POLITICA
Quiénes son los dos argentinos que fueron liberados tras ser detenidos en Libia cuando iban en una misión humanitaria

El canciller Pablo Quirno informó este miércoles que dos argentinos fueron liberados tras ser arrestados en Libia cuando intentaban llegar a Gaza en una misión humanitaria. El Ministro de Relaciones Exteriores confirmó que ambos estaban en Turquía a la espera de regresar al país.
Los ciudadanos fueron identificados como María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, quienes fueron detenidos el pasado 24 de mayo en la zona de Sirte, que se encuentra a casi 500 kilómetros de la capital Trípoli. De allí los trasladaron a Bengasi, al este del país, hasta que esta mañana finalmente fueron expulsados y viajaron a Estambul, donde los recibió un equipo diplomático.
“Desde el 24 de mayo, fecha en la que Gimenez y Aguilera fueron detenidos, la Cancillería Argentina, a través de la Dirección General de Asuntos Consulares y la Embajada Argentina en Túnez, llevó adelante de manera permanente distintas gestiones consulares y políticas, incluyendo el desplazamiento del Cónsul argentino en Túnez a Bengasi y las arduas gestiones junto a países amigos, la UNSMIL (Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia) y el Comité Internacional de la Cruz Roja hicieron posible su liberación”, explicó Quirno.
Y añadió: “La Cancillería Argentina no hace política ni espectáculo con los ciudadanos argentinos que necesitan ayuda en el exterior. Todas estas gestiones se llevaron adelante con la cautela que la situación ameritaba, debido a la complejidad del caso y del contexto jurídico-político en que se desarrollaron”.
Días atrás, el diputado kirchnerista Hugo Yanksy había pedido citar a Quirno para que expliqué qué fue lo que había pasado con los dos ciudadanos.
Quiénes son los dos argentinos que fueron expulsados de Libia
María Paula Giménez, de 42 años, es psicóloga, y Lucas Aguilera, de 49, es médico veterinario. Ambos son oriundos de Mendoza —ella de la localidad de Alvear y él de Luján de Cuyo— y se desempeñan como directores de investigación de la agencia de noticias Nodal. Según explicó Adalberto Aguilera, hermano de Lucas, los dos tienen una extensa trayectoria ligada a la militancia social, la investigación periodística y la defensa de los derechos humanos, convicción desde la cual decidieron sumarse a la misión.
El recorrido del grupo comenzó en Estambul y continuó hacia Trípoli, donde se incorporaron a la caravana internacional. Aunque contaban con la documentación necesaria para transitar por Libia y habían recibido apoyo de gran parte de la población local, fueron arrestados cuando intentaban obtener autorización para avanzar por el noreste del país. Según relató la familia, las dificultades previstas estaban más cerca de Egipto y de la frontera con Gaza, por lo que la detención en territorio libio tomó por sorpresa a todos los integrantes de la delegación.

El convoy del que formaban parte, el Convoy Terrestre Global Sumud Maghreb, estaba integrado por más de 200 participantes de 25 países: médicos, periodistas, ingenieros, psicólogas, veterinarios, trabajadores humanitarios, parlamentarios, académicos y voluntarios civiles, además de ambulancias, vehículos logísticos y asistencia especializada destinada a la población palestina, de acuerdo con la información difundida por las organizaciones que acompañaron el caso. El objetivo era llegar al paso fronterizo de Rafah para exigir el ingreso seguro de ayuda humanitaria y denunciar el bloqueo impuesto sobre Gaza.
Tras recuperar la libertad, Aguilera se refirió a la experiencia en sus primeras declaraciones públicas. “Fueron días durísimos”, afirmó, y destacó la unión que se generó entre los detenidos pese a las diferencias idiomáticas y culturales. “Éramos de países distintos. Yo no hablo inglés, unos hablaban italiano, los otros inglés, y nos supimos comunicar, nos supimos sacar la fortaleza de adentro y salimos adelante”, señaló. El grupo de diez personas que compartió el cautiverio se autodenominó “los diez del Magreb”, según sus propias palabras.
Las organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos que acompañaron el proceso celebraron la liberación, pero advirtieron sobre la gravedad de lo ocurrido. En un comunicado, sostuvieron que “la libertad de las diez personas no borra la gravedad de lo ocurrido” y que “durante semanas fueron privadas arbitrariamente de su libertad, alejadas de sus familias y sometidas a una situación de extrema incertidumbre”. Calificaron la detención como un secuestro y afirmaron que los integrantes de la misión “nunca debieron haber sido secuestrados, retenidos ni criminalizados por participar de una misión civil y humanitaria”.
POLITICA
El ministro Mahiques impulsa el ascenso de un juez y se podría abrir una nueva vacante en Comodoro Py

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, propuso formalmente la designación del juez federal Daniel Rafecas en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, según indicaron fuentes al tanto de la iniciativa. De concretarse, el movimiento dejaría una nueva vacante en Comodoro Py y le abriría al Gobierno la posibilidad de promover a un nuevo magistrado en esos tribunales, donde se investigan las principales causas de corrupción.
La iniciativa constituye un primer paso hacia el nombramiento, pero todavía resta que el presidente Javier Milei la apruebe y envíe el pliego al Senado para su tratamiento.
La propuesta se produce en medio de un nuevo envío de pliegos judiciales al Senado −el Gobierno remitió más 17 postulaciones el jueves− y mientras Rafecas se encuentra transitoriamente al frente de uno de los juzgados más sensibles de Comodoro Py: aquel donde tramita la causa por la criptomoneda $LIBRA, que involucra al Presidente.
Con la eventual salida de Rafecas de Comodoro Py, los juzgados vacantes del fuero pasarían a ser cinco sobre un total de doce, lo que forzaría el esquema de subrogancias que rige actualmente y permite que un mismo magistrado esté al frente de varios juzgados.
Rafecas es titular del Juzgado Federal 3, pero también subroga el 6, vacante desde la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral, en 2020. Por estas horas, el juez está al frente incluso de un tercer juzgado, el 8, donde tramita la causa por la criptomoneda, y cuyo titular, Marcelo Martínez de Giorgi, está momentáneamente de licencia.
Su partida obligaría a reorganizar esas suplencias y redistribuir así todas las causas bajo su órbita. Entre ellas, figura la investigación por la voladura de la AMIA (recientemente procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses acusados de participar); la causa por enriquecimiento ilícito del diputado provincial Francisco Adorni y el caso de presunta violencia de género del expresidente Alberto Fernández contra Fabiola Yañez, que continúa en etapa de instrucción.
Al Juzgado Federal 3, además, podría regresar uno de los expedientes más delicados para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): la investigación sobre la fastuosa quinta ubicada en Villa Rosa, Pilar, que está a nombre de un monotributista y una jubilada, pero que pertenecería al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
Rafecas fue quien le dio al caso su primer impulso cuando ordenó los allanamientos que derivaron en el secuestro de una costosa flota de vehículos y otros elementos que apuntaban directamente contra Toviggino, como un bolso y una placa homenaje con su nombre.
Por pedido de los investigados, el caso luego recaló en la Justicia federal de Campana, pero en el recorrido, el fiscal la Casación Mario Villar pidió a la Corte Suprema para que se revise esa decisión y la causa regrese al juzgado que podría dejar Rafecas.
Para el juez, el movimiento sería un ascenso. Concursó para el cargo en 2018, cuando ya llevaba 14 años como juez de Comodoro Py. Terminó en el primer lugar del concurso, pero su pliego fue y vino durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández y nunca llegó a la Cámara alta.
Rafecas, además, fue la opción de Fernández para la Procuración, pero tampoco consiguió el cargo, porque su nombre era fuertemente resistido en el sector más cercano a la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner.
Hoy, tras más de dos décadas en Comodoro Py, el juez considera que es momento de dejar el juzgado, aseguran quienes lo tratan.
Reforma
Su eventual ascenso se produciría en medio de los planes del Gobierno de reformar Comodoro Py y de reducir a ocho la cantidad de juzgados federales de primera instancia.
Si ese proyecto llegara a concretarse −debería pasar por el Congreso− las decisiones judiciales se concentrarían en los jueces titulares de Comodoro Py, pero aún así, sin Rafecas, haría falta nombrar a un nuevo juez.
Con la llegada Mahiques al Ministerio de Justicia, el Gobierno impuso su propia impronta a los tribunales de Retiro.
Por ahora, el movimiento más importante en ese sentido fue la renovación de la Cámara Federal porteña, el tribunal que revisa las decisiones de todos los jueces de primera instancia de Comodoro Py.
Allí, el oficialismo consiguió el nombramiento de dos camaristas, Pablo Yadarola, que era juez del fuero Penal Económico, y el de Pablo Bertuzzi, que formaba parte de la Cámara, pero había llegado mediante un traslado y no estaba firme en el cargo.
Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
50 sindicatos irán a la Justicia en reclamo de $688 mil millones de las obras sociales que retiene el Gobierno

El enfrentamiento entre el sindicalismo y el Gobierno por las obras sociales se pondrá al rojo: unos 50 sindicatos piloteados por Luis Barrionuevo (gastronómicos) harán en las próximas horas una presentación conjunta ante la Justicia en reclamo de que el Ministerio de Economía libere unos 688 mil millones de dólares que tiene retenidos y que los devuelva al sistema sindical de salud.
En el escrito se denunciará al ministro Luis Caputo por incumplimiento de los deberes de funcionario público porque mantiene “pisado” dinero que corresponde a las obras sociales: serían, por un lado, 288 mil millones de pesos en un plazo fijo en el Banco Nación, que corresponden al Fondo Solidario de Redistribución (que paga los reintegros a las obras sociales) y, por otro, unos 400 mil millones de pesos en Fondos FIMA que se acumularon por una deuda que abonó OSDE ante su incumplimiento en los aportes generados por los adherentes voluntarios al sistema de obras sociales.
La decisión de ir a la Justicia se tomó anteayer en un encuentro que Barrionuevo mantuvo con gremios de su sector en la sede del Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA), a los que sumó la UOM Capital, que lidera Roberto Bonetti. La denuncia judicial también cuenta con el aval del Sindicato de Comercio, encabezado por Armando Cavalieri, que maneja OSECAC, la obra social más numerosa del país (1.200.000 afiliados).

Pero, en los hechos, la presentación judicial se convertirá en un desafío a la CGT, que sigue analizando qué hacer ante la aguda crisis financiera de las obras sociales, pero hasta ahora no adoptó “ninguna medida concreta”, como cuestionan en el barrionuevismo, pese a 3 reuniones infructuosas de sus dirigentes con el ministro de Salud, Mario Lugones, como anticipó Infobae.
Barrionuevo, además, rechazará el paro parcial de 2 o 4 horas que impulsa la CGT tras la visita del Papa León XIV e insistirá en realizar un paro general de 36 horas, con movilización, para exteriorizar su oposición a las políticas del gobierno de Javier Milei. Al mismo tiempo, su gremio, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), hará el 16 de noviembre un paro nacional y una movilización ante el Ministerio de Capital Humano en demanda de que la Secretaría de Trabajo le firme la certificación de autoridades por su triunfo electoral de diciembre pasado y que le homologue su último aumento salarial.
Un grupo de abogados está finalizando la redacción del escrito, en el que, además de la devolución de los fondos que tiene retenidos Economía, se reclamará al Gobierno que actualice el valor del nomenclador por el cual el Estado paga los medicamentos, congelado desde hace unos tres años, con lo cual las obras sociales están recuperando un 10% de lo que abonan en ese rubro.

El origen de los 288 mil millones de pesos que debe hoy el Estado al sistema de obras sociales surge de una partida adicional de casi 148 mil millones de pesos que el ex ministro de Economía Sergio Massa, a pedido de la CGT, incorporó en 2023 en el Presupuesto Nacional, destinada al financiamiento de prestaciones críticas como discapacidad en el sistema sindical de salud.
Ese dinero fue restituido parcialmente desde entonces a las obras sociales y su monto se incrementó porque está depositado en un plazo fijo en el Banco Nación.
Los 400 mil millones de pesos restantes que el Gobierno tendría retenidos provienen del Fondo de Emergencia y Asistencia de los Agentes del Seguro de Salud, bajo disposición de la Superintendencia de Servicios de Salud, que fue creado en 2016 y es donde se destinaron los millonarios recursos del acuerdo de pago con OSDE.

Esta prepaga fue denunciada en enero de 2017 por Swiss Medical, su principal competidora, por no haber ingresado al Fondo Solidario de Redistribución los aportes correspondientes a sus afiliados voluntarios, reclamo que derivó en una denuncia de la UFISES (Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social).
Finalmente, en septiembre de 2017 se llegó a un acuerdo por el que se aceptó el ofrecimiento de pago de OSDE por unos 8 mil millones de pesos, fondos que se destinaron esos recursos inicialmente al fideicomiso de la Cobertura Universal de Salud (CUS). Y en 2019, mediante el decreto 251, se trasladaron los fondos disponibles de ese acuerdo al Fondo de Emergencia y Asistencia para financiar el auxilio a las obras sociales.
Desde ese momento, con los fondos retenidos por el Estado y por la conjunción de varios factores, se acentuó la crisis financiara de las obras sociales con cortes de prestaciones y problemas de pago que obligan a la estructura gremial a derivar millonarios recursos para mantener el sistema de salud, pero de esa forma se está complicando el funcionamiento de los sindicatos.

En un intento por lograr alguna solución, la CGT mantuvo tres reuniones reservadas con el ministro Lugones en la sede de la UOCRA, aunque los sindicalistas se quejan de que el ministro sigue sin responder a las propuestas que le efectuaron para superar la crisis de las obras sociales que los expertos califican de “casi terminal”.
Tras el último de esos encuentros, que tuvo lugar a fines de septiembre, el panorama empeoró: según fuentes de la CGT, alrededor de un 90% de la plata del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre del aporte de trabajadores y empresarios para pagar los reintegros a las obras sociales, se destina hoy a las prestaciones por discapacidad, que demandan un gasto cercano al millón de pesos por afiliado en promedio y que representan unos 160 mil millones de pesos por mes, lo que deja muy poco margen para reintegrar a las obras sociales el dinero de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos más costosos.
El sanitarista Luis Scervino, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, director de la obra social de Obras Sanitarias y asesor de la CGT, dijo a Infobae: “Estamos en una encerrona. La Argentina financia la atención médica esencialmente a través de un modelo de seguridad social, es decir, con aportes y contribuciones, pero la caída del poder adquisitivo del salario, a la que se suma un aumento exponencial del gasto médico, obliga a las obras sociales a cubrirlo, y cuando no se puede por el alto costo, termina judicializándose. Esto es una olla a presión”.
POLITICA
Javier Milei opinó sobre el tenso cruce entre Santiago Maratea y la China Ansa: “Una emboscada por no ser kuka”

El presidente Javier Milei salió en defensa del influencer Santiago Maratea tras el fuerte cruce que mantuvo con la periodista Josefina “China” Ansa durante una grabación de PH, podemos hablar. El enfrentamiento, que se emitió el sábado por la noche en Telefe, se originó a partir de una pregunta sobre las colectas que organizó Maratea y derivó en un tenso intercambio que obligó al conductor Andy Kusnetzoff a interrumpir el programa.
La discusión comenzó cuando Ansa le preguntó qué le reclamaría a sí mismo si estuviera en el lugar de una persona que había donado dinero para alguna de sus campañas. Maratea respondió que siempre había cumplido los objetivos, pero la periodista mencionó puntualmente la colecta para construir un refugio para perros, cuya concreción puso en duda. El influencer entonces la acusó de no haber investigado lo suficiente.
El intercambio subió de tono, pese a los intentos de Kusnetzoff por mediar y a las disculpas de Ansa. Incluso, la producción debió realizar un corte de 20 minutos antes de retomar la grabación. El episodio generó repercusiones en las redes sociales y llegó hasta Milei, que se pronunció públicamente.
Primero, respondió a un posteo de un usuario en X, que destacaba la “altura” con la que Maratea respondió al planteo de la periodista. “La altura que tuvo Maratea para poner a esta boluda en su lugar, fue espectacular. La mandíbula descontrolada del conductor intentando dejar bien parada a la pasivo agresiva ignorante de su programa, es otro capítulo”, escribió @KrCarlit. A ello, el mandatario sumó: “No más palabras Sr. Juez”.
Un par de horas más tarde, replicó también a una publicación de la cuenta Agarra la Pala, que difundió declaraciones del periodista Marcelo Polino en Radio Mitre. Durante el comentario, Polino aseguró que Ansa rompió en llanto por la situación y que la pregunta que lanzó contra Maratea le había sido facilitada por la producción.
Al respecto, el líder de La Libertad Avanza (LLA) opinó: “Gravísimo. Aquí se cuenta como en PH se le ha hecho una emboscada a un invitado por no ser kuka (kirchnerista). Este tipo de situaciones son comunes en la TV argentina, y en especial para el caso del periodismo político. CIAO!”.
Noticia en desarrollo.
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