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Senado: libertarios y aliados quieren sesionar el miércoles 8 para aprobar la ley de propiedad privada

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Tras la no sesión del jueves pasado y un intento que fue descartado rápido para la corriente semana, los jefes del oficialismo libertario y la oposición dialoguista del Senado se juntaron ayer en las oficinas de la Unión Cívica Radical (UCR) para intentar ir al recinto el miércoles próximo, con el fin de aprobar la demorada ley de propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. No obstante, nada está asegurado.

Para que todo esto avance, los titulares de las bancadas tendrán que validar lo charlado en una reunión de Labor Parlamentaria. Según pudo saber Infobae, la misma fue sugerida para las 13 de hoy. La activación de la misma quedó en manos de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, que desde el lunes recibió una solicitud formal de quien comanda La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich (Buenos Aires).

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En caso de consumarse la cumbre y que se ratifique el acuerdo de las últimas horas, la idea de oficialismo y dialoguistas es aterrizar al recinto a partir de las 9 del miércoles que viene -8 de julio-, con el objetivo de no terminar muy tarde y permitir a legisladores el regreso a los distritos. Un caso puntual: la tucumana Beatriz Ávila desea estar por la noche en su provincia para la vigilia, en la Casa Histórica, por el aniversario 210 de la Declaración de la Independencia. Allí estará el primer mandatario, Javier Milei.

De esta manera, y si bien se estima que habrán cuestiones de privilegio y homenajes que consumarán largos minutos, el objetivo de los senadores es terminar la sesión por la tarde. Todo esto, siempre y cuando se realice Labor Parlamentaria en las próximas horas. Además, la eventual cita tendría el tratamiento de un lote de pliegos judiciales ya dictaminados y, ya en caso de un milagro, la aprobación de ascensos diplomáticos que esperan desde el inicio de la gestión libertaria, una cuestión que se convirtió en una bola de nieve en Cancillería, que lidera Pablo Quirno.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger (Prensa Senado)

En cuanto a propiedad privada, lo cierto es que la iniciativa fue desplumada por los dialoguistas. Bullrich apuró un despacho en un plenario de comisiones y, desde allí, al menos una docena de borradores fueron intercambiados entre bancadas para llegar a un texto final. De hecho, hay quienes aún ponen en duda, incluso, la última versión. Otros, en tanto, hablaron de sesionar un lunes. Así es el clima de la Cámara alta.

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Con las horas acotadas, podría quedar afuera la ley “Hojarasca”, que elimina una serie normas vetustas y ya tiene el visto bueno de Diputados, por lo que quedó al filo de la sanción. Los aliados ya le habían avisado a Bullrich que, de los proyectos que pretenda el Ejecutivo, irían con uno por sesión. Para este caso en particular no había objeciones para hacer una excepción, pero prefieren no arriesgar con los tiempos y el compromiso de terminar un potencial encuentro más temprano de lo habitual.

Antes que se dictaminara, la ley de propiedad privada recibió un mazazo con la eliminación del capítulo entero relacionado con barrios populares. No obstante, en las recientes semanas estalló un inconveniente más delicado: la venta de tierras a extranjeros. En el último borrador visto por este medio aparece la “prohibición para la adquisición” de tierras rurales “por parte de los Estados Extranjeros”.

También regiría una inhabilitación “para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia” donde se halle “ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”.

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Durante el convite de ayer -finalizó pasadas las 17- marcaron presente, además de Bullrich -se retiró antes-, los presidentes de la UCR en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes); del PRO, Martín Goerling Lara (Misiones); de Provincias Unidas, Carlos Espínola (Corrientes); de Encuentro Misionero, Carlos Arce; y la legisladora radical Mariana Juri (Mendoza), entre otros.

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La causa por la mansión de Pilar llegó a la Corte Suprema: el fiscal pidió revisar qué juez debe investigar a la cúpula de la AFA

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La causa en la que se investiga la compra de la mansión de Pilar que se vincula con el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, llegó a la Corte Suprema.

El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, presentó un recurso de queja para que el máximo tribunal revise la decisión que dejó el expediente en manos de la Justicia federal de Campana.

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Villar recurrió a la Corte luego de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declarara inadmisible su recurso extraordinario. En esa presentación, el fiscal busca que se revoque el fallo que asignó la causa al juzgado federal de Campana y que intervenga la Justicia competente tanto por la materia como por el territorio.

El planteo se centra en la garantía del juez natural. Para Villar, la resolución de Casación no tuvo en cuenta que la investigación no se limita a la propiedad de Pilar: también abarca presuntas maniobras económicas vinculadas con la AFA y un posible delito precedente de administración fraudulenta contra la asociación. Como la sede de la entidad está en la Ciudad de Buenos Aires, sostiene que la causa debe tramitar en ese distrito.

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Caso Andis: amplían el procesamiento de Spagnuolo y otros acusados por el esquema de sobreprecios en la compra de insumos

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El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento contra Diego Spagnuolo, el primer director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) del gobierno de Javier Milei, y otros involucrados en la causa que investiga presuntos desmanejos en el organismo.

Lijo dispuso ampliar la acusación por el presunto pago de sobreprecios en la compra de insumos médicos y ortopédicos del programa Incluir Salud. La medida alcanza a Spagnuolo, Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y al empresario Miguel Ángel Calvete, sindicados como los jefes de una “asociación ilícita” que cooptó la Andis.

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El presunto esquema de sobreprecios no se limitó a los medicamentos sino que también alcanzó a prótesis, implantes auditivos, sillas de ruedas y los materiales de traumatología, cardiología y neurología que la Andis compraba, y, en términos provisorios, superó la barrera de los $7800 millones, tal como se desprende de un escrito firmado por el juez.

Además de ampliar la acusación contra Spagnuolo y otros cuatro imputados, Lijo procesó hoy a un grupo de empresarios por los sobreprecios detectados en la compra de insumos.

Diego Spagnuolo, extitular de la Andis, está acusado de ser jefe de una asociación ilícita Enrique García Medina

“El relevamiento permite tener por acreditada, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, la existencia de sobreprecios en las contrataciones de insumos examinadas, cuyas diferencias económicas ascienden, hasta el momento, a un total de $1.849.277.963″, señaló el magistrado.

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La cifra surge de un relevamiento y planillas incorporadas al expediente que consideró las operaciones de al menos seis empresas con la Andis. “Esta cifra representa únicamente el resultado de las operaciones relevadas y constituye un piso de las diferencias detectadas, pues la auditoría no comprendió la totalidad de las compulsas y adjudicaciones realizadas durante el período investigado”, aclara el texto judicial que lleva la firma de Lijo.

Esto se suma al trabajo que ya había realizado la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sobre las compras de medicamentos. “Examinó once productos y calculó diferencias de precios por $5.984.594.394,24″, trajo a colación esta nueva ampliación de procesamientos. Si ambas cifras se sumaran, el número superaría los $7000 millones.

“En definitiva, las diferencias de precios verificadas hasta el momento en los rubros medicamentos ($5.984.594.394,24) e insumos ($1.849.277.963) permiten establecer, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, una afectación económica estimada en $7.833.872.357,24″, señala el documento judicial.

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Según la resolución de Lijo, una “organización delictiva” que presuntamente funcionó al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 manipuló las compulsas de precios del Programa Incluir Salud, mediante el cual el organismo compraba medicamentos e insumos. La imputación agrega: “Simulando competencia entre oferentes y direccionando adjudicaciones” a favor de empresas elegidas de antemano, a cambio de retornos para funcionarios.

En febrero pasado, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Spagnuolo por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), asociación ilícita, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

Hoy, Lijo ratificó a Spagnuolo, Garbellini, –ex número dos de la Agencia–, y a Calvete como los supuestos jefes de “una asociación ilícita” que operaba en la Andis y amplió los embargos. En el caso de Calvete, también le imputó el delito de lavado de activos. En su acusación, además, el juez sumó a otros empresarios.

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Las planillas y auditorías analizadas por el juez incluyeron los informes que Alejandro Vilches, exinterventor de la Andis, había trabajado. Tal como informó , el exfuncionario y el Ministerio de Salud habían enviado a la Justicia ese material que comparaba precios de compras del organismo y del PAMI, con presuntos desvíos de 1972% “técnicamente indefendibles”.

Uno de los casos detectados fue el de un paciente en Río Negro necesitaba una prótesis para amputación. En los papeles, aparecía un documento que decía que había sido entregada, pero eso era falso. O una factura que se pagó dos veces. Y comparaciones como compras por $425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. “A modo comparativo, se constató que el PAMI, a nivel central (…), adjudicó el 25 de marzo de 2025 a la firma Siprotec SA. el mismo sistema por un valor unitario de $124.200.000″, contrastó el informe oficial.

Fuentes cercanas a Spagnuolo señalaron que “la condición jerárquica” no autoriza “por sí sola” a presumir “responsabilidad”. Garbellini, otro de los exfuncionarios investigados en esta causa, quien se encargaba de la aplicación del programa Incluir Salud, siempre negó sobreprecios y rechazó haber percibido coimas.

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Garbellini es quien escribió el mensaje de las ofrendas. “Sus ofrendas de esta semana”, le escribió el por entonces director de Acceso a los Servicios de Salud de Andis a uno de los contratistas del organismo de Discapacidad, Miguel Calvete. Ese mensaje, del 24 de julio de 2025, estuvo acompañado por una tabla con 10 empresas y al lado una cifra. Los montos, que en total suman $2.021 millones, y los nombres de las compañías coinciden con los certificados de pago emitidos ese mismo día, a los que tuvo acceso .

Para el fiscal Franco Picardi, esto es muestra de un presunto circuito de dinero que terminaba en coimas. Por el contrario, según Garbellini, la expresión de las “ofrendas” se debió al modo en que Calvete le reclamaba “religiosamente” el pago de deudas “dando sermones cargados de retórica pesada y moralista”, tal como declaró ante la Justicia. “Expresiones así eran comunes, utilizadas por los proveedores como una manera de presionar agilidad en la gestión”, agregó Garbellini mientras sostuvo que no configuraba hecho de “complicidad” o corrupción.

La defensa de Calvete, uno de los empresarios procesados, también solicitó periciar los números de las contrataciones y que el Ministerio Público Fiscal había hecho “una construcción unilateral” de los precios de los insumos, mientras que el abogado de Pablo Atchabahian, adelantó que el lobista está preparando su declaración para explicar “el tema de las licitaciones”.

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La causa se inició en agosto de 2025 con una denuncia presentada tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo. Y ahora avanza mientras mira qué pasó con las compras de la exAndis.



incluyeron los informes,Ignacio Grimaldi,Conforme a

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Los empleados bancarios recibieron otro aumento salarial en sintonía con la inflación: cuánto cobrarán desde septiembre

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La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales un aumento del 1,9% para septiembre, que elevará el sueldo inicial de la actividad a $2.552.560,34.Y con el plus de participación en las ganancias, de $73.786,55, el ingreso total se ubicará en la cifra récord de $2.626.346,89.

Según anunció el sindicato que lidera Sergio Palazzo, el acuerdo establece que el mismo mecanismo salarial (que eleva los sueldos según la cifra exacta de la inflación) continuará durante octubre, noviembre y diciembre, con el alcance previsto en los convenios firmados hasta ahora. La negociación paritaria seguirá durante la segunda quincena de enero de 2027.

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Se informó que la actualización se aplicará a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, incluidos los adicionales convencionales y no convencionales. Con este ajuste, los salarios acumulan un aumento del 23,6% en los primeros nueve meses del año respecto de diciembre de 2025.

Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria

Por el Día del Bancario, además, ambas partes definieron que el monto mínimo será de $2.275.519,25 y deberá abonarse hasta el 6 de noviembre.

De esta forma, los sueldos de los bancarios tuvieron otra importante mejora ya que se mantiene el acuerdo de otorgar un aumento atado a la inflación.

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El 6 de este mes, por otra parte, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, homologó la paritaria firmada por el Sindicato de Camioneros y las cámaras empresariales, en una convalidación oficial al aumento del 9,9% en 6 tramos hasta febrero de 2027.

Hugo Moyano, líder del Sindicato de Camioneros

Así surge de una resolución firmada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, que le dio amplia validez legal al acuerdo alcanzado por el gremio liderado por Hugo Moyano, que, una vez más, estuvo en sintonía con la pauta salarial del Gobierno ya que no supera la inflación prevista.

La mejora salarial, anticipada por Infobae, se pagará de esta forma: 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y 1,5% en febrero. El entendimiento, además, contempla una suma fija no remunerativa de $18.000 para septiembre y un bono anual de $1.200.000, que se abonará en 4 cuotas de $300.000 desde enero.

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La negociación incluyó un aumento de la contribución patronal extraordinaria a la obra social, que pasó de $25.000 a $29.000 mensuales por trabajador. Con cerca de 190.000 afiliados, el aporte representa una recaudación patronal aproximada de $5.510 millones mensuales para la entidad de salud del sindicato.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero

Mientras, como informó Infobae, los salarios formales mostraron una mejora en agosto, pero la evolución del poder adquisitivo desde el inicio del actual Gobierno exhibe diferencias marcadas entre las actividades económicas. Mientras que el salario promedio del empleo privado registrado logró ubicarse por encima del nivel de noviembre de 2023, las remuneraciones acordadas en las principales paritarias aún se encuentran por debajo.

De acuerdo con los datos provisorios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el salario medio del empleo privado registrado aumentó 1,3% real en agosto respecto del mes anterior, en la serie desestacionalizada.

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En tanto, la remuneración promedio de los principales convenios colectivos de trabajo avanzó 0,9% en el mismo período. En ambos casos, las variaciones reflejan una mejora del poder de compra frente a la inflación.

Sin embargo, el balance desde noviembre de 2023 muestra resultados diferentes. El salario promedio del sector privado registrado se encuentra 1,2% por encima de aquel nivel, mientras que el correspondiente a los principales convenios acumula una pérdida real de 6,9%.

Los salarios formales mostraron una mejora en agosto, según estadísticas del Gobierno (Foto: Reuters/Francisco Loureiro)

Según la Secretaría de Trabajo, la trayectoria de ambas series también fue distinta. Después de la fuerte caída registrada en diciembre de 2023 y enero de 2024, los salarios privados iniciaron una recuperación que les permitió superar el nivel de noviembre de ese año en septiembre de 2024 y alcanzar un máximo durante el primer trimestre de 2025. Desde entonces, atravesaron fluctuaciones, aunque en agosto de 2026 conservaron una mejora acumulada.

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Los salarios negociados en paritarias, en cambio, avanzaron hasta comienzos de 2025, pero desde el segundo trimestre de ese año ingresaron en una tendencia descendente que no lograron revertir por completo. El resultado agregado, de todos modos, esconde diferencias importantes entre las actividades.

Entre los sectores con mayores incrementos acumulados se destacaron las entidades deportivas, con una suba real de 15%, seguidas por la actividad gráfica, con 13,2%. Gastronomía y hoteles, y farmacias también exhibieron avances significativos, ambos del 11%.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

A ese grupo se sumaron transporte de carga, seguridad, maestranza, frigoríficos e industria aceitera, que también lograron mejoras reales durante el período analizado.

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En el extremo opuesto, la actividad textil registró la mayor pérdida de poder adquisitivo, con una caída acumulada de 32% respecto de noviembre de 2023. Le siguieron comercio, con una contracción de 18%; transporte de pasajeros, con 13%; y encargados de edificios, con 12,1%.

También hubo retrocesos en sectores con una participación relevante en el empleo formal. Sanidad, industria metalúrgica, alimentación y construcción acumularon bajas de entre 5% y 9% en términos reales frente al nivel de noviembre de 2023.

Corporate Events,South America / Central America,Government / Politics

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