El Gobierno le dio este lunes al Reino Unido dos semanas para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. Si no lo hace, advirtió Javier Milei, la Argentina recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM). Detrás del anuncio hay un procedimiento previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), que ambos países ratificaron, y que tiene reglas, plazos y límites precisos.

El primer paso es el arbitraje. La Convemar permite que cada Estado elija, mediante una declaración escrita, qué tribunal resolverá sus controversias sobre la interpretación o aplicación del tratado: el TIDM, la Corte Internacional de Justicia, un tribunal arbitral del Anexo VII o un tribunal arbitral especial del Anexo VIII. La Argentina eligió, en orden de preferencia, el TIDM y, para cuestiones de pesca, medio ambiente, investigación científica y navegación, un tribunal especial del Anexo VIII. El Reino Unido, en cambio, eligió la Corte Internacional de Justicia. Como no coinciden, rige la regla por defecto: cuando las partes no aceptaron el mismo procedimiento, la controversia va a un arbitraje del Anexo VII. Por eso el comunicado oficial habla de iniciar ese arbitraje y no de ir directamente a Hamburgo, Alemania, sede del TIDM.

Un tribunal arbitral del Anexo VII no existe de antemano: hay que constituirlo, con árbitros designados por cada parte y otros de común acuerdo, un proceso que puede llevar meses. Para cubrir ese vacío, la Convemar le da al TIDM una facultad especial: mientras el tribunal arbitral no esté constituido, puede dictar medidas provisionales para proteger los derechos en disputa. Ahí aparece el plazo de dos semanas. La Convemar establece que, mientras no se constituya el tribunal arbitral, si las partes no acuerdan en dos semanas qué tribunal dictará medidas provisionales, puede hacerlo el TIDM. El ultimátum del Gobierno coincide con esa ventana procesal.

Para conceder las medidas, el TIDM no resuelve el fondo del conflicto. Debe verificar que el tribunal arbitral tendría, a primera vista, competencia para tratar el caso, aunque no necesita asegurarse de ello de manera definitiva. Además, a diferencia de otros supuestos, en este caso la Convemar exige que exista urgencia. Si se cumplen esos requisitos, el Tribunal puede ordenar las medidas que considere apropiadas, que luego el tribunal arbitral, una vez constituido, puede modificar, revocar o confirmar. Las partes están obligadas a cumplirlas.

La Argentina ya recorrió este camino. En 2012 la fragata ARA Libertad quedó retenida en el puerto de Tema, en Ghana, por un pedido del fondo NML Capital ante la justicia local. El país inició un arbitraje del Anexo VII contra Ghana y el 14 de noviembre de ese año pidió medidas provisionales al TIDM. El 15 de diciembre, el Tribunal ordenó por unanimidad liberar el buque de forma inmediata e incondicional. Entre el pedido y la resolución pasó un mes.

Pero el caso Malvinas tiene un obstáculo que el de la fragata no tenía: la soberanía, que justamente está en disputa. La Convemar regula los espacios marítimos, no la titularidad de un territorio terrestre. Un precedente es el de Chagos: en 2015, un tribunal del Anexo VII resolvió, por tres votos a dos, que no tenía competencia para decidir si el Reino Unido era el Estado ribereño del archipiélago, un reclamo de Mauricio. Sin embargo, ese mismo tribunal sí consideró que Londres había violado la Convención al crear un área marina protegida sin tener en cuenta los intereses legítimos de Mauricio. Ese antecedente muestra por dónde podría pasar la estrategia argentina: discutir el impacto de la explotación unilateral de recursos en una zona en disputa, más que la soberanía en sí.

Hay otro límite, esta vez propio. Al ratificar la Convemar, la Argentina declaró que no acepta los procedimientos obligatorios para tres categorías de controversias del artículo 298: las de delimitación marítima y títulos históricos, las referidas a actividades militares y de aplicación de la ley, y aquellas en las que actúa el Consejo de Seguridad de la ONU. En 2012, en medio del caso Libertad, retiró esa excepción solo en lo referido a actividades militares de buques y aeronaves de Estado. La Convención establece además que un Estado que hizo esa declaración no puede llevar una controversia de esas categorías contra otro sin su consentimiento. Por eso el reclamo argentino apunta a la explotación de recursos y no a la delimitación de espacios marítimos.

Del otro lado, Londres ya adelantó su postura. Tras el discurso de Milei en la ONU de la semana pasada, el Reino Unido sostuvo que apoya el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos naturales y que la legislación argentina no se aplica en las islas. Si la Argentina finalmente presenta el pedido, el TIDM deberá resolver primero si el caso puede tramitarse y, recién después, si corresponde frenar Sea Lion mientras se constituye el tribunal arbitral.

Islas Malvinas, soberania de malvinas

El Gobierno argentino denunció que una empresa británica realizó vuelos ilegales desde las Islas Malvinas hacia la ciudad chilena de Punta Arenas. Además, anunció que intimó al Reino Unido para frenar en un plazo de dos semanas las operaciones para la explotación de hidrocarburos en el proyecto “Sea Lion” y anunció que comenzará con el procedimiento de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

En un comunicado de la Oficina del Presidente, Javier Milei ordenó dar inicio de forma urgente a procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra la empresa THALES UK LIMITED, luego de que se detectaran operaciones en la ruta aérea Islas Malvinas-Punta Arenas realizadas mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas. El Ejecutivo también instruyó a los equipos de gobierno para avanzar en las gestiones diplomáticas correspondientes en relación con ese caso.

Se trató de una delegación de empresarios ingleses provenientes de las islas que participaron de una ronda de negocios con proveedores chilenos. El objetivo era avanzar sobre la creación de una ruta comercial entre el archipiélago y el sur de Chile.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo remarcó que Cancillería y los equipos jurídicos comenzarán con este proceso con el objetivo de “impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado Sea Lion, así como la adopción de cualquier otra medida susceptible de agravar la situación”.

El documento, firmado por el presidente Javier Milei, establece que, de no cumplirse ese requerimiento en el plazo fijado, la República Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) las medidas provisionales necesarias para preservar sus derechos soberanos sobre la Plataforma Continental. La intimación fue cursada de forma oficial al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y representa la escalada más concreta del reclamo argentino desde el anuncio de sanciones del 3 de septiembre.

Milei, en tanto, compartió un mensaje citando el comunicado y señaló: “Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras”

El texto presidencial también rechaza de forma categórica la respuesta británica a las declaraciones de Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Según el comunicado, ni la denominación de las Islas Malvinas como “Territorio Británico de Ultramar” ni el referéndum unilateral celebrado en 2013, en el que el 99,8% de los votantes del archipiélago eligió permanecer bajo administración de Londres, alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas. La posición argentina sostiene que ese pleito debe resolverse a través de negociaciones bilaterales, conforme al mandato de los organismos internacionales.

El respaldo jurídico del reclamo argentino se apoya en dos resoluciones de la Asamblea General de la ONU. La Resolución 2065 (XX) reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, e instó a ambos gobiernos a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones. A su vez, la Resolución 31/49 exhortó expresamente a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe ese proceso. El gobierno argentino sostiene que la explotación de recursos naturales en esas zonas viola ambas resoluciones y produce “un perjuicio irreversible e irreparable” a sus derechos de soberanía.

El marco legal invocado por Argentina incluye a la CONVEMAR —considerada por juristas y organismos internacionales como la “constitución de los océanos”—, aprobada en 1982 y en vigor desde 1994, que establece que la plataforma continental de un Estado ribereño se extiende más allá de su mar territorial a lo largo de la prolongación natural de su territorio, pudiendo alcanzar hasta 350 millas marinas desde las líneas de base. Bajo ese régimen, Argentina considera que los yacimientos hidrocarburíferos del proyecto Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte del archipiélago, se encuentran dentro de su jurisdicción soberana.

La escalada diplomática se produce en un contexto de creciente tensión entre ambos países. El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, afirmó días atrás en declaraciones al diario británico The Sun on Sunday que Londres está preparado para defender militarmente las Malvinas ante una eventual acción argentina. “Esto no es 1982. Los argentinos no tienen la capacidad de tomar las islas Malvinas. Nosotros tenemos la capacidad de defenderlas”, declaró el funcionario, quien rechazó las reivindicaciones de Milei y las calificó como una posición sin fundamento. Streeting también afirmó que no prevé un conflicto, pero insistió en la capacidad defensiva de las Fuerzas Armadas británicas.

La respuesta de Londres ante las medidas argentinas también incluyó la confirmación de que los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 desplegados en el archipiélago serán reemplazados por aeronaves Tranche 2, de mayor capacidad operativa, a fines de noviembre de 2027. El Ministerio de Defensa británico sostuvo que se trata de una rotación prevista con anterioridad a la tensión actual. Por su parte, la explotación impulsada por el consorcio conformado por Rockhopper Exploration, de capital británico, y Navitas Petroleum, con sede en Israel, podría generar USD 2.000 millones en regalías durante 30 años, según cálculos de las autoridades de Londres.

En el plano judicial local, una jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ya ordenó como medida cautelar que las petroleras involucradas se abstengan de iniciar o continuar las obras necesarias para poner en marcha el proyecto. En simultáneo, la Cancillería argentina avanza en gestiones ante Estados Unidos para que Washington evalúe una mediación, una posibilidad que requeriría la aceptación del Reino Unido.

Barco bluewater sea lion

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, criticó este lunes las políticas económicas del gobierno de Javier Milei y aseguró que “se está aniquilando a la clase media”.

En diálogo con el programa Solo una vuelta más por TN, la dirigente profundizó: “Hoy en la Argentina, la enajenación del Presidente, en el sentido de que no entiende que se está eliminado la clase media y se está aniquilando también la idea de una vida mejor para nuestros adolescentes, para nuestros hijos”.

Y amplió: “Se está dando en las redes, por culpa del algoritmo, una idea de polarización absolutamente falsa”.

“Los dueños de la Argentina son los mismos”, remarcó la exfuncionaria.

Consultada sobre si podría presentarse para ocupar algún cargo en las próximas elecciones o a quién votaría, Carrió fue contundente: “Me da asco la política. No voy a ir a votar. No lo voté a Milei, menos a Sergio Massa. A Axel Kicillof tampoco lo pienso votar. Él es un hombre decente rodeado de corruptos”.

“No podemos estar con un capitalismo terrible y una falta de humanismo”, añadió Carrió.

Sobre los anuncios económicos del Gobierno, la exdiputada lanzó: “Luis ‘Toto’ Caputo puede hacer magia, pero ya no sabe qué hacer. Mucho menos convencer a un presidente que está aislado”.

“Estamos en una especie de convertibilidad con un dólar barato falso. Es lo que le exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) al gobierno. La clase media tiene que reaccionar. Ya están en la pobreza”, reiteró Carrió.