El Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción se reunirá este lunes para la etapa final del juicio contra el exsenador Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel, acusados de contrabando en grado de tentativa por intentar ingresar a Paraguay más de 200 mil dólares sin declarar.

La sentencia podría conocerse durante la jornada que comenzará a las 9.30 horas.

El proceso judicial comenzó el 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel fueron detenidos en la frontera entre Foz do Iguaçu (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay). Viajaban en un vehículo Chevrolet Trailblazer y, según la acusación fiscal, transportaban una suma de dinero en efectivo que no fue declarada ante las autoridades aduaneras paraguayas.

La Fiscalía sostiene que se configuró un delito de contrabando en grado de tentativa y solicitó una pena de dos años y dos meses de prisión, cercana al máximo previsto para ese tipo penal, que es de dos años y medio.

La defensa, a cargo de los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, argumentó que el dinero no constituye mercancía y que, por lo tanto, no puede configurarse el delito de contrabando.

Durante los alegatos, Kueider afirmó que “ni él ni su pareja cometieron delitos” y que “eso quedará demostrado” tanto en este juicio como en otras causas que se tramitan en Paraguay y en la Argentina. Los acusados no prestaron declaración durante las audiencias.

El tribunal está integrado por las juezas Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete Piris. Tras la audiencia de mañana, los magistrados se retirarán a deliberar.

Las causas en la Argentina

Kueider y Guinsel cumplen prisión domiciliaria en Paraguay desde hace un año y medio. Ese tiempo será computado en caso de que se dicte una condena firme.

Paralelamente, ambos fueron procesados en la Argentina por lavado de activos, en una causa vinculada a la compra de seis departamentos con cocheras en un edificio de lujo de Asunción.

En la Argentina, el exlegislador enfrenta dos expedientes por presunto enriquecimiento ilícito: uno en el Juzgado de Garantías 2 de Concordia y otro en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de San Isidro.

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La jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó su extradición, trámite que cuenta con la aprobación de las autoridades paraguayas y que se encuentra pendiente de definición de competencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Cámara Federal de San Isidro rechazó recientemente un pedido de eximición de prisión, lo que implica que Kueider podría ser detenido de inmediato en caso de regresar al país.

Edgardo Kueider, Paraguay, Justicia

El ex jefe de Gabinete de la administración libertaria Guillermo Francos volvió a elogiar la decisión de nombrar a Diego Santilli como sucesor de Manuel Adorni. Según admitió, ambas desvinculaciones del Gobierno se produjeron por motivos similares. “El presidente consideró que era el momento oportuno para cambiarlo, como en su momento lo hizo conmigo”, argumentó. En sus declaraciones, trazó un diagnóstico sobre el presente político del Gobierno, el escenario electoral de 2027 y la agenda legislativa pendiente. “Yo creo que el presidente Milei va a ser reelecto el año próximo”, destacó.

En materia electoral, Francos argumentó que un segundo mandato le permitiría a LLA consolidar las reformas ya en marcha y avanzar con las que aún no lograron consenso parlamentario, dado que una nueva victoria electoral ampliaría el poder legisltativo del oficialismo. “Cuando uno compara la gestión de gobierno actual con las anteriores… el pueblo argentino lo va a ver”, dijo.

Descartó que la figura de Mauricio Macri y una posible candidatura, ponga en riesgo al oficialismo. “¿Cuántos dirigentes importantes de este gobierno provienen del PRO?“, cuestionó. E inmediatamente explicó su teoría: ”Yo creo que se va generando una amalgama de fuerzas políticas y de dirigentes muy importantes. Al final va a tener menos importancia si viene de la Libertad Avanza o viene del PRO, si no si son fuerzas que confluyen en las ideas de la libertad”.

Para Francos, la figura de Macri es “absolutamente respetable”. De igual forma, alcaró que si quiere posicionar al partido que fundó, no debe olvidarse que “tiene varios dirigentes que están dentro del Gobierno”.

En materia de gestión, el ex funcionario mencionó el vínculo con las provincias, y sobre ese punto destacó el rol de Santilli. En diálogo con el canal LN+, aseguró que el perfil del nuevo jefe de Gabinete responde a la necesidad de tender puentes. El Presidente “hizo una excelente elección”, sostuvo, dado que quería volver a la forma en la que habían comenzado a trabajar al principio de la gestión “para conseguir acuerdos en un momento muy complejo”. “Realmente teníamos en ese momento una debilidad muy grande en el Parlamento”, profundizó Francos, lo cual demandaba el apoyo de los gobernadores.

La elección del ex ministro del Interior apunta a reconstruir ese vínculo “para poder aprobar leyes importantes, obtener los acuerdos para la justicia”, entre otras cosas, indicó.

Con Manuel Adorni en el Gobierno “la atención estaba centrada en un hecho político”, opinó, provocando una falta de atención en los temas que debían tratarse en el Congreso. “Creo que se resolvió finalmente el tema”.

En esa misma línea, se refirió a las PASO y se pronunció a favor de la eliminación. Las definió como “un invento” que nació para resolver una interna partidaria y que derivó en transferirle a la ciudadanía la responsabilidad de elegir candidatos, algo que le parece “mal desde todo punto de vista”.

“La responsabilidad de poner los candidatos es de los partidos no es de la gente, son los partidos los que tienen la responsabilidad de ofrecerle al pueblo las candidaturas que considere cada uno más conveniente”, argumentó y apoyó la iniciativa de eliminarlas definitivamente, “que sería lo mejor, pero si no hay acuerdo, por lo menos suspenderlo hasta que se consigan los números para terminar con esto”. “Se ha convertido en un sistema muy costoso, que es evitable y no tiene sentido político ni institucional”, sostuvo.

Entre las prioridades legislativas que mencionó figura la autonomía del Banco Central y la reforma que busca prohibirle a la entidad financiar el déficit del sector público, iniciativas que el exfuncionario consideró fundamentales para la estabilidad económica del país.

“Con la reforma de la Carta Orgánica, el kirchnerismo había bajado el cuadro de esa autonomía que tenía el Banco Central porque lo veían como un arma de emisión política o de emisión de dinero”, repasó Francos.

Pese a sus consideraciones respecto del Gobienro nacional y la gestión, el ex jefe de Gabinete descartó regresar a la gestión. “´Pero como siempre dije, yo estoy dispuesto a participar. Llevo la política en la sangre, como se podría decir”, aclaró.

Por último, reconoció: “Estamos pasando un momento difícil, porque no se pasa de una situación como la que vivíamos a una situación de bienestar total de un día para otro. Son procesos que llevan su tiempo. Pero si un país invierte lo que se está invirtiendo en la Argentina, si hay grupos económicos, países, empresas que eligen la Argentina para invertir, es porque se generó un cambio tan importante en estos dos años y medio que ha generado fundamentalmente confianza en el mundo”.

El Gobierno nacional aprobó otorgar un anticipo financiero de hasta $400.000.000.000 para la provincia de Córdoba durante el Ejercicio Fiscal 2026. La medida se oficializó mediante la publicación del decreto 584/2026 en el Boletín Oficial.

La decisión, instrumentada por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, responde a la solicitud presentada por las autoridades provinciales ante la imposibilidad transitoria de atender compromisos presupuestarios y amortización de deudas.

El mecanismo elegido por el Gobierno nacional se ampara en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto, que habilita al Ministerio de Economía a anticipar fondos a las provincias sobre la base de su participación en la recaudación de impuestos nacionales.

El monto máximo a desembolsar será determinado por la Secretaría de Hacienda, considerando la capacidad de repago de Córdoba y su participación en el régimen de coparticipación federal. La devolución del anticipo deberá realizarse dentro del ejercicio fiscal en curso, a través de retenciones automáticas sobre los fondos coparticipables que la provincia percibe del Tesoro Nacional. La tasa de interés fijada es del 15 % nominal anual, que se aplicará sobre el saldo pendiente desde el desembolso hasta la efectiva devolución.

El decreto faculta a la Secretaría de Hacienda a definir el cronograma de desembolsos, las formas de cancelación y cualquier otra condición aplicable al acuerdo con la provincia. La administración cordobesa, por su parte, deberá afectar su participación en el Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la Nación y las Provincias —establecido por la Ley N° 23.548— y en otros recursos coparticipables, hasta cubrir el monto anticipado más los intereses generados.

La decisión de otorgar anticipos financieros a las distintas provincias se fundamenta en la necesidad de brindar soluciones inmediatas a las dificultades de liquidez que pueden atravesar las provincias. El artículo 124 de la Ley N° 11.672 establece la obligatoriedad de reintegrar los anticipos dentro del mes de su otorgamiento, aunque el Poder Ejecutivo puede ampliar ese plazo hasta el cierre del ejercicio fiscal, previa opinión favorable del Ministerio de Economía.

A lo largo de los últimos meses, se implementaron medidas similares para otras jurisdicciones. Por ejemplo, en enero de este año, la Provincia de Entre Ríos recibió un adelanto de $220.000 millones, posteriormente ampliado, y en el mismo año se otorgaron anticipos de hasta $400.000 millones a las provincias de Santa Fe y Jujuy, entre otras, en condiciones equiparables a las de Córdoba.

La normativa establece que el anticipo se destina exclusivamente a cubrir necesidades financieras transitorias y no implica recursos adicionales de libre disponibilidad. El Gobierno de Córdoba deberá formalizar acuerdos con la Secretaría de Hacienda para precisar las condiciones de desembolso y devolución. Además, la intervención de la Contaduría General de la Nación y la Tesorería General garantiza el registro y control de la operación en el marco del presupuesto nacional.

En la fundamentación del decreto, se destaca que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía tomó intervención, y que la medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional.

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