Las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados se reunirán este martes para comenzar a buscar acuerdos sobre los proyectos destinados a abordar el endeudamiento y la morosidad de las familias. El plenario fue fijado luego de que la Cámara Baja aprobara por unanimidad un emplazamiento que estableció un cronograma de trabajo y fijó para el 29 de septiembre la firma de los dictámenes.

En total, hay cerca de 50 iniciativas presentadas por distintos bloques de la oposición. Este lunes se sumó una propuesta de los diputados cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora y forman parte de Provincias Unidas.

Ese proyecto plantea crear una línea de préstamos destinada a las personas que se encuentran en situación 2 o 3 en la Central de Deudores del Banco Central. La iniciativa permitiría refinanciar las obligaciones mediante créditos de mayor plazo y menor costo financiero.

Los préstamos serían otorgados por bancos que adhieran voluntariamente al programa y contarían con beneficios impositivos destinados a reducir el costo financiero, además de fondeo proveniente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Según la propuesta, el Estado no asumiría las deudas privadas.

Los créditos se ajustarían por UVA, tendrían una tasa máxima del 7,5% anual y un plazo de cinco años para su cancelación.

La diputada Alejandra Torres explicó los fundamentos de la iniciativa: “No hay un problema de deuda por irresponsabilidad. Tomar un crédito es parte de la dinámica de cualquier familia y motoriza el crecimiento, como ocurre en los países más desarrollados. El problema son las tasas desproporcionadas, por eso proponemos una salida donde cada parte hace su esfuerzo”.

Cómo será el debate en las comisiones y cuáles son los proyectos que tienen más respaldo

El emplazamiento aprobado por la Cámara de Diputados el miércoles pasado estableció un cronograma de reuniones para este martes 15 y los días 22 y 29 de septiembre, siempre a las 14. En el último encuentro está prevista la firma de los dictámenes.

Las iniciativas fueron giradas a las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, pero no a Presupuesto y Hacienda. El bloque oficialista que conduce Gabriel Bornoroni recibió favorablemente esa decisión, bajo la premisa de que las medidas que finalmente se acuerden no deberían generar impacto fiscal.

Santiago Pauli ya llevaba dos semanas realizando reuniones con invitados y trabajando sobre un esquema similar al que finalmente aprobó la Cámara. A partir del emplazamiento, los bloques opositores buscan ahora acercar posiciones y reducir el número de propuestas para avanzar con textos consensuados.

Entre los proyectos mejor posicionados aparecen los del radical Pablo Juliano y la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade. También existen iniciativas impulsadas por Unión por la Patria.

Juliano propuso crear un Régimen de Protección y Defensa de Usuarios Financieros y Prevención del Sobreendeudamiento en el Sistema de Crédito. La iniciativa busca fomentar el acceso responsable al financiamiento, prevenir situaciones de sobreendeudamiento y aumentar la transparencia de las condiciones de contratación.

También apunta a reforzar la responsabilidad de las entidades al momento de otorgar créditos y promover la inclusión financiera.

Frade, en tanto, centró su propuesta en el uso responsable de las tarjetas de crédito. El proyecto establece que las entidades emisoras deberán ofrecer a sus clientes la posibilidad de fijar límites de gasto definidos por los propios usuarios, con el objetivo de prevenir situaciones de sobreendeudamiento.

La Libertad Avanza prepara un dictamen propio y pone el foco en el costo real de los créditos

La Libertad Avanza también trabaja en una propuesta propia para llevar al recinto. El eje estará puesto en las medidas vinculadas con el Costo Financiero Total (CFT), el indicador que refleja cuánto termina pagando efectivamente una persona por un crédito al sumar intereses, comisiones, seguros y otros cargos.

En las reuniones de la Mesa Política de la Casa Rosada, de las que participa el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la senadora Patricia Bullrich presentó una propuesta para implementar un sistema que brinde información más clara y explícita antes de contratar un préstamo.

El objetivo es que los usuarios puedan conocer de antemano el costo real del financiamiento y comparar las condiciones antes de asumir una deuda.

La iniciativa involucraría al Banco Central, los bancos y las empresas fintech en los mecanismos de refinanciación y en la revisión de la forma en que se informa el CFT.

A partir de ese planteo, el oficialismo prepara un dictamen alternativo, que buscará presentar el 29 de septiembre, cuando las comisiones firmen los distintos despachos.

De esta manera, La Libertad Avanza pasó de mantenerse al margen de las primeras propuestas sobre endeudamiento familiar a trabajar en una alternativa propia, mientras la oposición intenta consensuar un texto que reúna parte de las casi 50 iniciativas presentadas.

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezará este martes la reunión de la mesa política en una semana marcada por el envío del Presupuesto 2027, el proyecto sobre soberanía en Malvinas y el arranque del debate por la reforma electoral.

El encuentro está previsto después de la conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier y reunirá al núcleo que coordina la estrategia parlamentaria.

Con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, anunciada por el Presidente en cadena nacional, el gobierno quiere endurecer sanciones a empresas que operen en las Islas Malvinas y en la plataforma continental sin autorización argentina. Alcanza a prestadores y crea un Consejo de Seguridad Nacional.

El oficialismo evalúa ingresarlo por Diputados y considera que tiene más consenso transversal que el resto de la agenda, aunque no espera un tratamiento exprés.

El tercer frente es la reforma electoral. El martes la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados tiene prevista una reunión informativa.

El debate de la reforma electoral

Apurado por la Cámara Nacional Electoral, el oficialismo iniciará este martes el debate por la reforma electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. El proyecto, considerado clave para la reelección de Javier Milei, todavía no cuenta con los votos de sus aliados para uno de los puntos centrales: la eliminación de las PASO.

En esta discusión, el tiempo se vuelve un factor clave. En una acordada publicada el martes pasado, el máximo tribunal electoral advirtió que cualquier cambio en el sistema de votación vigente deberá comunicarse con anticipación para ser implementado en los próximos comicios.

“La eliminación de las PASO no va a suceder”, sentenció en diálogo con este medio un legislador oficialista que sigue de cerca la discusión. Las razones van más allá de la disputa electoral del próximo año: ningún actor político quiere desprenderse de una herramienta que podría serle útil.

Por eso, en Balcarce 50 consideraron la posibilidad de la suspensión, tal como se logró para las elecciones de 2025. Otra alternativa, menos atractiva para La Libertad Avanza, es la incorporación al debate de las primarias optativas para los espacios que necesiten dirimir sus internas.

“Suspenderlas o eliminarlas es más o menos lo mismo, porque lo que se está discutiendo es sobre cuál es el sistema electoral del año que viene”, afirmó a A24 a fines del mes pasado Patricia Bullrich, principal arquitecta de las negociaciones del oficialismo. Y agregó: “Lo que no queremos es que se acorte cuatro meses el Gobierno, el año que viene está casi perdido”.

El Gobierno oficializó la declaración de la ciudad de San Miguel de Tucumán como capital simbólica del país cada 9 de julio, con la promulgación de la de la Ley 27820.

La iniciativa establece que el reconocimiento alcance a la capital tucumana durante el Día de la Independencia y dispone que los actos centrales organizados por el Gobierno nacional para la fecha se realicen allí de forma permanente.

La medida apunta a consolidar el vínculo institucional entre la celebración nacional y la ciudad donde el Congreso de Tucumán declaró definitivamente la ruptura con la Corona española en 1816.

Esta medida se encuadra dentro de una serie de acuerdos que alcanzó el oficialismo con los sectores aliados en el Congreso para enviar un gesto político a los gobernadores. De hecho, también se ampliaron las cámaras federales de apelaciones en Tucumán. En su mayoría se trata de iniciativas sin costo fiscal pero con valor simbólico para los diputados provinciales a nivel local.

En ese sentido, otras de las iniciativas que se encuentran dentro de esta lista es la promulgación de la Ley 27823, que propone incorporar el ritual, la celebración y la peregrinación del Camino de Brochero al patrimonio cultural inmaterial de la República Argentina.

La declaración prevista se encuadra en la ley 26.118, que ratificó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. El texto identifica al Camino de Brochero como una práctica que reúne expresiones de devoción, recorridos de peregrinación y actividades culturales.

Según lo dispuesto, este ritual, la celebración y la peregrinación asociados a la ruta forman parte del patrimonio inmaterial argentino. La figura comprende prácticas, representaciones y conocimientos que las comunidades reconocen como parte de su herencia cultural.

La propuesta alcanza a una manifestación religiosa vinculada con la figura de José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el Cura Brochero, cuya devoción convoca actividades y peregrinaciones en territorio cordobés.

A su vez, declararon de interés el “Memorándum de entendimiento para la difusión y promoción” que une las rutas del Camino de Brochero y del Camino de Santiago de Compostela. El documento contempla la preservación, divulgación y promoción de ambas tradiciones.

De esta manera, garantizaron el desarrollo de actividades históricas, religiosas, culturales, académicas, sociales y turísticas relacionadas con la ruta gallega y la ruta brocheriana. El alcance incluye otras acciones que se vinculen con la celebración y la devoción en ambos itinerarios.

La ley impulsada por Alejandra Vigo recibió su aprobación definitiva a finales de agosto. La iniciativa ya había obtenido media sanción de la Cámara alta en septiembre de 2025.

La medida prevé que los peregrinos puedan acceder a un pasaporte para registrar el trayecto realizado. El mecanismo toma como referencia la experiencia del Camino de Santiago, en España.

El documento permitirá acreditar las etapas del recorrido y facilitará la participación de los viajeros en propuestas asociadas al turismo, la gastronomía y las artesanías.