A los 96 años, murió Augusto Belluscio, el último sobreviviente de la Corte Suprema de Justicia que refundó Raúl Alfonsín en 1993 con el regreso de la democracia. Se trata del último de los jueces que dejaron firme la histórica sentencia contra los excomandantes que lideraron el terrorismo de Estado en la Argentina.

Lo propuso para la Corte Suprema de Justicia el ministro de Justicia de Alfonsín, Carlos Alconada Aramburu, quien lo había conocido cuando ejercía como abogado ante su juzgado federal.

Puntilloso, de origen radical y obsesivo en la corrección de la sintaxis de sus votos, en la Corte, aun quienes discreparon ideológicamente con él, le tenían gran respeto como jurista.

Civilista de prestigio y autoridad indiscutida en derecho de familia, Belluscio fue juez de la Corte durante casi 22 años, entre diciembre de 1983 y septiembre de 2005.

Atravesó tres Cortes distintas, cuatro presidencias y algunos de los fallos más decisivos de la democracia recuperada.

Votó contra el divorcio vincular y a favor de despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal. Convalidó la obediencia debida, pero rechazó los indultos de Carlos Menem.

Enfrentó a Domingo Cavallo en el apogeo del superministro y respaldó la pesificación cuando los ahorristas golpeaban las puertas de Tribunales.

Había nacido en Buenos Aires el 10 de junio de 1930. Se recibió de abogado en la UBA en 1955 y se doctoró en 1960. Fue a la misma escuela primaria que Enrique Petracchi, con quien compartiría después dos décadas de Corte, aunque nunca coincidieron en las aulas: le llevaba cinco años.

Entró a Tribunales en 1957 como secretario de un juzgado civil. En 1965 fue designado juez nacional en lo civil y comercial federal y en 1974 ascendió a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Dejó ese cargo durante la dictadura. Años más tarde explicaría que se fue porque la situación se había vuelto peligrosa.

Fue profesor de Derecho Civil V en la UBA desde 1962 y titular de la cátedra entre 1973 y 1996. Su Manual de Derecho de Familia es un clásico con nueve ediciones y dirigió el Código Civil comentado, anotado y concordado, de nueve tomos que le llevó un cuarto de siglo.

Alfonsín lo propuso el 13 de diciembre de 1983, al tercer día de su gobierno, por sugerencia de su ministro de Justicia, Alconada Aramburu. El Senado le dio acuerdo por unanimidad el 21 de diciembre.

Conformó el alto tribunal renovado por completo junto con Genaro Carrió, José Severo Caballero, Carlos Fayt y Enrique Petracchi: un radical, un radical cordobés, un socialista, un peronista y un jurista sin filiación, según los escribió él mismo en una entrevista con estudiantes de una revista universitaria en 2017.

Irónico, decía que Alfonsín había cometido el error de aceptar la propuesta, y que lo único que lo sorprendió en 1983 fue que el entonces presidente ganara esas elecciones.

Era el último de los jueces vivo que el 30 de diciembre de 1986 confirmó la sentencia del Juicio a las Juntas. Tuvo, sin embargo, un voto donde redujo las penas de Viola y Agosti y, con Caballero, argumentó en un voto por separado sobre el grado de responsabilidad de los excomandantes.

Meses después, tras la crisis de Semana Santa, convalidó con la mayoría la ley de obediencia debida en el caso Camps. En esos años firmó el fallo Bazterrica que declaró inconstitucional castigar la tenencia de drogas para consumo personal, en nombre de la esfera privada que protege el artículo 19 de la Constitución.

Y ese año votó contra el divorcio vincular al sostener que esa decisión le correspondía al Congreso, no a los jueces. Treinta años después contó que Alfonsín les había pedido en una reunión que declararan inconstitucional la vieja ley de matrimonio civil, y que él votó en contra igual.

“Por más que me presionen, no me sale jugo”, declaró. Una lección de independencia que trasciende las décadas.

En 1990, Carlos Menem amplió la Corte de cinco a nueve miembros y formó la “mayoría automática”. Belluscio fue la minoría de esa mayoría automática, junto con Petracchi y Fayt.

En 1990 la corte menemista volvió a penalizar la tenencia para consumo, pero Belluscio y Petracchi mantuvieron la disidencia. Cuando Menem indultó a los comandantes condenados, Belluscio votó en minoría por la inconstitucionalidad de esa medida presidencial.

En 1993, con Petracchi denunciaron el robo de una sentencia de la Corte del libro de protocolo. Ese fallo obligaba al Banco Central a pagar honorarios millonarios. Todos miraban a otro juez de la Corte en realidad.

Domingo Cavallo, en cambio, dijo que la habrían robado ellos mismos, y los jueces lo querellaron. Cavallo terminó pidiéndoles disculpas en público.

El episodio que más lo persiguió ocurrió en París, cuando en 1989, la abogada Mirta Schwartzman, de 40 años, murió al caer desde un cuarto piso en una habitación donde se encontraba con Belluscio. La policía francesa concluyó que se había tratado de un suicidio. Belluscio admitió ante los investigadores la relación sentimental que los unía.

El caso desató un escándalo político y su esposa le pidió el divorcio.

En la crisis de 2001 respaldó la pesificación y soportó la furia de los ahorristas que protestaban frente al Palacio de Justicia.

En 2003, Elisa Carrió pidió su juicio político por su actuación en sanciones a jueces inferiores. El pedido no avanzó, y en enero de 2004 Belluscio asumió la vicepresidencia del tribunal, junto a Petracchi como presidente.

En la reapertura de los juicios por la represión firmó con Fayt y Adolfo Vázquez una disidencia que consideraba prescripto el delito y rechazaba aplicar en forma retroactiva la convención de imprescriptibilidad.

Un fallo inspirado por sus ideas puede impactar aún hoy en la causa por la condena por corrupción contra Cristina Kirchner, que recurrió a tribunales internacionales para revocarla.

Se trata del caso Bullascio de 2004, por la muerte de Walter Bullascio en 1991 en una comisaría tras un recital en Obras de los Redonditos de Ricota.

Allí aceptó reabrir la causa. Petracchi y Eugenio Zaffaroni sostenían que la Corte debía subordinarse a la Corte Interamericana. Belluscio y Juan Carlos Maqueda, en cambio, admitieron que los fallos del tribunal internacional eran obligatorios, pero basaron la reapertura en que la sentencia que declaró prescripto el delito era arbitraria y había que dictar una nueva.

En 2017 mantuvo su idea y dijo que la Corte Interamericana no podía revocar un fallo de la Corte Suprema, salvo para liberar a un condenado.

El 7 de junio de 2005, a días de cumplir 75 años, entregó su renuncia al ministro de Justicia, Horacio Rosatti, hy presidente de la Corte. Estaba por cumplir la edad límite que fijó la Constitución para seguir siendo juez.

Belluscio dijo que no quería beneficiarse de un fallo que él mismo había firmado cuando extendió en el caso de Fayt la posibilidad de seguir más allá de ese límite legal. Quedarse, escribió, sería una incompatibilidad ética que no estaba dispuesto a aceptar.

Sus pares lo despidieron con un brindis y aplausos, a diferencia de lo que ocurrió cuando la mayoría automática menemista dejó la Corte.

En la profesión seguía ejerciendo en el estudio fundado por el civilista y procesalista Santiago Fassi, cuyo retrato exhibía en su despacho. Tenía una idea austera, casi monacal, del oficio. A los futuros jueces les recomendaba pegar el traste al asiento.

Se definía como un liberal clásico, convencido de que cuanto menos se metiera el Estado en la vida de las personas, mejor. Estaba contra el matrimonio igualitario y el divorcio sin causa, pero dijo que lo había vencido el modernismo.

La Corte lo recordará con una acordada y la colocación de su nombre en la placa que recibe a los visitantes en el cuarto piso del edificio de los tribunales.

Con su muerte, desaparece el último integrante del máximo tribunal de cinco miembros que en 1983 le devolvió una idea republicana a la Corte de la democracia.

En un nuevo gesto opositor, la filial porteña de La Libertad Avanza (LLA) cuestionó en las últimas horas distintos aspectos del Presupuesto 2027 que envió el miércoles el jefe de gobierno, Jorge Macri, a la Legislatura. No obstante, la bancada que conduce Pilar Ramírez, delegada de Karina Milei en la ciudad de Buenos Aires, reconoce como fortalezas ciertos elementos del proyecto que son, en definitiva, puntos en común entre ambos espacios.

En concreto, los libertarios reclaman una mayor baja de impuestos, la reducción de las estructuras burocráticas y, fundamentalmente, un recorte del gasto público. Se trata de tres premisas sobre las que el bloque parlamentario trabaja desde su desembarco en la política local –en espejo con el modelo impulsado por Javier Milei a nivel nacional– y que son centrales en sus críticas a la gestión de Uspallata, sede del gobierno porteño.

Coinciden, por otra parte, con las disminuciones tributarias que propone Jorge Macri en el Presupuesto, así como con las partidas destinadas a obras de infraestructura y a Seguridad. “No es un mal presupuesto. Pero podría ser mejor”, resumen en LLA.

El gobierno de la Ciudad envió este miércoles el proyecto a la Legislatura, con eje en el equilibrio fiscal; bajas de impuestos destinadas a las patentes de los vehículos, hoteles, restaurantes, librerías y pymes; un incremento de la inversión en la red de subterráneos; y partidas previstas para Salud, Educación y Seguridad, entre otras áreas. El Ejecutivo porteño calculó gastos totales por $24 billones 94.000 millones y recursos por $24 billones 95.000 millones.

Los reclamos

“Vamos a acompañar la reducción de patentes (que es un proyecto nuestro) y cualquier otra disminución de impuestos siempre que eso implique achicar el gasto, para que esa baja sea sostenible en el tiempo y no sea nada más una cuestión electoral”, afirmó el legislador Nicolás Pakgojz, vicepresidente segundo de la Comisión de Presupuesto, en diálogo con .

Consideró que existen “un montón de cajas en la Ciudad para achicar”. A continuación, enumeró: la publicidad, los eventos, la estructura burocrática y la Dirección General de Políticas Alimentarias.

En la misma línea, el legislador Juan Pablo Arenaza, también miembro de la Comisión de Presupuesto, puntualizó que se podría avanzar en privatizaciones de empresas y sociedades del gobierno de la Ciudad como proponen en la Ley Bases porteña (allí mencionan Subterráneos de Buenos Aires y Autopistas Urbanas, entre otras), e indicó que prestarán “atención” a las secretarías y subsecretarías que cumplen funciones “superpuestas”.

Aclararon, además, que no aprobarán ninguna toma de deuda para gastos corrientes y lamentaron que se estén bajando impuestos que este mismo gobierno aumentó años atrás.

El punto que se reveló más conflictivo fue la baja de patentes. La semana pasada, Jorge Macri encabezó un spot junto a su gabinete en el que anunció una reducción en el impuesto a las patentes para seis de cada diez vehículos. También comunicó que el resto pagará lo mismo que este año y que se amplía el beneficio por antigüedad.

En su “paquete de propuestas” para el Presupuesto, LLA presentará una iniciativa para que “los autos híbridos no paguen patentes en la ciudad de Buenos Aires”. Pakgojz explicó que este es un beneficio que el macrismo eliminó en 2024. A partir de entonces, se estableció que los híbridos conservarían la exención por dos años; luego, comenzarían a abonar este gravamen. Este cambio, dijo, generó “inseguridad jurídica”.

“El debate [por el Presupuesto] no arrancó en los mejores términos”, dijeron en la bancada. Señalaron que existía un “preacuerdo” entre Pro y LLA. Pilar Ramírez presentó en mayo pasado un proyecto para reducir el impuesto a las patentes, prácticamente en simultáneo con el pacto por la deuda por la coparticipación porteña. Los espacios habrían convenido, por entonces, que la iniciativa libertaria se trataría junto con el Presupuesto. Pero la semana pasada los sorprendió el spot de Jorge Macri. “Nos copiaron”, se quejaron.

La negociación

Tanto Pakgojz como Arenaza valoraron las bajas de impuestos y consideraron correctos los recursos destinados a Seguridad (15%), que se mantuvieron en los niveles de este año. Esta última es una agenda que comparten ambos bandos. De hecho, el jefe de gobierno ha hecho de “ley y orden” su lema principal, especialmente después de la derrota electoral en los comicios locales de 2025 (en los que Pro quedó tercero después de LLA y el PJ). “A veces sentimos que el orden está un poco sobreactuado”, señaló Pilar Ramírez días atrás en LN+. Lo cierto es que, según analistas de opinión pública, esta agenda permitió a Jorge Macri mejorar su imagen en el electorado.

Arenaza, alfil de Patricia Bullrich en la Legislatura, dijo que LLA plantea un “cambio de esquema” en cómo se trabaja en materia de seguridad en el distrito, pero que eso no necesariamente implica una suba de las partidas: “La ciudad de Buenos Aires gasta más que Madrid en seguridad. No es un tema de seguir aumentando, sino de ordenar lo que tenés”.

Asimismo, consideró adecuado el significativo gasto en obras de infraestructura (por ejemplo, la inversión en subte es la más alta de los últimos 20 años), en contraste con el gobierno nacional, que hizo del freno a la obra pública un eje central de su gestión. Arenaza argumentó que, precisamente, es Nación la que sostiene que las obras deben ser realizadas por las provincias –en este caso, por la Ciudad–.

En un escenario atravesado por coincidencias y cuestionamientos, ¿acompañará LLA el Presupuesto 2027 del macrismo? “Nosotros siempre tenemos voluntad de acompañar y legislativamente trabajamos bien con el bloque del Pro, pero va a llevar tiempo ponernos de acuerdo porque vamos a ser muy rígidos: vamos a acompañar la baja de impuestos cuando esté acompañada de una baja de gasto que la haga sostenible”, retomó Pakgojz.

Los libertarios votaron en contra del presupuesto de la Ciudad en 2024 y a favor en 2025. Hoy LLA cuenta con 14 legisladores y Pro, con 12.

Una fuente de la bancada deslizó que el apoyo de Pro al presupuesto de Milei en el Congreso condiciona la postura de LLA en Buenos Aires.

Otra variable cruza las negociaciones. De cara a las elecciones 2027, los libertarios están “abiertos” a un acuerdo electoral en la Capital –en sintonía con Jorge Macri–, dijo una de las fuentes consultadas. No obstante, desde ambas partes aún consideran que esas negociaciones están “frías”. Esta semana, el jefe porteño se sumó a la comitiva de gobernadores aliados que acompañaron a Milei durante la Argentina Week en París, Francia. Desde allí, ratificó su apoyo al rumbo económico que trazó el Presidente.

Consultado por , el legislador Waldo Wolff (Pro), titular de la Comisión de Presupuesto, se mostró optimista respecto de la negociación: “Tenemos una muy buena relación con LLA y estamos convencidos que con buena voluntad de todos –cosa que descuento– vamos a escuchar sus propuestas y lograr que acompañen el Presupuesto”.

Sin embargo, dejó entrever que varias de las medidas propuestas por el gobierno porteño en el proyecto responden a problemas económicos derivados de la gestión nacional. Por ejemplo, la baja del ABL para gastronómicos, hoteles y librerías, “tan golpeados por la baja de consumo”; partidas al Banco Ciudad “para acompañar a los endeudados privados a una tasa preferencial”; y la bonificación del 30% en la Plusvalía Urbana “para ayudar al rubro de la construcción”.

“Y todo esto con una caída en la recaudación de más del 6% y con algunas cuentas pendientes de la coparticipación que estamos negociando en buenos términos con el gobierno nacional”, advirtió Wolff.