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POLITICA

Diego Santilli reúne al PRO bonaerense y empieza a ordenar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza para 2027

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Diego Santilli se sentará este martes a las 15:30 con Cristian Ritondo y dirigentes bonaerenses del PRO en la sede porteña del partido que conduce Mauricio Macri. Los intendentes llegarán con reclamos por recursos y gestión, mientras empieza a colarse la discusión electoral hacia 2027.

Según pudo saber TN, de la reunión participarán legisladores nacionales y provinciales, y jefes comunales como los de Pinamar, Campana y Tres de Febrero. La convocatoria reúne a una parte de la estructura territorial del PRO en la provincia, en un momento en el que el vínculo con La Libertad Avanza atraviesa instancias de coordinación y también diferencias en lo cotidiano.

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El encuentro se da mientras el Gobierno busca respaldos para el paquete de reformas que envió al Congreso, donde la reforma electoral aparece como uno de los puntos más sensibles, en particular por la eliminación de las PASO.

En ese contexto, Santilli empuja la idea de un acuerdo amplio en la provincia que incluya al PRO, a La Libertad Avanza, al radicalismo y a otros espacios. El ministro del Interior se posiciona como candidato para gobernador, pero para tener el aval de Karina Milei le pedirían afiliarse a LLA.

Intendentes, recursos y funcionamiento local

Un tramo de la reunión estará atravesado por los planteos de los intendentes, que vienen señalando dificultades en la gestión diaria de sus municipios.

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Entre los temas que llevarán a la mesa aparecen los recursos para obras y el impacto de decisiones nacionales en las administraciones locales, además de la dinámica política con referentes libertarios en los concejos deliberantes.

Se trata de un intercambio que apunta a ordenar la relación en el territorio, donde conviven acuerdos electorales con tensiones operativas que los jefes comunales buscan canalizar.

Ritondo viene planteando la necesidad de confluir en una estrategia común con La Libertad Avanza como única opción si quieren ganarle al peronismo (Foto: PRO).

La reunión también funcionará como un primer contacto ampliado con Santilli desde su rol en el Gobierno, en un formato que prioriza el vínculo con dirigentes con responsabilidad de gestión.

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Un esquema electoral en discusión

En paralelo, la reunión abrirá un espacio para empezar a delinear el esquema electoral en la provincia de Buenos Aires.

Ritondo viene planteando la necesidad de confluir en una estrategia común con La Libertad Avanza como única opción si quieren ganarle al peronismo.

Esa posición convive con discusiones internas sobre el vínculo entre ambas fuerzas políticas en los distritos y el reparto de lugares en las listas, un punto que también aparece en los planteos de los intendentes.

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El encuentro de este martes no busca cerrar esas definiciones, pero sí empezar a ordenar una conversación que ya está en marcha entre los distintos sectores.

Una agenda territorial que también pasa por las provincias

Antes de la reunión en la sede del PRO, Santilli mantuvo este lunes un encuentro con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en la Casa Rosada.

Allí repasaron temas de gestión vinculados a infraestructura y a la relación fiscal entre Nación y la provincia, en una agenda que se replica con otros mandatarios.

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En ese marco, Frigerio sostuvo “la importancia de avanzar en una discusión sobre las modificaciones del sistema electoral, con el objetivo de reducir costos y aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias”, según informó el Ministerio del Interior.

El planteo se suma a un debate que también atraviesa al PRO, donde la reforma electoral aparece entre los temas que se meten en la discusión política de estos días.

Diego Santilli, Cristian Ritondo, Provincia de Buenos Aires, PRO, La Libertad Avanza

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Pese a las tensiones internas, la Casa Rosada puso a Bullrich al frente de las negociaciones por la reforma electoral en el Senado

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Enfocado en lograr el dictamen de la reforma electoral en las próximas 48 horas, el Gobierno decidió postergar las diferencias con Patricia Bullrich y le encargó a la jefa de la bancada oficialista en el Senado que encabece las negociaciones con los aliados para aprobar su ambicioso proyecto.

Por su rol como líder del bloque de La Libertad Avanza, la maniobra parece una obviedad. Sin embargo, hasta este martes la responsabilidad de llevar las riendas de las negociaciones era una tarea exclusiva del jefe de Gabinete, Diego Santilli, según daban cuenta entre los senadores del oficialismo.

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“La pelota la tiene la Casa Rosada”, fue el mensaje que repetían en el bloque violeta, en referencia a las conversaciones que mantuvo durante meses el ministro coordinador con los diferentes gobernadores dialoguistas para destrabar el proyecto electoral. Sin embargo, con la decisión de acelerar el tratamiento, la mesa política que conduce Karina Milei decidió sumar a Bullrich a la misión de reunir los votos.

“Es correcto, va a conducir el proceso en tándem con Santilli”, explicaron a TN cerca de la senadora. Según pudo saber este medio, el nuevo esquema fue conversado por ambos en la Casa Rosada, donde esta mañana se celebró una nueva reunión de los principales estrategas del Gobierno. Allí, en un encuentro que fue definido por uno de los presentes como “muy tranquilo”, el Ejecutivo decidió ignorar las recientes tensiones públicas entre Bullrich y el oficialismo, luego de varias semanas de diferenciaciones políticas que en Balcarce 50 fueron leídas como desafíos a la conducción de la Secretaria General de la Presidencia.

Tras una reunión «tranquila», la mesa política encomendó a Patricia Bullrich la negociación de la reforma electoral con los aliados. (Foto: Presidencia)

En ese sentido, alrededor de la exministra de Seguridad hay quienes advierten que detrás de la maniobra podría esconderse una trampa: convertirla en un chivo expiatorio en caso de que el proyecto no prospere. Sin embargo, aseguran que la dinámica de trabajo entre Bullrich y Santilli es buena, y en el oficialismo se muestran confiados de poder avanzar con la reforma.

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“Hasta acá no pudieron sacar la reforma sin ella. Así que responsabilizarla porque no salga algo que no pudieron sacar no pueden. Veremos si con ella ahora, sale”, planteó a TN un colaborador de la senadora porteña.

Los plazos del Gobierno y la búsqueda de los 37 votos en el Senado

La primera prueba que debe superar el oficialismo en el Senado es conseguir las diez firmas necesarias para dictaminar el proyecto en la comisión de Asuntos Constitucionales que preside el libertario Agustín Coto. Luego de que este martes se llamara a un cuarto intermedio para asimilar los cambios introducidos en el texto oficial, dos integrantes de la mesa política afirmaron a este medio que lograrán el despacho entre este miércoles y el jueves.

“No hay ninguna postergación. Simplemente son muchas modificaciones al proyecto original y todas tienen que ser atendidas”, reiteraron en Balcarce 50, donde explicaron que el plan sigue siendo tratar el proyecto en el recinto la próxima semana.

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Patricia Bullrich tiene la misión de conseguir el dictamen de la reforma electoral en la comisión de Asuntos Constitucionales, mientras el Gobierno busca los votos para tratar la iniciativa en el recinto la próxima semana. Foto: Gabriel Cano / Comunicación Senado.
Patricia Bullrich tiene la misión de conseguir el dictamen de la reforma electoral en la comisión de Asuntos Constitucionales, mientras el Gobierno busca los votos para tratar la iniciativa en el recinto la próxima semana. Foto: Gabriel Cano / Comunicación Senado.

Entre los 19 integrantes que componen la comisión, La Libertad Avanza cuenta con seis propios (Coto, Bullrich, Nadia Márquez, Belén Monte de Oca, Luis Juez e Ivanna Arrascaeta), por lo que necesita que sus aliados aporten cuatro firmas más. Los seis senadores peronistas ya adelantaron su rechazo, así que el Gobierno mira a los radicales Eduardo Vischi, Rodolfo Suárez y Flavio Fama, a Carlos Espínola y Alejandra Vigo (Provincias Unidas), a Carolina Moisés (Convicción Federal) y a Beatriz Ávila (Independencia) como sus potenciales aliados. Una vez firmado el dictamen, el oficialismo deberá esperar siete días antes de llevar el proyecto al recinto, donde necesitará 37 votos.

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POLITICA

Ley Malvinas: el Gobierno volvió a modificar el proyecto, pero persisten las diferencias sobre las sanciones a la interferencia externa

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El Gobierno buscará darle hoy media sanción en Diputados a su proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como ley Malvinas. El oficialismo tiene los votos para aprobarlo en general, pero todavía no logró un acuerdo sobre las sanciones por injerencia extranjera. Para acercar posiciones, la Secretaría Legal y Técnica introdujo nuevas modificaciones tras una reunión con representantes de los bloques aliados la semana pasada.

La iniciativa, impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo, encabeza el temario de la sesión prevista para las 12. Aunque surgió con el objetivo de sancionar a las empresas que exploten recursos naturales en las islas Malvinas sin autorización argentina, su alcance se amplió a la defensa del territorio, las infraestructuras críticas y los procesos electorales e institucionales.

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Santiago Caputo en la cena de fin de año de la Fundación Faro

Las principales diferencias se concentran en el título VII, que modifica la ley de partidos políticos y el Código Penal para sancionar las campañas de injerencia extranjera y los actos de violencia contra el Estado. Los aliados consideran que algunas definiciones siguen siendo demasiado amplias y podrían afectar derechos constitucionales.

Además, por introducir modificaciones en materia electoral, ese apartado necesita una mayoría absoluta de 129 votos afirmativos, un número que el oficialismo todavía no tiene garantizado. Si no consigue nuevos acuerdos, podría quedar fuera del proyecto durante la votación en particular.

Silvana Giudici, secretaria parlamentaria de LLA, una de las encargadas de reunir los avales del proyecto en DiputadosSoledad Aznarez

Entre los cambios incorporados figura la nueva denominación del Consejo de Seguridad Nacional, que pasará a llamarse Consejo de Asuntos Estratégicos.

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El Ministerio de Seguridad, hoy a cargo de Alejandra Monteoliva, dejará de integrarlo de manera permanente y solo será convocado cuando resulte necesario. “Por la nueva denominación del Consejo, está claro que tiene que ver con defensa, no con seguridad. El ministerio pasa a ser convocado cuando se requiera a las fuerzas de seguridad”, explicó a un referente libertario.

En la redacción original, la cartera de Seguridad no integraba el Consejo, pero se terminó incorporando a pedido de los aliados. En el último borrador, el Gobierno retornó a su intención primaria.

También se amplió la definición de aeroespacio para incluir expresamente el espacio aéreo y ultraterrestre.

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Pero los ajustes más sensibles se concentran en el artículo 129 del proyecto -que integra el título VII-, que incorpora nuevas figuras penales vinculadas con la injerencia extranjera. El Gobierno eliminó la palabra “sabotaje” así como la referencia a las acciones destinadas a “afectar la libre formación de la voluntad política de la población”.

Además, estableció que, para configurar el delito, el autor deberá conocer la naturaleza de la campaña y actuar con esa finalidad específica. También excluyó de las sanciones a quienes compartan o adhieran a contenidos u opiniones, por ejemplo en redes sociales, sin recibir financiamiento ni instrucciones de agentes extranjeros.

Las precisiones, sin embargo, no conformaron a todos los aliados. Un legislador que participa de las negociaciones advirtió que la definición del delito todavía podría alcanzar actividades legítimas de sindicatos, organizaciones sociales o cámaras empresariales. “Definida por la negativa, queda todo adentro y es el ciudadano el que tiene que demostrar que se encuadra en una excepción”, cuestionó.

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Ese mismo diputado también objetó que las restricciones al financiamiento extranjero se extiendan a la organización y dirección de campañas electorales, lo que podría afectar la contratación de consultores extranjeros.

Las diferencias con el peronismo

Unión por la Patria (UP), que presentó un dictamen de minoría, comparte el objetivo central del proyecto: sancionar a las empresas que participen, sin autorización argentina, de la explotación de recursos naturales en Malvinas y la plataforma continental.

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En ese apartado, el oficialismo ya había limitado las prohibiciones sobre proveedores y accionistas de las empresas infractoras. La nueva redacción exige que los bienes o servicios suministrados sean indispensables para la actividad ilegal y que el proveedor conozca, o no pueda razonablemente desconocer, su destino.

Sin embargo, el peronismo cuestiona el régimen de Desistimiento y Regularización, que permite a las empresas abandonar las actividades objetadas y evitar determinadas sanciones. Desde el bloque consideran que el mecanismo podría facilitar que eludan las multas previstas por la propia ley.

También objetan el artículo 111, que somete determinadas inversiones de Estados extranjeros o empresas controladas por ellos a la revisión del Consejo de Asuntos Estratégicos. La disposición alcanza sectores como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos y minería, además de infraestructuras críticas de interés nacional.

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Germán Martínez junto a Silvana Giudici, Gabriel Bornoroni y Nicolás MayorazHernán Zenteno

Desde UP advierten que podría interferir en decisiones provinciales. “Si una provincia quiere licitar un servicio que provee, por ejemplo, Huawei o Cofco, con participación del gobierno chino, incluso Petrobras, le tiene que pedir permiso al Consejo”, planteó un referente del espacio.

El texto excluye, sin embargo, las relaciones comerciales ordinarias que no impliquen control, influencia determinante o acceso a información tecnológica sensible.

El oficialismo llegará así al recinto con la aprobación general encaminada, pero con negociaciones todavía abiertas sobre uno de los apartados más controvertidos del proyecto.

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La sesión también incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios, la transferencia de competencias judiciales penales y de menores a la ciudad de Buenos Aires y modificaciones al marco regulatorio de las pymes.



https://t.co/9wTJI6ZrGe,November 16, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a

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Argentina y Chile buscan bajar la tensión por el carguero que unirá Punta Arenas con Malvinas en diciembre

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Mientras el carguero Danstar ya se alista en los astilleros de ASMAR Magallanes en Punta Arenas para transportar el próximo 17 de diciembre frutas, verduras, alimentos perecederos, vinos, gas licuado y materiales de construcción hacia las Malvinas, Argentina y Chile buscaron en las últimas horas bajar la tensión en torno a la reapertura de esa ruta comercial. Desde Buenos Aires, y según supo Infobae, instaron a “no generar una controversia donde no existe”, sobre todo a raíz de la especulación sobre una eventual asistencia del buque a las empresas que desarrollan el proyecto petrolero Sea Lion en la cuenca norte de la Isla.

Desde la Cancillería, que conduce Pablo Quirno, destacaron que los dos países “mantienen una excelente relación bilateral” y que “cuentan con normativas que contemplan este tipo de situaciones”. Por su lado, el vocero oficial del gobierno chileno, Gonzalo Arenas, confirmó que ambas cancillerías mantienen comunicación fluida y coinciden en tratar el asunto “con la mayor normalidad posible”. “No estamos por exacerbar dificultades u odiosidades o supuestos encuentros que pudiesen dañar la relación bilateral”, planteó en conferencia de prensa. Y remarcó la necesidad de bajar el “tono belicoso que por momentos uno ve en ambos países”.

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El funcionario de José Antonio Kast se refirió, además, al núcleo de la discusión jurídica y política en ambos costados de la Cordillera de los Andes: el pedido de autorización para que buque pueda transitar rumbo a Malvinas a través de aguas argentinas. Según Arenas, la obligación de solicitar autorización no corresponde al Estado sino a la embarcación. “Los barcos que van hacia Malvinas son los que tienen que pedir permiso para atracar en Malvinas, no el Estado de Chile y, por lo tanto, se tendrán que cumplir con todas las obligaciones que correspondan por parte de un barco privado”, sostuvo.

Infobae se comunicó con las autoridades de la naviera Easter Island Logistics, a cargo de la operatoria comercial de un negocio estimado en 20 millones de dólares anuales, para saber si efectivamente iban a cumplir con ese pedido de autorización. Se excusaron de responder.

Este punto fue epicentro de la discusión la semana pasada, cuando los cancilleres de ambos países tuvieron declaraciones cruzadas. Quirno exigió -en declaraciones televisivas- que el Danstar solicite autorización para cruzar aguas jurisdiccionales argentinas, en virtud de un decreto vigente desde 2010 que impone esa condición a toda embarcación con destino a las islas. Su par chileno, Francisco Pérez Mackenna, rechazó esa exigencia e invocó el derecho de paso inocente reconocido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). “Los países no piden permiso”, sentenció.

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El canciller Pablo Quirno (EFE)

El Danstar en preparación

El carguero de 72 metros de eslora llegó este lunes a la capital de la Región de Magallanes, donde permanecerá unas tres semanas en los astilleros de ASMAR Magallanes —con trabajos presupuestados entre USD 300.000 y USD 400.000, según estimaciones privadas— antes de zarpar hacia Puerto Argentino.

La iniciativa es promovida por la Falkland Islands Development Corporation (FIDC) del gobierno ilegal de las Islas y es respaldada por el municipio de Punta Arenas. Hasta ahora, el único servicio regular de abastecimiento al archipiélago operaba mensualmente desde Montevideo, con productos provenientes en su mayoría de Europa y Asia. La ruta desde Punta Arenas reduciría esa distancia marítima en unos 1.100 kilómetros.

La empresa Naviera Easter Island informa sobre los trabajos técnicos del buque de carga Danstar en los astilleros de ASMAR en Punta Arenas, Chile. (Instagram Easter Island Naviera)

La preocupación de fondo de Buenos Aires va más allá del permiso de navegación. El gobierno de Javier Milei teme que la nueva ruta sirva de soporte logístico al proyecto petrolero offshore Sea Lion, habilitado por el Reino Unido en la cuenca norte de Malvinas sin participación ni aval argentino, operado por la israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%). El proyecto contempla la perforación de 23 pozos, con inicio para marzo de 2027, y una producción estimada de 35 años.

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Quirno recordó públicamente el compromiso del gobierno chileno de que la operación “no contribuya logísticamente a la explotación de recursos naturales” en el archipiélago. Pablo Pacheco, gerente general de Easter Island Logistics, rechazó en La Prensa Austral cualquier vínculo con las petroleras: “Nosotros nos hemos desmarcado completa y absolutamente de lo que es la explotación de hidrocarburos. Somos una empresa que va a hacer abastecimiento insular”.

El presidente Javier Milei y su par de la República de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda

De todas formas, fuentes políticas y diplomáticas argentinas consultadas por este medio sospechan que el negocio de la reapertura comercial incluye indefectiblemente el abastecimiento a Sea Lion, y que no alcanza con la explicación de un “acuerdo entre privados”.

El frente judicial también está activo. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, fallará el 28 de noviembre sobre el pedido argentino de suspender la explotación petrolera mediante medidas provisionales. El Danstar estará aún en mantenimiento en Punta Arenas cuando se conozca esa resolución.

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El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, rechazó este lunes que Chile deba someterse a cualquier exigencia de autorización. “Para transitar en una u otra dirección por el Estrecho de Magallanes, no debiera haber ningún impedimento. Y si se debe pedir autorización, quiere decir que existe la opción de que se pueda negar, y eso es totalmente improcedente”, sostuvo en declaraciones recogidas por BioBío Chile.

Squella fue más allá del caso puntual del Danstar y advirtió sobre las consecuencias de ceder terreno en materia de navegación: “La aceptación, sea expresa o tácita, de cambios en la relación entre ambos países son los que al final del día pueden ser aprovechados en el futuro con un propósito totalmente distinto a lo que estamos viendo hoy”.

Sus palabras coinciden con las de ocho excomandantes en jefe de la Armada chilena, quienes en una carta conjunta sostuvieron que la ruta del Danstar es una actividad legítima entre privados y que aceptar una autorización argentina sentaría un precedente perjudicial para Chile.

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