Casi sin sobresaltos, apenas si debieron enfrentar una serie de preguntas técnicas, los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola defendieron ante la Comisión de Acuerdos del Senado sus nominaciones para convertirse en vocales de la Cámara Nacional de Casación Penal porteña, tribunal judicial estratégico que tiene a su cargo la supervisión y revisión de lo actuado por los juzgados federales de Comodoro Py.

En gran parte, que la audiencia pública haya sido casi un trámite formal fue por responsabilidad del kirchnerismo, que volvió a darle la espalda a una reunión de la Comisión de Acuerdos. Del peronismo, solo participaron del encuentro los miembros del bloque Convicción Federal, Carolina Moisés (Jujuy) y Guillermo Andrada (Catamarca).

Elegidos por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y avalados por el presidente Javier Milei, ambos candidatos quedaron un paso más cerca de obtener la luz verde para convertirse en camaristas cuando, al final de la reunión de la comisión, el oficialismo puso a circular para la firma los dictámenes favorables para ambos postulantes.

La intención de la jefa de la bancada libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital), es tener los despachos habilitados para su tratamiento para la próxima sesión. Por el momento, esa reunión no tiene fecha, pero en el oficialismo piensan en convocarla el jueves de la semana próxima.

El apuro del oficialismo tiene una explicación. Si consiguen el voto del pleno de la Cámara alta, Yadarola y Bertuzzi se integrarán en la Cámara de Casación y tendrán la posibilidad de intervenir como jueces de alzada en causas en las que se investigan maniobras de corrupción que involucran al propio Presidente y a su hermana, Karina Milei.

Los casos más urticantes para la Casa Rosada son las denuncias de pago de coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (Andis), el caso $LIBRA y la denuncia por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni.

En el caso de Bertuzzi, ya integra la Cámara de Casación Penal. Lo hace desde 2018, cuando fue trasladado desde un tribunal oral con sede en La Plata por decreto del entonces presidente Mauricio Macri.

El propio postulante hizo mención de su ingreso al tribunal como parte de una extensa carrera en el Poder Judicial. Sin embargo, nada dijo de cómo se realizó su traslado a la Cámara de Casación.

Sí lo hizo Bullrich al felicitarlo “por haber cumplido con la manda de la Corte Suprema de Justicia” por haber concursado para reivindicar su vocalía en la Cámara de Casación Penal.

“Son 37 años en la justicia federal. Llevo 18 años como juez federal, ocho de los cuales los vengo desempeñando en la Sala I y eso me ha permitido conocer y trabajar de primera mano la instrucción, sustanciación y la resolución de diferentes causas de delitos federales complejos, de delincuencia organizada, delitos económicos y derechos humanos”, afirmó.

Yadarola, en tanto, aspira a ocupar la vocalía en la Cámara de Casación Penal que ocupaba Leopoldo Bruglia, quien presentó un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitar su reemplazo. Es juez en lo penal económico, cargo en el que investiga la falta de control de un avión privado atribuido al empresario Leonardo Scaturicce, vinculado con el asesor presidencial Santiago Caputo.

En su exposición ante los miembros de la Comisión de Acuerdos, Yadarola también destacó su extensa trayectoria como empleado del Poder Judicial y que su ingreso a la Justicia Federal, en 2004, le permitió “trabajar en delitos complejos, de narcotráfico y contra la administración pública”.

“La Cámara es de vital trascendencia institucional”, agregó Yadarola, quien elogió el trabajo de sus posibles compañeros al destacar que “armaron un sistema de gestión trazable”. En caso de acceder al cargo, se comprometió a “intentar darle estabilidad a las decisiones judiciales, no solo de los casos, sino a darle seguridad y previsibilidad jurídica a los ciudadanos”.

Entre sus antecedentes políticos, Yadarola cuenta con el hecho de haber integrado el grupo de jueces invitados a la estancia del empresario Joe Lewis en Lago Escondido.

La audiencia empezó casi cuarenta minutos tarde y los primeros postulantes en pasar a defender sus nominaciones fueron Nuria Saba Sardañons y Hernán Figueroa, propuestos para defensores públicos ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional y en lo Penal Económico porteños, respectivamente. La tanda inicial se completó con Luciana Califano, propuesta para jueza en el fuero civil de la Capital Federal.

Este grupo fue sometido a algunas preguntas, ninguna polémica. A Califano, la senadora Bullrich le preguntó su opinión sobre el proyecto de ley sobre falsas denuncias. La candidata respondió que, antes que agravar penas, una reforma debería “darles a los procesos penales donde se denuncian abusos sexuales infantiles una celeridad que no tienen” en la actualidad, para acotar el tiempo de separación del padre acusado ante la eventualidad de que haya sido imputado sin fundamentos.

Después, fue el turno de tres postulantes a magistrados en el fuero Criminal y Correccional de la Capital Federal. Desfilaron por el estrado Javier Pereyra, nominado para juez del Juzgado N° 3 de la Capital Federal, y Vanesa Silvana Alfaro y Marian Saludna, postuladas a camaristas del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 y N° 25 de la Capital Federal, respectivamente.

La tercera tanda estuvo integrada por una postulante a fiscal ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Natalia Crede, y los postulantes a jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal, Evangelina Lasala, y en el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45 de la Capital Federal, Sebastián Ghersi.

También expusieron Juan Manuel Cabral, nominado a vocal de la sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil porteña; Sergio Alejandro Echegaray y Maximiliano Callizo y Diego Villaneva, candidatos para los juzgados Nacional en lo Criminal y Correccional 44, 58 y 42 de la Capital Federal.