Tras la aprobación de la Ley de Modernización Laboral, el gobierno acelera la revisión de los convenios colectivos de trabajo, con un par de ejes como fomentar las discusiones por región o empresas, limitar los descuentos obligatorios y cuotas solidarias sin consentimiento expreso del trabajador y limitar el derecho a huelga, declarando las actividades como «servicios esenciales».

En la Argentina existen unos 3.000 convenios, sumando los acuerdos de alcance nacional, regional y de empresa. En principio, desde el ministerio de Capital Humano proyectaron la actualización de unos 1.500 convenios, pero finalmente quedaron 446, entre los que estarían las actividades más importantes como Comercio, Camioneros, Encargados de Edificios, UTA (choferes de colectivos), Bancarios y Marítimos y Portuarios, entre otros.

Cuáles son los objetivos del Gobierno

Según se informó, la dirección nacional de Relaciones y Regulaciones de Trabajo dio inicio al procedimiento de convocatoria prevista en el artículo 137 de la Ley de Modernización Laboral n° 27.802 y artículo 4° in fine del Decreto 407/2026. En consecuencia, la cartera de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello ordenó a la secretaría de Trabajo a que llame a los representantes gremiales y empresariales para discutir convenios vencidos, aunque hayan sido modificados en las reuniones de paritarias.

En la cartera laboral sostienen que los puntos principales de las negociaciones entre las partes se focalizará en «adaptar las condiciones laborales a las nuevas tecnologías y necesidades de cada unidad productiva», introduciendo modalidades como el «salario dinámico», que suma bonos o beneficios por desempeño.

También se impulsarán negociaciones específicas por empresa o por región, debilitando la exclusividad de los convenios marco a nivel nacional; limitar los descuentos por cuota sindical y ampliar la lista de sindicatos señalados como de «importancia trascendental», fijando porcentajes mínimos obligatorios de cobertura durante los paros. En este tema, las organizaciones gremiales sostienen que se intenta limitar tanto el derecho a huelga como la realización de protestas como asambleas o quite de colaboración.

La falta de personal, el talón de Aquiles para revisar los convenios

La estrategia de la Casa Rosada se puede ver empañada justamente por efecto de la motosierra. Es que la reducción de empleados de la administración pública nacional también impacta en la secretaría de Trabajo, cuyo titular, Julio Cordero, casi no tiene poder de decisión, reportando tanto a Pettovello como al ministro de Economía, Luis Caputo, responsable del techo de las paritarias, que no pueden superar el 2%.

Más allá del poder de decisión de cada uno de estos actores, el gobierno insiste en una reestructuración de Trabajo, con el cierre de delegaciones y el despido de personal con experiencia. El plan choca de plano con la intención desreguladora del Ejecutivo, que no podría avanzar con las discusiones de los convenios colectivos con la rapidez que pretende.

Un vocero gremial advirtió: «No homologan los acuerdos salariales y hay pilas de expedientes acumulados, imagínate si van a avanzar en la revisión de los convenios sin que cometan errores groseros».

En los pasillos de la Confederación General del Trabajo (CGT) ya tomaron nota de la revisión de los convenios. Cada sindicato activó a sus abogados y hasta hubo conversaciones con las cámaras empresariales. Es que, más allá de las diferencias, saben que una negociación por empresas puede abrir las puertas a organizaciones más ligadas a sectores radicalizados. «Van a abrir una caja de Pandora», explicó a iProfesional un veterano paritario de las patronales.

ATE en alerta ante el «desguace» de la secretaría de Trabajo

Por su parte, la conducción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) dispuso el estado de alerta y movilización frente al «desguace» de la secretaría de Trabajo, ante la amenaza de cierre de sus 43 delegaciones y el despido de todo su personal a nivel nacional. El sindicato ya hizo un abrazo al histórico edificio de Azopardo 650.

Las versiones de ajuste corren a toda velocidad e incluyen la continuidad del propio Cordero, un hombre que viene del grupo Techint que lidera Paolo Rocca, enfrentado con el presidente Javier Milei. La delegación de ATE apuntó: «Están amenazando seriamente nuestras funciones históricas y los puestos de trabajo de cientos de compañeros y compañeras«.

Se estima que en Trabajo hay unos 1.500 empleados, muchos efectivos y otros bajo contratos que son los de mayor vulnerabilidad porque se están renovando cada tres meses. Voceros gremiales explicaron que «vamos a continuar en alerta» e indicaron que «la secretaría está virtualmente paralizada, dependiendo de las decisiones tanto de Capital Humano como Economía, que son los ministerios que realmente deciden qué paritarias se cierran y cuales quedan congeladas».