El titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, reiteró hoy, en el discurso de apertura de la 138 Exposición Rural de Palermo, la posición de la tradicional entidad contra los derechos de exportación, pero lo hizo en un contexto de reconocimiento al gobierno de Javier Milei, a quien minutos antes había recibido con un muy efusivo abrazo y a cuya gestión reconoció varios logros, además de cargar muy fuertemente -en línea con el discurso económico oficial- contra los impuestos provinciales y las tasas municipales.

“Basados en más de un siglo y medio de trabajo, nos corresponde mirar con atención y lucidez a la Argentina de hoy, y a la Argentina que viene. La mirada de la Rural frente a la economía del país es optimista pero objetiva, crítica pero constructiva, una visión indispensable para poder representar los intereses de los productores. Celebramos que el campo sigue siendo clave para la economía. En el último año, la actividad agrícola creció, y ha llegado a producir por valor de 40.000 millones de dólares; la ganadería, 34.000 millones; y el conjunto de las producciones regionales, 11.500 millones de dólares. En total, las cadenas productivas del campo han aportado a la economía nacional más de 83.000 millones de dólares”, enumeró. Por esa razón, afirmó, “queda claro que cuando el campo demanda cambios justos a la política, lo hace porque tiene mucho para dar”.

Sin embargo, prosiguió, “desde el año 2002, los gobiernos han sometido al campo a un régimen confiscatorio: las retenciones; 215 mil millones de dólares ingresaron sólo por ese concepto en las arcas del Estado. Durante el actual mandato presidencial, disminuyó ese monto”.

Pino cuantificó esa “suma no confiscada” por el actual gobierno en unos USD 6.000 millones y dijo que el campo los reinvirtió “en genética, pasturas, maquinaria y otros tipos de mejoras” que hicieron crecer “el empleo rural, la producción agropecuaria y las superficies afectadas”.

El campo, precisó, “ha hecho crecer la producción de carnes, la de huevos, y la de miel. Hemos cosechado un 34% más de maíz; el doble de girasol: 7 millones y medio de toneladas; y el doble de trigo: un récord de 30 millones (…) está demostrado, como venimos diciendo en reiteradas ocasiones, en coincidencia con el Presidente: las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre”.

Por eso, remató Pino ese tramo de su discurso: “confíen en el campo; el campo nunca los va a dejar de a pie”.

El dirigente ruralista reconoció “notables logros” a la política económica oficial, entre los cuales citó “la reducción de la inflación, la mejora en el equilibrio fiscal y la estabilidad cambiaria han creado previsibilidad, reflejada en la baja del riesgo país. La producción ha comenzado a desplazar a la especulación financiera”.

Además, prosiguió, “la desregulación va permitiendo la apertura de mercados, y una inserción creciente de nuestra producción en el mundo. Los indicadores de pobreza han comenzado a disminuir. Y ha crecido el diálogo entre el Gobierno y la Rural: los funcionarios escuchan y toman en cuenta nuestras propuestas”. En cuanto al trabajo, afirmó ”generamos más de 4 millones de empleos, en formas directa e indirecta. Todo el país se reactiva a partir del crecimiento del campo”.

Más adelante, envió “un mensaje a los funcionarios nacionales, a los Gobernadores y a los Intendentes: para lograr que los productores del campo nos establezcamos en todos los puntos de nuestro territorio es imprescindible que dejen de agobiarnos con impuestos, y que lo recaudado vuelva, en forma de obras y servicios públicos”. Y exigió suprimir “el manejo arbitrario del impuesto a los ingresos brutos, las tasas viales que no se traducen en obras, y el cobro de gravámenes por el simple traslado de mercadería entre provincias, que crea aduanas internas, prohibidas por la misma Constitución Nacional”.

Pino señaló que “cuando los impuestos bajan, la producción aumenta” y acusó la falta de inversión en servicios comunes esenciales: salud, educación, seguridad, justicia e infraestructura, “que deben ser proporcionados por los Estados nacional, provinciales y municipales; ya sea a través de inversión pública, ya sea a través de inversión privada gestionada desde los gobiernos”. Citando a Juan Bautista Alberdi reivindicó además a la educación popular como “la condición primera, la base fundamental de la vida política, económica y moral de los pueblos (…) el campo necesita escuelas, que brinden educación básica, y que también capaciten en todas las tecnologías nuevas que el campo necesita”.

El atraso en infraestructura vial y de comunicaciones, prosiguió, es una de las causas del “famoso costo argentino, que daña nuestra competitividad”. Esa carencia, dijo, “incluye los trenes y los puertos, pero también los caminos rurales, vitales para el transporte productivo y, mucho más importante, para el acceso de la familia rural a la escuela y al centro de salud. Mejorar los caminos rurales es inversión, no gasto. Su mantenimiento, en general, brilla por su ausencia”. Como ejemplo de la falta de infraestructura es el atraso en obras de prevención de inundaciones en la cuenca del río Salado. Por eso, señaló, “es urgente poner en marcha un plan coordinado de obras que prevengan contra fenómenos naturales derivados del clima, como la próxima llegada de El Niño”.

El titular de la SRA consideró un “desafío trascendente volver a transformar el potencial del agro en una estrategia de desarrollo nacional”. En condiciones adecuadas, siguió, el agro argentino podría producir un 50% en cereales y oleaginosas, sumar un millón de toneladas de carne, duplicar el área implantada en forestación y agregar2.000millonesdelitros de leche; sin contar con las producciones regionales”. Un salto productivo así, afirmó, “implicaría incorporar unos 20.000millones de dólares por año a los más de 80.000 millones que el sector aporta actualmente al PBI.

Sin embargo, Pino aclaró que el crecimiento de la producción del agro ya no podrá sostenerse en parámetros del pasado. “La expansión de la frontera agrícola tiene límites ambientales, sociales y económicos. El futuro agroalimentario global dependerá de producir mejor, con mayor eficiencia en el uso de agua, tierra, insumos, energía y conocimiento”, afirmó. Es además una imposición, explicó, porque “los mercados internacionales, los consumidores, los sistemas de financiamiento y las cadenas globales de valor incorporan de manera creciente criterios vinculados a huella de carbono, uso responsable de recursos, deforestación, bienestar animal, inocuidad y trazabilidad”. En ese contexto, remató, “quienes puedan demostrar mejores estándares accederán a más mercados y mejores oportunidades”.

Pino aseguró que la nueva revolución agropecuaria “será digital: agricultura de precisión, sensores remotos, drones, inteligencia artificial, automatización, robótica, genética avanzada, plataformas de gestión y trazabilidad digital”. Esa digitalización, recordó, “requiere, básicamente, conectividad, para poder reducir costos, mejorar rendimientos, monitorear variables climáticas, optimizar el uso de insumos, integrar cadenas y aumentar la transparencia de los procesos”. La competitividad se define hoy por la calidad de la infraestructura física y digital”, afirmó al respecto. Además, encadenó, “un país que quiere ser potencia agrícola necesitará un sistema financiero capaz de sostener inversiones a largo plazo (…) Con el ahorro propio podemos crecer, pero necesitamos líneas de crédito de largo plazo y a tasas compatibles con la inversión. Un crédito que no se puede pagar no es un crédito: es una quiebra asegurada”.

En cuanto al trabajo institucional de la propia SRA, donde hoy Pino enfrenta el desafío de su propio vice, Marcos Pereda, en las elecciones de la institución, dijo que se logró la baja y en algunos casos supresión de retenciones, en la eliminación de impuestos distorsivos y la modernización y mayor eficiencia del INTA y el Senasa.

Sobre el proyecto de ley de carbono dijo que mediante el manejo del suelo, pastizales y árboles y el combate contra la erosión, cada productor genera servicios ecosistémicos”. Estos servicios, dijo, “son de propiedad privada y pertenecen al dueño de la tierra. La ley de carbono debe reafirmar esa propiedad del productor y sancionar a cualquier ente (incluidos los Gobiernos provinciales) que quiera apropiarse de los servicios ecosistémicos, con el argumento falso de que constituyen un “bien común”, objeto de un supuesto “dominio originario”. Basta con leer nuestra Constitución Nacional para entender qué significa, en ella, propiedad privada. En la Argentina no existen lo que se ha dado en llamar “bienes comunes”; existen bienes públicos o bienes privados. Esgrimir derechos de propiedad sobre los servicios ecosistémicos, apelando a un supuesto dominio originario, es incumplir con la Constitución Nacional”, afirmó, en un pasaje muy aplaudido por los asistentes.

Además, en un guiño a la orientación de política exterior del gobierno Pino recordó una reciente reconocimiento del canciller Pablo Quirno a la SRA como “una institución que ayudó a forjar a la Argentina moderna” y señaló que el campo y la agroindustria participó en mesas donde se debatieron acuerdos como el bilateral con Estados Unidos, las políticas relativas a la Hidrovía, y el tratadoentre la UniónEuropea y el Mercosur”

La humanidad ha transitado en pocas décadas un proceso de transformación sin precedentes por la rapidez de su evolución. Primero fue la llamada sociedad de la información. Luego evolucionamos hacia la sociedad del conocimiento, en la que esa información comenzó a procesarse, interpretarse y convertirse en un activo estratégico para la innovación, la educación y el desarrollo económico.

Parece entonces que las estructuras cambiaron y hoy estamos ingresando en una nueva etapa, más compleja y disruptiva, que puede definirse como la sociedad algorítmica o sociedad de la inteligencia artificial. Los algoritmos no solo organizan la información: moldean comportamientos, influyen en decisiones y comienzan a intervenir en ámbitos que históricamente fueron exclusivos de la creatividad humana.

La irrupción de la inteligencia artificial en la música no es simplemente un nuevo capítulo en la evolución tecnológica dentro del ámbito de las artes y de la expresión creativa de la humanidad, sino un punto de inflexión que obliga a repensar sus bases más profundas.

El impacto más visible se manifiesta en la creación musical, donde herramientas capaces de generar melodías, voces sintéticas o piezas completas en cuestión de segundos, están redefiniendo el proceso creativo. Sin embargo, el desafío más profundo no reside allí, sino en la gestión de derechos.

La aparición exponencial de contenido generado por inteligencia artificial tensiona los sistemas actuales de identificación, trazabilidad y monetización, mientras las plataformas de contenidos audiovisuales y musicales reciben volúmenes crecientes de material difícil de auditar. Al mismo tiempo, muchos de estos modelos se entrenan sobre repertorios protegidos cuya utilización no siempre es transparente ni informa cómo está generada: la inmediatez manda.

Esto nos obliga a analizar la arquitectura del sistema creativo y de consumo de contenidos en su conjunto, desde el licenciamiento hasta los mecanismos de distribución de regalías, en un entorno donde la escala y la automatización desafían los esquemas tradicionales.

En este escenario, resulta fundamental distinguir entre la inteligencia artificial que asiste y la que sustituye. La IA colaborativa potencia al creador humano, mejora procesos, amplifica capacidades y se integra como herramienta dentro del acto creativo que, desde los principios de la modernidad, generó las bases del derecho de los autores de obras y sus derechos conexos, y así un hecho tecnológico como la posibilidad de grabar la voz dio lugar a un hecho artístico y cultural como lo es la industria de la música fonograbada.

En cambio, la IA generativa puede producir obras completas o imitaciones estilísticas a partir de repertorios preexistentes, alterando el equilibrio entre innovación y apropiación.

Esta diferencia no es meramente técnica, sino jurídica y más aún ética, porque define cuándo estamos ante una extensión legítima de la creatividad y cuándo frente a una potencial explotación del trabajo ajeno sin consentimiento.

El eje del debate entonces se desplaza hacia la necesidad de reglas claras que delimiten el uso de contenidos protegidos y aseguren condiciones equitativas para todos los actores del ecosistema.

El núcleo del problema es, en última instancia, la falta de procesos transparentes en el ámbito de los usos tecnológicos que dominan los tiempos de la inmediatez.

No hay dudas acerca de que, sin información sobre qué obras fueron utilizadas para entrenar modelos de inteligencia artificial, en qué condiciones y con qué finalidad, el sistema de derechos pierde consistencia. Sin trazabilidad, el licenciamiento se vuelve inviable, la compensación se diluye y el valor de los catálogos de obras musicales comienza a erosionarse en clara afectación a sus titulares: autores, compositores, artistas intérpretes y productores de fonogramas.

Pero reducir esta discusión al ámbito de la propiedad intelectual sería un error. La inteligencia artificial aplicada a la música pone en juego un conjunto más amplio de derechos fundamentales.

El uso de obras y fonogramas en el entrenamiento de modelos involucra derechos de reproducción y transformación, mientras que la clonación de voces y la generación de deepfakes —entendidos como contenidos generados o manipulados mediante inteligencia artificial que recrean de manera hiperrealista la voz, la imagen o los gestos de una persona— afectan directamente el derecho a la identidad y a la propia imagen.

El mercado refleja esta tensión en tiempo real. Por un lado, se multiplican los litigios impulsados por titulares de derechos que buscan frenar el uso no autorizado de sus repertorios. Por otro, emergen acuerdos estratégicos entre empresas tecnológicas y actores de la industria musical, que intentan encontrar un punto de equilibrio entre innovación y monetización. Esta dualidad evidencia que el futuro aún está en construcción y que no existe un consenso definitivo sobre si el camino será el conflicto judicial, el licenciamiento estructurado o una forma de coexistencia regulada.

Sin embargo, creo personalmente que, cuanto más automatizado sea el entorno, más valor adquirirá la autenticidad humana.

El desafío, entonces, no es frenar el avance tecnológico, sino encauzarlo dentro de un marco que garantice equidad y sostenibilidad cuando afecte la fibra de la humanidad.

Un ejemplo reciente que ilustra con claridad esta tensión es la nueva funcionalidad de YouTube que permite a los creadores reemplazar automáticamente pistas musicales identificadas por su sistema Content ID por alternativas generadas por inteligencia artificial y libres de regalías. En la práctica, esto implica que un contenido que originalmente utilizaba una obra protegida puede ser modificado —incluso de forma casi imperceptible para el usuario— por una música sintética que evita conflictos de derechos y facilita la monetización. Ahora bien, ¿cuál es el “precio” de esto?

Este tipo de soluciones muestra el camino hacia un ecosistema más eficiente desde el punto de vista operativo del usuario final, pero también abre interrogantes de fondo: si la respuesta al conflicto de derechos es sustituir la creación original por contenido artificial posiblemente derivado de aquel en sus procesos de entrenamiento, ¿no estamos desplazando silenciosamente el valor económico y cultural de la música humana hacia un modelo donde la tecnología no solo gestiona los derechos, sino que directamente reemplaza la obra que esos derechos protegían?

El consentimiento de los usos de obras originales debe consolidarse como principio rector de cualquier uso de obras, voces y sus registros o sus identidades, y el entrenamiento de modelos debe integrarse al sistema de derechos mediante esquemas de licenciamiento claros y remunerados que impliquen la autorización de sus titulares.

En paralelo, la gestión colectiva —entendida como el sistema mediante el cual entidades especializadas administran, licencian y recaudan derechos en nombre de múltiples titulares para facilitar su explotación y asegurar una distribución eficiente de los ingresos— deberá evolucionar hacia modelos (aún) más tecnológicos, porque en su acción se debaten los temas centrales de autoría, usos de las obras, generación de contenidos derivados. Al mismo tiempo, sus intervenciones deben ser auditables y adaptadas a entornos masivos y automatizados de licencias, capaces de responder a la complejidad de este nuevo escenario. La inteligencia artificial ya forma parte del ecosistema musical en sus diferentes procesos y alcances y su desarrollo es irreversible.

La verdadera discusión no es si debe o no integrarse, sino bajo qué condiciones lo hará en cada caso.

Lo que está en juego es el equilibrio entre innovación y derechos de la humanidad literalmente entendidos.

La música ha sido históricamente un espacio de expresión profundamente humano, donde la identidad, la emoción y la creatividad se entrelazan de manera única. Si la inteligencia artificial pretende formar parte de ese ecosistema, deberá hacerlo respetando ese núcleo esencial.

El progreso tecnológico no puede construirse sobre la apropiación silenciosa del valor, la identidad y los derechos de quienes crean. Porque si algo define a la música, más allá de cualquier algoritmo, es justamente su condición irreductiblemente humana.

En tal sentido cobra renovada vigencia el pensamiento de Christian Lous Lange, Premio Nobel de la Paz del año 1921, quien consideró que «la tecnología es un sirviente útil, pero un amo peligroso“.

Por ello, la discusión sobre inteligencia artificial y música, conjuntamente con sus efectos en las artes, no es meramente tecnológica: es una conversación sobre la identidad de los humanos con sus inescindibles derechos a la intimidad y a los atributos de su individualidad, como así también de los alcances de la propiedad intelectual y la sostenibilidad económica de la creación, pero también sobre cómo construir, a partir de esos principios, un terreno fértil para una innovación genuina y responsable.