“(Donald) Trump es Trump. Aun con los amigos”, reflexionó un diplomático de carrera en la noche del lunes, cuando ya era conocido que el gobierno norteamericano solicitó, a través de sus representantes diplomáticos, disolver el Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que desde 1965 insta al Reino Unido a sentarse a negociar con la Argentina una resolución a la diputada por la soberanía de las islas Malvinas.

En la Cancillería no hubo comentarios públicos sobre el pedido, que va en línea con la escasa estima que Trump tiene hacia las Naciones Unidas (sentimiento compartido por el presidente Javier Milei) y que tuvo como argumentos que ese comité “dejó de cumplir su propósito original”. Ayer, en la conferencia de prensa semanal que brinda en Casa Rosada, el portavoz Adrián Ravier afirmó que esa postura de Estados Unidos “está bajo análisis hoy como para tomar una decisión final”, y afirmó que “seguramente” el canciller Pablo Quirno, que acompaña al Presidente en su actual gira por España, hablaría sobre el tema. La consulta incomodó a Ravier, que no pudo precisar qué es lo que “está en análisis”.

En la última reunión del Comité de Descolonización, en junio pasado, el canciller Quirno acusó en duros términos al Reino Unido de “desconocer la realidad histórica”, y afirmó que “el principio de autodeterminación no aplica en casos de colonialismo que vulneran la integridad territorial de una nación preexistente”, en relación con la posición de Londres en relación con los pobladores de las islas. Fue solo una de las exposiciones de los últimos meses en las que el Gobierno y la Cancillería elevaron el tono del reclamo por la soberanía de las islas.

“Lo que dijeron los Estados Unidos tiene que ver con la propuesta de racionalizar la ONU, algo similar a la motosierra”, explicó una fuente diplomática cercana al Gobierno, con intención de minimizar un eventual conflicto.

“Por supuesto que, como todo país con controversias de ese tipo, apoyamos la continuidad del comité. Pero no sería un daño para la Argentina, el reclamo se puede presentar, como se hacía en los años noventa, ante la Asamblea General de la ONU”, agregó el experto.

En coincidencia con el despertar del sentimiento nacionalista en el país por la recuperación de Malvinas, que explotó luego del partido con Inglaterra en el mundial de fútbol, y enojado por la posición del Reino Unido durante la guerra con Irán, Trump declaró que “podría revisar” su postura en relación a la soberanía de Malvinas. Semanas después, se reunió con el primer ministro británico Andy Burnham, y esa amenaza se disipó.

Más allá de la controversia por el Comité de Descolonización (que no integran ni Estados Unidos ni Gran Bretaña, que sostiene 10 de los 17 territorios no autónomos en disputa, entre ellos Malvinas), el freno al tratamiento en comisión de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculado con la causa Malvinas e impulsado por el Poder Ejecutivo, también muestra posturas divergentes entre Washington y Buenos Aires.

Empresas norteamericanas le habrían transmitido al Gobierno su preocupación por la “laxitud” del Título I del proyecto, que no solo establece sanciones para las compañías Rockhopper (británica) y Navitas (israelí) que llevan adelante el proyecto Sea Lion en las aguas circundantes de Malvinas, sino también contra empresas asociadas a ellas en otros proyectos, con la secretaría de Malvinas que encabeza la secretaria Paola di Chiaro, como autoridad de aplicación.

“A la industria le preocupaba este abordaje tan amplio que tiene la ley, y que impacte sobre la actividad”, comentó a una importante fuente del sector petrolero. No sólo las empresas se quejaron: según informadas fuentes del Gobierno, el embajador norteamericano Peter Lamelas también le habría expresado su preocupación vía telefónica a miembros del oficialismo. Consultadas por este diario, fuentes de la embajada norteamericana evitaron hacer comentarios sobre el asunto, y desde el oficialismo de la Cámara baja -los diputados Silvana Giúdici y Gabriel Bornoroni trabajan en el dictamen de la ley- dijeron no haber recibido llamado alguno. Adjudicaron la postergación del tratamiento a la cantidad de temas que incluirá la próxima sesión de la Cámara baja.

Diplomáticos alejados del Gobierno agregan un tercer foco de disenso, siempre dentro de los márgenes de la excelente relación entre ambos países. Se trata de la postulación de Rafael Grossi como próximo secretario general de la ONU, impulsado por Argentina y que marcha en el primer pelotón en las votaciones secretas que se han venido haciendo hasta ahora. Esos diplomáticos aseguran que Grossi “no es” el preferido de Trump, que ya intentó postular al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y con el megamillonario Elon Musk, y que podría insistir con otro “outsider” en las próximas semanas, si como viene ocurriendo, ninguno de los postulantes alcanza la mayoría necesaria (sin vetos de los cinco miembros permanentes) para ser elegido.

El jueves próximo, ya con Milei y Quirno de regreso en el país, el influyente subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y el responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, llegarán a Buenos Aires. Entre otros asuntos, las divergencias por el comité de Descolonización y el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía podrían ser temas de conversación con el Gobierno.

Las fuerzas políticas capaces de acumular votos en medio de la pelea principal entre el peronismo y La Libertad Avanza ya se alistan para tener candidatos propios a gobernador de la provincia de Buenos Aires. En esa grilla aún preliminar, se anotan dirigentes bonaerenses que suelen jugar con apuestas propias en cada elección, como el exsenador provincial Joaquín de la Torre, y otros que buscan instalarse como nuevas alternativas, tal es el caso de los hermanos Manuel y Santiago Passaglia, diputado bonaerense e intendente de San Nicolás, respectivamente.

En 2025, año de elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la alianza que se desmarcó del peronismo y de LLA fue Somos Buenos Aires, en la que confluyeron radicales, peronistas y dirigentes de la coalición cívica y vecinalistas. Consiguió el tercer lugar en cinco de las siete secciones bonaerenses en las que compitió (no presentó lista en la segunda).

Para las elecciones de 2027, uno de los competidores que buscará terciar entre los principales polos de la oferta con un nuevo espacio político es el exsenador bonaerense Joaquín de la Torre. Exaliado del presidente Javier Milei, el también exintendente del distrito de San Miguel busca “construir un espacio con aquellos que creen que esta provincia no se puede gobernar de esta manera, sino que hay que hacerla explotar para construir una administración nueva”, indicó a una fuente de su entorno.

En las últimas semanas, De la Torre (exministro de Gobierno bonaerense en la gestión de María Eugenia Vidal) lanzó una propuesta para “federalizar el conurbano”, consistente en que 27 distritos dejen de pertenecer a la Provincia y tengan como autoridad únicamente los niveles municipal y nacional del Estado. “Lo que estamos armando no es a partir de la mirada clásica de los espacios políticos, sino de una convicción de que esta Provincia no soluciona los verdaderos problemas de los vecinos”, afirmaron cerca del exsenador provincial.

Con un armado político que estrenaron en 2025, los hermanos Manuel y Santiago Passaglia, estarían también dispuestos a competir por la gobernación bonaerense desde un espacio ajeno a los dos principales. Su sello Hechos, con el que se presentaron en la segunda sección electoral el año pasado, se reeditaría.

Manuel Passaglia es diputado provincial y exintendente de San Nicolás; Santiago Passaglia es el actual jefe comunal y fue diputado bonaerense. Lanzarían a fin de mes su espacio político. No se descarta que uno de ellos se presente como precandidato a presidente y, el otro, a gobernador de Buenos Aires.

Según pudo saber , quien por el momento no se anotaría con ningún espacio en la contienda provincial es el exdiputado nacional Florencio Randazzo. Así lo hicieron saber a este diario desde su sector.

Otro de los dirigentes capaces de amalgamar una oferta alternativa es el exdiputado nacional Emilio Monzó. Si bien desde su campamento evitan hacer comentarios sobre su participación en la elección de 2027, las últimas señales públicas lo mostraron cerca del exministro de Economía Sergio Massa. Participó de en encuentro con la juventud del Frente Renovador porteño y dijo que Massa “tiene diálogo y poder para transformar acuerdos en hechos”.

Otras eventuales opciones para terciar en la puja entre peronismo y mileísmo son las del vecinalismo y la del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. En ambos casos, la alternativa de anotarse en la competencia por el gobierno provincial está en etapa de análisis.

En elecciones ejecutivas bonaerenses anteriores, algunas fuerzas que se armaron por fuera de las dos opciones centrales consiguieron porcentajes de votos significativos. En 2011, el Frente Amplio Progresista consiguió un 11,64% en la elección que ganó Daniel Scioli (Frente para la Victoria), con el 55,18%. En 2015, cuando triunfó Vidal (Cambiemos) por una diferencia de poco más de cuatro puntos porcentuales sobre Aníbal Fernández, la alianza Progresistas consiguió 2,35%. En 2019, año de la primera victoria de Axel Kicillof en la provincia, Consenso Federal cosechó un 5,11%. En 2023, no hubo un sello equiparable a este tipo de fuerzas alternativas.