POLITICA
“Técnicamente indefendibles”: desvíos de hasta 1972% y productos que no eran los adjudicados en la Andis
Un paciente en Río Negro necesitaba una prótesis para amputación. En los papeles, aparecía un documento que decía que había sido entregada, pero eso era falso, según un informe oficial. Una “situación de gravedad”, lo describió uno de los reportes sobre las compras en la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que tiene la Justicia. “Se ha constatado la existencia de un remito de entrega debidamente suscripto por la madre del beneficiario. No obstante, mediante el relevamiento directo con los particulares, se ha determinado que dicha rúbrica fue obtenida bajo inducción a error al momento de la toma de medidas, no representando en modo alguno la recepción material del bien”, detalló.
Este y otros ejemplos integran el material que el Ministerio de Salud y el interventor de la exAndis, Alejandro Vilches, enviaron a la Justicia y en los que se alude a presuntos “desvíos que resultan técnicamente indefendibles”. Desde precios que eran hasta 1972% más altos que los abonados por otras reparticiones públicas como el PAMI, fuera por el mismo insumo o uno similar, hasta supuestos errores de categorización, además de productos importados más caros y con menor durabilidad que los nacionales.
Los informes técnicos sobre compras en la exAndis a los que tuvo acceso fueron firmados el 15 de octubre de 2025, menos de dos meses después de que comenzara “el caso Andis”, y el pasado 10 de abril. El primero aludió a compras puntuales de válvulas pulmonares, prótesis, implantes cocleares, sillas de ruedas y neuroestimulador. El segundo escrito incluyó insumos ortopédicos, referencias de mercado seleccionadas por quienes analizaron las facturas en Discapacidad y presuntos errores administrativos.
En octubre, Vilches explicó que la intervención encaraba un análisis de la documentación, los expedientes y los procedimientos “orientado a la detección de hechos relevantes y/o irregularidades” e incluyó múltiples observaciones que “podrían configurar apartamientos a las normas”.
Comenzó con el pago correspondiente a Farma Salud del 8 de julio de 2025. Fueron $425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. “A modo comparativo, se constató que el PAMI, a nivel central (…), adjudicó el 25 de marzo de 2025 a la firma Siprotec SA. el mismo sistema por un valor unitario de $124.200.000″, contrastó el informe.
Farma Salud fue foco de otra comparación por la adquisición de endoprótesis y una válvula pulmonar autoexpandible. La diferencia entre lo facturado a la exAndis y el precio de la compra de PAMI a otros proveedores llegó al 711% en este último caso.
En sus descargos ante la Justicia, dos de los representantes de Farma Salud negaron haber realizado pagos indebidos a funcionarios y apuntaron contra un tercer accionista de la firma.
El informe también detectó “una diferencia sustancial” en el segmento de implantes cocleares. Citó que “el precio promedio abonado por unidad a Droguería Floresta resultó de US$ 62.613″. Luego, comparó la cifra con una adjudicación, perfeccionada en septiembre, que “estableció un valor unitario de US$ 12.125, contemplando la escala propia de una compra por volumen”. Y consignó que la referencia de mercado se ubicaba alrededor de US$ 16.975 por unidad. “El incremento alcanza los US$ 45.638 por unidad, equivalente a un 269% por encima del precio estimado de mercado”, detalló el escrito que Vilches envió a la Justicia.
Las diferencias de precios se repitieron al analizar las facturas de la proveedora Indecomm, pero el informe destacó algo diferente. Concentró en noviembre seis facturas emitidas a la exAndis y una de ellas, la B 00001- 00000958 -señala el informe- fue abonada en dos oportunidades, ambas por $28,7 millones.
La compra de un neuroestimulador también ameritó el comentario de “brecha considerable en los valores abonados”, por una diferencia del 219 por ciento. Los técnicos indicaron que Neurosalud recibió el pago de $132,4 millones en junio de 2025 mediante la Factura N° 00000128. En abril había sido adjudicada por un precio también de $132,4 millones. Pero un mes antes, el PAMI había adquirido un neuroestimulador implantable bilateral de batería no recargable a $41,5 millones por unidad.
El otro informe, firmado en abril de este año, consignó lo que definió como errores de categorización técnica. ¿Qué significan? “Se facturaron unidades C01 a precios de entre $11 y $14,9 millones, cuando por su patología correspondían unidades D01 con Tilt, cuyos valores de referencia son sustancialmente menores, oscilando entre $1,3 y $2,3 millones”, señalaron.
Las observaciones de este segundo informe cuestionaron la adquisición de productos importados. Indicaron que los requerimientos terapéuticos podían ser cubiertos con equipamiento nacional, que ofrece “superior durabilidad y ajuste anatómico”, a menor precio. “La insistencia en el uso de módulos importados con sobreprecios que oscilan entre el 300% y el 1000% de forma sistémica carece de sustento clínico y financiero”, analizaron.
Este informe de abril también incluyó una factura por un andador un presunto sobreprecio del 4239%, según trascendió a la prensa semanas atrás. Desde la Ortopedia Bernat indicaron a que, al menos hasta mayo, la factura estaba impaga y relataron una situación puntual respecto a este insumo. “Se contempló algo mucho más sofisticado y que se terminó entregando algo más sencillo, pero el circuito operativo continuó y se terminó facturando el mismo valor que lo adjudicado. Y no lo entregado”.
Los informes de Vilches fueron incorporados a la investigación judicial, al igual que un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que también había detectado diferencias de precios, incluso entre distintas licitaciones dentro de la propia Andis. De eso se nutrió el fiscal federal Franco Picardi para enfocar su acusación en un sistema de licitaciones presuntamente acotado, con menos oferentes, distinto al sistema de compulsas recomendado por las autoridades.
Hugo Alconada Mon,Ignacio Grimaldi,Conforme a
Las comisiones de Relaciones Exteriores y de Industria del Senado dictaminaron esta tarde el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que la Argentina firmó en el siglo pasado y que el Senado aprobó en 1998, pero que Diputados recién votó en agosto pasado. Al haber modificado el texto en la Cámara baja -se hizo reserva del capítulo II-, el tema volvió en segunda revisión y ahora, con el despacho firmado, el acuerdo quedó listo para ser sancionado, en caso de que el oficialismo cierre con aliados y solicite ir al recinto el jueves próximo.
La adhesión al PCT es uno de los requisitos del entendimiento comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos. Pero también figura entre los compromisos asumidos en el marco de los convenios entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el Mercosur y EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). El Gobierno quiso acelerar el articulado original en Diputados, aunque se cruzó con la postura de los laboratorios y, antes de firmar un dictamen, se dejó “en reserva” el capítulo II, el cual implica que una patente registrada tenga vigencia, por 20 años, en todos los países miembros.
Desde el sector advirtieron sobre la proliferación de “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica de los laboratorios multinacionales que podrían utilizar el examen preliminar internacional del Capítulo II para empujar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes -sin aportar mejoras terapéuticas reales- para extender, de forma artificial, un eventual monopolio y bloquear la competencia.
Por otro lado, señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perdería soberanía, debido a que los informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían y condicionarían su autoridad.
“Es uno de los pocos países no adheridos a este tan importante tratado. Lo que rige en patentes es un acuerdo anterior, de 1884”, aseguró el libertario y titular de la comisión de Relaciones Exteriores, Francisco Paoltroni (Formosa). Por su parte, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, manifestó: “Cooperación no significa resignar la soberanía en términos de lo que es aquello que los argentinos son capaces de inventar”.
La porteña apuntó a “despejar es equívocos” y dejó en claro que la propuesta “no crea una patente mundial, no obliga a la Argentina a conceder patentes, y tampoco le quita la facultad de decidir qué invenciones merecen protección, conforme a nuestra legislación”.
Para la porteña, “la Argentina tiene científicos, universidades y empresas para innovación”, lo que “permite -de sancionar el acuerdo- que todos esos actores del mundo tecnológico puedan proyectarse internacionalmente”. En esa línea, detalló: “Es una gran herramienta para instituciones como el Conicet o empresas privadas que investigan y que logran generar nuevos productos o posibilidades para el adelanto de la ciencia”.
Por otra parte, Bullrich resaltó: “Hoy lanzan un avance e, inmediatamente, otro investigador lo publica y se pierde la posibilidad de tener una patente. Con esto, la primera información queda registrada y le da una protección adicional. Es decir, genera previsibilidad y mejores herramientas”.
No pensó igual el kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco). Y, como ya suele ocurrir desde hace un tiempo, desde Convicción Federal -ex cristinistas, en principio-, el catamarqueño Guillermo Andrada dividió su apoyo -según el caso- entre las posturas de la porteña, y las del ex gobernador y ex jefe de Gabinete.
“Si nos perjudica de manera notoria, entonces es preciso exponerlo con un detalle de análisis de costo-beneficio. De lo contrario, en vez de favorecer la soberanía, aumentamos el grado de dependencia”, sostuvo Capitanich.
Asistieron un puñado de invitados por la oposición que, en conjunto, criticaron el acuerdo. “No podemos escuchar que los medicamentos se van a encarecer cuando son carísimos de por sí, comparados con cualquier parte del mundo”, respondió Bullrich.
celeste salguero/comunicaciòn
POLITICA
Senado: se demoran las firmas para dictaminar la ley de salud mental y hay disidencias de los aliados
Tras algunas disidencias en aliados y la falta de un par de firmas, las comisiones de Salud; y de Legislación General del Senado no lograron blindar esta tarde un dictamen de la nueva ley de salud mental, tras meses de negociaciones entre Nación y provincias representadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). El oficialismo libertario confía que obtendrá las rúbricas para el despacho de mayoría: si no lo hace hoy, el tema no quedará habilitado para la semana próxima.
En concreto, el proyecto plantea la prioridad para médicos -psiquiatras, en preferencia- sobre psicólogos -quienes también formarán los equipos interdisciplinarios- a la hora de tomar las decisiones más delicadas. Y las internaciones involuntarias serán notificadas a un juez, que no tendrá injerencia en dicha acción, mientras que se revalida y sostiene la cooperación entre Nación y provincias en cuanto al financiamiento.
Por otra parte, se ampliará el concepto de adicciones -por ejemplo, la ludopatía-, se activará una delimitación de familiares en representación de pacientes, se impondrán diferenciaciones específicas entre adultos e infanto-juveniles, y quedará prohibida la práctica de manicomios. También existirá un plan de egreso con objetivos y seguimientos, más directivas claras “anticipadas” -prevención- en salud mental.
Además, todos los trabajadores involucrados en el proceso deberán contar con capacitación permanente. Otro ítem que generó conflicto y terminó de inclinar la balanza del articulado -hoy frenado- fue la restitución de la cooperación técnica, económica y financiera nacional en los convenios con las jurisdicciones. Es decir, plata.
En cuanto a familiares, se limitará la intervención a padres o hijos y se mantendrán los representantes legales, cónyuges y convivientes. Una aclaración no menor es que, en los casos de no aparición de responsables, se explicita la obligación estatal de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.
Para el régimen de atención por equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de adultos se incorpora la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad. En caso de una potencial internación en unidades de adultos, la misma quedará restringida a imposibilidad acreditada y por un tiempo mínimo indispensable.
En último lugar y, en conjunto con la prohibición de prácticas “manicomiales”, se restituye un catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral. También se habilita el derecho a consentir o rechazar, de manera anticipada, tratamientos y designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. Esto cambia ante riesgo grave para la vida.
“Se trata de mejorar aquello que la experiencia demostró que necesita un cambio”, manifestó la senadora libertaria y presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta (San Luis). En tanto, su colega fueguina Belén Monte de Oca destacó: “La ley generaba muchos prejuicios a las personas que pasan por situaciones de salud mental o quienes tiene algún tipo de adicción”.
Por su parte, el filo K Fernando Salino (San Luis) direccionó la mira hacia la “base del problema, que es presupuestaria”. No obstante, la clave para que este tema llegara al plenario fue, en particular, el compromiso de sostener el financiamiento actual. Esto no pareció necesario y suficiente para la radical Gabriela Valenzuela (Corrientes), uno de los acompañamientos en disidencia. No suele pedir mucho la palabra y, cuando la solicitó, dijo: “Creo que estamos viviendo una crisis respecto a la salud mental. Sobre todo, en las provincias”.
Ya cerca de las 19 y, ante la imposibilidad de conseguir el dictamen, desde La Libertad Avanza pensaban en algún legislador de la oposición que presente mañana un despacho de minoría. ¿Para qué? Ante un nuevo documento que lleve otra/s firma/s, la sumatoria de ambos textos implicaría la mitad más uno del plenario y la habilitación de la discusión. En definitiva, no aterrizará en el recinto la semana próxima por no contar con los siete días reglamentarios ni tener los dos tercios de voluntades para ser tratado sobre tablas.
El presidente Javier Milei se refirió a las multitudinarias protestas que tienen lugar en Francia y que convocaron a chalecos amarillos, estudiantes de secundaria, universitarios, agricultores y sindicalistas este sábado 17 de octubre para protestar contra el costo de vida. El primer mandatario argentino criticó la situación en Europa y lo comparó con sus palabras durante el Foro de Davos de 2024.
“Pensar que luego de dicho discurso en Davos 2024, los analistas políticos, la política y los periodistas salieron a criticar brutalmente. Nada que debiera sorprender ante el déficit de IQ severo combinado con ignorancia y ceguera ideológica”, escribió este domingo Milei en su cuenta de X.
Y añadió: “¿Reconocerán que otra vez acerté y que ellos erraron fuerte? Lo dudo, carecen de honestidad intelectual, de conocimiento y autocrítica, al margen de la cuestionable calidad humana que muestran a diario. ¡CIAO!“.
Junto a sus palabras, Milei compartió un fragmento de su discurso en ese evento. En esa oportunidad, el jefe de Estado argentino comenzó diciendo que occidente estaba “en peligro”.
“Aquellos que supuestamente deben defender los valores de occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de querer pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo”, expresó Milei.
“Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca soluciona los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo sino que, por el contrario, son su causa”, señaló en ese entonces.
Protestas en París
Las nuevas palabras de Milei llegaron mientras Francia enfrenta graves problemas por los manifestantes, no sólo en París. Los reportes también hablaron de alcaldías asaltadas en Marsella, Lille y Limoges, la oficina de turismo incendiada en Lyon, y una manifestación espontánea que logró acercarse a escasos 150 metros del Elíseo y ocupar los Campos Elíseos.
La Policía anunció 855 detenidos, una cifra “récord”. Y 60 miembros de las fuerzas del orden resultaron heridos. “Aquellos que rompieron, atacaron prefecturas y comercios, pillaron hasta nuestras alcaldías, serán perseguidos y castigados”, prometió el presidente Emmanuel Macron.
Nacido en septiembre en las redes sociales por iniciativa de una nueva generación de chalecos amarillos, el llamamiento del 17 de octubre consiguió generar un efecto “bola de nieve”, arrastrando detrás suyo al sindicato de orientación comunista CGT, Solidaires y la Confederación Agrícola, las organizaciones de estudiantes de secundaria y universitarios, la Coordinación Rural, las marchas por el clima e incluso la intersindical de conductores de VTC, y contando con el apoyo del partido de extrema izquierda La Francia Insumisa (LFI) y el Partido Comunista (PCF).
Las reivindicaciones son un catálogo de la exasperación social: el precio de la nafta, las facturas de la luz, la canasta básica, el rechazo al proyecto de presupuesto 2027, así como la falta de recursos para la escuela y los hospitales.
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