El escenario político en Santa Cruz es complejo en distintos frentes. Por un lado, el gobernador Claudio Vidal mantiene una disputa con el poder judicial provincial por la ampliación del Tribunal Superior de Justicia, que incluso llegó a la Corte Suprema. Pero también tiene frentes económicos e internos abiertos.

El viernes se confirmó el alejamiento definitivo de su espacio de los dos senadores nacionales que tenía Vidal: José María Carambia y Natalia Gadano. Si bien no eran puros de su espacio político, fueron parte clave del armado que lo llevó a ser gobernador en 2023. Pero además, Carambia anticipó que será candidato en 2027.

“Me voy a preparar para ser el próximo gobernador”, afirmó el actual legislador nacional y exintendente de Las Heras. Pero hay más: en esta línea electoral, Carambia recibió en su ciudad a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en claro gesto de respaldo a sus aspiraciones políticas.

Sucede que Vidal es parte de los gobernadores que hoy funcionan como una suerte de aliados de Javier Milei; por eso la presencia de Villarruel con un futuro rival del Gobernador.

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“Me enteré hace unos minutos. Le deseo mucho éxito, por supuesto”, deslizó la vicepresidenta ante la consulta de la prensa local sobre la candidatura de Carambia.

Puertas adentro de la gobernación reconocen que la salida de los senadores —y también del intendente de Las Heras, Antonio Carambia— es un “golpe duro”. “Fueron parte muy importante en el armado del Frente Por Santa Cruz que permitió que Claudio Vidal llegue a gobernador”, señalaron a TN.

Tampoco pasó desapercibida la llegada de Villarruel a la provincia, pese a que por el vínculo que tiene Vidal con Milei era muy difícil que se concrete una reunión entre ambos y finalmente no ocurrió. Menos después de que la vicepresidenta se mostró con quien ahora es un rival directo.

En el entorno de Vidal indicaron que mantuvieron conversaciones formales solo “por cuestiones de seguridad”.

El escenario político en Santa Cruz rumbo al 2027

Carambia no es el único que ya dejó saber sus intenciones de ser candidato a gobernador el año que viene. En el peronismo, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, también anunció que competirá por el cargo.

Se espera que la Unión Cívica Radical tenga sus nombres propios. Una de ellas es la exlegisladora nacional Roxana Reyes. Pero no sería la única: el intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio, avisó que si hay dirigentes kirchneristas dentro del Gobierno, también podría presentarse. A la fecha, en los pasillos de la Gobernación hay varios referentes K.

Tampoco hay que descartar al también exlegislador nacional Eduardo Costa. El último tiempo se mostró cercano a Milei y no pocos lo ubican como armador del Presidente en la provincia.

Mucho dependerá de la postura que tome el gobernador al momento de la elección, ya que su relación con Milei tuvo y tiene sus altibajos.

El conflicto judicial en la provincia

El punto de quiebre se produjo el 17 de diciembre pasado, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial 3949, que había ampliado de cinco a nueve el número de integrantes del cuerpo. La decisión fue firmada por cuatro vocales y una jueza subrogante, y marcó el inicio de una confrontación abierta con los otros poderes del Estado.

Las tensiones habían comenzado meses antes. En septiembre, un sector del tribunal se opuso a la asunción de los nuevos jueces designados tras la reforma. En ese contexto, el juez Daniel Mariani les tomó juramento en soledad, lo que derivó luego en su desplazamiento de la presidencia del tribunal.

Desde entonces, el funcionamiento de la Corte provincial quedó atravesado por una división interna que derivó en un esquema de “doble comando”. Por un lado, se ubica el bloque de cuatro jueces identificados con el kirchnerismo, encabezados por René Fernández, quienes convocan a la defensora general para alcanzar mayorías. Por el otro, Mariani junto a los nuevos vocales impulsados por el gobernador Claudio Vidal.

Días atrás, la Corte Suprema de la Nación resolvió intervenir en el conflicto institucional que atraviesa Santa Cruz y analizará la constitucionalidad de la ley que amplió el Tribunal Superior de Justicia provincial.

Santa Cruz, Elecciones, Claudio Vidal

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El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires financia un plan de infraestructura sanitaria con los fondos que recupera por la atención a pacientes extranjeros, afiliados a obras sociales y beneficiarios de prepagas en sus hospitales públicos. El esquema, que este año contempla 151 obras en toda la red asistencial porteña, fue supervisado en persona por el jefe de gobierno, Jorge Macri, durante una visita al Hospital General de Agudos Donación Francisco Santojanni —conocido como Hospital Fernández—, ubicado en el barrio de Palermo.

“Pasamos de pagar tours sanitarios a financiar más de 151 obras con el cobro a extranjeros, obras sociales y prepagas”, afirmó Macri, en sus redes sociales. La frase hace hincapié en el cambio de modelo que la administración porteña dice haber aplicado al sistema de salud pública: los ingresos generados por prestaciones a personas con cobertura o de otra nacionalidad ya no se disuelven en el presupuesto general, sino que regresan de manera directa a los establecimientos que los producen.

En el primer cuatrimestre del año, la recaudación por ese concepto superó los $42.000 millones, de acuerdo con los datos difundidos por el gobierno local. La cifra se enmarca en un plan más amplio que, según el mismo comunicado, ya acumula más de 500 obras desde su puesta en marcha, e incorporó 900 camas nuevas y 5.000 equipos médicos de última generación al sistema público.

Al momento de la visita al Fernández, 30 de las 151 obras previstas para este año se encontraban en ejecución. Entre los proyectos activos, el gobierno porteño menciona la actualización de los consultorios externos del Hospital Pirovano, en Coghlan; la construcción del nuevo Centro Regional de Hemoterapia, en Parque Chas; el Centro de Diagnóstico Porteño 4, en Palermo; y el Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) 51, en Colegiales.

La intervención en el Hospital Fernández, situado en Cerviño 3356, es la de mayor envergadura entre las mencionadas: demanda una inversión de $8.930 millones y abarca la reforma integral de 3.223 metros cuadrados. Los trabajos comprenden la creación de diez consultorios, sectores de observación crítica, áreas destinadas a salud mental y una guardia completamente refuncionalizada que incluye dormitorios para el personal médico.

“Todo lo que cobramos por la atención a extranjeros en nuestros hospitales y lo que recuperamos de obras sociales y prepagas lo invertimos en obras, como esta, en el Hospital Fernández. Y como otras 30 que están en marcha y son parte de un plan histórico. Todas, por primera vez, con prioridad para los porteños. Esto también es ordenar y cuidar”, declaró Macri durante el recorrido, según el comunicado oficial. Lo acompañó el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

El mecanismo de recaudación está a cargo del FACOEP (Facturación y Cobranza de Efectores Públicos), organismo creado para cobrar las prestaciones brindadas a personas con cobertura médica. El año pasado, su alcance se amplió para incorporar el recupero por atención a extranjeros. Durante 2025, el FACOEP recaudó más de $110.000 millones mediante ese sistema, según los datos consignados en la gacetilla.

Quirós justificó la escala de las transformaciones en el crecimiento de la demanda sobre el sistema público. “El crecimiento sostenido de la demanda nos exige transformar el sistema y hacerlo más eficiente y accesible. Este modelo permite recuperar recursos y reinvertirlos directamente en el sistema de salud, fortaleciendo la capacidad de respuesta y la calidad de la atención para los porteños”, sostuvo el funcionario, de acuerdo con el mismo comunicado.

La administración porteña también señaló que el plan incluyó la incorporación de seis nuevas bases del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias), la señalización del segundo helipuerto nocturno y la gestión directa de la Línea 147. A esto se suma el programa “Prioridad Porteña”, que establece un sistema de asignación de turnos en los centros de salud con preferencia para los vecinos de la Ciudad. Según el comunicado, la oferta de atención creció un 30%, con más de 30 millones de prestaciones anuales, en un contexto en el que la clase media recurre con mayor frecuencia al sistema público de salud porteño.

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