Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato que conduce la CGT, cuestionó este domingo el reciente fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que dejó sin efecto una medida cautelar previa y permitió la entrada en vigencia de la reforma laboral. El sindicalista calificó la resolución como “indignante y aberrante”, y anticipó que en la central obrera evalúan llevar el caso hasta la Corte Suprema.

Jerónimo remarcó la gravedad institucional de que, al día siguiente del fallo, uno de los camaristas responsables, Víctor Arturo Pesino, recibiera en el Boletín Oficial la extensión de su mandato por cinco años pese a haber cumplido ya setenta y cinco años, la edad límite para ejercer el cargo. “El grado de obscenidad con que hicieron las cosas indigna y molesta; están jugando con la vida de los trabajadores”.

Durante una entrevista en Radio Con Vos, el sindicalista anticipó que el equipo jurídico de la CGT está evaluando “la recusación de los jueces” y el impulso de nuevas acciones, además de advertir que la pelea judicial podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. “Esto no se termina con la marcha del 30 de abril. Es una carrera de resistencia y sabemos que va a ser larga”, insistió.

La Confederación General del Trabajo (CGT) realizará el próximo jueves una movilización a Plaza de Mayo, en la previa de un nuevo Día del Trabajador, que también servirá como protesta abierta contra la reciente habilitación judicial de los artículos de la ley. Esta decisión se produce en un contexto que él mismo califica como crítico, marcado por “la degradación de la matriz productiva y el deterioro de las condiciones de vida” en la Argentina.

Críticas a los números oficiales, condiciones laborales y futuro político

Ante el anuncio del Gobierno sobre “índices positivos de empleo” y la supuesta recuperación del salario real, informado por el secretario de Trabajo Julio Cordero, Jerónimo desestimó cualquier mejoría y calificó los datos oficiales de “falacia”. En su visión, la realidad contradice la narrativa oficial: “El costo de vida es altísimo, los salarios tienen un desajuste terrible, y los acuerdos salariales van por detrás de la inflación”. Además, señaló que “el pueblo argentino en su conjunto está sufriendo, no solo los trabajadores formales”.

Al respecto, adelantó que la CGT está a punto de publicar, en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y con la participación de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), sus propios índices de inflación, pobreza y estadística laboral en el plazo de “quince a treinta días”.

Consultado sobre el posible agravamiento de la protesta social, Jerónimo no descartó la posibilidad de un paro general y subrayó que la conflictividad “va a seguir escalando” por el deterioro de la vida cotidiana: “No le alcanza a la gente para llegar a fin de mes. Se degradaron prácticamente todas las instituciones y organismos que protegen derechos laborales y la salud. Quitar subsidios a los discapacitados o desfinanciar universidades muestra el grado de insensibilidad del Gobierno”.

Sobre la renovación política y eventuales alianzas, Jerónimo destacó que la CGT mantiene encuentros “con todos los sectores dispuestos a construir una alternativa superadora”, mencionando entre otros a figuras como el pastor Dante Gebel, y que el espectro de interlocutores “debe ser mucho más amplio que el peronismo tradicional”.

La movilización del 30 de abril se perfila como un acto “pacífico”, según Jerónimo, pero con una intención clara de protesta. La convocatoria, abierta a sindicatos y sociedad en general, buscará expresar el rechazo al rumbo económico y político. Jerónimo concluyó: “Hay que construir una Argentina que devuelva la esperanza y genere previsibilidad en la vida diaria de los ciudadanos”.

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Axel Kicillof se sentará por primera vez al frente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, presidencia a la que llegó luego de un acuerdo con el kirchnerismo, que incluyó que el diputado nacional, Máximo Kirchner, dejase la conducción partidaria para quedar a cargo del Congreso del PJ. Como se sabe, la primera reunión de Kicillof como presidente del peronismo llega con un clima de interna renaciente al que se le suma un temario incluido por el presidente Javier Milei: la reforma electoral que busca en el Congreso.

Es un tema a debatir y que presumiblemente inicie este viernes cuando los 48 consejeros partidarios entre los que hay intendentes, ministros, legisladores, representantes gremiales, concejales, referentes de la juventud, entre otros, se reúnan en la sede del PJ bonaerense de la ciudad de La Plata. Este miércoles, el vicepresidente del PJ provincial e intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, planteó que “las PASO son una herramienta y creo que lo vamos a empezar a discutir en el partido para discutirlo a nivel provincial”. Tendrá que ver con cuál sea la determinación de un calendario electoral. Si hay PASO a nivel nacional o no”. Otermín lo dijo a título personal, pero aseguró -en declaraciones al streaming Uno Tres Cinco– que “sería interesante que -las Primarias- estén a nivel nacional”.

De sostenerse las primarias a nivel nacional, en Buenos Aires continuarán. Ese factor es funcional a las necesidades de las distintas fuerzas políticas en el orden bonaerense. Hoy, en el PJ, proliferan los nombres de posibles candidatos a la sucesión de Kicillof para el año que viene. Otermín es uno de esa larga lista que actualmente también incluye a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández; de Merlo, Gustavo Menéndez; de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; de La Plata, Julio Alak; de Quilmes (en uso de licencia) Mayra Mendoza; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; al ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis y hasta el senador bonaerense Sergio Berni. Pero más allá de la cuestión provincial, en el PJ buscan sostener las Primarias para ordenar el escenario electoral de los distritos: se evidenció en las 16 internas locales que tuvo el PJ en marzo último.

Otro tema que, por ahora —salvo que haya algún cambio legislativo de orden provincial— sí es potestad del Kicillof aplicar —o no— es el desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires. Será tema de debate durante todo este año y el que viene en el Partido Justicista.

La primera lectura que pone sobre la mesa el Ejecutivo bonaerense es el resultado de las elecciones del 2025. Para retener la Provincia “sirvió”. El peronismo ganó por casi 15 puntos los comicios de septiembre; sin embargo, todo se desvaneció en la elección a diputados nacionales. El kirchnerismo, con presencia plena en el nuevo consejo del Partido Justicialista, aún responsabiliza a Kicillof de aquella decisión y el resultado de octubre, donde La Libertad Avanza logró revertir la performance de las elecciones a legisladores bonaerenses.

El último punto del temario de la reunión de este viernes es “Análisis de la situación política actual”. Quienes forman parte del arco cristinista e integran el PJ bonaerense buscarán allí poner en agenda la detención que pesa sobre la expresidenta Cristina Kirchner. Una muestra la dio la diputada provincial Mayra Mendoza cuando días atrás en el chat de intendentes le deseó una pronta recuperación al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, -que fue operado de apendicitis en Barcelona- pero le recordó que “es la misma operación que tuvo CFK en diciembre, distintos contextos, a vos te tocó en Barcelona y a ella presa. Entiendo la preocupación de Axel, insisto con que hubiera sido HUMANO que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador”. En La Cámpora no perdonan que Kicillof no haya mandado un mensaje a Cristina Kirchner en todo este tiempo.

La situación de CFK sobrevolará en el peronismo durante todo el proceso de Kicillof como presidente partidario. “Hoy vivimos una circunstancia horrorosa que tiene que ver con la detención, persecución y la proscripción a la presidenta del Partido Justicialista en el orden nacional; un hecho que repudiamos con toda claridad”, sostuvo Otermín. “Si hubiera pasado en otro país que detengan a la principal referente de la oposición luego de que diga que iba a ser candidata, hubiera sido un escándalo”, consideró.

En las últimas horas, en declaraciones a Infobae al Mediodía, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, que es uno de los armadores políticos de Kicillof y ex secretario general de La Cámpora, también se refirió a la discusión interna y expresó: “Me parece que esta tendencia autodestructiva en la cual en algún momento naufragó nuestra fuerza política y derivó en Milei, hay que dejarla atrás, no busquemos culpables. No es esa la idea, pero sí tengamos la madurez de poder mirar hacia adelante, de una manera más constructiva”.

Este viernes, Kicillof se sentará en el centro de una mesa desde donde también buscará potenciar su candidatura presidencial. Lo escoltará la vicegobernadora, Verónica Magario que, junto con Otermín, ocupa otra de las vicepresidencias. Esa mesa está rodeada por la discusión electoral y las diferencias internas.

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Un paro propuesto por distintos gremios en Entre Ríos, en protesta contra la reforma previsional propuesta por el gobernador Rogelio Frigerio, movilizó a apenas 2.000 personas en Paraná este jueves. Como muestra del fracaso que representó la medida para los sindicatos, el 70% de los docentes de la provincia asistió a clases.

La protesta fue liderada por AGMER, que contó con el apoyo de otros gremios estatales, como ATE, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores y SADOP, además de partidos políticos de izquierda.

Según un cálculo del gobierno provincial, los sindicatos montaron un operativo que incluyó la contratación de al menos 15 colectivos, además de autos particulares y remises para forzar la presencia de manifestantes que viajaron desde distintos puntos de la provincia hacia la capital. Estiman que el costo de los vehículos pagados por los gremios fue de más de 30 millones de pesos.

De todos modos, y a pesar de los esfuerzos materiales para poner gente en las calles, el paro contó con una adhesión más que limitada. De acuerdo a datos del Consejo General de Educación (CGE), más del 70% de los docentes asistió a las aulas durante la jornada, lo que permitió el desarrollo normal de clases en la mayoría de las escuelas de la provincia.

En qué se centra la reforma previsional de Frigerio

Los puntos centrales de la propuesta oficial son mantener para el jubilado un haber del 82% sobre el bruto que percibe el activo. Esta garantía constituye una de las conquistas de los agentes públicos y representa un capital que la sociedad entrerriana considera propio, ya que ha sido defendida como un derecho adquirido ante avances restrictivos en el pasado.

Las modificaciones se proyectan en dos dimensiones: la edad jubilatoria y los regímenes especiales.

En la provincia, una mujer que trabaja para el Estado provincial puede retirarse a los 57 años y un varón a los 60. En el sector privado o para agentes del Gobierno nacional, los requisitos son 60 y 65 años, respectivamente.

Esa es la norma general. Sin embargo, las docentes pueden jubilarse a los 52 años y sus colegas varones a los 54, siempre que cumplan requisitos específicos en cuanto a años de servicio y desempeño frente al alumnado.

Los borradores de la reforma proponen que la variación de la edad sea progresiva y, en principio, no alcance ni a quienes ya cumplen condiciones para jubilarse ni a quienes les queda poco tiempo de servicio.

En la provincia, el nivel de aporte que hacen los trabajadores activos para sostener el sistema es alto, aproximadamente el 19 % del bruto. A pesar de ello, las contribuciones de 120.000 agentes en actividad y del Estado como empleador no alcanzan para cubrir los haberes de 65.000 pasivos.

Si bien el propio Frigerio encabezó las reuniones con sindicatos y partidos opositores desde un comienzo, las negociaciones no parecen estar llegando a buen puerto.

Víctor Sanzberro, senador justicialista, expuso el mes pasado, al conocer los detalles de la propuesta: “El desfinanciamiento brutal al que el gobierno nacional está sometiendo a la provincia no puede justificar que el costo del ajuste recaiga principalmente sobre trabajadores y jubilados entrerrianos”.

Los gremios, por otra parte, anticiparon su rechazo. El titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Entre Ríos), Oscar Muntes, manifestó: “El ajuste no debe pasar por los trabajadores”.

A su vez, desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), expresaron: “No vamos a ser cómplices ni permitir ninguna reforma que siempre significará pérdida de derechos para activos y jubilados”.

Este jueves, los sindicalistas intentaron paralizar la provincia, pero la medida de fuerza no tuvo el éxito que esperaban.