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POLITICA

La interna llega a un momento crítico, entre intereses y negocios

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Con la reestructuración de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, el conflicto entre Karina Milei y Santiago Caputo ingresó en una zona de mayor densidad. La hermana del Presidente pasa a controlar, a través del jefe de Gabinete, Diego Santilli, zonas estratégicas de la administración. No sólo porque las materias que se gestionan en esas dependencias son importantísimas. También por la dimensión de los negocios que se discuten. Y, sobre todo, por la capacidad que tendrá ahora la señorita Milei de revisar operaciones muy controvertidas que se realizaron en oficinas que estuvieron hasta ahora bajo el dominio del “Mago del Kremlin”.

Santilli mantiene una dependencia umbilical con Karina Milei. Viene impuesta por el sueño mayor del jefe de Gabinete: ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Para cumplir ese deseo, el “Colo” no sólo necesita que la jefa del partido oficial lo postule como candidato. También le hace falta que ella convalide un acuerdo entre La Libertad Avanza, el Pro y la UCR. Sin esa alianza de fuerzas no peronistas el destino de Santilli corre un peligro que no requiere explicaciones, sobre todo por tratarse de comicios que se resuelven en primera vuelta, a simple pluralidad de votos. Estos condicionamientos imponen a Santilli una obediencia absoluta respecto de la secretaria general de la Presidencia.

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La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología ya no reportará al jefe sino al vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) pasó a depender de Santilli sin intermediarios. En cambio, las empresas Arsat y Correo Argentino estarán bajo el mando de su mano derecha, Gustavo Coria. Todavía queda por desentrañar qué significa la continuidad de los funcionarios que estaban a cargo de cada repartición. Se podría pensar que es una manera de mantener la influencia de Caputo, su jefe político.

Pero tal vez sea un error. Hay que considerar que esos ejecutivos fueron indicados por “el Mago” pero venían de encuadramientos anteriores. El secretario Darío Genua, por ejemplo, fue de Pro durante el gobierno de Mauricio Macri, que lo designó representante del Estado en la empresa Telecom. El período de Alberto Fernández lo pasó al frente de la Secretaría de Hacienda del municipio de Pilar, liderado por el ludo-kirchnerista Federico Achával. Desde allí lo convocaron los libertarios para coordinar el Enacom. Después lo promovieron a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Al frente del Enacom está Martín Ozores, un técnico proveniente de la actividad privada que había trabajado para el macrismo. En definitiva: Genua y Ozores son, como sus jefes Santilli, Devitt y Coria, identidades en tránsito capaces de adaptarse a cualquier jefatura. Eso no garantiza, es verdad, su continuidad.

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Los nombres importan poco, igual que el organigrama, en comparación con otra mutación. Con Santilli y Coria al frente del negocio de las telecomunicaciones, se impone una lógica de gobierno muy distinta de la anterior. Ahora los encargados políticos de las decisiones coincidirán con los que firman las resoluciones y decretos. Un régimen muchísimo menos extravagante que el que dominó hasta hace pocas horas, cuando los responsables administrativos y penales de cada determinación debían reportar a figuras que no eran funcionarios, simples particulares, como Santiago Caputo, su hermano Francisco o su colaborador Manuel Vidal.

Que Santilli se haya reservado el Enacom es un indicador bastante obvio de la importancia de ese organismo. Es el ente regulador de los medios de comunicación audiovisual y también de las empresas que prestan servicios de telefonía e internet. A raíz de esas competencias, Santilli tiene sobre su escritorio un expediente de máxima relevancia económica y política: la autorización de la fusión entre Telefónica y Telecom, compañías que pertenecen al Grupo Clarín. Se trata de una palanca clave, en cuyo dominio Caputo venía interviniendo también a través de María Ibarzábal, la rigurosa secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia. Ahora Santilli monopolizará el control de ese proceso, monitoreado por Karina Milei.

Un detalle que permitirá observar con mayor claridad la relación del jefe de Gabinete con la gestión que orientó al Enacom hasta ahora es el destino de una licitación convocada hace pocos días en tiempo récord. Se trata de la contratación del software para establecer un sistema de alertas tempranas denominado AlertAR. El trámite llama la atención por su velocidad: la licitación se llamó el 7 de julio y las ofertas deben presentarse el 22. Da la impresión de que en el Enacom sonó alguna alerta temprana de que podría haber cambios en la conducción del área.

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Gustavo Coria, cuando era funcionario porteño, junto al entonces jefe de la Policía de la Ciudad

Coria deberá poner también su linterna sobre un pedido de informes muy detallado de Margarita Stolbizer. Se refiere a una suma sideral que transfirió el Enacom a Arsat, solventada con el Fondo del Servicio Universal (FSU). La Ley Bases impide girar recursos adicionales a empresas públicas. Ozores contestó que esa transferencia es parte de un contrato preexistente, firmado en 2020, y que se justifica por el costo de un desajuste cambiario. Pero debería explicar por qué no siguió ese criterio con infinidad de firmas privadas que gozan de un convenio similar. La caja del FSU ha sido durante el gobierno kirchnerista de una opacidad que merecería alguna investigación penal. ¿Se mantienen esos vicios?

Una de las responsabilidades de Coria será la privatización o, por lo menos, la tercerización de servicios de las dos empresas. Pero en el caso del Correo deberá encargarse de una acción delicadísima: la revisión del contrato de esa compañía estatal con Flecha Log. Es la firma que adquirió Leonardo Scatturice cuando compró OCA. Scatturice se hizo famoso cuando su espectacular avión negro aterrizó en Aeroparque trayendo como única pasajera a Laura Belén Arrieta, quien hizo pasar numerosas valijas sin control alguno por parte de la Aduana. El caso está a cargo del juez en lo penal-económico Pablo Yadarola, quien todavía no pudo determinar quién ordenó desde el poder que se cometiera esa irregularidad. Javier Milei acaba de enviar al Senado el pliego de Yadarola para que ocupe una de las vacantes de la crucial Cámara Federal en lo Penal de la Capital. Yadarola es íntimo amigo del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Leonardo Scatturice, con Donald Trump, en el estreno de «Les Miserables» en Washington DC, el 15 de junio de 2025

Scatturice tiene un vínculo muy estrecho con el “Mago” Caputo, gracias al cual consiguió, entre otros beneficios, un contrato de consultoría con la SIDE, que hoy está bajo investigación en el juzgado de Eugenia Capuchetti. Es por una denuncia de la republicana María Eugenia Talerico, quien considera que el convenio viola la ley de Inteligencia.

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Esta familiaridad con Caputo vuelve más inquietante el examen que realice Coria sobre el contrato entre el Correo y Flecha Log. La compañía presta servicios a la empresa estatal y también a OCA. Una de las preguntas que se formulará Coria es si el Correo y OCA o el Correo y Flecha Log pagan por igual los servicios que comparten cuando utilizan los mismos vehículos como transporte de larga distancia. Otro interrogante tiene que ver con las modalidades y costos del mayor acuerdo entre Flecha Log y el Correo: el de servicios logísticos para las elecciones nacionales. La proximidad de Scatturice con el “Mago” en el Correo despierta suspicacias. Acaso sean injustas, inclusive porque en el entorno de Scatturice se aclara que él no está involucrado en la gestión de Flecha Log, donde seguiría reinando su antiguo dueño, Claudio Espinoza.

La calidad de estos contratos también será puesta en tela de juicio por la situación empresarial de OCA. La empresa está concursada y su principal acreedor es la ARCA, la antigua AFIP. Esa agencia está bajo el mando de un íntimo amigo de Scatturice, Andrés Vázquez. Pero este funcionario tiene la suficiente experiencia y habilidad como para no quedar expuesto con errores de principiante: OCA va a poder mejorar su situación incorporándose a un programa de financiamiento de deudas que beneficia a muchas otras empresas en problemas. No es el único problema de Scatturice. Él también compró Flybondi, que casi no presta servicios por su descalabro económico. En la empresa vaticinan que, al cabo de muchas deliberaciones, Scatturice resolvió presentar esa línea aérea en concurso de acreedores. La principal deuda también es con la ARCA, por aportes patronales.

Si la revisión sobre el Correo puede generar escozor en el “Mago” Caputo, cualquier inspección sobre Arsat se vuelve peligrosa. Es la compañía de soluciones satelitales y tendido de una extensísima red de fibra óptica que comandó en su momento Facundo Leal. Este mendocino está tras las rejas desde que la Justicia allanó sus domicilios y encontró casi 2 millones y medio de dólares, armas largas y dispositivos para operaciones de espionaje. La investigación está radicada en la Justicia de San Isidro, donde el juez Lino Mirabelli delegó la pesquisa en el fiscal Fernando Domínguez.

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Una de las figuras claves de los presuntos negociados que se investigan en Arsat es Gerardo Boschin. Fue revisando tu teléfono que se descubrió en San Fernando un depósito de la empresa Argentina Logistic Services (ALS) con material robado a la empresa pública. Boschin era gerente de compras y contrataciones de la compañía. Desde allí pasó a presidir Trenes Argentinos, donde Scatturice, el amigo de Caputo, obtuvo un importante contrato de tendido de fibra óptica en estaciones ferroviarias. Aun así, Boschin seguía ocupando la gerencia de Arsat, desde la que fue desplazado varios días después de que se realizó el escandaloso allanamiento en lo de Leal.

Facundo Leal, al salir de los Tribunales de San IsidroTadeo Bourbon

Leal fue funcionario durante el gobierno de Alberto Fernández, con una gran dependencia política de Sergio Massa. Pertenece a la denominada “banda de los mendocinos”, que integraba también el exsecretario de Transporte Luis Pierrini. En el entorno de Scatturice aseguran que él nunca se llevó bien con Leal ni con Pierrini. Con los que sí debe tener buena relación es con los aliados empresariales de esos cuyanos. Sobre todo con Daniel Vila, que tiene a Pierrini como vicepresidente en su club Independiente de Rivadavia. Un testimonio de esa afinidad apareció durante el verano en el balneario Casa Mar, de Pinamar. Allí desplegaron sus banderas publicitarias Fly Bondi y OCA, las empresas de Scatturice.

Gerardo Boschin, exsubgerente de compras de Arsat y expresidente de Trenes Argentinos, entra a declarar al juzgado N°2 de San IsidroFabián Marelli

La causa penal que avanza en San Isidro complica más las cosas para Leal, Boschin y su jefe político, Caputo. En ese expediente prestó testimonio el chofer y asistente de Leal, Tomás Scalera. Este colaborador declaró ante el fiscal Domínguez sobre reuniones que su jefe mantenía en oficinas del Rulero, la torre de Libertador y Carlos Pellegrini, “con una persona de apellido Vidal, que se juntaba bastante seguido con Leal en reuniones de una hora o una hora y media”. También habló de encuentros “con una persona de apellido Paolini y otro creo que era Juan Bonora, y me parece que uno de los dos tenía algo que ver con Huawei”. Como si fuera consciente del voltaje político de lo que atestiguaba, Scalera agregó que “también sentí nombrar el apellido Scatturice”. Pero aclaró que eso era cuando su jefe Leal estaba en el Orsna, el organismo de control de los aeropuertos. Scalera menciona también a Santiago Pando, a quien presenta como amigo de Leal. A Pando se le atribuye haber sido el puente del entonces presidente de Arsat con Fernando Paredes y Diego Padilla, los directivos de ALS. Es evidente que los comentarios de Scalera son brumosos y que, por lo tanto, carecen de potencia penal. Pero alcanzan para electrizar un poco más la agresiva guerra que Caputo lleva adelante con la señorita Milei.

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Marcelo Rocchetti, al llegar al juzgado de San IsidroFabián Marelli

Leal y Boschin tienen el mismo abogado defensor: Marcelo Rocchetti, alter ego de Cristian Ritondo, presidente del bloque de diputados nacionales de Pro y presidente de esa fuerza política en la provincia de Buenos Aires. Es decir, un aliado indispensable de Santilli. Rocchetti tiene otro defendido de moda: Pablo Toviggino. Leal y Pierrini no fueron expulsados del Gobierno por los presuntos negociados en Arsat o en el área de Transportes. Los echaron cuando trascendió que habían viajado a Ibiza en un avión atribuido a Toviggino. Como recuerda a menudo La Cautiva, “todo tiene que ver con todo”.

El vínculo de Toviggino con los funcionarios oficiales, en vez de disminuir, se fortaleció a partir de sus penurias judiciales. Es conocido el lazo estrechísimo que tiene con los Mahiques. La relación con Juan Bautista, el ministro de Justicia, parece estar dando resultado. La Cámara Federal de Casación Penal acaba de hacer lugar a un recurso que reclama que la causa por la propiedad de la mansión de Villa Rosa atribuida a Toviggino, que figura como propiedad del monotributista Luciano Pantano y de su madre, la jubilada Ana Conte. Pantano sería el cadete de Toviggino, quien pagaría sueldos siderales. Los sospechosos pretenden que la causa sea remitida al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, el juez preferido de los imputados. Por lo tanto, Charvay está más forzado que nunca a exhibir imparcialidad.

El pronunciamiento para que el caso no se tramite más en el fuero penal económico y pase a Charvay fue firmado por los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Cada uno de ellos ofrece su propia curiosidad. Es raro que Barroetaveña no se haya excusado porque, hasta que estalló el escándalo de la AFA, pertenecía al Tribunal de Disciplina de esa organización. Lo de Borinsky es todavía más llamativo porque en la misma causa, cuando llegó un recurso que pretendía sacar el caso de la mansión de la jurisdicción de Charvay y remitirlo al fuero penal económico, votó en contra. Su argumento fue que los problemas de competencia no son materia de casación. Fue más allá: sostuvo que admitir un recurso de esa naturaleza sería dar a quien lo pide un tratamiento privilegiado. Cambió de parecer en pocos días Borinsky. Los que quieren ser juzgados por Charvay tuvieron ese tratamiento privilegiado. El descuido de Borinsky es más significativo en un momento en que pretende que Javier Milei lo proponga como juez de la Corte. Colegas suyos aseguran que él les mostró chats que intercambia con el Presidente. Esa aspiración es la que vuelve inverosímiles las habladurías que circularon hasta el lunes pasado en Tribunales: que viajó a los Estados Unidos para asistir a los partidos del mundial de fútbol. Más aún, que el camarista estaba en la misma tribuna que el viceministro de Justicia, Santiago Viola. Cuesta creer que, aun audaz como suele ser, Borinsky se cuide tan poco.

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POLITICA

Máximo Kirchner asumirá al frente del Congreso del PJ en una reunión de baja intensidad para calmar la interna

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Con el acuerdo de los congresales que responden a Kicillof, Máximo Kirchner quedará al frente del Congreso del PJ bonaerense

El peronismo de la provincia de Buenos Aires votará este sábado la designación de Máximo Kirchner, diputado nacional y líder de La Cámpora, como nuevo presidente del Congreso del Partido Justicialista bonaerense. Lejos de los viejos actos y congresos, esta vez el encuentro será híbrido, tanto presencial como virtual. Se les pidió a los congresales que asistan a las sedes de sus PJ en los municipios, que desde allí participen de lo que será el acto y voten desde su celular a través de la aplicación del Partido Justicialista bonaerense.

Kirchner estará presente en el edificio del PJ en la capital bonaerense. Quien no participará del encuentro es el gobernador, Axel Kicillof. El mandatario es el presidente del Consejo partidario y ningún integrante del consejo formará parte de la actividad del congreso. No habrá foto entre el gobernador y el líder de La Cámpora. Sin embargo, referentes políticos de Kicillof sí estarán presentes en calle 54 entre 6 y 7 de la capital bonaerense. Se trata de quienes son congresales, como por ejemplo el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

La realización del congreso partidario es una formalidad que debe hacer el partido al menos una vez al año. Cuando se acordó que Kicillof fuera el presidente del partido en el marco de la renovación de autoridades en lugar de Kirchner, también se definió que el diputado nacional quedase al mando del Congreso que hasta ese momento estaba bajo la tutela del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Espinoza es otro dirigente que no estará en La Plata. En la última reunión del consejo partidario se definió la fecha para el encuentro de este sábado.

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Además de la proclamación de Kirchner, el Congreso también debe renovar 64 cargos durante la reunión virtual convocada para este sábado a las 10. El principal nombramiento será el de Máximo como presidente del órgano partidario, un acuerdo que las distintas vertientes del peronismo provincial ya habían sellado en las conversaciones previas.

La Mesa Directiva concentrará 22 de esas designaciones. Además de la presidencia, se elegirán cuatro vicepresidencias, ocho secretarías y prosecretarías —General, Administrativo, Actas y Acción Legislativa— y nueve vocalías.

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También se definirá la integración de la Junta Electoral, que contará con 13 miembros titulares y seis suplentes. El entendimiento previo contempla la continuidad del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, al frente de ese organismo.

El temario incluye además la designación de ocho integrantes titulares y cuatro suplentes para el Tribunal de Disciplina, y la misma cantidad para la Comisión Fiscalizadora. El Congreso es la máxima instancia de decisión del PJ bonaerense y tiene entre sus atribuciones habilitar alianzas electorales, además de aprobar la plataforma y el programa de acción política del partido en la provincia.

Desde hace algunas semanas se buscó que el encuentro fuera de baja intensidad para no seguir propagando hacia afuera la discusión interna del peronismo. De eso se ocuparon hasta el viernes por la tarde-noche el Secretario General del Partido, Mariano Cascallares; la vicegobernadora, Verónica Magario —que es una de las vicepresidentas partidarias—; el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín —otro de los vicepresidentes del PJ—; y el jefe del bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados bonaerense, Facundo Tignanelli, entre otros. Este último en representación de Máximo Kirchner.

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Lo que sí se fue definiendo en los últimos días fue quiénes integrarán tanto la Junta Electoral como el consejo directivo. Allí, tanto del espacio de Kicillof como del cristinismo fueron pidiendo “nombres” a intendentes y demás dirigentes para ocupar los lugares vacantes, además de asegurarse de que votarán las propuestas que surjan.

La Junta Electoral cobra cierta relevancia ya que es el órgano de control de los procesos electorales internos del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Interviene tanto en las elecciones de autoridades partidarias como en la selección de candidatos a cargos públicos electivos. Su tarea comprende la dirección y el control de los comicios, la administración de los padrones, la organización de la votación, la resolución de protestas e impugnaciones, la fiscalización del escrutinio, la aprobación de las elecciones y la proclamación de candidatos.

Está integrada por 13 miembros titulares y seis suplentes, con mandatos de cuatro años. La Carta Orgánica dispone que su conformación debe respetar la paridad de género prevista en la Ley 27.412. Sus integrantes son designados por el Congreso Provincial, que es la máxima autoridad partidaria en el ámbito bonaerense.

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El encuentro de este sábado llega luego de una semana en la que el peronismo volvió a mostrar sus matices con los actos por el Día de la Militancia, el pasado 17 de noviembre. El llamado Peronismo Federal con el Frente Renovador, montó un acto en San Fernando del que participaron los intendentes de La Liga Peronista y distintas figuras de La Cámpora. En el evento tomó centralidad la figura el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial, Sergio Massa, quien estuvo escoltado por la diputada nacional, Natalia De la Sota, y el senador nacional, Gerardo Zamora, entre otros. No hubo presencia de Kicillof ni de nadie de su esquema político. La ausencia de este sector generó varias lecturas. El ministro de Gobierno provincial trató de bajarle el dramatismo. Si bien reconoció que Kicillof no fue invitado, relató en declaraciones a Infobae en Vivo: “Hace poquito hicimos un acto con 40.000 personas y, bueno, obviamente no estaban invitadas todas las tribus porque era un acto de nuestra fuerza política”, dijo. Bianco estará este sábado en La Plata

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POLITICA

Milei puso en marcha su estrategia electoral para evitar una interna con Bullrich y complicar los planes de Kicillof

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No es necesario odiarnos. No es necesario usar un lenguaje violento. Hay que ocuparse de los más pobres. Son tres de las observaciones que, hace una semana y a puertas cerradas, el papa León XIV le hizo a Javier Milei.

Milei es un hombre muy espiritual, pero sus dogmas económicos son más fuertes que cualquier religión y lo ubican en las antípodas del Sumo Pontífice. Durante bastante tiempo, se guardó sus respuestas.

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El lunes por la noche, en la cena organizada por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), Milei les pidió a los empresarios que se jueguen e inviertan, porque son ellos los que van a sacar el país adelante. Un aparente elogio al sector que, en realidad, encubre una advertencia: son ustedes, los empresarios, y el resto de las personas los encargados de generar recursos; es decir, no esperen nada del Estado. Y el jueves reiteró que no habrá ningún plan de estímulo.

Pero Milei sentía que necesitaba decir algo sobre la justicia social. Sin ser agresivo ni confrontar con el Papa, quería expresarse, y finalmente lo hizo: afirmó que la justicia social (uno de los pilares de la doctrina social de la Iglesia) es “un robo, una estafa, algo moralmente incorrecto”.

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El incómodo conflicto de intereses que enfrenta el Gobierno y traba dos proyectos clave en Diputados

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La sesión en la Cámara de Diputados que este miércoles fracasó por falta de quórum fue un llamado de atención para el oficialismo y ahora las espadas legislativas de La Libertad Avanza analizan alternativas para destrabar los dos proyectos que la Casa Rosada había marcado como prioritarios: el de Defensa de la Soberanía Nacional (Ley Malvinas) y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Los principales responsables de hacer naufragar la convocatoria fueron los diputados de Provincias Unidas que, entre otros puntos, reclamaban avances concretos en la ley de biocombustibles, un lugar en el Consejo de la Magistratura -se disputan un representante con el PRO-, una rebaja en el Impuesto a los Combustibles Líquidos, fondos para las cajas previsionales provinciales y obras viales.

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Según pudo saber Infobae, el bloque donde pisan fuerte los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) no recibió hasta el momento ninguna señal concreta por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobre ninguno de estos reclamos.

Este viernes se venció el plazo para dictaminar en comisión la ley de biocombustibles y eso dificulta aún más la situación ya que debería tratarse en una sesión “sobre tablas” (sin dictamen) para lo que se necesita una mayoría especial de dos tercios. Fuentes libertarias adelantaron que tratar este proyecto el mismo día que el Presupuesto sería inviable porque el debate podría durar “unas 32 horas”. Por otro lado, no están seguros de poder conseguir los dos tercios.

Maximiliano Luna

Sin embargo, el proyecto que aumenta los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% para las naftas y de biodiésel del 7% al 10% es prioritario para provincias como Córdoba y Santa Fe, donde están ubicadas las grandes plantas productoras.

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En la vereda de enfrente, durante el debate en comisión el PRO propuso mantener la participación del 6% del mercado para las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiesel, bajo el argumento de que no podrán competir con las grandes aceiteras, por lo que el mercado terminará concentrándose en muy pocos grandes jugadores. Eso frenó las negociaciones

“Primero biocombustibles, después hablamos lo que quieran. Ellos -por el Gobierno- tienen que hacer alguna propuesta”, explicaron a Infobae desde Provincias Unidas.

Cerca de Martín Menem reconocen que una solución podría ser incluir el proyecto de biocombustibles en las sesiones extraordinarias de diciembre y que el decreto de la convocatoria salga antes de la sesión prevista para la semana que viene donde se tratará el Presupuesto 2027.

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Martín Menem y Cristian Ritondo

En cambio, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central podría sumarse el temario de la próxima sesión ya que tiene dictamen y su debate no debería ser demasiado extenso dado que ya pasó por Diputados, solo se deben ratificar los cambios que hizo el Senado.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados tiene en sus manos otra controversia que lo obliga a hacer equilibrio. Esta semana los bloques mayoritarios enviaron a sus representantes para el Consejo de la Magistratura. La Ley 24.937 establece que el bloque mayoritario, en este caso La Libertad Avanza, tendrá dos lugares (Gonzalo Roca y Giselle Castelnuovo), mientras que la primera y la segunda minoría se repartirán un lugar para cada uno. Unión por la Patria eligió al massista Guillermo Michel, pero el cuarto lugar se lo disputan Provincias Unidas y el PRO.

Provincias Unidas postuló a Juan Brügge, porque asegura que con sus 18 diputados es la segunda minoría. No obstante, el PRO, que tiene 12 integrantes, pretende quedarse con ese lugar para la ritondista Florencia De Sensi porque según su visión Provincias Unidas en realidad no es un bloque sino un interbloque. “Es un espacio político que se hizo solo para conseguir cargos. Es lo mismo que la Corte rechazó en el caso de Luis Juez”, señalaron desde el bloque PRO.

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La Presidencia de la Cámara ya elevó los tres primeros nombres a la Corte Suprema. Pero no tomó ninguna definición respecto al cuarto lugar. “No vamos a mandar nada que se judicialice. La Corte ya fue clara: la política no debe judicializar sus temas. Esto se debe resolver puertas adentro. Es algo que tienen que charlar ambos bloques, incluso sus presidentes son del mismo partido”, explicaron en referencia a Ritondo y Scaglia, ambos formalmente parte del PRO.

“El lugar en el Consejo nos corresponde, no lo negociamos con nadie”, adelantó un importante integrante de Provincias Unidas.

Ante la consulta de Infobae, desde la mesa parlamentaria de La Libertad Avanza aseguraron que están concentrados en avanzar con la aprobación del Presupuesto 2027, que se tratará en el recinto el próximo miércoles. Según sus cálculos, los números favorecen al oficialismo, incluso sin contar con el apoyo de Provincias Unidas.

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