POLITICA
Renunció el representante argentino ante el GAFI, el principal organismo internacional antilavado
El Gobierno sumó una nueva baja en un área sensible de la gestión. Agustín Flah presentó su renuncia como representante argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo que fija los estándares globales para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La dimisión fue confirmada por el propio funcionario a través de sus redes sociales, donde agradeció el respaldo del equipo del Ministerio de Justicia y aseguró que tomó la decisión para retomar su actividad profesional en el ámbito privado.
Desde la cartera que conduce Juan Bautista Mahiques atribuyeron la salida a motivos económicos y señalaron que Flah había asumido la función de manera ad honorem, sin percibir remuneración por el cargo.
Flah había sido designado oficialmente en mayo como coordinador nacional del programa de combate contra el lavado de activos y, al mismo tiempo, como representante titular de la Argentina ante el GAFI, el GAFILAT y el grupo de expertos de la OEA especializado en la materia. La designación fue publicada en junio en el Boletín Oficial y no implicaba erogación presupuestaria para el Estado.
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Su renuncia obliga ahora al Ejecutivo a definir un reemplazante para una representación estratégica en un momento en el que el país mantiene compromisos internacionales vinculados al fortalecimiento del sistema antilavado.
Qué hace el GAFI y por qué es un cargo estratégico
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es el principal organismo intergubernamental encargado de establecer recomendaciones para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La representación argentina depende del Ministerio de Justicia desde 2016 y participa de las evaluaciones periódicas que miden la efectividad del sistema nacional de prevención y control.
Además del vínculo con el GAFI, el cargo coordina la participación del país en el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y en el grupo especializado de la Organización de Estados Americanos (OEA) dedicado al combate del lavado de dinero.
Tras conocerse su salida, Flah publicó un mensaje en el que confirmó la renuncia y agradeció el acompañamiento recibido durante su paso por la función pública.
El exfuncionario sostuvo que fue un honor representar a la Argentina en los foros internacionales dedicados a la lucha contra el lavado de activos y aseguró que continuará vinculado a la temática desde el ejercicio profesional privado.
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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazó una nueva serie de agravios del presidente Javier Milei contra periodistas, columnistas y directivos de medios de comunicación a través de publicaciones en la red social X.
En los últimos días, el Presidente volvió a utilizar sus cuentas en redes sociales para insultar a profesionales de la prensa a raíz de sus entrevistas, análisis, opiniones o publicaciones periodísticas.
ADEPA lamenta tener que volver a destacar algo que ha sostenido desde siempre. Quien gobierna, y es objeto de crítica, o considera que la información de un acto de gobierno es errónea, incorrecta o incluso puede evaluarla como sesgada, tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano de nuestra república: ejercer su crítica, aclaración o desmentida, incluso en tono enérgico y vehemente.
Lo que erosiona el debate público y el diálogo democrático son el insulto y el agravio, que afectan no solo al destinatario identificado, sino al conjunto del cuerpo social.
La libertad de expresión protege especialmente la circulación de opiniones sobre quienes ejercen el poder. La réplica ha sido concebida para responder, pero no para avalar los ataques personales.
Apenas unas horas antes del comienzo de una marcha contra la Corte Suprema de Justicia por el fallo que dejó vigente la derogación de la ley de tierras, las organizaciones piqueteras nucleadas en el Frente de Lucha Piquetero anticiparon sus reclamos contra los jueces del máximo tribunal y contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Repudiaron el fallo judicial que se conoció el martes de la semana pasada y volvieron a protestar por la eliminación del plan Volver al Trabajo, de $78.000 mensuales, que el Gobierno decidió reemplazar por vouchers de capacitación.
En la intersección de Moreno y la avenida 9 de Julio, en una plazoleta frente a uno de los laterales del edificio donde funcionaba el Ministerio de Desarrollo Social y sin cortar el tránsito, un puñado de manifestantes se concentró alrededor de los dirigentes de las agrupaciones, en una conferencia de prensa callejera, custodiada por una veintena de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Dina Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), fue una de las voces que arengaron a marchar contra la Corte. Afirmó que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti son “tres jueces cipayos que decidieron poner en venta la Argentina”. Y llamó a “marchar al Poder Judicial, que generalmente se la lleva de arriba y vela por el 1% más privilegiado”, y a repetir la movilización el día 15, al Congreso (cuando está previsto que se debata la posible derogación del decreto 70/23, firmado por el presidente Javier Milei, que en su artículo 54 deroga el “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales”).
En medio de banderas del Polo Obrero, del Bloque Piquetero, de Libres del Sur, del Frente Barrial de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) o del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras organizaciones, también habló Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero. “Esta convocatoria es previa a la movilización a los tribunales, que tienen un objetivo de clase muy claro”, dijo. Repudió el reciente procesamiento de Juan Grabois por la toma del Instituto Juan Perón y añadió: “Otra mala noticia: acaban de elevar a juicio a los compañeros de Fate”.
El Ministerio de Capital Humano fue el otro eje de los reclamos en la conferencia de prensa piquetera, previa a la marcha contra la Corte. Los distintos oradores rechazaron la baja del plan Volver al Trabajo, decisión que los piqueteros judicializaron y que, tras distintas instancias, la Justicia convalidó. “Hace tres meses que no cobramos quienes percibíamos el Volver al Trabajo”, resaltó Sánchez. El mismo reclamo hicieron desde otras agrupaciones presentes en la ronda de prensa, como Libres del Sur o el Frente Barrial de la CTA.
A la breve manifestación se acercaron representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en lo que era el Ministerio de Desarrollo Social. El gremio realiza un paro de media jornada para sumarse a la movilización contra la Corte. La secretaria general de la Comisión Interna del gremio en el ministerio, Ingrid Manfred, denunció el “desmantelamiento de las políticas públicas, 3000 despedidos en el ministerio y persecución hacia la organización gremial con recorte salarial a los delegados”.
Belliboni, al cerrar la conferencia de prensa, dijo que el Ministerio de Capital Humano “no es de capital, porque se han vaciado los equipos técnicos, y mucho menos, humano”.
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POLITICA
El Gobierno homologó la paritaria del Sindicato de Camioneros: qué obligaciones adicionales se incluyeron en el acuerdo
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, homologó este martes la paritaria firmada hace dos semanas por el Sindicato de Camioneros y las cámaras empresariales, en una convalidación oficial al aumento del 9,9% en 6 tramos hasta febrero de 2027.
Así surge de una resolución firmada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, que le dio amplia validez legal al acuerdo alcanzado por el gremio liderado por Hugo Moyano, que, una vez más, estuvo en sintonía con la pauta salarial del Gobierno ya que no supera la inflación prevista.
La mejora, anticipada por Infobae, se pagará de esta forma: 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y 1,5% en febrero. El entendimiento, además, contempla una suma fija no remunerativa de $18.000 para septiembre y un bono anual de $1.200.000, que se abonará en 4 cuotas de $300.000 desde enero.
La negociación incluyó un aumento de la contribución patronal extraordinaria a la obra social, que pasó de $25.000 a $ 29.000 mensuales por trabajador. Con cerca de 190.000 afiliados, el aporte representa una recaudación patronal aproximada de $5.510 millones mensuales para la entidad de salud del sindicato.
En la homologación, la Secretaría de Trabajo que encabeza Julio Cordero advierte a las partes sobre dos obligaciones específicas que se desprenden del texto legal. La primera refiere al carácter de ciertas sumas pactadas: se recuerda lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, que delimita qué conceptos integran el salario y cuáles no.
La segunda obligación concierne a las contribuciones empresarias contenidas en el acuerdo. El texto ordena que esos fondos sean administrados de forma separada respecto del patrimonio sindical general, en los términos del artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales. La medida apunta a garantizar transparencia en el manejo de esos recursos.
La homologación fija además un paso posterior para las partes: deberán presentar el cálculo del tope indemnizatorio correspondiente al convenio colectivo aplicable. Ese cálculo deberá ser examinado por la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo, en cumplimiento del artículo 245 de la Ley N° 20.744, que establece el mecanismo para determinar el salario base de las indemnizaciones por despido sin causa.
El convenio firmado por Camioneros también fijó condiciones particulares para distintas ramas de la actividad. En Caudales se fijó un adicional equivalente al 20% de los valores de viáticos y comida, pagadero en dos cuotas del 10% en septiembre y enero de 2027.
Los trabajadores de Caudales recibirán además un premio por presentismo y puntualidad con el mismo monto y alcance que el vigente para las ramas de Logística, Transporte de Clearing y Carga Postal. La rama de Residuos Patológicos y Residuos Industriales Especiales tendrá un incentivo de presentismo equivalente.
Para los peones especializados de esa última actividad, se acordó un adicional del 8% del sueldo básico de la categoría cuando cumplan tareas de acompañante de chofer. Las condiciones específicas deberán ser definidas entre la cámara empresarial del sector y el gremio.
El pedido de un premio por presentismo y una mejora porcentual para la rama de Expresos y Mudanzas quedó fuera del acuerdo por el rechazo de las empresas.
Una semana antes, el sindicato de Moyano había reclamado una “instancia integral de negociación” para discutir una recomposición de los salarios desde el 1° de septiembre y revisar lo firmado en marzo: argumentó que buscaba “recomponer el poder adquisitivo de los salarios, así como establecer condiciones salariales y convencionales para los próximos meses”.
El acuerdo se ajusta a la política del Ministerio de Economía, que promueve incrementos inferiores al 2% mensual y convenios de mayor duración.
El antecedente inmediato fue la paritaria firmada el 11 de septiembre de 2025, presentado como un modelo para el resto de las paritarias. Aquella negociación estableció un aumento del 3,3% con vigencia semestral, desde septiembre de 2025 hasta febrero de 2026.
En 2025, el Ministerio de Capital Humano difundió aquel acuerdo mediante un comunicado de prensa en el que sostuvo que los porcentajes “reflejaban el compromiso y el acompañamiento de los actores involucrados con la estabilidad económica”.
En este caso, la reunión con las cámaras empresariales marcó la primera participación de Pablo Moyano en una paritaria del gremio en los últimos 5 años. El dirigente había sido apartado en 2021 de la Secretaría Adjunta de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, en medio de una fuerte disputa con su padre vinculada a la crisis financiera de la obra social.
Padre e hijo se reconciliaron en marzo. Desde entonces, Pablo Moyano retomó presencia en la vida cotidiana del sindicato después de haberse concentrado en su tarea como presidente del Club Deportivo Camioneros.
Las paritarias son suscriptas habitualmente con la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), pero esta última no participó de esta negociación porque el Ministerio de Justicia ordenó su intervención, desplazó a sus autoridades y fijó un plazo de 180 días hábiles para revisar su situación institucional, económica, financiera y patrimonial.
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