la emisión de bonos corporativos.
Sin embargo, algunos economistas en su momento culparon a esas innovaciones de incentivar a las empresas estadounidenses a endeudarse excesivamente.
“Milken propuso construir un mercado secundario para los emisores de bonos basura y la financiación en caso de dificultades financieras. Por cada bono renegociado en este mercado, Drexel Burnham Lambert cobraba una comisión que la llevó a convertirse en una de las firmas más rentables de Wall Street en la década de los 80″, apuntó la cadena BBC.
“La codicia, a falta de una palabra mejor, es buena. La codicia es correcta. La codicia funciona”, es una frase de Gordon Gekko, personaje de la emblemática película de 1987 “Wall Street”, dirigida por Oliver Stone y protagonizada por Michael Douglas y Charlie Sheen, que -en parte, según distintas versiones- se inspiró en Milken.
La reputación del financista se desmoronó cuando fue acusado de participar en un esquema de tráfico de información privilegiada. Milken inicialmente negó los cargos, pero finalmente se declaró culpable de seis de ellos en 1990, al admitir ante un tribunal haber manipulado los mercados financieros.
“Me doy cuenta de que con mis actos he perjudicado a quienes me son más cercanos”, dijo el multimillonario en ese entonces.
Su suerte había cambiado cuando comenzó a ser investigado en la década del 80 por el entonces fiscal federal Rudolph Giuliani, el abogado que años más tarde se convertiría en el popular alcalde de Nueva York.
Milken se declaró culpable de sólo seis de los 98 cargos por los que fue acusado. Debió pagar una multa de 600 millones de dólares, se le prohibió de por vida trabajar en el mundo financiero y fue condenado a 10 años de prisión. Finalmente, la pena se redujo a 22 meses.
Con el título “La caída del depredador”, la revista Time hizo de su historia el tema de tapa en febrero de 1990. La noticia era el fin de la era de las transacciones y los excesos: había quebrado Drexel Burnham Lambert, la financiera que sólo cuatro años antes era la más rentable de Wall Street.
Milken fue liberado en 1993 tras dos años en prisión y rápidamente empezó su campaña de regreso. Las conferencias anuales en California organizadas por el Instituto Milken han sido una parte muy visible de los esfuerzos del multimillonario por construir un nuevo legado después de pasar por la cárcel.
En enero de 1993, días después de haber salido de la cárcel, Milken recibió una noticia devastadora de sus médicos: tenía cáncer de próstata y le quedaban, como mucho, 18 meses de vida, según le comunicaron. Tenía entonces 46 años.
Lo primero que hizo fue cambiar sus hábitos, según contó el propio multimillonario. Empezó a hacer ejercicio y a meditar, y se volvió vegetariano. Probó todas las terapias conocidas y en dos años se convirtió en un experto en cáncer y nutrición. Incluso publicó en 1998 The Taste for Living (El gusto de vivir), un libro con sus “recetas preferidas para luchar contra el cáncer”.
“La reencarnación de Mike Milken”, fue el título de una nota de tapa que le dedicó la revista Businessweek en mayo de 1999.
En febrero de 2020, durante su primer mandato, Donald Trump ejerció sus amplios poderes de indulto presidencial para perdonar los delitos de una serie de figuras prominentes, entre ellas Milken.
“Ha pagado un precio muy alto”, dijo en ese momento el líder republicano. “Hizo un trabajo increíble por el mundo”, añadió, en referencia a la tarea filantrópica del otrora financista estrella de Wall Street.
Milken tiene su propia página web en la que cuenta su historia e intenta derribar algunos “mitos” que, sostiene, que se construyeron alrededor de su figura.
El Instituto Milken, una de sus creaciones emblemáticas, se define como “un centro de estudios independiente y sin fines de lucro, enfocado en impulsar el progreso mensurable hacia una vida plena”.
“Con un enfoque en la salud financiera, física, mental y ambiental, reunimos las mejores ideas y recursos para desarrollar planes que aborden algunos de los problemas globales más críticos”, señala en su sitio web.
Una de las apuestas del multimillonario fue la apertura, en septiembre pasado, del Centro Milken para el Avance del Sueño Americano, con una inversión de 500 millones de dólares.
“Justo enfrente de la Casa Blanca abrió sus puertas un canto a la máxima evocación de la década de 1980: la celebración del capitalismo. Un reluciente museo de financiación privada, cuya curaduría y control recaen sobre Michael Milken”, describió The New York Times.
“El centro articula la historia de la nación en torno a banqueros, prestamistas y al propio Milken”, añadió el diario sobre imponente museo sobre la avenida Pennsylvania.
el líder libertario dará una disertación a las 14,pic.twitter.com/2IuD1YT52L,January 19, 2025,su propia página web,Guillermo Idiart,Javier Milei,Donald Trump,Los Ángeles,Conforme a,,Pierde apoyo. Milei sostiene a Adorni, pero crece el malestar por la situación judicial del jefe de Gabinete,,El contratista de Adorni. Matías Tabar votó a Milei, se define antiperonista y es proveedor del Estado y deportista,,Ajuste. La fuerte caída en el primer cuatrimestre de los giros de la Nación a las provincias condiciona las negociaciones,Javier Milei,,»Limpieza, subtes y tránsito». Patricia Bullrich visitó al alcalde de Santiago de Chile y cuestionó la gestión de Jorge Macri en la Ciudad,,LN+. Las tres hipótesis de Malamud sobre la continuidad de Adorni en el Gobierno,,»Quehaceres privados». El Gobierno denunció a Rodolfo Tailhade por espionaje a Adorni, su esposa y sus hijos
POLITICA
El Gobierno denunció a Itaí Hagman, diputado de Grabois, y a otras cuatro personas por la toma del Palacio Pizzurno
El Gobierno presentó una denuncia penal contra el diputado nacional de Unión por la Patria Itaí Hagman, dirigente del espacio político de Juan Grabois, por los incidentes ocurridos durante la toma del Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación. La información fue confirmada a Infobae por fuentes oficiales, que precisaron que la presentación fue realizada por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, e incluyó a otras cuatro personas identificadas por las autoridades. Los delitos denunciados fueron usurpación, resistencia a la autoridad, lesiones y daño.
La denuncia fue presentada este miércoles, después de que un grupo de estudiantes universitarios ingresara al edificio ubicado en Pizzurno 935, en Buenos Aires, para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta comenzó con una sentada frente a la sede educativa y derivó en la ocupación del hall central, pese a la intervención de efectivos de la Policía Federal Argentina que intentaron impedir el ingreso.
El episodio provocó un enfrentamiento político entre el Gobierno y dirigentes opositores. El presidente Javier Milei cuestionó públicamente a Hagman, quien apareció en las inmediaciones del edificio durante el operativo policial. El diputado rechazó los cuestionamientos y explicó en sus redes sociales: “Me acerqué cuando me avisaron que estaban por reprimir a los estudiantes”.
La presencia de Hagman adquirió especial relevancia por sus antecedentes en otra ocupación de un edificio público. El 7 de junio de 2025, el legislador había participado, junto con Grabois y otros dirigentes del Frente Patria Grande, de la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ubicado en Austria 2601, en Recoleta. Aquella protesta había sido organizada para rechazar el cierre del organismo dispuesto por la administración de Milei.
En esa oportunidad, unas 50 personas ingresaron al inmueble, donde funcionaban un museo y un centro de estudios dedicado a la historia del peronismo. Entre los participantes estuvieron también la diputada Natalia Zaracho y otros dirigentes del espacio. El operativo de desalojo terminó con la detención de Grabois, quien recuperó su libertad al día siguiente. Hagman había acompañado aquella medida y ahora volvió a quedar involucrado en una controversia por la ocupación de una dependencia estatal.
En el caso del Palacio Pizzurno, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que durante la manifestación se produjeron daños al patrimonio público y que la ocupación se desarrolló mediante acciones violentas. “Por la fuerza, nada”, escribió Pettovello después de los incidentes. La cartera afirmó que el derecho a manifestarse debía ejercerse dentro de la ley y con respeto por las instituciones democráticas.
Los estudiantes, por su parte, aseguraron que habían organizado una protesta pacífica para reclamar respuestas sobre la situación presupuestaria de las universidades nacionales. Participaron alumnos de la Universidad de Buenos Aires y de las universidades nacionales de La Plata, Quilmes y San Martín. Además del financiamiento universitario, reclamaron una actualización de las becas Progresar y solicitaron una reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
En el Gobierno sostuvieron que la discusión sobre el financiamiento universitario se encontraba actualmente en el ámbito del Poder Judicial, donde tramitaba una causa con múltiples incidentes y presentaciones de las partes. Según la posición oficial, correspondía esperar una decisión definitiva de la Justicia sobre los alcances y la implementación de la legislación vigente.
La administración nacional también destacó que el proyecto de Presupuesto 2027 había incluido aumentos en las partidas destinadas al sistema universitario, que consideraba alineados con la normativa vigente. Ese argumento formaba parte de la posición oficial frente a los reclamos presupuestarios y salariales de las universidades, que cuestionaban los recursos asignados y exigían la aplicación integral de la ley.
El conflicto judicial había sumado un nuevo capítulo el 6 de octubre, cuando el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025, mediante la cual el Ejecutivo había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la definición de sus fuentes de financiamiento. El magistrado ordenó avanzar con su implementación inmediata y el Gobierno apeló la resolución.
La protesta ocurrió además en vísperas de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre. En el Ministerio de Capital Humano interpretaron la ocupación como una acción de contenido político vinculada con esa movilización. La denuncia contra Hagman y las otras cuatro personas abrió así un nuevo frente judicial en medio de la disputa entre la administración nacional, los dirigentes opositores y el movimiento estudiantil.
POLITICA
Iniciativas populares: lanzan una plataforma digital que permite verificar la autenticidad de las firmas
La Cámara Nacional Electoral (CNE) lanzó una plataforma digital encaminada reunir adhesiones para iniciativas legislativas populares, donde se colectarán apoyos ciudadanos mediante una firma electrónica.
La nueva herramienta, creada por una acordada de la CNE, estará disponible para cualquier persona, agrupación política u organización de la sociedad civil que promueva una iniciativa legislativa popular y funcionará de manera complementaria a la recolección de firmas en papel en apoyo de esa propuesta.
La decisión se adopta luego de la experiencia piloto autorizada por el tribunal en mayo de 2026. Las verificaciones realizadas permitieron comprobar la viabilidad técnica de vincular de manera segura la identidad de cada firmante con el documento firmado, así como garantizar la autenticidad de las firmas, la integridad de los documentos y la preservación de los datos personales.
La plataforma será administrada, mantenida y operada por la propia Cámara Nacional Electoral, a través de su Oficina de Coordinación General de Sistemas Informáticos Electorales, que también realizará el seguimiento técnico y el control periódico de los estándares de seguridad y autenticidad.
Los promotores de una iniciativa que quieran utilizarla deberán solicitar previamente su habilitación, sin costo alguno. La implementación de esta herramienta busca facilitar la participación ciudadana y modernizar el procedimiento de iniciativa popular, manteniendo las garantías de autenticidad y verificación previstas por la legislación vigente.
La decisión fue firmada por los camaristas Alberto Ricardo Dalla Via, Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas.
La idea es facilitar lo que establece la ley 24.747, reglamentaria de esa modalidad de participación ciudadana, que establece como condición para la presentación de iniciativas populares, la recolección de firmas de “un número de ciudadanos no inferior al 1,5% del padrón electoral utilizado para la última elección de diputados nacionales”, representativas de por lo menos seis distritos electorales.
La ley encomienda a la Justicia nacional electoral verificar la autenticidad de las firmas en un plazo no mayor a 20 días.
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POLITICA
La Cámara de Casación declaró prescripta una causa contra Petrobras por supuestos balances falsos
La Cámara Federal de Casación Penal declaró prescripta por el paso del tiempo una causa contra la empresa Petrobras y sus directivos que estaban acusados por supuestos balances falsos y el ofrecimiento de acciones de manera supuestamente fraudulenta.
La Sala III del tribunal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, confirmó por unanimidad la resolución de la Cámara en lo Penal Económico que había dispuesto, al igual que el juez de primera instancia, el sobreseimiento.
La decisión afecta a la firma Petróleo Brasileiro SA, más conocida como Petrobras, y a algunas de sus autoridades.
Los jueces rechazaron en forma unánime el recurso de casación que había interpuesto el representante de Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa, que era querellante en el caso.
En esta causa se investiga la oferta pública de acciones ordinarias y acciones preferidas de Petroleo Brasileiro SA que se habría efectuado en el mercado de capitales nacional, entre 2006 y diciembre de 2014.
Allí presuntamente había afirmado, según la querella, circunstancias falsas al público inversor, consistentes en la tenencia de activos fijos por un valor supuestamente superior al real, a través de la consignación de datos de los balances de la empresa, supuestamente apócrifos.
La presunta maniobra habría consistido en que los estados contables presentados ante la Comisión Nacional de Valores habrían exhibido una sobrevaluación del rubro del activo denominado “propiedad, planta y equipo”.
Se habrían computado como costos de aquellos los sobreprecios o gastos adicionales pagados a contratistas y proveedores, con lo que aparecía distorsionada la imagen económica de la empresa frente a los accionistas y el público inversor.
Las conductas objeto del proceso habían sido calificadas como constitutivas de los supuestos delitos de ofrecimiento fraudulento de valores negociables y consignación de datos falsos en los balances contables, cuya pena máxima es de 6 años de prisión, que es el límite temporal que se analizó a los fines de la prescripción.
El 17 de abril de 2019 el Juzgado Penal Económico 2 había dispuesto la citación a prestar declaración indagatoria de la firma y algunas autoridades.
Posteriormente se dictaron los autos de procesamiento de Silvia Foster de Barbassa y Petróleo Brasileiro SA y, de otro lado, fueron sobreseídos José Alcides Santoro Martins, José Carlos Cosenza, Ronaldo Batista Assuncao, José Antonio de Fuguiredo, José Miranda Fomigli Filho, Iván de Souza Monteiro, Roberto Motro, Jorge Celestino Ramos, Alberto Da Fonseca Guimaraes y Raúl Adalberto de Campos. Posteriormente fue sobreseído Mauro Gentile Rodrigues da Cunha en 2024.
La defensa de Foster de Barbassa y Petroleo Brasileiro apelaron y, en 2025, la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico revocó los procesamientos.
Consideró que las decisiones eran prematuras y que no se había acreditado el delito ni se había completado la investigación sobre la idoneidad de los programas de control interno, y encomendó profundizar la investigación.
Previo a que la Cámara revocara los procesamientos y durante la tramitación de los recursos de apelación, el juzgado había dado intervención a los querellantes que habían requerido elevar el caso a juicio.
Sin embargo, en el caso se consideró que ese pedido no interrumpió la prescripción, porque la Cámara Penal Económico revocó los procesamientos.
Por ello, el 3 de septiembre de 2025 el Juzgado Penal Económico 2 declaró extinguidas las acciones penales contra Petróleo Brasileiro SA y todas las autoridades denunciadas.
Dijo que el plazo de prescripción aplicable era de seis años, correspondiente al máximo de la escala penal mayor prevista por los tipos penales involucrados y que ya se había cumplido.
Si bien el curso de la prescripción se interrumpió el 17 de abril de 2019 con el llamado a prestar declaración indagatoria de los imputados, desde aquel acto hasta la actualidad transcurrió el plazo máximo de 6 años.
La decisión del juez de primera instancia fue confirmada por la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico y ahora por los jueces de Casación, que intervinieron ante el recurso de los querellantes, Consumidores Financieros.
El juez Carlos Mahiques consideró que lo resuelto en la Cámara Penal Económico se encontraba debidamente fundamentado.
Entendió que no corresponde considerar aquí la imprescriptibilidad de los casos de corrupción, pues los tratados internacionales suscriptos por nuestro país en punto a la corrupción no habilitan por sí mismos a considerar imprescriptibles maniobras que se puedan vincular ya sea directa o indirectamente con ese fenómeno.
Finalmente, y frente a los reclamos de la parte querellante sobre supuestas dilaciones atribuidas a las defensas, Mahiques explicó que la extinción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho por el transcurso del tiempo.
En un voto concurrente, el juez Borinsky comenzó recordando que, para computar el término de la prescripción de la acción en un proceso penal, debe estarse a la pena del delito más severamente reprimido de los atribuidos al imputado y a la posible calificación más gravosa.
Destacó que la penalidad máxima para los delitos atribuidos era de 6 años de prisión y que, teniendo en cuenta que el único acto interruptivo del curso de la prescripción fue el llamado a indagatoria del 17 de abril de 2019, transcurrió el plazo correspondiente.
Destacó asimismo que las referencias de la querella al delito de lavado de activos o a un delito continuado más allá de la fecha de cese fijada en autos, esgrimidas sin fundamentos ni pruebas que las avalen y al solo efecto de mantener vigente la acción penal, no encontraban sustento en alguna de las constancias de la causa.
Por otra parte, Borinsky coincidió con el juez Mahiques en que el requerimiento de elevación a juicio presentado por la querella no tiene capacidad para interrumpir el curso de la prescripción, pues esta pieza fue presentada antes de que la Cámara Penal Económico revocara los procesamientos de los imputados.
Por su parte, el doctor Yacobucci compartió los argumentos de sus colegas y acompañó el rechazo del recurso de casación de la querella.
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