pic.twitter.com/6tY185hfBg,April 24, 2026,Jaime Rosemberg,Conforme a

El Gobierno nacional nombró a quien asumirá la conducción de la Secretaría de Coordinación de Infaestructura luego de que su ex titular, Carlos Frugoni, sea desplazado de su cargo.

Según informó el Ministerio de Economía, será Fernando Herrmann, quien tome el puesto que queda vacante. No se trata de una nueva incorporación; por el contrario, Herrmann se desempeñaba como titular de la cartera de Transporte.

“Por su parte, Mariano Plencovich, asumirá el cargo de Secretario de Transporte”, informaron desde el Gobierno.

El Gobierno tomó la decisión de desplazar a Frugoni luego de que se conociera que había omitido incluir en su declaración jurada una serie de propiedades en Estados Unidos.

Herrnann, arquitecto de profesión, asumió la conducción del área de Transporte en enero de este año tras la salida de Luis Octavio Pierrini. Todo quedó oficializado mediante el Decreto 47/2026.

En simultáneo, se dieron otros cambios entre las máximas autoridades de las empresas estatales Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF): los dos presidentes de las empresas, Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore, renunciaron esa misma semana.

La salida de Carlos Frugoni

El funcionario del área de Infraestructura presentó su dimisión tras revelarse que omitió siete propiedades en Miami y Palm Beach de sus declaraciones juradas, adquiridas entre 2020 y 2022 a través de sociedades de responsabilidad limitada constituidas en Delaware. La situación generó una crisis de confianza que hizo insostenible su continuidad en el cargo.

Al menos cinco de esos inmuebles fueron identificados en registros oficiales del condado de Palm Beach, con valores de entre USD 215.000 y USD 216.000. El listado incluye el apartamento 626 de 5187 Oak Hill Lane en Delray Beach; el departamento 309 de 300 Waterway Drive South en Lantana; una unidad en 13212 Glenmoor Drive en West Palm Beach; el departamento 203 de 3516 Whitehall Drive en West Palm Beach; y el apartamento 125 de 3605 South Ocean Boulevard en South Palm Beach. Las adquisiciones se canalizaron a través de las sociedades Genova y Waki, constituidas en Delaware en 2021 y 2025, respectivamente, y ninguna fue informada ante las autoridades argentinas.

El propio Frugoni admitió su error ante el periodista Nicolás Wiñaski: “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”. Justificó las omisiones al señalar que hasta ese momento solo tributaba en Estados Unidos, aunque aseguró que regularizaría la situación tras asumir su cargo nacional.

El crecimiento de su patrimonio refuerza las dudas sobre la transparencia de su gestión. En 2019, Frugoni declaró USD 98.000 en caja y tres millones de pesos en acciones. Tras las compras en Miami, sus acciones superaron los 40 millones de pesos en 2023 y declaró inversiones en 16 empresas, junto a depósitos de 400.000 dólares en el exterior.

Las revelaciones impulsaron denuncias judiciales lideradas por el abogado Alejandro Díaz Pascual y el legislador Facundo Del Gaiso. Las causas quedaron radicadas en el juzgado federal a cargo del juez Daniel Rafecas e implican presuntos delitos por ocultar un patrimonio superior a 1,5 millones de dólares.

Del Gaiso no ahorró críticas y publicó en la red X: “Gran año el 2022 para Frugoni. Después de comprar 7 propiedades en Miami y olvidarse de declararlas, le sobró dinero para que en el año 2023 haga inversiones en 16 empresas por 40 millones de pesos, con el dólar a $200.” El legislador también subrayó que el ahora exfuncionario cobró sueldos oficiales mientras enviaba fondos personales al exterior.

En el entorno gubernamental, el caso generó reacciones de distinta intensidad. Un alto funcionario calificó el hecho de “gravísimo” y señaló que Frugoni “tiene que explicarlo”, según publicó Infobae. Otras voces consultadas por el mismo medio consideraron que el episodio supera en gravedad a antecedentes recientes, como el del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Una fuente cercana al despacho presidencial marcó la diferencia: “Nos llama la atención que los medios sean tan diferentes con el que es un escándalo en serio que con lo que fueron con Manuel, que todos saben que es una pelotudez sin corrupción ni omisión”. Otro funcionario fue más directo al comparar la magnitud de los bienes: “Estás comparando siete casas en Miami con dos propiedades en Argentina. Tiene que aclarar el tema”.

En medio de la investigación judicial que tiene como protagonista al jefe de Gabinete por su patrimonio, el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, fue señalado por la Justicia por presuntamente haber ocultado a la Oficina Anticorrupción y al organismo que conduce la posesión de tres propiedades en Estados Unidos que valen más de US$2,1 millones.

El pedido de indagatoria fue emitido por el fiscal nacional de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien consideró que Vázquez debería ser procesado por el delito de omisión maliciosa de consignar datos en la declaración jurada patrimonial.

Se trata de una figura penal que prevé hasta 2 años de prisión y la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos. En paralelo, Rodríguez le solicitó al fiscal federal Guillermo Marijuán que amplíe la investigación a los presuntos delitos de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En su solicitud, que deberá ser resuelta por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, el titular de la PIA enfatizó que “sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial por cuanto maliciosamente obvió insertar el real vinculo que tenía con las sociedades que registran bienes en el exterior, inmuebles que él y su familia usufructúan”.

El funcionario, que fue nombrado como titular de la Dirección General Impositiva (DGI) en octubre de 2024 y ascendido a la cúpula de ARCA en diciembre de 2025 por Javier Milei, es investigado desde diciembre de 2024 luego de que se conociera su supuesta vinculación con tres inmuebles en Miami.

Las propiedades señaladas son las unidades 3504 y 2811 del complejo Icon Brickell, adquiridas en enero de 2013 por US$710.000 y US$400.000, respectivamente, mediante la sociedad panameña Alcorta Corp., además de la suite 904 del condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles, comprada en julio de 2015 por US$980.000 a través de Pompeya Group Corp.

Ambas firmas de origen panameño pasaron en 2016 a manos de Galanthus Capital Limited, una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas donde Vázquez figura como beneficiario final, según formularios internos del estudio Trident Trust a los que accedió el diario La Nación y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés). En esos documentos, Vázquez fue catalogado como Persona Políticamente Expuesta (PEP).

En este escenario, tres diputados de la Coalición Cívica -Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Mónica Frade- presentaron una denuncia penal que cayó en manos del juez federal Daniel Rafecas y el fiscal federal Carlos Rívolo. Sin embargo, luego pasó a Martínez de Giorgi y el fiscal Guillermo Marijuán, quien solicitó información adicional de las Islas Vírgenes Británicas mediante un exhorto judicial.

En esa tarea, también trabajan junto al fiscal dos fiscalías especializadas: la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Procuraduría de Investigaciones Administrativa. Fue esta última quien ahora pidió la citación indagatoria al argumentar que Vázquez nunca hizo mención a sus propiedades en las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción y la AFIP entre 2011 y 2015, y en 2023.

Para el fiscal Rodríguez, existe una hipótesis de enriquecimiento ilícito, ya que Vázquez declaró tener US$40 mil en activos líquidos al cierre de 2012 y US$44.000 al cierre de 2013, pero compró inmuebles por US$1,1 millón en enero de 2013 y por otros US$980.000 en julio de 2015.

En ese contexto, Rodríguez aseguró en su dictamen haber verificado que el funcionario y su exesposa Silvia Ivone Rodríguez, empleada de ARCA, pagaron impuestos municipales en el condado de Miami por esos inmuebles por un total de US$136.761 entre 2014 y 2018. Según su investigación, también se registraron reintegros de impuestos enviados a nombre del propio Vázquez y su exesposa, mientras que sus hijas residen allí desde 2022, de acuerdo a la declaración de domicilio real ante el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Leé también: El Gobierno ultima los detalles de la presentación de Adorni y se concentra en los próximos pasos de su agenda

Además de pedir la citación indagatoria, la PIA solicitó al juez Martínez de Giorgi librar exhortos internacionales al Bank of America, al PNC Bank y al Wells Fargo, donde Vázquez y su grupo familiar tendrían cuentas, y reiterar el pedido de información a las autoridades judiciales de las Islas Vírgenes Británicas.

En paralelo, Rodríguez también requirió información a la Embajada de Estados Unidos sobre los movimientos migratorios de Vázquez, su ex esposa y sus dos hijas en territorio norteamericano desde 2012.

ARCA, Gobierno, Procuraduria de Investigaciones Administrativas