ECONOMIA
Región por región, los sectores que generan más empleo en Argentina
El escenario productivo y laboral transita un momento de reconfiguración estructural profunda a lo largo y ancho del territorio nacional, que los expertos caracterizaron como la «Argentina a dos velocidades». Con esto refieren que hay sectores más dinámicos en cuanto actividad, como el de energía y miniería, pero que son los que menos mano de obra demandan, en tanto que los que representan mayores niveles de empleo formal, como el comercio y la industria, están frenados.
Para entender esta dinámica, un reciente informe elaborado por Gerardo Alonso Schwarz, Economista Jefe del IERAL NEA de la Fundación Mediterránea, trazó el nuevo mapa de las inversiones en Argentina y analizó su impacto directo sobre el empleo y el desarrollo sectorial de cada región.
Anuncios como termómetro económico
De acuerdo con las conclusiones del estudio, la región de la Patagonia lidera el ranking absoluto de inversiones en el país con un total que alcanza los 12.284 millones de dólares. «En esta región, claramente se destacan las provincias de Neuquén y Río Negro a través de distintos proyectos de gran escala de shale oil y gas y de infraestructura asociados a los yacimientos de Vaca Muerta, consolidando a la región como destino de inversiones energéticas», dice el informe firmado por Schwarz.
Este flujo monumental de divisas hacia el sur del territorio se explica por la tracción innegable de los sectores energéticos y extractivos. Las inversiones de esta magnitud obligan a las empresas a requerir mano de obra de manera intensiva, lo que impacta de forma directa en el ecosistema laboral local y modifica rápidamente las condiciones de empleabilidad de los habitantes patagónicos.
Le sigue la región de Cuyo, con anuncios comunicados por empresas en esa zona por 10.146 millones de dólares. San Juan es la gran protagonista, gracias a la reactivación y expansión de la minería de cobre y oro. Mendoza complementa este flujo con inversiones en energía y la modernización de refinerías.
En cuanto al Noroeste Argentino, el documento subrayó el rol protagónico que asume la minería de litio y la extracción de otros minerales críticos. Hay 7.705 millones de dólares de inversión. Dentro del «triángulo del litio» Salta sobresale por varios proyectos productivos, aunque también se destaca la provincia de Catamarca por proyectos mineros, mientras que en Tucumán el motor de las inversiones es la agroindustria.
Al desplazar el análisis por el norte del mapa nacional, el informe detalló cómo cada provincia del Noreste Argentino adapta su perfil a sus propias capacidades operativas y ventajas naturales. Concentran en conjunto unos 2.658 millones de dólares de inversión comprometida. La provincia de Misiones, a modo de ejemplo, aporta a la cifra total nacional mediante la modernización de una planta de celulosa ya existente y la ejecución de proyectos turísticos de alta gama. Estos dos frentes resultan vitales para el mercado laboral misionero, ya que combinan el empleo industrial especializado con la demanda constante de servicios orientados a la hospitalidad.
Por su parte, las provincias de Chaco y Formosa exhiben un enfoque productivo marcadamente distinto. Ambas jurisdicciones concentran sus anuncios de inversión en el desarrollo de parques solares y en la instalación de plantas industriales de menor escala relativa. Estas iniciativas promueven la creación de empleos vinculados a la tecnología verde y a la manufactura liviana, diversificando la matriz laboral de la región.
Sin embargo, Alonso Schwarz planteó un diagnóstico claro respecto a este sector: la actividad en el norte requiere de políticas complementarias urgentes para fomentar el surgimiento de proveedores locales y de servicios anexos que logren ampliar la base laboral. Sin este ecosistema de soporte, el capital minero corre el riesgo de funcionar como una isla y de no generar un verdadero derrame de oportunidades sobre las comunidades aledañas.
La Región Centro, por su parte, se caracteriza por una alta diversificación de los proyectos de inversión, con una inversión total anunciada de 4.894 millones de dólares. En esta región la Provincia de Buenos Aires concentra los montos más altos del bloque, resaltando la producción de fertilizantes y la inversión siderúrgica. En paralelo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) capta inversiones significativas en real estate y tecnología.
El impacto real en el empleo local y las cadenas de valor
Respecto del nivel de empleo que podrían generar estos proyectos, la Fundación Mediterránea relevó los siguientes datos:
- Patagonia: 35.564 puestos proyectados (un solo proyecto de gas y petróleo en Neuquén estima la creación de 19.000 puestos de trabajo)
- Cuyo: 27.575 puestos proyectados (por el sector minero de San Juan y también la industria alimenticia en San Luis).
- NEA: 13.718 puestos proyectados (forestoindustria en Corrientes y una nueva planta de celulosa que estima crear 13.000 puestos de trabajo).
- NOA: 11.150 puestos proyectados (minería de litio y minerales críticos).
- Región Centro: 17.460 puestos proyectados mediante una gran varidad de industrias, que aplican desde servicios, energía, turismo, salud, industria de las comunicaciones, entre otros.
El gran desafío que el informe de IERAL identificó es que la disparidad en la distribución de inversiones y su impacto en el empleo subraya la necesidad de políticas públicas que complementen los esquemas de incentivos nacionales. «Los datos muestran que las regiones con recursos estratégicos (principalmente energía y minería) han logrado capitalizar la mayor parte de las grandes inversiones, y a partir de este marco surgen desafíos de diferentes características según la estructura productiva y los recursos de cada provincia», describió Schwarz.
El análisis de la Fundación Mediterránea concluyó con una reflexión sobre las tareas pendientes que le esperan a la administración pública en este escenario de transformación. El investigador señaló que el nuevo contexto macroeconómico ya comenzó a cambiar el mapa productivo y de empleo a nivel nacional, y las proyecciones indican que en los próximos años el país verá una consolidación firme de esta tendencia inversora. Para que este ciclo económico logre su máximo potencial social, el documento remarcó que resulta absolutamente necesaria una articulación inteligente entre los tres niveles del Estado. Los gobiernos municipales, las gestiones provinciales y el Estado nacional enfrentan el deber de alinear sus incentivos normativos y fiscales para facilitar el despliegue de las inversiones y garantizar que cada proyecto radicado impulse el empleo genuino en cada rincón del país.
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Más allá de su presencia en los escenarios, Pablito Lescano no se quedó atrás con el boom de nuevos alfajores y lanzó ATR, el alfajor de Damas Gratis
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Los nuevos alfajores de Pablito Lescano, el líder de Damas Gratis
Alfajor ATR de Pablito Lescano: las dos versiones, precio y packaging exclusivo
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ECONOMIA
Alerta por el crecimiento de ciberataques en América Latina: el antecedente que encendió alarmas y qué pasa en la Argentina
Más de 18,5 millones de ciberataques al año ponen a prueba las defensas digitales de América Latina, una región donde gobiernos, empresas y servicios públicos dependen cada vez más de sistemas conectados, mientras avanzan nuevas formas de intrusiones vinculadas al uso de inteligencia artificial de las que la Argentina no escapa.
El dato surge de un informe de Digi Americas al que accedió Infobae y que ubicó a la ciberseguridad entre los desafíos centrales de la transformación digital regional. El documento señaló que la frecuencia y la complejidad de los ataques crecen al mismo tiempo que los países amplían sus servicios virtuales, modernizan áreas del Estado e incorporan infraestructura de nube e inteligencia artificial.
La situación combina riesgos y oportunidades. La región todavía presenta diferencias en materia de conectividad, infraestructura, regulación y formación de especialistas. A la vez, buena parte de sus ecosistemas digitales se encuentra en expansión, lo que abre la posibilidad de incorporar desde el inicio herramientas de seguridad, sistemas interoperables y planes de respuesta ante incidentes.
El reporte advirtió que solo siete de los 32 países de América Latina cuentan con marcos regulatorios para proteger sus servicios esenciales. Además, apenas 20 conformaron Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, conocidos como CSIRT.
La diferencia entre la cantidad de ataques y las capacidades disponibles para responder expone una de las principales brechas de la región. Un incidente informático no se limita a una computadora bloqueada o a una base de datos inaccesible. Puede retrasar pagos, trabar trámites, interrumpir comunicaciones, afectar la atención sanitaria o generar dificultades en sectores vinculados con la energía y el comercio exterior. Esa es una de las razones por las que la protección de la infraestructura crítica se convirtió en una prioridad para los gobiernos de la región.
El ransomware, las filtraciones de datos, los fraudes digitales y la actividad patrocinada por Estados forman parte de un escenario que alcanza tanto al sector público como al privado. El análisis sostuvo que estas amenazas ganan frecuencia y complejidad, con una demanda creciente de infraestructura segura, capacidades técnicas y alianzas confiables.
Los antecedentes
Dos antecedentes recientes permiten dimensionar el impacto de este tipo de incidentes. El caso de Costa Rica expuso hasta dónde puede escalar una intrusión contra sistemas públicos. El ataque de ransomware de 2022 afectó organismos estatales y obligó a suspender o limitar plataformas vinculadas con impuestos, aduanas y otros trámites. Este tipo de programas maliciosos bloquea o cifra sistemas y archivos para exigir un pago a cambio de recuperarlos o evitar la difusión de datos robados. La disrupción llevó al país a declarar una emergencia nacional.
El 17 de abril de 2022, Costa Rica sufrió un ataque digital que alcanzó el corazón de su administración pública. El grupo Conti irrumpió en los servidores del Ministerio de Hacienda, dejó fuera de servicio la plataforma tributaria virtual y el sistema aduanero, y luego extendió la ofensiva a otros organismos. La información fiscal de ciudadanos y empresas quedó en riesgo. Los atacantes exigieron 20 millones de dólares para no divulgar los archivos robados.
La crisis se agravó el 31 de mayo, cuando el grupo Hive atacó a la Caja Costarricense de Seguro Social. La institución apagó sus sistemas críticos para contener la intrusión: quedaron suspendidos el Expediente Digital Único en Salud y la plataforma central de recaudación. Médicos perdieron acceso a historiales clínicos, docentes no pudieron cobrar sus salarios y los trámites fiscales, aduaneros y sanitarios quedaron paralizados. En las primeras 48 horas, el impacto económico se estimó en 125 millones de dólares.
El Gobierno rechazó los rescates y calificó a los grupos como “terroristas”. El 8 de mayo, el presidente decretó la emergencia nacional y afirmó que el país se encontraba en un “estado de guerra”. La recuperación demandó meses y requirió apoyo técnico de empresas y distintos países. Washington ofreció 10 millones de dólares por información sobre los líderes de Conti, mientras que Hive fue desarticulado en enero de 2023 tras una operación coordinada entre Europol y autoridades de Alemania, Países Bajos y Estados Unidos.
La recuperación requirió restablecer procesos, sostener mecanismos manuales mientras permanecían fuera de línea algunos sistemas y destinar recursos a la reconstrucción tecnológica. El episodio dejó una señal para el resto de América Latina: la respuesta ante un ataque depende de la capacidad de mantener servicios activos, recuperar información y coordinar a los organismos involucrados.
En 2023, un ataque contra IFX Networks afectó a 78 entidades públicas y a más de 760 empresas privadas de la región. El episodio dejó en evidencia que una vulnerabilidad en la infraestructura tecnológica puede extenderse más allá de una organización o de un país.
Los dos casos reforzaron la necesidad de contar con redes preparadas para sostener servicios y equipos capaces de coordinar una respuesta rápida. Para Digi Americas, la resiliencia digital depende de combinar conocimientos locales, información global sobre amenazas, herramientas tecnológicas y cooperación entre actores públicos y privados.
Los nuevos desafíos
La expansión de la inteligencia artificial incorpora una variable adicional. La tecnología ya transforma las tareas de ciberseguridad: permite detectar señales de riesgo, analizar amenazas en tiempo real y automatizar parte de las respuestas frente a incidentes.
Estas capacidades pueden ayudar a proteger sistemas estratégicos y servicios digitales. Sin embargo, desde Digi Americas plantearon que los gobiernos y las empresas también deben adaptar sus políticas y operaciones a las amenazas vinculadas con la IA, además de resguardar la información sensible y definir reglas para el uso de datos y modelos.
El acceso a capacidad de cómputo, servicios de nube, especialistas y sistemas de seguridad avanzados será un factor relevante para los países que busquen adoptar estas herramientas. Varios gobiernos latinoamericanos ya desarrollan o evalúan estrategias nacionales de inteligencia artificial.
La importancia de la cooperación
Una respuesta efectiva depende de que los países intercambien alertas, datos técnicos y mecanismos de acción frente a incidentes. Los atacantes operan a través de las fronteras, por lo que una señal detectada en un país puede ayudar a prevenir daños en otro. Para Digi Americas, esa cooperación puede mejorar tanto la detección como la capacidad de reacción.
El reporte advirtió que la concentración de sistemas críticos o datos sensibles en un único lugar puede crear un punto de falla y aumentar la exposición a ataques, espionaje, sabotajes o interrupciones de servicios. En esa línea, propuso reforzar el cifrado, la gestión de identidades y accesos, la seguridad desde el diseño, la gobernanza de datos y la diversificación de proveedores y plataformas.
Cómo es el caso argentino
En la Argentina, el Gobierno avanza con un plan para reforzar la protección del sector público nacional y de las infraestructuras críticas ante robos de datos, fraudes, ransomware e interrupciones de servicios. La estrategia incluye la creación de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) nacional, que concentrará alertas de organismos públicos y compartirá información sobre amenazas detectadas.
El proyecto, a cargo del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), también contempla la compra de inteligencia sobre amenazas, servidores, programas y otros equipos. La previsión oficial es que el centro comience a funcionar a principios de 2027, aunque el cronograma depende de procesos de compra y de la disponibilidad internacional de infraestructura tecnológica.
El otro problema es que el Estado todavía no tiene una fotografía completa de lo que ocurre. CERT.ar recibió entre 200 y 400 incidentes por año en períodos recientes y ya superó los 700 casos en 2026. Desde el CNC aclaran que el aumento no alcanza para concluir que hubo más ataques: también puede reflejar una mayor detección o notificación. Lo que sí persiste es un subregistro que dificulta dimensionar el riesgo.
Para mejorar esa capacidad de detección, en febrero el CNC dispuso que las agencias de la administración pública nacional designen responsables de ciberseguridad, elaboren planes de recuperación ante desastres e inventaríen sus sistemas de acuerdo con su nivel de criticidad. Cada organismo deberá definir, además, cuánto tiempo puede sostener una interrupción y qué volumen de información podría perder ante un incidente.
El plan prevé un modelo de madurez para que las dependencias identifiquen vulnerabilidades, establezcan prioridades y presenten planes de mejora. También incluye oficiales de enlace del CNC en organismos estatales e infraestructuras críticas, con el objetivo de acompañar la aplicación de estándares y los diagnósticos internos.
Otra de las herramientas proyectadas es una “ciberarena”, una plataforma para recrear ataques y fallas en entornos similares a los reales. Allí podrán simularse redes, centros de monitoreo, equipos de seguridad y controles industriales vinculados con áreas como energía y salud, para evaluar las respuestas de los equipos técnicos.
La capacitación tendrá dos niveles: uno destinado al conjunto de los empleados públicos, centrado en la prevención de estafas y campañas de phishing, y otro dirigido a autoridades, desarrolladores y especialistas. El CNC tiene competencia sobre el sector público nacional y las infraestructuras críticas; con provincias, municipios y empresas privadas, busca establecer mecanismos de colaboración y acuerdos con entes reguladores.
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ECONOMIA
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