POLITICA
Señal del Gobierno: reformará el proceso de selección de los jueces de la Corte para acelerar los nombramientos

El presidente Javier Milei decidió avanzar con una reforma del proceso de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un decreto que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial, según pudo confirmar Infobae. La norma, elaborada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, modificó el régimen establecido por el Decreto 222/03 —y sus modificaciones posteriores, entre ellas el Decreto 267/2024— y apuntó a eliminar duplicaciones administrativas, reducir plazos y modernizar el sistema de publicación de antecedentes de los candidatos. El objetivo declarado fue agilizar el proceso de cobertura de vacantes. El Ministerio de Justicia continuará siendo la autoridad de aplicación en todos los casos.
El movimiento se produjo en un momento particular: la Corte Suprema funciona con tres de sus cinco integrantes previstos por ley. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti condujeron el tribunal desde que dos lugares quedaron vacantes —el de Elena Highton de Nolasco, en 2021, y el de Juan Carlos Maqueda, a fines de 2024—. El año pasado, el Gobierno intentó cubrir esas vacantes con el juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla, pero no logró reunir los dos tercios del Senado que exige la Constitución. Lijo fue sometido a votación y no alcanzó los votos necesarios. García-Mansilla fue nombrado en comisión, asumió y ejerció durante algunas semanas, hasta que presentó su renuncia. Milei fue claro al respecto: solo avanzará en la integración del tribunal cuando el equilibrio de poder le permita hacerlo sin negociar con el kirchnerismo.
Con ese escenario de fondo, el decreto que se publicará en las próximas horas reorganiza el proceso en varios planos.

Qué establece el régimen vigente
Para entender el alcance de los cambios, es necesario repasar qué dice la normativa actual. El Decreto 222/03 estableció un procedimiento administrativo interno en el Poder Ejecutivo que funcionaba como filtro previo a la nominación presidencial. Producida una vacante, el Ministerio de Justicia tenía un plazo máximo de 30 días para publicar en el Boletín Oficial y en al menos dos diarios de circulación nacional —durante un mínimo de tres días— el nombre y los antecedentes del candidato propuesto. Durante los 15 días posteriores a esa publicación, ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y colegios profesionales podían presentar ante el Ministerio observaciones o impugnaciones fundadas sobre el postulante.
Solo después de cumplido ese proceso administrativo dentro de la órbita del Ejecutivo, el Presidente elevaba el pliego al Senado. Allí, el candidato enfrentaba una nueva ronda de audiencias públicas, impugnaciones y, finalmente, la votación: para ser confirmado, necesita el voto afirmativo de dos tercios de los miembros presentes de la Cámara alta, en sesión pública, tal como establece el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional. Ese procedimiento constitucional y reglamentario del Senado no se modifica.
El decreto también recomendaba al Presidente tener en cuenta, al momento de la nominación, la composición general del tribunal en términos de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional de los candidatos.
La reforma introduce modificaciones en varios niveles del proceso administrativo previo a la nominación presidencial.

El cambio central es la eliminación de la instancia de publicación de antecedentes y recepción de observaciones ciudadanas dentro de la órbita del Ministerio de Justicia. Esa etapa “guarda similitud” con el procedimiento que ya contempla el reglamento del Senado y mantenerla implica una duplicación de instancias administrativas que solo demora el trámite sin agregar valor sustantivo, confirmaron a Infobae fuentes oficiales. En los hechos, la participación ciudadana y las impugnaciones seguirán siendo posibles, pero ocurrirán directamente en el Senado, no antes de que el pliego llegue a esa cámara.
En paralelo, el sistema de publicación se moderniza. La difusión de los antecedentes del candidato ya no se realizará en el Boletín Oficial ni en diarios de circulación nacional, sino en la página web oficial del Ministerio de Justicia, con plazos más cortos. El Gobierno sostiene que esta adecuación responde a la dinámica actual de comunicación y a las tecnologías disponibles, y que la reducción de los plazos de publicación contribuye a hacer el trámite más expedito.
En materia de información patrimonial y fiscal, el decreto introduce un régimen uniforme que aplica de manera homogénea a los candidatos de las diferentes instituciones e instancias. Se establece un plazo de cinco días para que los postulantes presenten sus declaraciones juradas patrimoniales bajo la Ley de Ética Pública 25.188. Además, se fija por primera vez un plazo específico para que la ARCA —el organismo recaudador— informe el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales del candidato, requisito que en la normativa anterior carecía de término establecido y que en la práctica podía convertirse en un cuello de botella burocrático.
Finalmente, el decreto suprime la recomendación de que el Presidente contemple la diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional al momento de la nominación. Se trata de un punto sensible: durante el proceso fallido de Lijo y García-Mansilla, la oposición utilizó esa cláusula como argumento para cuestionar las postulaciones y señaló que la normativa vigente orientaba al Ejecutivo a proponer mujeres y candidatos del interior del país. La reforma remueve ese requisito de la norma. Eso no implica necesariamente que el Gobierno vaya a insistir con perfiles similares a los anteriores, pero sí que la próxima vez no tendrá que responder a ese cuestionamiento.

Qué no cambia y el antecedente que explica la reforma
La reforma no toca el procedimiento constitucional ni el reglamentario del Senado. Las audiencias públicas, las impugnaciones ante la Comisión de Acuerdos y la votación por dos tercios de los miembros presentes permanecen intactas. Los mecanismos de publicidad, transparencia y participación ciudadana “no se suprimen” porque están garantizados en esa instancia, dijeron a Infobae fuentes con acceso al proceso. La diferencia sustantiva es que esa participación ya no tendrá una ventana administrativa previa en el Ejecutivo: ocurrirá directamente en el Senado, con el pliego ya elevado.
No todas las voces del arco político aliado comparten esa lectura. Jimena de la Torre, integrante del PRO y miembro del Consejo de la Magistratura, cuestionó la medida en sus redes sociales. “No retrocedamos en calidad institucional. La transparencia, la participación ciudadana y el control público no son trabas: son garantías republicanas. El Ejecutivo todavía estaría a tiempo de evitar una mala señal. La independencia judicial empieza por cómo se eligen los jueces de la Corte”, escribió.
El trámite fallido de Lijo y García-Mansilla dejó una marca. El período de observaciones en el Ministerio de Justicia extendió el proceso durante semanas antes de que los pliegos llegaran al Senado, donde el procedimiento se repitió en sus aspectos sustanciales. Impugnaciones, audiencias y cuestionamientos públicos ocurrieron dos veces: primero ante el Ministerio de Justicia y luego ante el Senado. La reforma apunta precisamente a eso: evitar que dos instancias con características similares se superpongan y demoren una designación que la Corte necesita para funcionar con su composición completa.
Con el proceso reformado, si el Gobierno decidiera avanzar con nuevas nominaciones, lo haría con un trámite más corto, una única ventana de participación ciudadana —la del Senado— y sin la obligación de justificar la composición del tribunal en términos de género, especialidad o geografía. Cuándo —y si— eso ocurre depende de una variable que Milei ya explicitó: los votos en el Senado.
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POLITICA
Máximo Kirchner presentó un proyecto para que los acuerdos con el FMI deban ser aprobados por el Congreso

Casi al mismo instante en que la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ponía en sus redes sociales que ya se encuentra en Buenos Aires, el diputado Máximo Kirchner ingresaba un proyecto de ley que busca restringir la posibilidad de que el Ejecutivo firme un nuevo acuerdo con el FMI sin que pase por el Congreso.
El proyecto de ley que lleva la firma de otros 15 diputados del bloque de Unión por la Patria y que cuenta con 22 artículos, busca también declarar “nulos de nulidad absoluta” los acuerdos que impongan condiciones sobre la regulación del movimiento de capitales en la Argentina.
La iniciativa, que deroga la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública y la reemplaza con un régimen más amplio, llega al Palacio Legislativo en un momento en el que el gobierno de Javier Milei recibe a la titular del FMI que llega al país por primera vez en 8 años.
El proyecto establece que toda operación de crédito público con organismos financieros internacionales requerirá una ley especial del Congreso con indicación del tipo de deuda, el monto máximo autorizado, el plazo mínimo de amortización y el destino del financiamiento. Asimismo, establece que queda expresamente prohibido el uso de decretos de necesidad y urgencia para estas materias.
El texto apunta directamente al Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025, con el que el gobierno de Milei instrumentó el Programa de Facilidades Extendidas con el FMI por DEG 15.267 millones —aproximadamente USD 20.000 millones—, sin pasar por el Congreso. Los actos dictados en violación de esa prohibición quedarán sujetos a nulidad absoluta e inoponibilidad internacional, y los funcionarios intervinientes serán personalmente responsables por los daños al Estado nacional con una acción imprescriptible.

El proyecto que es acompañado por Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Hilda Aguirre, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Marcelo Barbur, Agustín Rossi, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Julia Strada, Sabrina Selva y Jimena López; se estructura en 6 principios rectores: soberanía económica, corresponsabilidad entre acreedor y deudor, legitimidad de las políticas macroprudenciales, sostenibilidad de la deuda medida por la capacidad real de pago, transparencia con control democrático y multilateralismo activo.
El principio de corresponsabilidad es uno de los ejes más novedosos del texto: establece que cuando el FMI haya incumplido sus propias reglas o aprobado programas con motivación política, la responsabilidad por las consecuencias del fracaso es compartida. Para sostener esta idea, cita la evaluación de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI, que registró disidencias internas del staff sobre el cumplimiento de los criterios de acceso excepcional en el caso argentino de 2018 y clasificó la deuda en “zona gris”.
El texto señala que entre mayo de 2018 y el momento de la redacción, USD 45.100 millones salieron del país como formación de activos externos del sector privado, frente a USD 44.500 millones desembolsados por el Fondo.
Los autores del proyecto sostienen que esa equivalencia no fue accidental, sino el resultado de un programa aprobado sin exigir las medidas de administración de flujos de capital que el propio Artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI habilita. Sobre esa base, la ley manda al Poder Ejecutivo a promover ante la Junta de Gobernadores del organismo una enmienda que convierta en obligación —y no en mera facultad— el requerimiento de controles de capital cuando se verifique una salida considerable de divisas durante la vigencia de un programa.
La reforma del Convenio Constitutivo que el proyecto ordena impulsar tiene cuatro ejes. El primero es la sustitución de la redacción discrecional del Artículo VI por una obligación de actuar. El segundo es la creación de una “Facilidad de Recuperación Soberana” que permita convertir el crédito que exceda los parámetros normales de acceso en financiamiento de largo plazo, con plazos de entre 20 y 30 años, período de gracia de entre 7 y 10 años y sin sobrecargos. El tercero es la habilitación de períodos de recompra diferenciados para economías con restricción externa estructural. El cuarto es el reconocimiento formal de que el caso argentino configuró una categoría de exposición excepcional con fallas sistémicas del organismo.

Para blindar esas posiciones en el plano multilateral, el artículo 6 obliga al Poder Ejecutivo a coordinar con el grupo BRICS+, el Grupo de los Veinticuatro (G24), la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Grupo de los Veinte (G20). El proyecto cita la «BRICS Rio de Janeiro Vision for IMF Quota and Governance Reform“, del 5 de julio de 2025, como antecedente compatible con los ejes de enmienda que la ley convierte en mandato.
En materia de regulación macroprudencial, el artículo 8 ratifica las facultades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para establecer encajes sobre pasivos externos, aplicar límites a la formación de activos externos y adoptar cualquier otra medida de administración de flujos de capital. El artículo 9 va más lejos: ningún acuerdo con organismos financieros internacionales podrá contener cláusulas que obliguen a desmantelar esas regulaciones, bajo pena de nulidad absoluta en el derecho interno y de inoponibilidad ante foros internacionales, con invocación del artículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
El control parlamentario recae en una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de la Relación con Organismos Financieros Internacionales, que tendrá acceso pleno a toda la documentación de los programas sin limitaciones de confidencialidad, facultad de convocar obligatoriamente a funcionarios del Ejecutivo, del BCRA y de la Auditoría General de la Nación, y derecho a recibir informes semestrales del gobierno. El proyecto también introduce un umbral de endeudamiento externo —fijado en función de los gastos primarios corrientes— cuya superación requerirá mayoría especial de dos tercios en ambas Cámaras, salvo emergencia económica declarada por ley, catástrofe natural o guerra.
La disposición transitoria del artículo 20 fija un plazo de 90 días desde la entrada en vigencia de la ley para que el Poder Ejecutivo remita al Congreso un proyecto de ratificación o rechazo del programa vigente con el FMI. Hasta que el Congreso se pronuncie, el gobierno no podrá acordar nuevas ampliaciones ni modificaciones sustanciales del acuerdo. En caso de rechazo, toda nueva operación requerirá aprobación previa por ley.
La ley solo podrá ser modificada o derogada con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, una salvaguarda que busca dificultar su eventual reversión por un gobierno de distinto signo político.
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POLITICA
Pablo Quirno, el canciller militante que sigue el modelo de Marco Rubio y suma tensión a la pelea con Lula

“Los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza”, gritó Javier Milei y recogió los aplausos de la convención del Partido Liberal en San Pablo, que el sábado proclamó a Flávio Bolsonaro como candidato a presidente para enfrentar a Luiz Inácio Lula da Silva, calificado por el mandatario argentino, en ese mismo acto, de “ladrón” y “presidiario”.
Lo escuchaban extasiados en el escenario, como parte de la delegación, pero fuera de cámara, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, encargado de la diplomacia nacional, quien luego reposteó en sus redes sociales el discurso completo del Presidente, repleto de insultos y referencias críticas hacia su par brasileño y las políticas que lleva adelante. El ataque fue contestado por Lula a través del llamado a consultas de Brasil de su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli.
gentileza
La faceta “militante” del canciller, evidenciada en distintas oportunidades y compromisos, siempre al lado del Presidente, guarda similitudes con el estilo del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien combina los ritos de la diplomacia con una defensa irrestricta de las posturas ideológicas del presidente Donald Trump.
Quirno discutió en las redes con quienes criticaban el discurso de Milei en San Pablo y justificó los ataques con el argumento de que Lula da Silva había aportado asesores suyos a la campaña presidencial de Sergio Massa. En la misma línea, el jefe de gabinete, Diego Santilli, afirmó ayer que el oficialismo brasileño había dicho “barbaridades sobre el hoy Presidente” durante la campaña electoral que terminó con el triunfo libertario.
“Lo de Quirno no ayuda”, dicen en Itamaraty en referencia al canciller y su presencia en el encuentro con el alcalde de San Pablo, Tarcisio de Freitas, donde también estuvo Bolsonaro, con alfombra azul (símbolo del liberalismo) acompañando el ingreso del mandatario argentino. “La presencia de Quirno forma parte del mismo paquete, al cual ya reaccionamos fuerte”, contestaron a este diario desde Brasilia. Quirno no habló del episodio diplomático durante su paso, también acompañando al Presidente, en el cierre de la Exposición Rural en Palermo.
Desde que asumió el cargo en reemplazo de Gerardo Werthein, hace nueve meses, la actual cabeza de las relaciones exteriores argentinas acentuó la férrea alianza con Estados Unidos e Israel como principales ejes, pero a la vez exhibió un notorio lado B, que se muestra en las redes sociales, combinando ironía con el lenguaje agresivo y los ásperos modos que el presidente Javier Milei y el ejército digital libertario utilizan a diario para descalificar opositores, periodistas de medios de comunicación y voces que disienten con el relato oficial.
“Todavía no empezó el horario de protección al menor y el ministro Luis Caputo se pasea desnudo con [Luis] Majul”, escribió en abril pasado Quirno en su cuenta de X. Estaba mirando, en vivo, a su amigo y antiguo compañero desde el gobierno de Mauricio Macri en un reportaje con LN+, en el que el ministro de Economía defendía el otorgamiento de créditos millonarios a funcionarios y empleados públicos desde el Banco Nación.
“¡Me gustaría ir y pasar una semana!”, le contestó el canciller por aquellos días y en inglés al usuario Gavin Short, poblador de Malvinas, que lo invitaba a conocer las “Falklands”. En otro posteo de respuesta a otro presunto isleño, autodenominado Mr. Falkland, Quirno sostuvo: “No hay razón por la que no pudiéramos confiarnos el uno al otro. No hay mejor manera que acercarnos más para construir esa confianza”. La cordialidad del intercambio no cayó bien a la oposición al Gobierno, aunque Quirno endureció el discurso de soberanía de Malvinas con el correr de los meses.
“Un canciller no puede entrar en el barro”. le espetó un usuario de X. «¿ Por qué no?“, le contestó Quirno, sin complejos por su estilo desenfadado, que consigue adhesiones fervorosas entre los tuiteros y youtubers que responden al asesor presidencial Santiago Caputo. “Ave Quirno” es una de las frases de representantes de las Fuerzas del Cielo cada vez que el canciller publicita en las redes reuniones que lleva adelante desde el Palacio San Martín. A la vez, sostiene el vínculo de cercanía con Karina Milei, compañera casi infaltable de viajes internacionales junto al Presidente, como el de San Pablo, el fin de semana.
Aunque siempre negó tener interés en ocupar el cargo, distintos funcionarios incluyeron durante semanas a Quirno entre los posibles reemplazos de Manuel Adorni en la jefatura de gabinete, cargo que finalmente asumió Santilli hace poco menos de un mes. Durante la participación argentina en la Copa Mundial de futbol, Quirno se ocupó de desmentir a distintos medios de prensa que hablaban de una supuesta incomodidad del Presidente con Lionel Messi y parte del seleccionado por la bandera “Las Malvinas son argentinas”, mostrada luego del partido con Inglaterra.
Scioli, a distancia
En lo que hace al vínculo con Brasil, bien lejos parecen haber quedado las gestiones de buenos oficios del entonces embajador en Brasil, Daniel Scioli, para aquietar los ánimos entre Milei y Lula, una vez que ambos comenzaran su relación como presidentes. A Scioli, que supo cultivar un buen vínculo con Lula y a la vez con el expresidente Jair Bolsonaro y que hoy es secretario de Turismo y Ambiente, lo reemplazó Daniel Raimondi, diplomático de carrera de bajísimo perfil, quien luego de cerrar su celular fue a darle anoche explicaciones al canciller brasileño Mauro Vieira por los dichos del Presidente que encendieron una nueva trifulca diplomática entre los vecinos del Mercosur.
fue contestado,férrea alianza,en abril pasado,créditos millonarios,https://t.co/tOOuKELZ6t,July 25, 2026,Jaime Rosemberg,Conforme a
POLITICA
El gremio de los trabajadores estatales le escribió una carta a Kristalina Georgieva en su visita a la Argentina

En el marco de la visita institucional de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a la Argentina, los trabajadores estatales de la Junta Interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) del Ministerio de Economía presentaron una carta dirigida a la titular del organismo multilateral para repudiar su encuentro con el presidente Javier Milei.
“Para su visita a la Argentina, que incluirá un paso por el Ministerio de Economía, no espere alfombra roja, no espere pétalos de rosas. El organismo que usted preside ha exigido y aplaudido los recortes en personal y en nuestros salarios en los últimos 8 años, desde que firmaron un acuerdo durante el gobierno de Mauricio Macri», comienza la misiva.
El gremio de los trabajadores enumeró los acuerdos del FMI con los distintos gobiernos argentinos: “Luego realizaron otro acuerdo con Alberto Fernández, del que también obtuvieron el congelamiento salarial y del plantel, y ahora se encuentran tutelando a la Argentina, también bajo el gobierno de Javier Milei. Durante el gobierno de Macri y, nuevamente, durante el gobierno de Milei, los préstamos son realizados bajo condición de ajuste. Luego, cuando toca la hora de pagar una deuda injusta, exigen reforzar el ajuste».
“El condicionamiento no se detiene ni al prestar ni al cobrar. ¿Por qué decimos que la deuda es injusta? Porque los préstamos que se otorgaron fueron fugados por los más ricos y por las empresas más grandes del país. Ustedes lo saben muy bien, y se trata de una figura prohibida por su propio estatuto: se supone que el FMI viene a cubrir problemas transitorios de balanza de pagos, no a dar dólares para un pequeño sector social”, señalaron.
Y sumaron: “Luego nos piden que paguemos todos la factura, pero es claro que no se trata de una deuda, sino de una estafa, un préstamo político. Se beneficiaron los ricos, las grandes empresas, creció la pobreza, el desempleo, el pluriempleo, cayeron los salarios, y los gobernantes de cada momento tuvieron un poco más de espalda para no aplicar los lógicos controles de capitales».
La carta de los trabajadores de ATE
“Para su visita a la Argentina, que incluirá un paso por el Ministerio de Economía, no espere alfombra roja, no espere pétalos de rosas. El organismo que usted preside ha exigido y aplaudido los recortes en personal y en nuestros salarios en los últimos 8 años, desde que firmaron un acuerdo durante el gobierno de Mauricio Macri.
Luego realizaron otro acuerdo con Alberto Fernández, del que también obtuvieron el congelamiento salarial y del plantel, y ahora se encuentran tutelando a la Argentina, también bajo el gobierno de Javier Milei. Durante el gobierno de Macri y, nuevamente, durante el gobierno de Milei, los préstamos son realizados bajo condición de ajuste. Luego, cuando toca la hora de pagar una deuda injusta, exigen reforzar el ajuste.
El condicionamiento no se detiene, ni al prestar ni al cobrar. ¿Por qué decimos que la deuda es injusta? Porque los préstamos que se otorgaron fueron fugados por los más ricos y por las empresas más grandes del país. Ustedes lo saben muy bien, y se trata de una figura prohibida por su propio estatuto: se supone que el FMI viene a cubrir problemas transitorios de balanza de pagos, no a dar dólares para un pequeño sector social.
Luego nos piden que paguemos todos la factura, pero es claro que no se trata de una deuda sino de una estafa, un préstamo político. Se beneficiaron los ricos, las grandes empresas, creció la pobreza, el desempleo, el pluriempleo, cayeron los salarios, y los gobernantes de cada momento tuvieron un poco más de espalda para no aplicar los lógicos controles de capitales
A nosotros, trabajadores del Estado, cada peso que nos ajustaron nos hizo más miserables, cada puesto de trabajo por despidos, jubilaciones y retiros, cada salario que se vio reducido a la mitad en estos 8 años, obligó a reforzar la precarización de cada hogar para llevar un plato de comida a la mesa. La categoría más baja de nuestro convenio colectivo (F0), con sus $491.106, no llega al tercio de la canasta familiar que el Indec ($1.531.472,9) utiliza para medir la pobreza. Se encuentra aún más lejos de la canasta que el Frente de Sindicales Unidos calculó con la metodología del sindicato de Aceiteros los consumos familiares mínimos ($3.000.352). Es decir, los sueldos que el FMI aplaude compran el 16% de lo que necesitamos para vivir dignamente.
La pérdida salarial se repite para el caso de los ingresos de profesionales, en este caso una persona del plantel permanente con título universitario y 10 años de experiencia (B3), que gana $1.606.078 y apenas llega al piso de la canasta familiar del Indec, cuando en el mes previo al acuerdo con el FMI del 2018 la duplicaba. Compartimos un par de gráficos para que se entienda, haciendo ver que cada barra roja representa la caída salarial en ese mes respecto al mes de referencia (abril de 2018, que no fue un mes especialmente bueno): en ambos casos vemos que las recetas del FMI sólo conducen a profundizar la pérdida de ingresos. La pérdida acumulada asciende a 33 salarios en ambos casos.
El ajuste nunca es neutro en términos de género, impacta especialmente sobre las mujeres y disidencias que sostienen centralmente el trabajo no remunerado y las estrategias de supervivencia hogareñas. Seguramente no le van a preguntar a Luis Caputo por el despido de Natasha Narmora, compañera despedida que había sido contratada en marco del (incumplido) cupo laboral travesti-trans. Pero veremos en sus informes las palabras ‘salvaguardas’ sobre políticas sociales y de género, sin que se les haya movido un músculo de la cara ante la eliminación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, el congelamiento del Programa Acompañar para las personas que sufren la violencia machista, el fin de los envíos de profilácticos a hospitales. Las palabras ofensivas del presidente que en enero de 2025 equiparó la homosexualidad con la pedofilia no merecieron ningún cuestionamiento del organismo.
La perspectiva de géneros del FMI se acaba cuando se apagan las luces de los salones en Washington. La preocupación por la pobreza y las condiciones de vida de la gente desaparecen cuando sus funcionarios se sientan en los aviones.
Nuestra trayectoria salarial fue peor que la de otros sectores de nuestra clase trabajadora, cada vez es más penoso vivir del propio salario en nuestro país. El Fondo Monetario Internacional, cada uno de los países que votan en el directorio y aprueban los préstamos y los planes de ajuste, tienen la responsabilidad. Por eso repudiamos esta visita y exigimos el fin del tutelaje económico para terminar con el ajuste impuesto para pagar esta estafa».
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