El cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguros) denunció ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) graves violaciones a los derechos laborales por parte del gobierno de Javier Milei, en una presentación en la que advirtió sobre una “destrucción sistemática” del modelo democrático de relaciones laborales en el país.

“En la ausencia de control estatal promovida por el Gobierno se plasma la aniquilación de los derechos laborales -dijo el sindicalista-. Esto no es “modernización laboral”, es precarización del trabajo».

En el discurso ante la conferencia anual de la OIT, en Ginebra, Suiza, que brindó en representación de la CGT y de las dos CTA, Sola criticó en duros términos la “demolición” de décadas de consensos sociales, “todo bajo una premisa inaceptable: que la protección del trabajador es un obstáculo para la economía”.

La denuncia del sindicalismo argentino sostuvo que lo que ocurre en el país “no es una disputa sobre tecnicismos administrativos o simples ajustes presupuestarios”, sino “el desmantelamiento sistemático” de la administración oficial de las relaciones laborales, contrario a los convenios internacionales a los que adhirió la Argentina.

Uno de los ejes exclusivos del texto fue la acusación directa al propio Javier Milei de una voluntad explícita de “destruir al Estado”, citando su declaración de verse a sí mismo como un “topo” encargado de destruirlo “desde adentro” y de considerar “la justicia social como una aberración, como el cáncer de la Argentina”.

El discurso efectuado ante la OIT apuntó especialmente a la violación del Convenio 150, que establece los parámetros para la administración del trabajo y exige estructuras estatales con legitimidad social, autonomía y recursos suficientes. Para la CGT y las dos CTA, la transformación del Ministerio de Trabajo en una Secretaría fue la “primera señal inequívoca” de la orientación oficial: “No es sólo una cuestión de organigrama, es una degradación funcional profunda”, señalaron, agregando que al diluir la cartera entre áreas tan dispares como salud y educación, “se ha diluido su capacidad de influencia y coordinación”.

La reducción de estructuras estatales, el despido de personal especializado y la “liquidación de capacidad técnica operativa acumulada durante años”, forman parte según los sindicatos del mismo proceso de debilitamiento. Se denunció que, a partir de la reforma de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público (Ley 25.164), los empleados estables del Estado pueden ser cesados “a criterio discrecional” si se considera que existe un “exceso en la dotación óptima”: “Estamos ante la legalización de la inestabilidad en el corazón del Estado”, dijo Sola durante su discurso.

El otro gran eje señalado es el modo en que el Ejecutivo, según los gremios, desplazó el diálogo social y parlamentario para “imponer unilateralmente una agenda de reformas regresivas”. Según la exposición sindical, el DNU 70/23 representó una de las transformaciones laborales más profundas desde el retorno democrático y fue la antesala de las leyes de Bases y Modernización Laboral (Leyes 27.742 y 27.802). Agrega que estas normas, que los sindicatos califican de “paradigma flexibilizador”, fueron diseñadas e impulsadas sin consulta ni diálogo genuino con los actores sociales. Se argumenta que esto contradice los principios del Convenio 144, basado en la participación tripartita (Estado, empleadores y trabajadores).

En ese sentido, la intervención gremial destaca la respuesta de la propia Comisión de Expertos de la OIT, que fue “clara: las reformas de gran impacto deben desarrollarse mediante procesos genuinos de consulta con las organizaciones representativas”. A diferencia de ese principio, sostienen que en la Argentina “el tripartismo ha sido reemplazado por la imposición”.

Sola denunció “un patrón sistemático de ataques legales y administrativos a los sindicatos y profesionales del Estado”. Un caso que mencionó fue la publicación del decreto del Poder Ejecutivo que reglamentó la reforma laboral el mismo día de inicio de la conferencia de la OIT, lo que interpretó como una muestra de “hostilidad” del Gobierno, con “excesos reglamentarios y violaciones a la Constitución Nacional, vulnerando nuevamente el convenio 150”.

Además, cuestionó la aplicación de “sumarios administrativos, multas millonarias a gremios como La Fraternidad y UTA por ejercer el derecho de huelga» y mencionó el caso de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cuyas elecciones fueron anuladas por la Justicia, que nombró un interventor al frente del gremio.

En el plano del control estatal, se denunció la “aniquilación” del sistema de inspección del trabajo, citando a los informes de la OIT sobre la “insuficiencia crítica de inspectores”, en especial en el sector agrícola, donde “la fiscalización es casi inexistente, dejando a los trabajadores rurales en un vacío de control absoluto”.

La presentación de Sola fue más allá del área laboral y enumeró “el desmantelamiento de áreas clave para el entramado social productivo”. En ese sentido, el dirigente destacó la reducción del 29% de empleados del Estado nacional centralizado desde 2023 hasta febrero de 2026, aclarando que el mayor impacto recae en organismos clave para la protección social.

Enseguida ejemplificó la situación en distintos sectores. En el CONICET, principal organismo científico, dijo que se denunciaron “más de 4000 puestos de trabajo perdidos” y la suspensión de ingresos de investigadores, lo que paraliza su funcionamiento. La interrupción de la inversión en obra pública y la afectación de organismos tecnológicos como el INTI y el INTA también forman parte del cuadro, con “cientos de técnicos” puestos a disponibilidad y la “desarticulación” de programas industriales y agropecuarios.

La degradación del antiguo Ministerio de Desarrollo Social, el despido masivo de personal en la Secretaría de Derechos Humanos (44% de la plantilla), la eliminación del Ministerio de la Mujer (con el 85% del personal desafectado) y el “desfinanciamiento crítico” de la universidad pública —que, según Sola, implicó pérdidas salariales de más del 40% para el sector universitario— fueron otras aristas del diagnóstico sindical.

En materia previsional y de protección de personas con discapacidad, el cotitular de la CGT también advirtió sobre un “deterioro deliberado” de los sistemas de cobertura, la “no actualización” de haberes y el desfinanciamiento de las prestaciones clave.

Sola denunció, además, la “política de criminalización del conflicto social” por parte del Ministerio de Seguridad, señalando la resolución 943/2023 y el uso de balas de goma y gases lacrimógenos durante protestas. Planteó que esta conducta implica una “clara violación a la libertad sindical y el derecho de huelga” reconocidos internacionalmente en el Convenio 87 de la OIT.

Para Sola, mientras que desde el Gobierno no haya una “rectificación inmediata del rumbo y no se restablezca el diálogo social auténtico”, las organizaciones sindicales recurrirán “a todas las instancias de denuncia por incumplimiento de los convenios 87 y 98”, tras lo cual dijo que “la defensa de la dignidad laboral es una causa irrenunciable que sostendrán en la calle y ante organismos internacionales”.

Por su parte, en representación de la CTA de los Trabajadores, Roberto Baradel (CTERA) denunció el deterioro de la institucionalidad laboral y afirmó que “cuando un país reduce sus estructuras de inspección, debilita su autoridad laboral, elimina espacios de diálogo social, restringe la negociación colectiva y limita el derecho de huelga, no estamos frente a una simple reorganización administrativa, sino frente a un proceso de debilitamiento de las capacidades estatales destinadas a garantizar el trabajo decente y los derechos fundamentales de los trabajadores”.

Durante su intervención, Baradel reclamó que la OIT inste al gobierno argentino a adoptar medidas urgentes para fortalecer la administración e inspección del trabajo, restablecer el diálogo social tripartito y garantizar el funcionamiento efectivo del Consejo del Salario, en cumplimiento de los Convenios 81, 129 y 150. “La justicia social no es una aberración como sostiene el presidente de la Argentina; es una condición necesaria para garantizar la paz y el bienestar general. Las centrales sindicales la vamos a defender en esta casa, en la calle, con la huelga y con la unidad y la lucha de la clase trabajadora”, sostuvo.

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La Casa Rosada difundió este jueves un documental titulado “Los héroes del Garrahan”, una producción audiovisual de casi 15 minutos en la que el Gobierno reconstruye, desde su punto de vista, el conflicto gremial que atravesó el Hospital Garrahan durante 2025 y reivindica a los trabajadores y autoridades que, según sostiene, garantizaron el funcionamiento del principal centro pediátrico del país durante las más de 40 medidas de fuerza realizadas a lo largo de ese año.

La presentación se realizó a través de un mensaje publicado en la cuenta oficial de la Casa Rosada en la red social X. “40 paros. Cientos de héroes. Miles de niños salvados. La verdadera historia de quienes nunca dejaron de trabajar para sostener el funcionamiento del principal hospital pediátrico de la Argentina”, expresó el Gobierno al difundir el material.

El documental fue coordinado por Presidencia de la Nación y el Ministerio de Salud y reúne testimonios de integrantes del Consejo de Administración y de trabajadores de distintas áreas del hospital que se manifestaron en desacuerdo con las modalidades de protesta impulsadas durante el conflicto. Son esas personas a las que la producción identifica como los “héroes” del Garrahan.

Según la posición oficial expuesta en el documental, el conflicto comenzó con reclamos salariales impulsados por el personal de salud, especialmente por los médicos residentes, pero luego derivó hacia otras demandas. Desde el Ministerio de Salud sostuvieron que “al comienzo del año electoral, la demanda de los gremios era por el salario del personal de salud” y que posteriormente “algo que comenzó como un reclamo genuino terminó en denuncias de vaciamiento y una sanción de una ley de emergencia pediátrica, para una emergencia que no existía”.

Una de las voces centrales de la producción es la del director médico del hospital, Mariano Pirozzo, quien asumió el cargo en julio del año pasado por decisión de la cartera sanitaria, en medio de la escalada del conflicto. El documental presenta el proceso desde la perspectiva de las autoridades y de trabajadores que continuaron desempeñando sus funciones durante las protestas.

La producción también recopila imágenes de archivo de las distintas acciones gremiales desarrolladas a lo largo de 2025. De acuerdo con las cifras difundidas por el Gobierno, se registraron más de 40 medidas entre paros parciales, huelgas de 24, 48 y 72 horas, abrazos simbólicos, ruidazos, festivales frente al hospital, radios abiertas, movilizaciones al Ministerio de Salud, al Congreso y a Plaza de Mayo, además de asambleas permanentes.

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En el relato oficial, gremios, partidos políticos y medios de comunicación aparecen como actores que contribuyeron a profundizar el conflicto y a poner en riesgo el normal funcionamiento del establecimiento.

El documental identifica como uno de los episodios más graves la ocupación de la oficina de la Dirección Médica del hospital ocurrida el 31 de octubre de 2025. Según se señala en la producción, ese hecho se produjo después de que el Poder Ejecutivo otorgara un incremento salarial del 61% para todo el personal. Para las autoridades nacionales, ese episodio constituyó una muestra de que el conflicto ya no respondía exclusivamente a reclamos económicos.

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A lo largo del material audiovisual, el Gobierno contrapone esas escenas de tensión con la gestión implementada posteriormente en el hospital. El documental destaca criterios vinculados con la eficiencia operativa, la planificación y la racionalización del gasto como ejes de la administración impulsada por las autoridades nacionales.

La difusión de “Los héroes del Garrahan” se produjo en medio de una nueva controversia con los sindicatos que representan a trabajadores del establecimiento. La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y la Junta Interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocaron para este jueves a una conferencia de prensa y a un acto frente al hospital para rechazar el contenido del documental.

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Desde los gremios cuestionaron la visión presentada por el Gobierno y sostuvieron que las medidas de fuerza del año pasado estuvieron motivadas por la situación salarial del personal. “El reclamo de 2025 surgió de las entrañas del hospital. Quienes garantizaron los procedimientos más complejos también hicieron paro. Es que esos procedimientos dependen de un complejo engranaje de oficios y profesiones que salió a la lucha porque no se aguantaba más el desastre salarial”, afirmó Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan.

Las organizaciones sindicales también sostienen que persisten problemas vinculados al presupuesto, la dotación de personal y sanciones que consideran arbitrarias. Además, denuncian persecución política contra trabajadores que participaron de las medidas de fuerza realizadas durante el conflicto.

Hospital Garrahan, Javier Milei, Ministerio de salud