POLITICA
Según una encuesta de la UBA, el caso Adorni ya daña la imagen de Milei entre sus votantes y tiene un efecto similar a la “foto de Olivos”
El presidente Javier Milei se plantó el viernes último ante sus ministros. De manera efusiva, ratificó en el cargo a su jefe de Gabinete, protagonista de la novela política y judicial que complica al oficialismo hace dos meses. Dijo que creía en él, atacó a los periodistas y advirtió que prefería perder una elección antes que echar a un inocente. Investigado por enriquecimiento ilícito en los tribunales de Comodoro Py, el exvocero salió de la reunión con buen talante: “Me bancó 100%”, expresó en la intimidad.
En el mundillo de La Libertad Avanza (LLA) admiten que el caso Adorni comenzó a minar la imagen del Presidente o de la gestión nacional y que no logran encapsular las nuevas revelaciones de la causa. “Esto puede ser un punto de inflexión, como la foto de la fiesta en Olivos para Alberto Fernández”, resumen en un integrante del elenco oficial.
La mayoría de los encuestadores concuerdan en que el affaire Adorni profundizó el enorme desgaste que venía sufriendo el Gobierno en los últimos meses. De hecho, un informe realizado la semana pasada por el Observatorio de Psicología Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), refleja el alto nivel de penetración que tuvo el escándalo en torno al crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete en la sociedad y el fuerte impacto político en la imagen del gobierno de Milei.
“Los resultados evidencian que el caso logró instalarse de manera masiva en la agenda pública, generando percepciones mayoritariamente negativas respecto de Adorni, así como cuestionamientos hacia el gobierno de Milei y su narrativa anticorrupción”, señalaron los especialistas.
Según la encuesta de la UBA -de 4711 casos y realizada de manera online en el AMBA-, el 97,3% siguió entre “mucho” y “algo” las novedades sobre la investigación judicial que complicó a Adorni. Siete de cada diez personas perciben que detrás del crecimiento patrimonial del exvocero del Presidente podría haber “un hecho de corrupción real y grave”. No obstante, las opiniones se dividen entre los votantes de Milei y aquellos ciudadanos que apoyaron a Sergio Massa (Unión por la Patria) en el balotaje de 2023. El 39% de los libertarios opina que las denuncias contra Adorni son una operación mediática. El 31% de los seguidores de LLA se inclina por presumir que hay hechos de corrupción, mientras que un 94% de los votantes de Massa creen que el jefe de Gabinete se enriqueció de manera ilegal.
La encuesta confeccionada por la UBA muestra números preocupantes para la Casa Rosada. Por ejemplo, el 62% señaló que considera “totalmente culpable” a Adorni, quien estaba bajo la mira de la Justicia por sus gastos en efectivo, sus viajes al exterior y la adquisición de propiedades desde que es funcionario público.
Lo alarmante para Milei es que el caso ya impacta entre sus votantes. Es que alrededor de 47% de sus votantes en el balotaje de 2023 consideró que la situación del jefe de Gabinete afectó la percepción que tienen del Presidente, quien llegó al poder enarbolando un discurso anti-casta política y la promesa de que sería implacable a la hora de enfrentar la corrupción en el Estado. En cambio, un 40% de los seguidores de Milei dijo que las revelaciones no afectaron su imagen del Gobierno.
La semana pasada, el exvocero volvió a postergar una explicación sobre los bienes y los gastos que se conocieron en la causa judicial. El miércoles, la senadora Patricia Bullrich había pedido que anticipe su declaración jurada de forma “inmediata” para terminar con el desgaste que el caso provoca al Gobierno. Pero Adorni dijo que no habla para no obstruir a la Justicia.
Del sondeo realizado por la UBA se desprende que la mayoría de la ciudadanía no está conforme con los argumentos de Adorni y que el caso afectó severamente su credibilidad. Es que el 70% de los encuestados dijo que le creía “nada” o “poco” al jefe de Gabinete. Por el contrario, un 27% respondió que le creía “mucho” o “algo”.
Además, el 58% entiende que Milei debería echar a Adorni del Gobierno, mientras que el 17,9% se inclinó por mantenerlo en su puesto y respaldarlo. Entre los encuestados también hay quienes piden que el Presidente lo corra momentáneamente del cargo hasta que se esclarezca su situación (19,5%) y los que pretenden que Milei le exija explicaciones más claras (8,6%).
Otro dato que refleja la desconfianza social: un 58% dijo que Adorni debería renunciar. Y solo el 16% apuesta a que se quede y “resista”. No obstante, el jefe de Gabinete procura seguir en la gestión. Es más: este jueves viajará a la provincia de Mendoza, donde gobierna el radical Alfredo Cornejo. El ministro coordinador participará de una actividad oficial junto a Luis Caputo (Economía) y el titular de YPF, Horacio Marín.
En las conclusiones de su informe, los encargados del OPSA aventuran que la situación judicial de Adorni por sus viajes al exterior y propiedades “podría convertirse en un caso capaz de condensar críticas sociales y erosionar sostenidamente la legitimidad política del gobierno”. Es más, remarcan que tiene similitudes con el efecto que provocó en la opinión pública la foto del festejo del cumpleaños de Fabiola Yánez en la quinta de Olivos en medio de las restricciones por la pandemia de coronavirus.
Desde la UBA consideraron que ambos casos tienen “dimensiones simbólicas y morales centrales del oficialismo, generan percepciones de contradicción entre discurso y conducta, y poseen una elevada capacidad de viralización mediática y emocional”.
En efecto, el sondeo del Observatorio de Psicología Aplicada (OPSA) exhibe un impacto en la imagen del Gobierno.
El 79,9% entiende que el caso daña “mucho” o “algo” “el principal argumento moral con el que Milei llegó al poder”, es decir, la lucha contra la casta y la corrupción. A su vez, el 62,5% opinó que affaire de Adorni afectó la imagen del gobierno, mientras que el 74,9% cree que perjudica a la administración nacional.
“Estos resultados adquieren particular relevancia porque muestran que el impacto del caso no se reduce únicamente al plano judicial o mediático, sino que comienza a erosionar un componente identitario central del oficialismo: la idea de superioridad moral frente a la ‘casta política’”, subrayaron los autores del informe.
la novela política y judicial que complica al oficialismo,Conforme a
Tras siete años de gestión, el gobierno de Nayib Bukele ingresa en la cuenta regresiva hacia las elecciones generales de 2027 con una agenda que seguiría centrada en seguridad, turismo y megaproyectos de infraestructura, pero también tiene en sobre la mesa puntos clave como los ajustes fiscales y la reforma de pensiones pactados con el Fondo Monetario Internacional, además de una política social que busca exhibir resultados tangibles a la población.
Las prioridades del Ejecutivo, respaldado por una mayoría en la Asamblea Legislativa, se articulan en torno a consolidar un modelo que le permita la continuidad en las elecciones de febrero próximo.
El segundo mandato de Bukele, que inició el 1 de junio de 2024, cumple dos años este lunes, pero el mandatario buscará la reelección en los comicios generales del otro año.
Los salvadoreños acudirán a las primeras elecciones tras unas reformas constitucionales que ampliarán el período presidencial de 5 a 6 años, eliminan la segunda vuelta electoral y permiten la reelección presidencial indefinida. Además, unificaron las elecciones presidenciales, legislativas y municipales para el 28 de febrero de 2027.
Estos son algunos de los temas y áreas clave que seguirían en la agenda del Ejecutivo:
Régimen de excepción y endurecimiento penal
Desde marzo de 2022, el gobierno salvadoreño ha prorrogado de manera mensual el régimen de excepción, una medida que suspende garantías constitucionales y otorga poderes extraordinarios a las fuerzas de seguridad.
Según reporta WOLA (The Washington Office on Latin America), este esquema ha facilitado el encarcelamiento masivo de presuntos pandilleros y se ha convertido en el eje de la estrategia política del Ejecutivo, la cual le ha permitido la reducción de los índices de homicidio y la desaparición de las pandillas de las calles. Esta es una medida que seguiría vigente tras los comicios.
Un símbolo visible de ese enfoque punitivo es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel con capacidad para 40,000 internos.
La administración de Bukele sostiene que el régimen es la clave para el “nuevo El Salvador”, mientras organizaciones internacionales, como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), cuestionan el modelo.
A eso se suma una reforma constitucional que habilita la cadena perpetua para delitos graves, aunque su implementación requiere ajustes en el Código Penal y la Ley Penal Juvenil, lo que mantiene el debate legislativo abierto sobre los alcances de la medida.
Megaproyectos de infraestructura y facilitación de comercio
Otros planes en curso que tiene el gobierno es el de Facilitación de Comercio 2026–2030 que fija como meta modernizar puertos, aeropuertos y carreteras, digitalizar trámites aduaneros y fortalecer la integración logística regional.
Entre los proyectos prioritarios destacan el Aeropuerto del Pacífico, la ampliación del Aeropuerto Internacional de El Salvador y la modernización del puerto de Acajutla, iniciativas que, según la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), buscan convertir al país en un nodo logístico y mostrar avances materiales de cara a la campaña electoral.
Política social y turismo como vitrinas de gestión
La política social se mantiene como un pilar de legitimidad, especialmente en el contexto electoral. El gobierno mantiene activos programas de reconstrucción escolar, entrega de dispositivos electrónicos y paquetes escolares gratuitos a más de un millón de estudiantes, formación técnica y empleo juvenil.
La inversión supera los 500 millones de dólares en infraestructura educativa y 800 millones en tecnología, según datos oficiales. En el área de juventud y empleo, el programa “Up Digital” ofrece formación en competencias tecnológicas y apoyo a emprendimientos.
Proyectos de vivienda de ayuda mutua y legalización de propiedades, articulados con estrategias de prevención de violencia, buscan mejorar las condiciones de vida en comunidades vulnerables. El Ministerio de Vivienda ejecuta articula estas iniciativas con estrategias de prevención de violencia y renovación urbana.
El turismo y la imagen internacional ocupan un lugar destacado en la agenda gubernamental. Bajo la marca “Surf City” y la promoción de eventos deportivos internacionales, el gobierno proyecta a El Salvador como un destino seguro y atractivo.
El Ministerio de Turismo apunta a superar los 4 millones de visitantes internacionales en 2026 y a posicionar la franja costera y la zona oriental como polos de desarrollo. El discurso oficial asocia la mejora en seguridad con el crecimiento del turismo y la llegada de inversiones, mientras organismos multilaterales financian parte de la infraestructura turística.
Ajuste fiscal, reforma de pensiones e incentivos a la inversión
En el plano económico, el Ejecutivo se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a ejecutar un ajuste fiscal del 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2025 y 2027.
El ajuste prevé recortes en remuneraciones del sector público, bienes y servicios y transferencias a municipalidades. La reducción de recursos para gobiernos locales centraliza la capacidad de inversión en el Ejecutivo.
El gobierno sostiene que esta disciplina fiscal se logra sin aumentar impuestos directos, aunque ha incrementado la carga para entidades consideradas “agentes extranjeros”.
Uno de los componentes más sensibles de la agenda económica es la inminente reforma de pensiones. Técnicos del FMI alertaron sobre el riesgo de agotamiento de la Cuenta de Garantía Solidaria en 2027, lo que obliga al gobierno a preparar una reforma antes de esa fecha.
Entre algunas de las medidas en discusión figuran el aumento de la edad de jubilación y mayores aportes de trabajadores y empleadores. La administración de Bukele aún no ha presentado una propuesta oficial, pero el tema genera expectativa y preocupación en amplios sectores sociales.
En paralelo al ajuste, la administración impulsa un plan de incentivos fiscales para atraer inversión extranjera y promover sectores estratégicos.
Según la consultora Consortium Legal, la reciente reforma al Código Tributario exonera del impuesto sobre la renta a inversionistas extranjeros en el mercado de valores nacional. Otras medidas benefician a proyectos de innovación tecnológica y construcción vertical, en línea con el objetivo de posicionar a El Salvador como un nodo logístico y digital en la región.
Además están sobre la mesa los datos del FMI que muestran que la deuda del sector público de El Salvador se ubicó en torno al 85% del PIB en 2023, una carga que condiciona el margen fiscal en los años previos a 2027 y explica la centralidad del ajuste comprometido con el organismo lo que resta de 2026 y el próximo año.
Estas políticas buscan dinamizar la economía en un contexto de recorte del gasto social y restricciones presupuestarias que debe cumplir de cara al acuerdo con el FMI que culmina en junio de 2028.
El equilibrio entre disciplina fiscal, seguridad reforzada y expansión de la política social define el núcleo de la agenda de Nayib Bukele para 2027.
Según los compromisos detallados por el gobierno ante el Fondo Monetario Internacional y la planificación de obras plasmada en documentos de la CAF, el gobierno enfrenta el reto de sostener la popularidad de sus políticas sin erosionar el bienestar de sectores clave.
Mientras tanto, la ejecución de megaproyectos y los programas sociales se convierten en herramientas centrales para fortalecer la narrativa del “nuevo El Salvador” y consolidar el proyecto político de cara a un ciclo electoral inédito.
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POLITICA
La Justicia revocó una cautelar sobre la Ley de Glaciares iniciada por kirchneristas en Santa Cruz
EL CALAFATE.- En un revés para el municipio de El Calafate y legisladores locales, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó de manera íntegra la medida cautelar que mantenía suspendida la aplicación de la nueva Ley de Glaciares (27.804) en la provincia de Santa Cruz.
El tribunal, integrado por los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, consideró que no se encuentra acreditado un peligro de daño inminente que justifique frenar una norma dictada por el Congreso de la Nación.
El fallo, que puso el foco en el rigor técnico y la división de poderes, revocó la medida dictada por el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, y si bien el tribunal dejó sin efecto la decisión del magistrado, subrayó que los glaciares en Santa Cruz no se encuentran desamparados, debido a la vigencia de “capas de protección” que le otorgan leyes provinciales y nacionales que preceden a la reforma cuestionada.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación celebraron el fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia a través de sus redes sociales y consideraron que constituía un firme respaldo al Estado Nacional en defensa del “modelo argentino de federalismo de concertación ambiental, en el que la Nación fija el estándar básico de protección del ambiente y las provincias complementan, aplican y ejercen el poder de policía dentro de sus competencias”, según quedó plasmado entre los argumentos de la apelación presentada por los abogados del Estado Nacional en abril pasado.
La acción judicial fue tramitada bajo la carátula de amparo ambiental y era impulsada por el arco político oficialista de El Calafate, encabezado por el intendente kirchnerista Héctor Belloni; la presidenta del Concejo Deliberante local, Celia Beatriz Barría; el diputado provincial Carlos Alegría y la diputada nacional Ana María Ianni. Los demandantes cuestionaron la constitucionalidad de la reforma argumentando que reduce los estándares de protección y habilitaría actividades industriales en zonas antes vedadas.
En un punto central del fallo, el tribunal de alzada se explayó sobre la “legitimación de los demandantes”. La Cámara rechazó que el intendente, la concejal y los legisladores pudieran actuar como “representantes del pueblo de toda la provincia”, argumentando que esa voz pertenece exclusivamente al Congreso de la Nación. No obstante, el tribunal les reconoció la aptitud para litigar pero únicamente en su carácter personal, como ciudadanos que habitan el territorio y tienen interés en un ambiente sano.
A pesar del levantamiento de la suspensión, el fallo advirtió que sobre la región se superponen distintas “capas de protección” que tornan jurídicamente imposible la habilitación inmediata de proyectos nocivos. El tribunal destacó que en Santa Cruz rige la Ley Provincial 3123 que desde hace 15 años mantiene estándares tuitivos prácticamente idénticos a la ley nacional anterior. Además, recordó que gran parte del área en disputa se encuentra bajo la protección de las leyes 19.292 y 22.351 de Parques Nacionales, que prohíben cualquier tipo de explotación económica más allá del turismo.
En otro aspecto fundamental del fallo, los camaristas le cuestionaron al juez de primera instancia haber ignorado las reglas básicas de los procesos colectivos, definidos en las Acordadas 32/14 y 12/16 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estos reglamentos establecieron la creación del Registro Público de Procesos Colectivos para evitar el dictado de decisiones contradictorias en causas conexas o superpuestas.
En otro punto, la Cámara de Comodoro también cuestionó que la medida procura suspender una ley sancionada por el Congreso de la Nación, “lo cual exige extremar la prudencia con la que la cuestión debe ser evaluada”, aseguraron los jueces y recordaron que la Corte Suprema de Justicia ha sostenido “que las medidas cautelares no proceden respecto de actos administrativos o legislativos”.
En su análisis, la Cámara de Comodoro Rivadavia detalló una serie de severas falencias técnicas en la resolución del magistrado de primera instancia, a la que consideró carente de un examen riguroso y con fundamentos “precarios” en tanto que se le cuestionó haber dictado la suspensión de la norma sin siquiera detallar las novedades introducidas por la nueva ley, ignorar el marco legal preexistente e incluso desconocer los límites territoriales de su propia jurisdicción.
“Ningún pasaje de la exposición fue dedicado a, por lo menos, enunciar cuáles fueron las novedades introducidas por la Ley 27.804 (la cual no luce ni siquiera mencionada)”, detallan los jueces y agregan la sentencia “no supera el test de adecuada fundamentación y razonabilidad al que ha sido sometida y afirman que no contiene un examen riguroso de la problemática constitucional puesta en tela de juicio.
Tras conocerse el fallo desde la Procuración del Tesoro, litigantes en la causa aseguraron que continuarán ejerciendo la defensa judicial del Estado Nacional y de la plena vigencia de la Ley N° 27.804 frente a los distintos planteos promovidos “para impedir la aplicación de una norma debatida y debidamente sancionada por el Congreso de la Nación” y aseguraron a través de un comunicado: “El Poder Judicial puede controlar la constitucionalidad, pero no reemplazar opciones regulatorias razonables por otras que considere, por el criterio de un juez, más prudente o más conveniente”.
pic.twitter.com/smUcIsdnQs,June 1, 2026,Mariela Arias,Conforme a
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Ley de Glaciares: la Justicia dejó sin efecto la sentencia que frenaba la reforma en Santa Cruz
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares en Santa Cruz, tras considerar que no se evidencia un daño ambiental inminente.
La acción de amparo colectivo había sido impulsada por el intendente de El Calafate y legisladores provinciales, quienes reclamaban la suspensión de la reforma por presuntos riesgos ambientales.
La Cámara, integrada por Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, reconoció la legitimación de los accionantes en su carácter de “parte afectada”, al entender que el derecho a un ambiente sano ampara a todos los ciudadanos por igual, más allá de los cargos que ocupen. Sin embargo, rechazó que pudieran autoerigirse como representantes del pueblo de toda la provincia.
“Ni el Intendente de El Calafate, ni la Presidenta de su Concejo Deliberante o los legisladores que suscribieron el escrito de inicio, poseen legitimación para auto arrogarse la representación del pueblo de toda una Provincia en el sentido que aquí han pretendido”.
La sentencia criticó que el juez de primera instancia no examinó las novedades sustanciales introducidas por la Ley 27.804, sancionada por el Congreso semas atrás, que no habilita una desprotección “arbitraria” de los glaciares, sino que exige estudios técnico-científicos, audiencias públicas e intervención del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) antes de cualquier modificación.
“El Juez Federal de Río Gallegos ni siquiera explicó los motivos por los que la nueva norma importaría un retroceso en materia ambiental, omitiendo referirse a la opinión técnica vertida por la Subsecretaría de Ambiente y las consultas cursadas por la OIT”, dijeron los camaristas en el fallo, al que tuvo acceso TN.
Un argumento central del fallo fue la existencia de “capas de protección” superpuestas en Santa Cruz. Al respecto, los jueces recordaron que gran parte de las zonas potencialmente afectadas tienen estatus de Parque Nacional, donde toda explotación económica ya se encuentra prohibida por leyes específicas.
Los camaristas también remarcaron la vigencia de la Ley Provincial 3.123, cuyos estándares de protección resultan “prácticamente idénticos” a la redacción original de la norma nacional. Según los jueces, este marco normativo local impide que la reforma federal habilite de forma inminente actividades contaminantes en la provincia.
El tribunal concluyó que el “peligro en la demora” invocado por los amparistas es “meramente conjetural y remoto”, ya que al no existir un “caso actual” de daño concreto, la validez de la ley debe debatirse en el marco del proceso principal, sin suspender anticipadamente sus efectos.
Las principales claves de los cambios en la ley de Glaciares
La reforma de la ley de Glaciares redefine el objeto protegido, limitando la protección a aquellos glaciares y al ambiente periglaciar que cumplan “funciones hídricas específicas”.
Cada provincia puede determinar qué glaciares protege y en cuáles se pueden habilitar actividades extractivas, como la minería. Aunque establece que las actividades proyectadas en glaciares y ambiente periglaciar deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental.
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La reforma modifica, además, el Inventario Nacional de Glaciares, que identifica y registra todos los glaciares y geoformas periglaciares.
Este seguirá a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que deberá actualizarlo cada cinco años con datos sobre ubicación, superficie y estado de conservación.
En cuanto a las actividades prohibidas, se encuentran aquellas que puedan “alterar de modo relevante” la condición natural o las funciones hídricas de glaciares y ambientes periglaciales.
Esto incluye acciones que impliquen su destrucción, traslado o que afecten su avance, como la explotación de hidrocarburos, la instalación de industrias o la construcción de obras.
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