Algunas constancias que ya están en el expediente agravan la inexplicable decisión de los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky de poner la causa que averigua de quién es la mega mansión de Pilar en manos del juez Adrián González Charvay, el magistrado preferido por los encartados Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, dueños y señores de la AFA, la entidad central del fútbol argentino. La primera de esas certezas es que la escritura de la compraventa de la enorme casaquinta se realizó en la Capital. El caso, en el que se investiga si hubo lavado de dinero, debió ir entonces a Comodoro Py, donde están los juzgados federales penales, que son los que deben investigar los delitos de lavados de activos en la Capital.

De hecho, ya hubo un juez federal de Comodoro Py que intervino al principio de todo, Daniel Rafecas, pero la Cámara de Casación decidió en el último mes de mayo que la causa se investigara en el fuero Penal Económico. Antes, Rafecas había dispuesto, luego de resolver una cuestión de competencia con el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, el primer allanamiento sorpresivo a la casona de Pilar. Y la sorpresa no fue menor: encontró en ese lugar, supuestamente propiedad de un monotributista y de su madre jubilada (presuntos testaferros de Tapia y Toviggino) un bolso de la AFA; una plaqueta del club Barracas Central, que Tapia presidió durante casi 20 años y que lo llevó al caudillaje de la AFA, y 54 autos de lujo y de colección. Si un monotributista y una jubilada pueden comprar semejante casa y medio centenar de lujosos vehículos, en la Argentina se equivoca hasta el Indec cuando informa sobre los números de la economía.

Luego, esa misma Cámara de Casación, la más alta instancia penal del país, decidió que el caso de la propiedad real de la casa de Pilar pasara a la justicia federal. Y que le tocaba entonces al juez federal de Campana, González Charvay, a quien ya antes había elegido el juez de la Cámara Federal de San Martín, el filokirchnerista Alberto Lugones, para que se haga cargo de Tapia, Toviggino y la fastuosa casa.

La segunda constatación consiste en que todos los movimientos bancarios relacionados con esa compraventa, y los extraños manejos de financistas con el dinero, se hicieron también en la Capital. Para poner un ejemplo absurdo: sería lo mismo que alguien que robó en Buenos Aires y disfrutó el dinero en Barbados (es solo un ejemplo, no más) fuera juzgado en Barbados y no en Buenos Aires.

En síntesis, los jueces Barroetaveña y Borinsky no tuvieron siquiera en cuenta la elemental jurisdicción territorial del presunto delito. Debieron hacer muchas contorsiones para evitar decir que la sede de la AFA está en Pilar y no en el histórico edificio de la calle Viamonte en la Capital, que es lo que querían los dueños del fútbol nacional. En Pilar, jurisdicción del juez de Campana, hay un terreno baldío y una carpa, no la sede de la entidad que conduce un fútbol que conquistó tres campeonatos mundiales y actualmente es el subcampeón. Esa es otra información elemental para que el caso vaya al juzgado federal de Comodoro Py, que investiga el lavado de dinero en la Capital.

Entre tanto trajinar, debe dejarse constancia de que el lavado de dinero es competencia de la justicia federal, no del fuero Penal Económico. ¿Qué es lo que se investiga, entonces? En rigor, Tapia y Toviggino están siendo escrutados en siete causas en la Argentina por defraudación, desvío de fondos, retención indebida de contribuciones patronales y aportes previsionales y lavado de dinero en la AFA. Solo en el caso de retención de aportes el delito presunto es por un monto de casi 20.000 millones de pesos. Los dos están procesados en ese expediente. ¿Cómo encontrar un testaferro que los salve del dinero que ellos mismos manejan en la AFA? La causa de la casa de Pilar es, en cambio, por el supuesto lavado de dinero de esa fortuna mal habida. Si es cierto que el total del dinero robado es de unos 400 millones de dólares, la quinta de Pilar fue una exquisita adquisición para el entretenimiento de ellos y también para prestársela a jueces amigos que querían celebrar sus fiestas. Las vacilaciones y los zigzag de la Justicia no carecen de explicación.

Sucede que el juez González Charvay demostró siempre cierta ansiedad por retener en su despacho el expediente sobre la propiedad de Pilar. Y (¿casualmente?) en esa misma dirección iba la inquietud de Tapia y Toviggino. Alguna relación política o personal debe haber para que existan tantas coincidencias. Lo consiguieron, por ahora. La polémica decisión de los jueces Barroetaveña y Borinsky será apelada por el fiscal general de Casación, Mario Villar, ante esa misma Cámara; Villar tiene plazo hasta el próximo lunes para hacerlo. Lo hará, seguramente, porque su trayectoria es la de un hombre serio, objetivo y honesto. Cuando se pregunta en los tribunales qué es lo que busca el fiscal Villar, la respuesta es siempre la misma: “Que el caso de Pilar sea juzgado por un juez imparcial en un juicio justo. No tiene un interés personal para inclinar la balanza hacia un lado o el otro”.

De todos modos, si los mismos jueces Barroetaveña y Borinsky rechazaran la apelación de Villar, que es lo que seguramente sucederá, el fiscal tendrá diez días más para recurrir en queja a la Corte Suprema de Justicia. La Corte podrá decidir que no es su deber tratar ese asunto porque no hay sentencia definitiva. O podrá argumentar, al revés, de que ya es hora de que alguien con poder definitivo ponga el caso en manos del fuero y de los magistrados que corresponden después de que 14 jueces hayan tenido ese expediente en sus manos. Fueron dos jueces federales (Rafecas y González Charvay), tres jueces en lo Penal Económico y nueve jueces de distintas instancias de apelación. ¿Cómo explicar semejante minué de dilaciones? ¿Cómo, si no es explorando en los muchos y muy eficaces laberintos de relaciones entre los jueces y los poderosos dueños del fútbol?

De hecho, Barroetaveña fue recusado por Elisa Carrió porque el magistrado fue presidente de la Comisión de Ética de la AFA hasta diciembre pasado, pero rechazaron esa recusación con el simple argumento de que Carrió no es parte del expediente. Otras veces hicieron lo contrario con recusaciones que habían presentado personas que tampoco eran parte de la causas, sobre todo en las que tenían una amplia resonancia pública y política. Cambiaron de opinión en el caso de la AFA, de Pilar, de Tapia y de Toviggino. El fiscal Villar había dictaminado, al principio de todo, que la causa debería quedar en manos de Rafecas, juez federal, o de la jueza en lo Penal Económico, Verónica Straccia, o dejar la decisión en poder de la Cámara en lo Penal Económico para que decida quién debía ser el juez. Los jueces de Casación resolvieron que dejarían esa decisión final en la más alta instancia del fueron Penal Económico, que le mandó el expediente a la jueza Straccia. La Cámara de Casación modificó luego su criterio y le sacó la causa a Straccia y se la mandó a González Charvay, con el que, como ya se dijo, simpatizan Tapia y Toviggino. El juez Borinsky, candidato ahora para ser ascendido a una de las más altas poltronas de la Justicia como juez de la Corte Suprema, votó de manera distinta en ambas ocasiones.

Para peor, una última denuncia acaba de ingresar en la justicia federal también por lavado de dinero. Se pidió que se investigue si “existió en el ámbito de la Capital un enorme esquema de lavado de activos que comenzaba con el desvío de los fondos desde el exterior (España y EE.UU principalmente) a empresas “intermediarias”. Luego, según esa presentación, cuando llegaba a la Capital el dinero “a través de un grupo de financieras, ubicadas en el microcentro de esta ciudad, se trasladaba a un estudio jurídico en el cual era contado el efectivo y finalmente terminaba en la sede central de la AFA y/o un departamento” de uno de sus dirigentes. La causa cayó en manos de la jueza María Servini, quien debe decidir si seguirá investigando ella o si se la enviará a González Charvay, que ya tiene el caso previo contra los dirigentes de la AFA por presunto lavado de dinero.

Por lo pronto, el solo hecho de que en esa denuncia se precisara de que parte del dinero podría haber llegado desde Estados Unidos es suficiente para potenciar la investigación que están haciendo la justicia norteamericana y el FBI sobre los turbios manejos de recursos por parte de Tapia y Toviggino dentro del sistema financiero de ese país. Si fuera así, y según la jurisprudencia vigente, la justicia de los Estados Unidos tomará como propia la jurisdicción de esa investigación. La propia Corte Suprema argentina debe resolver también la competencia que investigará otras denuncias por defraudación y desvío de fondos contra la AFA por un monto de 42 millones de dólares. Ayer, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que esos expedientes no deben ir al juzgado de González Charvay. Mala noticia para Tapia.

Además, Tapia es ahora un hombre mucho más débil, luego de que la FIFA sancionara a la AFA porque jugadores argentinos mostraron una sábana con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, luego del partido que la selección nacional le ganó a Gran Bretaña. En los reglamentos de la FIFA está prohibida la exhibición de causas políticas o religiosas en los encuentros deportivos. Para decirlo con otras palabras: Tapia no es ahora el dirigente que hace cuatro años regresó de Qatar pateando puertas. Ahora bien, ¿quién lo protege políticamente? Hubo jueces con simpatías peronistas, como Lugones, que hicieron lo que los acusados querían que hiciera. Pero también los casos judiciales contra Tapia y Toviggino desaceleraron su ritmo desde que Juan Bautista Mahiques es ministro de Justicia.

Mahiques es hijo del juez de la Cámara de Casación Carlos Mahiques, quien habría celebrado su cumpleaños en la quinta de Pilar. En rigor, todos los jueces de Casación debieron excusarse de tratar el caso de Pilar después de que Mahiques padre contestara con una confirmación indirecta cuando le preguntaron sobre si aquella versión era cierta: “Y si fuera cierto, ¿cuál sería el problema?”. Debieron excusarse no porque hayan asistido al festejo (nadie sabe por ahora quiénes estuvieron y quiénes no), sino porque son colegas del juez Mahiques en la misma Cámara. La corporación existe o se sospecha que existe. Javier Milei se ha expresado públicamente con serias críticas a Tapia y a la conducción de la AFA, pero, según se ve, la dirigencia del fútbol argentino no es una de sus prioridades. Política y jueces contribuyen, de cualquier forma, a prolongar las investigaciones sobre los descalabros de Tapia y Toviggino hasta más allá del horizonte.