POLITICA
Se reactiva el traspaso de la justicia laboral a CABA: la discusión que lo mantiene trabado y las dos fechas clave para su puesta en marcha
Hay una decisión política de acelerar el traspaso de los juzgados laborales a la Ciudad de Buenos Aires, lo que implica disolver los que funcionan a nivel nacional y que desde el oficialismo, la oposición y el empresariado son vistos como “hostiles” y “cercanos al kirchnerismo”, pero la instrumentación sigue empantanada entre trabas económicas, legales y judiciales que surgieron.
Ahora, sin embargo, aparecieron señales alentadoras para que se pueda cumplir a pleno con la autonomía porteña establecida por la Constitución Nacional a partir de su reforma de 1994: la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires prevé aprobar en agosto una ley que desbloquearía el traspaso y ya circula una fecha tentativa para que funcione el fuero laboral porteño: febrero de 2027.
Para definir todos los detalles del nuevo fuero laboral porteño, el jefe de Gobierno, Jorge Macri delegó esa tarea en su ministro de Justicia, Gabino Tapia, y el subsecretario de Trabajo, Horacio Bueno, dos funcionarios clave para una misión tan estratégica.
Hace un mes y medio, Jorge Macri presentó en la Legislatura de la ciudad un paquete de proyectos de ley vinculados con la reestructuración del Poder Judicial en el distrito, con eje en la transferencia de competencias del gobierno nacional acerca de la justicia laboral.
Pero los promotores del traspaso aclararon a Infobae que “no hay transferencia de la justicia” en el sentido habitual que muchos esperaban sino que “lo que se firmó fue un traspaso de competencias judiciales, no de jueces ni de tribunales nacionales en bloque”.
Ese esquema, destacaron, supone que los actuales magistrados del fuero nacional laboral no pasarán automáticamente a la órbita porteña. Los expedientes que ya estén en trámite seguirán en la Justicia Nacional del Trabajo hasta su resolución, mientras que las nuevas causas ingresarán al sistema de la ciudad una vez que se cumplan ciertas condiciones y venza el plazo operativo de 6 meses, que llevaría el cronograma a febrero.
Entre esas condiciones figura que el traspaso sea ratificado por el Congreso Nacional (algo que ya sucedió con la sanción de la Ley 27.802 de Modernización Laboral), que sea ratificado por la Legislatura porteña y, además, que haya un convenio específico en materia de transferencia de recursos desde Nación a Ciudad.
El sensible tema de las partidas presupuestarias para que funcione la justicia laboral de la ciudad se convirtió en estas últimas semanas en el principal obstáculo para avanzar con el traspaso. Es que los funcionarios porteños aún está negociando con sus pares del gobierno nacional para que también deriven los fondos: aunque el costo estimado del nuevo esquema estaría entre 0,5% y 0,8% de un punto de coparticipación (que significaría entre $48.000 millones y $76.800 millones por mes). La discusión se concentra en cuánto dinero transferirá Nación para sostener juzgados, jueces y estructura administrativa cuando el sistema empiece a funcionar.
El problema presupuestario atraviesa hoy toda la discusión. Si la transferencia llega con recursos asignados por la Nación, el esquema será uno, pero si eso no ocurre la Ciudad tendrá que evaluar qué partida incorpora en el Presupuesto de 2027 para sostener la nueva competencia. La lógica esperable sería que la administración nacional transfiriera a la Ciudad los fondos que hoy destina al funcionamiento del fuero laboral. ¿Es sólo un tema económico o netamente político por parte del gobierno de Javier Milei? Es el gran interrogante que tienen dentro del andamiaje de poder macrista.
Pese a esa incertidumbre, y aunque el tema no deja de ser relevante, algunos dirigentes del PRO relativizaron el efecto inmediato del costo fiscal: este año podría impactar menos porque ya transcurrió buena parte del calendario y la instrumentación demandará tiempo.
En la Legislatura porteña, por su parte, están seguros de que las trabas para el traspaso podrían resolverse en agosto próximo si antes se resuelven las discusiones sobre fondos, estructura judicial y cambios normativos que acompañan la transferencia.
Ese proceso, de todas formas, no se limita a una sola votación, donde habría mayoría en favor del traspaso del fuero laboral a CABA. El paquete enviado por el Ejecutivo porteño incluye al menos cuatro iniciativas: la aprobación del convenio de traspaso, la modificación de la llamada Ley 7 (la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires) sobre la estructura del fuero local, la reforma del Código Procesal Laboral y la creación de un sistema de mediación como existe a nivel nacional con el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).
En realidad, esta secuencia es similar a la que se aplicó con el traspaso de la Policía Federal a CABA, que comenzó en 2016, pero como no se concretaba también fue creada la Policía de la Ciudad mientras seguía pendiente el pase completo de la competencia.
En estos días, además del fuero laboral, Nación y Ciudad dieron un paso decisivo para el traspaso de la justicia penal a CABA: el 3 de julio pasado, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y su par porteño, Gabino Tapia, firmaron el convenio por el cual se transfieren las competencias judiciales en materia penal como delitos contra el honor, como calumnias e injurias; la integridad sexual, como abuso sexual y explotación, y la libertad, como privación ilegítima y amenazas coactivas. También incorpora delitos vinculados a la propiedad intelectual y a la protección de fauna, entre ellos el ejercicio ilegal de la medicina veterinaria.
Además, la Ciudad asumirá en forma exclusiva el conocimiento y juzgamiento de los delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años, así como la adopción de medidas de protección para menores de 14 años involucrados en hechos tipificados como delitos, para los que se prevé una intervención tutelar.
El desafío de transferir los juzgados nacionales del trabajo es mucho mayor. El fuero laboral porteño fue diseñado con una estructura más reducida, con una cantidad limitada de juzgados para un esquema incipiente y no para administrar todos los conflictos laborales de la Capital.
Por esa razón, una de las reformas que el oficialismo considera necesarias a través de la Legislatura es ampliar esa capacidad. La modificación de la ley de creación del fuero apunta a dotarlo de más juzgados y más herramientas para que pueda absorber la competencia que hoy permanece en la órbita nacional.
De la misma forma, el Código Procesal Laboral aprobado por la Ciudad debe ser revisado: había sido pensado para litigios individuales y que ahora debe incorporar aspectos que no estaban contemplados en el diseño original.
Los artículos 90 y 91 de la Ley de Modernización Laboral contemplan el “Acuerdo de Transferencia de la función judicial en materia laboral” y allí “se encomienda al Poder Ejecutivo nacional a transferir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los recursos necesarios para el funcionamiento del fuero del trabajo de la Ciudad, garantizando el adecuado funcionamiento transitorio de la Justicia Nacional del Trabajo”.
Según el convenio firmado entre ambas jurisdicciones, la Ciudad deberá, en un plazo máximo de 180 días, seleccionar a los jueces del nuevo fuero laboral y garantizar la infraestructura y los recursos necesarios. Una vez operativo, será el único fuero competente para causas laborales iniciadas desde ese momento.
Pero los 180 días no corren desde la promulgación de la reforma laboral, que llevaría a instrumentar el nuevo fuero del trabajo porteño desde el 1° de septiembre próximo, sino desde que queden cumplidas las condiciones legales requeridas (que el traspaso sea ratificado por el Congreso Nacional, que sea ratificado por la Legislatura porteña y que haya un convenio específico en materia de transferencia de recursos desde Nación a Ciudad). Mientras tanto, el fuero nacional laboral sigue funcionando como siempre, aunque con vacantes que serán cubiertas mediante subrogancias.
La consecuencia práctica de ese esquema es doble. Para Nación, se reduce el costo de los salarios de jueces; para la Ciudad, la preocupación es que el nuevo sistema no se active sin una transferencia suficiente para financiar a los magistrados, el personal y el funcionamiento.
El diseño institucional en estudio en la Ciudad no replica de manera automática la estructura nacional. Aunque la justicia laboral nacional tiene 80 juzgados y la legislación local está “espejada” con ese esquema, la intención no es abrir la misma cantidad en CABA.
Ya hubo concursos para nuevos juzgados y en agosto habrá 10 jueces nuevos. Después se abrirá otro concurso para cubrir entre 30 y 40 cargos adicionales, dentro de una proyección total de entre 40 y 50 juzgados.
La Cámara de Apelaciones del Trabajo local también crecería. Hoy existen 2 salas y el plan es sumar otras 3, mientras que los actuales camaristas nacionales no serán absorbidos por el sistema porteño.
Sobre el destino del fuero nacional laboral, la idea es que pase a una etapa residual. Seguirá resolviendo las causas ya iniciadas hasta su resolución, un proceso que podría demandar entre 2 y 7 años, según el tiempo que insuma el trámite de los expedientes pendientes.
De todas formas maneras, la negociación política entre Nación y Ciudad no se agota en lo jurídico y en lo económico. Hay una fuerte resistencia del peronismo y un lobby judicial en contra de la disolución del fuero nacional laboral y su pase a la órbita de CABA.
De por sí, rige una medida cautelar del 17 de marzo pasado que frenó el traspaso, impulsada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), liderada por Julio Piumato, e incluso la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó en mayo pasado el recurso extraordinario que presentaron el Consejo de la Magistratura de CABA y el gobierno porteño para revertir la suspensión preventiva de la Ley 6789, que habilita la creación del fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, en el gobierno porteño interpretan que, una vez que la Legislatura complete la aprobación y el traspaso quede convertido en ley plena, la encerrona judicial perderá sustento para detener el proceso.
reforma laboral
POLITICA
Ante la visita del Papa, Kicillof busca capitalizar la prédica de “justicia social” y se focaliza en el conurbano
LA PLATA.- El gobierno de Axel Kicillof buscará capitalizar la visita del Papa León XIV a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre próximo. Enfatizará la sintonía discursiva entre el mensaje que traerá el sumo pontífice y la agenda de la justicia social del peronismo frente a la política económica de Javier Milei.
De acuerdo a la visión del Gobierno bonaerense, el punto de mayor contraposición con la narrativa libertaria será la visita al Cottolengo Don Orione, situado en la localidad de Claypole, en Almirante Brown, una de las primeras actividades de León XIV al llegar al país, el lunes 9 de noviembre a la mañana.
Ese día el gobierno de la provincia buscará registrar una foto impactante: León XIV desplazándose en Papa móvil por las calles empobrecidas del conurbano. En caso que la seguridad del Vaticano confirme este itinerario, el pontífice recorrerá siete cuadras por el Camino de Cintura, en la actual avenida Lacaze.
Así lo deslizaron a dos fuentes políticas de la provincia que participan de la mesa que coordina el operativo. La información, que tiene crédito en la Conferencia Episcopal local, está sujeta al itinerario final que apruebe la Santa Sede, que incluye como factor también la seguridad de León XIV.
Kicillof ya comenzó a citar la encíclica de León XIV Dilexit Magnifica Humanitas y a destacar los puntos de coincidencia con la justicia social, como preludio a la narrativa que consolidará hasta entonces.
“La visita de León XIV a la Argentina y a nuestra provincia representa una gran alegría para nuestro pueblo. El Papa tramite un mensaje de defensa de la dignidad humana y de la justicia social muy necesarios para la patria en estos tiempos de crueldad”, fue la primera reacción de Kicillof.
“Estamos preparado el dispositivo para el evento de Luján -anunció Carlos Bianco, ministro de Gobierno-. Pero también para el traslado al Cottolongo Don Orione. Estamos muy contentos porque es un Papa que continúa con el legado de Francisco y está a favor de las políticas vinculadas con la justicia social”, remarcó.
Procesión inédita
Kicillof tendrá la primera oportunidad de recibir al Papa cuando pise el suelo de la provincia de Buenos Aires el lunes 9 de noviembre. El Gobierno provincial busca que Robert Francis Prevost se traslade siete cuadras en un Papa Móvil, tras arribar a Claypole desde la Ciudad de Buenos Aires, lo que daría lugar a una suerte de procesión inédita por las calles del Gran Buenos Aires, para terminar en el barrio Don Orione.
“Entiendo que esa es la idea”, dijo una alta fuente de la Conferencia Episcopal Argentina, en referencia a la información del itinerario de siete cuadras en Papa Móvil por Almirante Brown, aún sujeta a la validación del Vaticano.
El itinerario por las calles del Gran Buenos Aires, no confirmado aún oficialmente por la Santa Sede, es estratégico: el Papa llegaría en auto blindado y con una cápsula de seguridad desde la Ciudad, pero se dejaría ver mucho antes que en la puerta del auspicio de Don Orione.
En la visita al Cottolengo es donde tendrá Kicillof la oportunidad máxima de visibilizar una agenda a favor de los pobres y sobre todo de los discapacitados, en oposición a los recortes propuestos en el presupuesto nacional 2027, según estiman en la administración bonaerense.
En la última encíclica Dilexit Magnifica Humanitas, Robert Francis Prevost afirmó que la justicia social debe partir de las personas más frágiles y que una sociedad justa debe reintegrar a quienes han sido excluidos. En el párrafo 77, se afirma que “para la comunidad cristiana la justicia social es una forma concreta de seguimiento de Jesús y Fidelidad a su Evangelio”.
El concilio Vaticano II recuerda que toda institución está llamada a servir a la persona humana y reconocer su dignidad. El sumo pontífice destacó en reiteradas oportunidades la defensa de la dignidad de las personas con discapacidad, particularmente de las personas con Síndrome de Down y discapacidades intelectuales.
El director de Discapacidad del Cottolengo Don Orione, Fernando Montero, afirmó que la visita del pontífice al lugar será “un mensaje fuerte debido a que el Papa viene a ver a las personas con discapacidad y a los trabajadores porque son invisibilizados: todos van a estar viendo eso”.
Montero remarcó: “Viene al Cottolengo por su Encíclica, porque toda persona es importante y no se puede excluir a nadie y la discapacidad sufre mucho eso”. Don Orione es una institución de 90 años de antigüedad, que atiende a unas 400 personas discapacitadas.
Es un hogar cristiano, ubicado en Lacaze 3963, con centro de educación terapéutico que subsiste con la facturación de las obras sociales y aportes de los sistemas subsidiarios Incluir salud, PAMI (de Nación) e IOMA, de la provincia de Buenos Aires. “El problema que hay con el nomenclador nos afecta directamente”, destacó el director de discapacidad del Cottolengo.
“En el gobierno nacional se jactan de que hay superávit fiscal pero ajustan en discapacidad. Decir que los discapacitados tienen registros truchos da mucha bronca”, expresó Montero. En el mundo el 16% de la población tiene alguna discapacidad “y en Argentina está registrado ”un 5% porque viven una situación de vulnerabilidad o el Estado no llega”, informó Montero.
Kicillof tendrá en esta visita de León XIV al Gran Buenos Aires el punto de mayor coincidencia en contra de las políticas de Milei. Pero no será la única coincidencia discursiva: “El Papa que va a venir hizo una Encíclica sobre la Inteligencia Artificial”, expresó Kicillof al marcar otro punto de diferencia con la Casa Rosada.
El Presidente y el Gobernador están invitados a recibir al Papa en la Basílica de Luján, el miércoles 11 de noviembre, donde se espera un saludo protocolar. En esa oportunidad también estará invitada la vicepresidenta Victoria Villaruel. Y el intendente local, Leandro Botto, que es referente de La Cámpora y activo militante por la postulación de Cristina Kirchner.
María José Lucesole,Axel Kicillof,Papa León XIV,Conforme a
POLITICA
Morosidad: la oposición busca un dictamen único para tratar un proyecto con refinanciación y quitas de intereses
El Congreso de la Nación se prepara para que este martes por la tarde se defina en el plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor qué proyectos irán al recinto para intentar encontrar una solución a la crisis de morosidad que afecta a miles de familias.
El oficialismo y la oposición se medirán cada uno con sus proyectos en busca del dictamen que les permita avanzar en el recinto. Quien parece tener el número más simple es La Libertad Avanza, ya que el plenario reúne a 62 diputados y LLA junto al PRO y la UCR —si es que van todos juntos—, con lo que alcanza las 32 firmas necesarias, mientras que el resto de los bloques juntarían 30.
Aunque no ha sido presentado, se espera que, al igual que lo que sucedió con discapacidad, el oficialismo presente un proyecto en el que no apunta a una solución para los más de 6 millones que acumulan deudas impagas, sino que busque establecer algunos lineamientos respecto del tema de cara al futuro, como por ejemplo la tan mentada educación financiera.
Por el lado de los bloques de la oposición, por estas horas se trabaja contrarreloj para intentar encontrar puntos de contacto que les permitan tener un dictamen único.
“Estamos trabajando para llegar a eso”, respondió un referente de la oposición. “La idea es tener un único dictamen y que, en todo caso, si no hay un acuerdo total, se firme con disidencias que nos permitan seguir en conversaciones hasta el momento en que lleguemos al recinto”, agregó otro diputado de la oposición.
La oposición presentó más de 50 proyectos y camina hacia uno que tiene, en sus ejes centrales, planes de refinanciación, topes a las tasas, quitas de intereses y mayores controles sobre bancos y fintech. A esto se le sumaría una línea de crédito vía Anses para monotributistas de las escalas más bajas, beneficiarios de planes sociales y jubilados. En este caso, apuntaría a los sectores que contrajeron deudas con las tasas más elevadas.
En lo que se refiere a La Libertad Avanza, los referentes del bloque trabajan junto a sus pares del PRO y de la UCR en un texto enfocado en “transparencia, defensa del consumidor y educación financiera”.
Los legisladores libertarios se mantienen en la línea del Ejecutivo de que es un problema entre privados y que el Gobierno no tiene que intervenir para solucionarlo. En ese sentido, insisten con el concepto de educación financiera, pero, de alguna manera, reconocen que las empresas crediticias en todas sus versiones no son del todo claras en sus condiciones porque también apuntan a una mayor transparencia, es decir, a la obligatoriedad de ser más claros con las tasas finales de los créditos.
“Hay que ver cómo reaccionan los aliados porque, a diferencia de lo que sucedió en discapacidad, están pidiendo algún tipo de solución real para acompañar”, reconoció un tercer diputado que suele tener conversaciones a ambos lados de los márgenes de la grieta.
En la oposición trabajan frente a la posibilidad de que el oficialismo se lleve el dictamen de mayoría porque los más descreídos entienden que el PRO y los radicales los van a acompañar.
Unas semanas de agenda cargada
Las negociaciones se entrecruzan. Mientras el oficialismo busca contener los avances de la oposición en temas centrales como discapacidad y morosidad, en otras mesas ya se conversa sobre dos proyectos de ley: la ley de defensa de la soberanía y el Presupuesto 2027.
En el caso de la primera, La Libertad Avanza ya estableció para este miércoles 30 de septiembre al mediodía la primera de las reuniones informativas en un plenario de comisiones donde participan Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, presididas por los diputados Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente, todos del bloque de La Libertad Avanza.
Zentrix Endeudamiento Morosidad
POLITICA
El Gobierno descarta elevar una protesta ante Chile luego de que su ministro de Defensa defendiera la autodeterminación de los isleños
El Gobierno descartó presentar una protesta formal ante Chile por los dichos de su ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, quien había defendido durante el fin de semana el derecho de su país a comerciar con las Malvinas -que también denominó Falklands- y el respeto a la voluntad de los isleños.
“Es el ministro de Defensa de Chile, tiene derecho a decir lo que quiera y en todo caso habrá una conversación entre cancillerías”, sintetizaron a TN en Balcarce 50. Y remarcaron: “Mientras no haya un cambio efectivo en la política de Chile en torno a Malvinas, no ameritarán medidas. Si hubiera un cambio, ahí por supuesto el Gobierno hará lo que tenga que hacer”.
Aún así, las declaraciones no pasaron desapercibidas para el Gobierno, en medio de su reciente escalada diplomática que lleva adelante desde la cadena nacional de inicios de septiembre, donde ratificó el reclamo de soberanía sobre el archipiélago y anunció una batería de medidas y sanciones en contra de las empresas que participen de la explotación de recursos en el territorio disputado.
“Que un ministro de un país amigo, con la posición histórica sobre Malvinas, las mencione con la denominación inglesa, todo mal. Sumado a que reivindica el principio de autodeterminación de los isleños, que nosotros no, doble agravante”, admitieron a este medio desde la Cancillería.
Sin embargo, por el momento el Gobierno no busca confrontar con la administración de José Antonio Kast, de estrechos lazos ideológicos y personales con Javier Milei. Ambos vienen de mantener un encuentro a principios de septiembre en Santiago de Chile, donde Kast ratificó el respaldo de su país al reclamo argentino sobre Malvinas y llamó al Reino Unido a retomar las negociaciones. Por su parte, Milei le expresó que valorará los esfuerzos del Gobierno chileno para evitar la consolidación de actividades de explotación inconsultas con la Argentina en las Islas.
Pese a esa buena sintonía, el ministerio de Defensa de Chile, Barros Tocornal, puso en duda esa posición. En una entrevista con Polar TV de Magallanes concedida este domingo, el funcionario sostuvo que Chile apoya “la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falklands”, pero planteó: “Hay una situación de hecho: un país amigo (Reino Unido), hace 200 años ejerce soberanía sobre las islas. Por lo tanto, una cosa es apoyar un reclamo como país frente a la posición de un país amigo, pero de acuerdo al derecho internacional, respetando la voluntad e interés de las personas involucradas y por la vía pacífica”.
En ese sentido, Barros Tocornal también defendió el proyecto de su país de abrir un corredor marítimo entre Punta Arenas y las Malvinas, una política contraria a las pretensiones argentinas.
A comienzos de septiembre, la naviera chilena Eastern Islands firmó un acuerdo con el gobierno isleño para establecer una conexión entre la localidad austral del país vecino y Puerto Argentino. Según el ministro, la región de Magallanes tiene “el derecho de ejercer el comercio”, por lo que no ve inconvenientes en que esas actividades se desarrollen.
Además, se refirió a la explotación de hidrocarburos en el archipiélago, el principal foco de tensión entre Buenos Aires y Londres por las recientes sanciones impulsadas por el Gobierno de Milei a las empresas y ejecutivos que participen de esas actividades. En ese contexto, el ministro chileno dijo que se trata de un “tema puntual que puede ser un poco más conflictivo” que deberá analizarse “en su momento”.
Ante la visita del Papa, Kicillof busca capitalizar la prédica de “justicia social” y se focaliza en el conurbano
Es uno de los periodistas más facheros y seductores de la tele, estuvo casado con una famosa y su confesión sobre sus infidelidades sorprendió a Moria: «Sos el peor»
Morosidad: la oposición busca un dictamen único para tratar un proyecto con refinanciación y quitas de intereses
Sin reservas, sin protocolos y con Nicaragua sin poder abastecer a sus vecinos: la fractura del modelo agrícola centroamericano
Iran under scrutiny after plot foiled near UK base used by US military
Republicans zero in on key player accused of helping Democrat fundraising giant hide foreign cash
La pobreza subió al 32,3% en el primer semestre del año y afectó a 15,5 millones de personas
El kirchnerismo muestra encuestas que dan a CFK competitiva para condicionar a Kicillof en el armado del PJ
Soros-linked prosecutor faces primary challenge as fellow Democrat targets his record
Qué leer esta semana: Harwicz, los mitos de la alquimia y la precariedad argentina sin fondo
INTERNACIONAL2 días agoTrump’s Greenland deal shadows Xi visit after years of Beijing eyeing Arctic influence
- CHIMENTOS2 días ago
Mauro Icardi confirmó su infidelidad con la China Suárez a Wanda Nara, mientras estaban casados y recordó detalles muy íntimos: «Qué hijo de p…»
- INTERNACIONAL2 días ago
El secretario de Defensa británico dijo que el Reino Unido está preparado para defender militarmente las Malvinas
