Ni la primera reforma laboral de la gestión de Javier Milei, incluida en 16 apartados de la ley Bases de julio de 2024, ni los 218 artículos de la denominada ley de modernización laboral, de marzo de 2026, resultaron ser por ahora suficiente atractivo para los creadores de empleo. Las estadísticas oficiales así lo reflejan.

Desde la entrada en vigencia de la ley Bases, se destruyeron 106.927 puestos de trabajo registrados en el sector privado, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que administra los fondos de los aportes jubilatorios de los trabajadores. En el mismo período, la tasa de asalariados pasó del 36,4% al 37,9% (alrededor de 100.000 asalariados no registrados más), un dato que fue celebrado por el Presidente a pesar de que se trata de trabajadores sin derechos ni aportes a la seguridad social, y con salarios muchas veces más bajos que los establecidos por convenio.

Detrás de la euforia de Milei, que habló de medio millón de nuevos trabajadores, surge un dato alarmante: se disparó la tasa de informalidad, que incluye al total de ocupados. Entre el segundo trimestre de 2024 y el segundo trimestre de 2026 pasó del 41,4% al 45%. Solo en los aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que mide el Indec, representa unos 574.000 ocupados informales más en tan solo dos años. La mayoría de ellos son cuentapropistas.

Por su parte, desde la entrada en vigencia de la denominada ley de modernización laboral, se destruyeron 36.531 puestos de trabajo registrados en el sector privado, según datos del SIPA. Los asalariados no registrados se mantuvieron relativamente sin variaciones, pero la informalidad sobre el total de ocupados pasó del 44,2% al 45%. A estas cifras, habría que añadirles otros números oficiales: desde el inicio de la gestión libertaria bajaron sus persianas 31.342 empresas, en su mayoría pequeñas y medianas (pymes), y hasta julio de este año se activaron 163 Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), apenas uno menos de los registrados en todo 2025. Los PPC facilitan las suspensiones y abren la posibilidad de rebajar salarios e indemnizar a menor costo. En la Justicia avanzan a paso lento dos causas en las que se investigan firmas adulteradas en los procesos de PPC. Se trata de casos denunciados por los sindicatos de Comercio y Seguridad Privada y de los que se sospecha de una maniobra que incluiría a funcionarios, empresarios y gremialistas.

El panorama se vuelve aún más sombrío en las puertas de una recesión económica, con salarios contenidos e inflación en alza.

En diciembre de 2023, la tasa de desocupación era del 5,7% y hoy está en 7,9%, según los datos del segundo trimestre de 2026 relevados por el Indec. Milei relativizó la medición en LN+. “Subió la desocupación: 7,9 o 7,8. Bueno, no son números sustancialmente distintos a los que teníamos en 2023. Si se toma el promedio histórico, la desocupación argentina es de 9,8%, con lo cual tampoco tenemos un problema”, dijo. El “promedio histórico” al que hizo referencia incluye el período de hiperinflación de Raúl Alfonsín y la crisis de 2001-2002, cuando la desocupación superó el 20%.

De la guadaña no se salvaron ni siquiera la minería y los hidrocarburos, sectores estrella del modelo libertario, que perdieron 7613 puestos de trabajo de acuerdo con un informe publicado hace dos semanas en Clarín.

Polémica con el fondo para las indemnizaciones

Si bien el Presidente minimiza las cifras de empleo, en el horizonte no muy lejano podrían empeorar. A partir de noviembre se pone en marcha el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la nueva ley laboral para financiar los despidos del sector privado a costa de los aportes del sistema previsional. El fondo se nutrirá del aporte mensual del 1% de la masa salarial en el caso de las grandes compañías y del 2,5% para palas pequeñas y medianas (pymes). Ese dinero estará bajo la administración de un banco o sociedad de bolsa, según elija cada empleador, y solo podrá utilizarse para pagar indemnizaciones. Al dinero para afrontar los eventuales despidos se podrá acceder recién después de los primeros seis meses de aportes. Es decir, se apuesta a tener un monto importante acumulado en base a los aportes y a los intereses que generen en el sistema financiero. La fecha para las primeras desvinculaciones financiadas por el FAL coincidirá inevitablemente con la campaña electoral.

Se estima que el FAL recaudará entre US$3000 y US$5000 millones anuales. Será administrado por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores bajo la tutela de los ministros Luis Caputo (Economía) y Sandra Pettovello (Capital Humano). Ambos funcionarios fueron los que le abrieron las puertas para que las jubilaciones, becas y asignaciones familiares que paga la Anses puedan cobrarse por billeteras virtuales, terreno fértil para que sus beneficiarios caigan en préstamos que después se hacen imposibles de afrontar. Así lo reflejan los relevamientos sobre los índices de morosidad.

La oposición advirtió que el FAL desfinanciará al sistema de seguridad social. De acuerdo al proyecto de Presupuesto Nacional 2027, su implementación reduciría un 7% los recursos del SIPA, con una caída de $ 4.363.550.000.000, equivalente a 2833 millones de dólares al tipo de cambio actual. Un grupo de 12 diputados del PJ presentó ayer un proyecto de ley para intentar su derogación. “La mal llamada Ley de Modernización Laboral repite, con otro nombre, la lógica de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) de los años noventa. El FAL constituye un sistema perverso: con los recursos de la seguridad social se pretende financiar las indemnizaciones por despido en el sector privado. Los únicos perjudicados son los trabajadores y jubilados en beneficio del sector financiero identificado con las políticas del actual gobierno libertario”, argumenta la iniciativa opositora.

Hay preocupación entre gobernadores de provincias cuyas cajas jubilatorias no fueron transferidas a la Nación y, por lo tanto, dependen de los giros que les realice la Anses, a cargo hoy de Guillermo Arancibia, quien ingresó a la gestión libertaria de la mano de Osvaldo Giordano, actualmente asesor en las sombras de Pettovello a pesar de haber sido uno de los primeros funcionarios en ser eyectado por Milei, en febrero de 2024.

Patricia Bullrich, la defensora de la reforma laboral en el Senado, se refirió el jueves ante empresarios al nuevo fondo para las indemnizaciones. “FAL, un nombre un poquito violento”, rompió el hielo, provocando carcajadas en el auditorio. Según expuso la jefa del bloque libertario, la Argentina conserva un régimen pensado para un mundo laboral que ya no existe. Dijo que hay seis millones de trabajadores formales, cuatro millones de monotributistas y entre 40% y 45% de informalidad. “El sistema no va más”, lanzó. Transcurrió poco tiempo desde el último verano, cuando fue ella la principal impulsora de la ley de modernización laboral, que tiene 218 artículos, entre ellos algunos dedicados a los trabajadores de plataforma. Para la normativa, ese universo de personas, que ya supera el millón, no son considerados trabajadores. “No hay vínculo laboral”, dijo seco y tajante Julio Cordero, secretario de Trabajo, cuando explicó este punto. Otro punto gris de la reforma.

El estancamiento del empleo registrado acumula 15 años de parálisis y la crisis amenaza con ser estructural. Abre un inmenso interrogante el impacto que podría ocasionar la inteligencia artificial en el corto plazo. Ante el desafío y las potenciales amenazas existenciales que plantean los avances tecnológicos, Milei promocionó estos días por el mundo a la Argentina como un refugio sin reglas para la IA. Hasta habilitó un proyecto de ley para crear “empresas no humanas”.

Esta crisis en el empleo impactó también de lleno en los gremios. El encogimiento del poder sindical no solo encuentra hoy razones en la caída del empleo registrado (la torta de potenciales afiliados es cada vez más chica), sino que también en su dificultad para articular una estrategia común frente al desafío que plantean la tecnología y un gobierno que los amenazó con quitarles sus cajas y privilegios.

Tal vez el reflejo de esa desorientación haya sido el que mostró Luis Barrionuevo, un histórico en el ajedrez sindical. El jefe gastronómico, de 84 años, se autofinanció un documental que es una suerte de biografía y que tuvo recientemente su avant-première en un cine de Palermo. En casi 90 minutos, hizo un repaso selectivo de su trayectoria política-sindical con omisiones sorprendentes (desde evitar la corrupción menemista a no mostrar nunca a Hugo Moyano ni a Graciela Camaño, su exesposa). Barrionuevo, que está enfrentado hoy en la Justicia con el gobierno al cual apoyó en las elecciones, se animó al menos a improvisar en la industria audiovisual ante la necesidad de dejar una huella que trascienda a su paso por Gastronómicos. Narcisismo, un poder oxidado y nostalgia de un tiempo que ya no es. Metáfora de un sindicalismo que asiste azorado al deterioro del mercado laboral.