POLITICA
Reelecciones, internas y “Cristina libre”: los secretos del inédito asado que reunió peronistas, libertarios y radicales
Un asado en un centro cultural peronista de La Plata reunió por primera vez a los principales referentes de todos los bloques de la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense, en una cumbre política inédita que sentó en la misma mesa a dirigentes de La Cámpora, el espacio de Axel Kicillof, el Frente Renovador, La Libertad Avanza, el PRO, el radicalismo y el resto de las bancadas. La conversación incluyó las negociaciones por las reelecciones indefinidas de los intendentes, las vacantes de la Suprema Corte de Justicia y las diferencias internas del peronismo. También hubo un planteo de Facundo Tignanelli para incorporar la situación judicial de Cristina Kirchner entre las prioridades políticas.
Según pudo reconstruir Infobae, el encuentro del miércoles pasado dejó una novedad que podría tener consecuencias para el funcionamiento de la Legislatura: la intención de repetir estas reuniones una vez por mes, con representantes de todas las fuerzas parlamentarias de las dos cámaras, para discutir los principales asuntos de la provincia y establecer un mecanismo permanente de negociación política. Y que cualquier modificación de las reglas electorales -reelecciones indefinidas, fechas y boletas únicas de papel- debería definirse este año.
La iniciativa representa un cambio respecto de la dinámica que caracterizó la actividad legislativa durante los últimos años, con conversaciones fragmentadas, proyectos demorados y dificultades para construir acuerdos, incluso entre los distintos sectores del oficialismo. La posibilidad de mantener encuentros periódicos fue bien recibida por los participantes, que coincidieron en la conveniencia de establecer un contacto más directo entre quienes tienen la responsabilidad de conducir los bloques.
La organización estuvo a cargo del senador Sergio Berni, alineado políticamente con Cristina Kirchner, quien tomó la iniciativa de comunicarse individualmente con los dirigentes. La convocatoria se resolvió prácticamente de un día para otro, sin un temario formal ni negociaciones previas para establecer un documento conjunto.
Los bloques compartieron el asado en un centro cultural peronista
El almuerzo se realizó en el centro cultural El Amor y la Igualdad, en la calle 56 entre 8 y 9, en el centro de La Plata, que pertenece a Juan Manuel Pignocco, un funcionario del gobierno de Kicillof. La elección del lugar aportó uno de los datos de color de la jornada: los legisladores libertarios, radicales y del PRO compartieron una comida en un espacio identificado con el peronismo, con fotografías de Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en las paredes.
La ambientación partidaria quedó en segundo plano frente a la posibilidad de conversar sobre asuntos que mantienen enfrentados a los bloques. Hubo chorizos, morcillas y carne. La cita había sido convocada para las dos de la tarde y algunos legisladores llegaron desde reuniones de comisión, mientras que otros debieron retirarse para continuar con sus actividades parlamentarias.
El encuentro tuvo alrededor de 40 participantes, entre legisladores y autoridades de ambas cámaras. Por Diputados estuvieron Alejandro Dichiara, presidente del cuerpo; Facundo Tignanelli, titular del bloque peronista y referente de La Cámpora; Alexis Guerrera y Rubén Eslaiman, del Frente Renovador; Mariano Cascallares y Juan Pablo de Jesús, vinculados al espacio político de Kicillof; Juanes Osaba, de La Libertad Avanza; Alejandro Rabinovich, del PRO; Diego Garciarena, del radicalismo, y Martín Rozas, de Unión y Libertad.
Por el Senado participaron Berni, los representantes del PRO Pablo Petrecca y Alex Campbell, el libertario Carlos Curestis, Carlos Kikuchi y Sergio Vargas, de Unión y Libertad, y Marcelo Leguizamón, del bloque Hechos.
La composición de la mesa permitió una particularidad: dirigentes de las distintas vertientes del peronismo compartieron una conversación política con representantes del gobierno de Javier Milei y de otras fuerzas opositoras, en un contexto en el que las diferencias dentro del oficialismo bonaerense condicionan buena parte de las negociaciones legislativas.
La ausencia de Kicillof y de la vicegobernadora Verónica Magario también marcó el carácter de la convocatoria. Se trató de una iniciativa de los dirigentes parlamentarios, con la intención de establecer un ámbito propio de negociación.
Tignanelli pidió incluir la situación de Cristina Kirchner en la agenda
Uno de los momentos políticos de la conversación se produjo cuando Tignanelli introdujo la situación judicial de Cristina Kirchner y planteó que debía ocupar un lugar prioritario en la agenda.
El jefe del bloque peronista en Diputados puso sobre la mesa la posición de La Cámpora respecto de lo que ese sector considera la proscripción de la expresidenta y la consigna de “Cristina libre”, que el kirchnerismo mantiene como uno de sus principales objetivos políticos.
El planteo abrió una discusión sobre las prioridades de la Legislatura y los asuntos que efectivamente pueden resolverse mediante acuerdos parlamentarios bonaerenses. La situación de la exmandataria, condenada e inhabilitada para ejercer cargos públicos, pertenece al ámbito judicial federal, pero continúa atravesando las conversaciones sobre el futuro electoral del peronismo.
La intervención también dejó expuestas las diferentes posiciones de los sectores del oficialismo provincial. Mientras La Cámpora sostiene que la situación de Cristina debe formar parte de los acuerdos políticos, el kicillofismo tiene entre sus prioridades la modificación del régimen de reelecciones para los intendentes que pretenden competir nuevamente en 2027.
Las reelecciones de los intendentes
Las reelecciones indefinidas ocuparon otro capítulo de la conversación. Kicillof asumió un compromiso político con los intendentes para impulsar una modificación del régimen que limita los mandatos consecutivos, pero todavía enfrenta dificultades para reunir los votos necesarios.
La cuestión tiene especial importancia para los jefes comunales que necesitan conocer las reglas que estarán vigentes en 2027. Varios de ellos ya comenzaron a organizar sus estrategias electorales y requieren una definición para resolver si podrán presentarse nuevamente o deberán preparar una sucesión en sus municipios.
El problema es que las posiciones atraviesan transversalmente al oficialismo. El Frente Renovador conserva su oposición a las reelecciones indefinidas, mientras que La Cámpora pretende que cualquier entendimiento forme parte de una negociación institucional más amplia.
Durante el asado quedó expuesta la dificultad para construir una mayoría que permita aprobar la modificación. También apareció la conveniencia de resolver esa discusión durante lo que resta de 2026, antes de que comience formalmente el proceso electoral.
La cuestión terminó vinculada con otra diferencia política: el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses de 2025 y la estrategia que adoptará Kicillof si decide competir por la Presidencia en 2027.
Dentro del kirchnerismo persiste una interpretación crítica sobre aquella decisión. El sector cercano a Cristina considera que el gobernador priorizó los intereses de los intendentes, preocupados por conservar sus mayorías en los concejos deliberantes, y terminó condicionando la estrategia nacional del peronismo.
La separación de los comicios constituyó uno de los momentos determinantes del enfrentamiento entre Kicillof y la expresidenta. Ahora, ante una eventual candidatura presidencial del gobernador, reaparece el interrogante sobre la conveniencia de unificar las elecciones provinciales y nacionales.
La definición corresponderá al mandatario bonaerense, pero las diferencias sobre el calendario electoral vuelven a plantear una discusión entre los intendentes, el kirchnerismo y el sector que impulsa la proyección nacional de Kicillof.
Las vacantes de la Suprema Corte siguen atadas a una negociación más amplia
Las cuatro vacantes de la Suprema Corte bonaerense fueron otro de los asuntos que aparecieron en la conversación.
El radical Diego Garciarena insistió en la necesidad de avanzar con las designaciones y recordó que existen compromisos políticos anteriores para completar la integración del máximo tribunal. Tignanelli acompañó ese planteo, que el kirchnerismo considera parte de las cuestiones institucionales que deben resolverse antes de alcanzar nuevos entendimientos.
La discusión tiene una relación directa con las reelecciones indefinidas. Mientras el gobernador pretende avanzar con la modificación del régimen de mandatos, otros sectores del peronismo reclaman que las negociaciones incluyan la cobertura de las vacantes judiciales.
El problema político de fondo es que los acuerdos legislativos de mayor trascendencia siguen condicionados por las diferencias entre Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa.
La reunión permitió que sus representantes conversaran sobre los asuntos pendientes, aunque las definiciones principales requieren un entendimiento entre los dirigentes que conducen cada sector.
Las cámaras revisarán los proyectos con media sanción que siguen pendientes
Más allá de las diferencias, el encuentro terminó con un primer compromiso sobre el funcionamiento de la Legislatura: coordinar el tratamiento de los proyectos que recibieron media sanción por unanimidad en una cámara y permanecen pendientes de aprobación en la otra.
Durante el almuerzo hubo reclamos cruzados por las demoras. Desde el Senado se cuestionó que varias iniciativas aprobadas quedaran detenidas en Diputados, mientras que representantes de la Cámara baja recordaron que existen proyectos del Ejecutivo que tampoco avanzaron en la Cámara alta.
La solución acordada fue establecer una revisión de los expedientes para identificar aquellos que cuentan con consensos amplios y pueden completar su recorrido parlamentario antes de fin de año. Los proyectos que recibieron media sanción con diferencias políticas deberán continuar su propia negociación.
La tarea quedó en manos de los secretarios legislativos Gervasio Bozzano, de Diputados, y Mariano Ríos Ordóñez, del Senado, quienes deberán coordinar el tratamiento de las iniciativas pendientes.
También hubo un reclamo para conformar la comisión bicameral encargada de revisar proyectos de obras para los municipios y la asignación de parte de los fondos correspondientes, otro de los compromisos que permanecen sin resolver.
La principal novedad, sin embargo, fue la intención de darle continuidad al encuentro. Los participantes coincidieron en la conveniencia de reunirse una vez por mes para discutir las prioridades políticas y coordinar las negociaciones entre ambas cámaras.
La experiencia dejó una imagen singular: dirigentes de La Cámpora, el kicillofismo, el massismo, La Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo compartiendo un asado en un centro cultural peronista, rodeados por fotografías de Perón, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.
El próximo desafío será comprobar si esa primera conversación consigue convertirse en una mesa política estable para resolver los acuerdos que la Legislatura bonaerense mantiene pendientes.
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El presidente Javier Milei se refirió a las multitudinarias protestas que tienen lugar en Francia y que convocaron a chalecos amarillos, estudiantes de secundaria, universitarios, agricultores y sindicalistas este sábado 17 de octubre para protestar contra el costo de vida. El primer mandatario argentino criticó la situación en Europa y lo comparó con sus palabras durante el Foro de Davos de 2024.
“Pensar que luego de dicho discurso en Davos 2024, los analistas políticos, la política y los periodistas salieron a criticar brutalmente. Nada que debiera sorprender ante el déficit de IQ severo combinado con ignorancia y ceguera ideológica”, escribió este domingo Milei en su cuenta de X.
Y añadió: “¿Reconocerán que otra vez acerté y que ellos erraron fuerte? Lo dudo, carecen de honestidad intelectual, de conocimiento y autocrítica, al margen de la cuestionable calidad humana que muestran a diario. ¡CIAO!“.
Junto a sus palabras, Milei compartió un fragmento de su discurso en ese evento. En esa oportunidad, el jefe de Estado argentino comenzó diciendo que occidente estaba “en peligro”.
“Aquellos que supuestamente deben defender los valores de occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de querer pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo”, expresó Milei.
“Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca soluciona los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo sino que, por el contrario, son su causa”, señaló en ese entonces.
Protestas en París
Las nuevas palabras de Milei llegaron mientras Francia enfrenta graves problemas por los manifestantes, no sólo en París. Los reportes también hablaron de alcaldías asaltadas en Marsella, Lille y Limoges, la oficina de turismo incendiada en Lyon, y una manifestación espontánea que logró acercarse a escasos 150 metros del Elíseo y ocupar los Campos Elíseos.
La Policía anunció 855 detenidos, una cifra “récord”. Y 60 miembros de las fuerzas del orden resultaron heridos. “Aquellos que rompieron, atacaron prefecturas y comercios, pillaron hasta nuestras alcaldías, serán perseguidos y castigados”, prometió el presidente Emmanuel Macron.
Nacido en septiembre en las redes sociales por iniciativa de una nueva generación de chalecos amarillos, el llamamiento del 17 de octubre consiguió generar un efecto “bola de nieve”, arrastrando detrás suyo al sindicato de orientación comunista CGT, Solidaires y la Confederación Agrícola, las organizaciones de estudiantes de secundaria y universitarios, la Coordinación Rural, las marchas por el clima e incluso la intersindical de conductores de VTC, y contando con el apoyo del partido de extrema izquierda La Francia Insumisa (LFI) y el Partido Comunista (PCF).
Las reivindicaciones son un catálogo de la exasperación social: el precio de la nafta, las facturas de la luz, la canasta básica, el rechazo al proyecto de presupuesto 2027, así como la falta de recursos para la escuela y los hospitales.
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POLITICA
Mientras mira de cerca la evolución de la economía, el Gobierno suma un frente de presión por su estrategia sobre Malvinas
En los últimos días se conoció un dato positivo para el Gobierno respecto a la situación económica, con la confirmación de una leve baja en la morosidad de las familias. Sin embargo, creció la mora en las empresas. En este contexto, la gestión de Javier Milei sumó complicaciones a su estrategia de reclamo de soberanía por las Islas Malvinas. Además de las medidas del Reino Unido, desde el gobierno de Estados Unidos le hicieron reclamos concretos por las sanciones a empresas vinculadas a actividades hidrocarburíferas en el archipiélago.
Según el Informe sobre Bancos del Banco Central (BCRA), se registró una tenue baja de la morosidad de los créditos de las familias, 0,1 puntos porcentuales en agosto, que llegó a 12,8% mensual. El documento indicó que “la dinámica mensual se explicó por una caída de 0,98% en el saldo real en situación irregular, mientras que el financiamiento total no presentó cambios de magnitud en términos reales”.
A nivel total del sistema financiero, el atraso en los pagos se ubicó en agosto en 7,75% en la cartera de préstamos, contra el 7,73% del mes anterior. En préstamos personales fue del 17% del total, con un alza de 0,3% con respecto a julio (16,7%).
POLITICA
El gobierno porteño afirmó que reparar los destrozos en el Congreso costará 90 millones de pesos
La Ciudad de Buenos Aires informó que deberá destinar una suma estimada en $90 millones para reparar los daños provocados por manifestantes violentos que irrumpieron en el Congreso, luego de la fallida sesión en Diputados y en paralelo a la 5ta Marcha Federal Universitario. Los destrozos afectaron mobiliario urbano, veredas, canteros y superficies verdes de la Plaza de los Congresos y sus alrededores, indicó el gobierno porteño.
El reclamo universitario de desarrolló en forma pacífica para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, se desvirtuó con la irrupción de los violentos que desataron serios incidentes al enfrentarse con las fuerzas federales. Además de destrozos en el espacio público hubo detenidos y heridos.
La erogación necesaria aún podría crecer, indicaron las autoridades porteñas, una vez que se completen las evaluaciones técnicas, lo que refleja el impacto material de la jornada. La zona más castigada fue el corredor de Rivadavia entre Callao y Rodríguez Peña, donde se concentraron los enfrentamientos mientras del otro lado del escenario transcurría el acto central de la movilización.
Los disturbios se desataron minutos antes de que los rectores de las universidades públicas comenzaran a leer un documento con el reclamo para que el Gobierno Nacional cumpla con la ley de financiamiento, ratificada en cinco oportunidades por el Poder Legislativo y cuya implementación continúa bloqueada por la administración de Javier Milei. En otro sector de la plaza, hombres encapuchados comenzaron a arrojar cascotes contra la formación que custodiaba el vallado perimetral del palacio legislativo. Las piedras, según las crónicas de los periodistas presentes, llovían sobre los escudos de los gendarmes y rebotaban contra sus cascos de plástico.
Los grupos que iniciaron el conflicto surgieron en medio de una zona donde se identificaban banderas de sectores políticos de izquierda. La respuesta de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) fue inmediata: los agentes saturaron el área para proteger las vallas y respondieron con disparos de balas de goma y gas lacrimógeno. El gas obligó a numerosos manifestantes —muchos con el rostro cubierto— a retroceder por las calles aledañas, en un enfrentamiento que se extendió por más de dos horas.
Poco después, un camión hidrante llegó al cruce de Rivadavia y Entre Ríos. El vehículo necesitó la asistencia de un camión tanque para conectar la manguera y abastecerse de agua antes de desplegar su chorro contra los grupos más agresivos. Los proyectiles, lanzados con gomeras por manifestantes, alcanzaban incluso la posición de los cronistas, lo que obligó a extremar las precauciones durante la cobertura.
El saldo de la jornada arrojó 31 personas detenidas y ocho efectivos heridos, pertenecientes a GNA, Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía Federal. De acuerdo con fuentes policiales, tres integrantes de Gendarmería y uno de Prefectura resultaron lesionados por el impacto de elementos contundentes.
Los efectos del operativo traspasaron la calle y llegaron hasta el interior del recinto parlamentario. Según indicaron fuentes consultadas por Infobae, el gas lacrimógeno se sintió incluso en el anexo del Congreso, donde varios diputados debieron retirarse de los despachos del Palacio Legislativo tras sentirse descompuestos. Entre ellos, la diputada Cecilia Moreau tuvo que recostarse para recuperarse. “Nunca había pasado esto, le pusieron más fuerza al gas”, señalaron las mismas fuentes.
La movilización coincidió, además, con el intento de la oposición en la Cámara de Diputados de derogar el DNU 70/2023, el decreto que desreguló cientos de actividades al inicio de la gestión libertaria. Sin embargo, el oficialismo logró evitar el quórum necesario gracias a un puñado de ausencias de gobernadores aliados.
En las redes sociales, la funcionaria Alejandra Monteoliva cuestionó a quienes protagonizaron los disturbios. “Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”, escribió en su cuenta de X.
Y agregó: “El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”.
Las detenciones se concretaron antes de que Gendarmería procediera a desalojar la Plaza Congreso, en una operación que puso fin a una jornada marcada por los reclamos universitarios y los destrozos cuya factura preliminar de $90 millones recaerá sobre las arcas del gobierno porteño.
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