POLITICA
El oficialismo interviene la Oficina de Presupuesto del Congreso, que audita el costo de las leyes

La disputa entre el Gobierno y la oposición por el costo fiscal de las leyes aprobadas por el Congreso sumó un nuevo capítulo. Después de que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) difundiera informes que contradijeron estimaciones utilizadas por el Poder Ejecutivo para cuestionar proyectos sobre jubilaciones y discapacidad, el oficialismo avanzó con la intervención del organismo técnico.
A través de la Comisión de Supervisión Parlamentaria (CSP), controlada por La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados, se firmó una resolución que incrementa el control político sobre el funcionamiento de la OPC. Entre otros cambios, las áreas técnicas ya no podrán elaborar informes extraordinarios sin autorización previa de la comisión, una decisión que podría limitar la capacidad del organismo para responder a pedidos urgentes de diputados y senadores.
Creada en 2016, la OPC es el organismo técnico que asesora al Congreso en temas económicos y presupuestarios. Entre otras funciones, analiza el costo de los proyectos de ley, revisa las cuentas públicas, estudia cambios impositivos y evalúa la evolución de la deuda del Estado. Sus informes no son vinculantes, pero suelen ser una referencia clave durante los debates legislativos.
El conflicto se hizo visible durante la discusión de iniciativas vinculadas a jubilaciones y discapacidad. Mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, advertía que los proyectos impulsados por la oposición tendrían un costo de hasta US$12.000 millones, equivalentes al 1,8% del PBI, los cálculos de la OPC arrojaron cifras considerablemente menores.
En el caso del aumento del 7,2% para jubilaciones y pensiones, junto con la actualización del bono de $70.000 a $110.000 mensuales, la OPC estimó un costo fiscal de 0,32% del PBI. Anualizado, ese impacto ascendía a 0,78% del producto.
Respecto de la moratoria previsional, cuya prórroga fue rechazada por el Gobierno, calculó un impacto acumulado de 0,165% del PBI en dos años.
Para la emergencia en discapacidad, en tanto, proyectó un costo de entre 0,28% del PBI y 0,51% del PBI. La amplitud de la estimación respondía a dos factores: la posibilidad de incorporar nuevos beneficiarios al sistema de pensiones por discapacidad, una variable difícil de determinar de antemano, y el hecho de que esas prestaciones estaban atadas al aumento jubilatorio, que finalmente no prosperó tras el veto presidencial.
El Ministerio de Economía, por su parte, calculó para esa misma iniciativa un impacto equivalente al 0,3% del PBI.
Mientras que el incremento previsional y la moratoria fueron vetados por Javier Milei y el Congreso no logró reunir los votos para insistir con su sanción, la emergencia en discapacidad obtuvo los dos tercios necesarios en ambas cámaras para sostenerse.
Pero la influencia de los informes de la OPC trasciende el ámbito parlamentario. En marzo pasado, por ejemplo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal citó datos elaborados por el organismo al ordenar al Poder Ejecutivo cumplir de manera “inmediata” con la Ley de Financiamiento Universitario. En ese fallo, el tribunal destacó que el impacto fiscal de la norma equivalía al 0,23% del PBI y concluyó que se trataba de un ahorro “poco significativo para el presupuesto global de gastos de la administración pública”.
La semana pasada, en paralelo a la disputa judicial, el Gobierno y las universidades cerraron un acuerdo salarial con aumentos de hasta 24,3%.
El antecedente volvió a poner de relieve el peso que tienen los informes de la oficina en debates vinculados al gasto público, tanto en el Congreso como en otros ámbitos institucionales.
“Un cepo”
En ese contexto, el oficialismo avanzó con una serie de medidas que refuerzan su control sobre el funcionamiento de la OPC.
Presidida por el senador oficialista Agustín Monteverde, aprobó a principios de junio la Resolución 003-CSP-2026, que incorpora controles estrictos sobre su funcionamiento. Esta medida fue acompañada por los diputados Bertie Benegas Lynch (LLA) y Daiana Fernández Molero (Pro), así como la senadora radical por Chaco, Silvana Schneider. El kirchnerista Carlos Castagneto, en cambio, se opuso.
El punto más sensible aparece en el artículo 4°, que establece que las direcciones técnicas no podrán realizar actividades no previstas sin autorización previa y formal de la comisión. En los hechos, esto implica que los pedidos de informes específicos sobre cuestiones económicas quedarán sujetos al aval político de la Comisión de Supervisión Parlamentaria, controlada por los libertarios.
La resolución también limita la autonomía presupuestaria del organismo. A partir de ahora, el director ejecutivo de la OPC, actualmente Gabriel Esterelles, ya no podrá realizar modificaciones internas de partidas sin autorización de la comisión supervisora.
A ello se suman nuevas auditorías sobre la gestión del organismo. La CSP dispuso revisiones conjuntas de ambas cámaras sobre el período administrado por Esterelles. Además, la comisión solicitó información detallada sobre la planta de personal y puso bajo revisión el concurso mediante el cual fueron incorporados analistas en 2023, pese a que ese proceso no había recibido impugnaciones formales.
Las medidas despertaron críticas inmediatas de la oposición, pero también de una figura con trayectoria en la producción de estadísticas públicas: el extitular del Indec Marco Lavagna. A través de las redes sociales, cuestionó la interferencia sobre la OPC y defendió la autonomía de los organismos técnicos. “La independencia en la producción y el análisis de información es una condición indispensable”, sostuvo.
Lavagna dejó la conducción del Indec en febrero pasado, luego de confirmar que el Gobierno no avanzaría con la actualización metodológica para medir la inflación en la que el organismo venía trabajando.
La diputada de Unión por la Patria (UP), Julia Strada, habló de “cepo” a la OPC y se preguntó: “¿Por qué le tienen tanto miedo a los datos y al rigor técnico?”.
En la misma línea, su compañera de bloque Victoria Tolosa Paz calificó la resolución como una intervención sobre el organismo. “Es un hecho gravísimo que atenta contra la transparencia, el control parlamentario y la calidad de nuestra democracia”, sostuvo en su cuenta de X.
También se sumó a las críticas el exgobernador chaqueño Jorge Capitanich, quien defendió el rol de la OPC y recordó que fue creada para equilibrar la información disponible entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. “El Congreso necesita información propia e independiente para controlar el presupuesto, la deuda y el gasto público”, afirmó.
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POLITICA
Tensión en el Congreso: los aliados del Gobierno analizan avanzar con el pedido de interpelación de Adorni

El escándalo por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, generó un fuerte malestar puertas adentro del Gobierno de Javier Milei. La presentación de su declaración jurada y las explicaciones televisivas estuvieron lejos de apaciguar el conflicto; por el contrario, intensificaron los pedidos de la oposición para que renuncie el funcionario.
Pero el escenario es todavía peor para el Gobierno: en los últimos días se sumaron los aliados al pedido de salida de Adorni. El PRO sacó fuertes comunicados pidiendo que el Presidente deje de defender al jefe de Gabinete.
También hizo lo propio la UCR, que en varias oportunidades votó junto con el Gobierno, pero ahora acompañaría el pedido de interpelación que impulsa la oposición más dura, encabezada por el peronismo y la izquierda. El PRO ya discute dentro de su bloque si se sumarán o no.
Ahora, el bloque del MID que encabeza Oscar Zago —también cercano al Ejecutivo— se sumó al clamor por la salida de Adorni del Gobierno. “Está acabado, no da para más”, aseguró Zago a TN.
Leé también: El PRO insiste en que Manuel Adorni renuncie y sostiene que Macri ya no tiene vínculo con el Gobierno
“Adorni termina procesado, tiene un quilombo tremendo y ese es el miedo que tienen en el Gobierno”, remarcó el diputado. Pero advirtió: “Hay alguna trampa, por eso nos tienen hasta el 23 (por la convocatoria a sesión). Le están dando tiempo, ¿por qué no la hicieron la semana que viene?“, se preguntó.
Una hipótesis que sostienen varios en la oposición es que el Gobierno busca que el conflicto se resuelva sin tener que tomar la decisión de marginar a Adorni. “Ellos quieren que el Congreso lo destituya, pero eso no va a poder ser. Los 94 diputados de LLA no pueden sumarse a nosotros”, señaló un referente de un partido que alternó buenas y malas con La Libertad Avanza.
En este sentido, el escenario que se viene en los próximos días no es sencillo en el Congreso. “Tenemos que ir por la interpelación de vuelta y el emplazamiento de las comisiones”, explicó a TN un legislador opositor.

“No vamos a lograr la moción de censura. Porque va a haber una discusión sobre la interpretación del reglamento”, aclaró otro diputado.
El peso de la interna del Gobierno y el rol de los aliados
“Muchos no ven la interna feroz que tiene el Gobierno. Hay muchos intereses entre ellos que tienen que resolver”, remarcó Zago. “Y son ellos los que lo tienen que definir, se tiene que ir por propia voluntad Adorni”, exigió.
“Tienen una interna profunda, no la pueden dirimir y pretenden que lo hagamos nosotros”, manifestó el jefe de bloque del MID. “Le trasladaron su interna a los K. Pero tienen muchas internas y no las van a poder parar. Se les va a explotar todo”, sentenció.
“Es muy burdo lo que hizo el jefe de Gabinete. Es una falta de respeto y una tomada de pelo”, enfatizó a TN un referente del PRO. “Es muy burdo, no hay justificación alguna”, agregó.
“Adorni demostró que no es el cambio. De manera muy clara y contundente”, apuntaron a este medio en el entorno del expresidente Mauricio Macri. “Actúa como lo que siempre criticaron: la vieja política”, añadieron.
El dato es que el mandamás del PRO no se involucrará directamente en el tema. Más allá de estar detrás de los comunicados del partido, no se comunicará con el Gobierno en general ni con el Presidente.
En los próximos días, la oposición férrea en Diputados insistirá con el pedido de interpelación a Adorni y el PRO en esta oportunidad no tiene una posición tomada.
“No es ni un sí ni un no, pero está en revisión”, señaló a TN un integrante de la bancada que conduce Cristian Ritondo. Dentro del bloque hay una inclinación mayoritaria a no acompañar el pedido para no “hacerle el juego al kirchnerismo”, pero está lejos de ser una postura unánime.
Manuel Adorni, Gobierno, Oscar zago
POLITICA
El Gobierno oficializó la designación del hijo del presidente de la Corte Suprema como juez en un tribunal de Santa Fe

Mediante el decreto 445/2026, el Gobierno oficializó hoy el nombramiento de Emilio Rosatti, hijo del juez de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, como juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.
El pliego de Rosatti fue aprobado por el Senado de la Nación el 4 de junio último junto con el de otros 73 funcionarios judiciales, entre ellos, el de María Verónica Michelli, cuya postulación fue rechazada por el presidente Javier Milei por ser familiar del periodista de Hugo Alconada Mon.
En el Boletín Oficial de hoy solo se oficializaron los anuncios de Rosatti, Walter Alberto Rodríguez (irá al juzgado federal de primera instancia N°2 de Santa Fe) y Santiago Joaquín Saux (juzgado federal de primera instancia de Rafaela). Los tres cubrirán vacantes en la provincia de Santa Fe. La designación fue firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
A Rosatti le tocó exponer en la Comisión de Acuerdos del Senado el 14 de mayo. Fue una presentación breve y sin sobresaltos. Su pliego fue propuesto por el Gobierno el mismo día que la Corte presentó una iniciativa para disminuir la “discrecionalidad” en el proceso de selección de los candidatos a jueces. El hijo del juez del máximo tribunal evitó hacer un juicio de valor sobre la iniciativa que prevé un cambio en el criterio de selección.
“La propuesta es de la Corte y está dentro de sus facultades. En mi experiencia cuando uno se postula, es con un reglamento vigente. Desconozco qué postura tomará el Consejo de la Magistratura si variará o no. Lo que entiendo es que en las instancias finales llegan los que hicieron mejor las cosas”, respondió Rosatti ante la consulta del senador Martín Soria (PJ). El hijo del juez de la Corte quedó primero en la terna gracias al último paso del concurso cuyo reglamento se busca ahora modificar.
Antes, Maximiliano Abad (UCR), le había preguntado por el impacto mediático de sus eventuales decisiones en caso de acceder a la vacante en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. “Caso mediático, ¿si influiría o no? La respuesta es no. Por los medios y las redes, la gente tiene un veredicto sin siquiera haya ingresado un papel a una fiscalía o que exista una denuncia. Lo llamo justicia mediática y escribí sobre el tema. No son los mismos tiempos que los de la justicia judicial. Es difícil para la persona que tiene que decidir desentenderse de lo que sucede en la opinión pública», dijo Rosatti sin hacer mención a su padre.
También evitó polemizar cuando fue consultado por la denominada ley antimafia. “Es una decisión exclusiva del Congreso de la Nación. Ha habido un debate y se promulgó una ley. La aplicación concreta si está fallando, es que están fallando las fuerzas federales y los operadores judiciales y se debería corregir”, consideró.
El camino para acceder al cargo
Emilio Rosatti, de 45 años, fue uno de los 88 inscriptos para cubrir una vacante en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. La prueba escrita se tomó el 6 de abril de 2022, en Rosario, y se presentaron 23 candidatos. A Rosatti le fue muy bien en ese examen: obtuvo 88 puntos y solo fue superado por un postulante de 99 (Gonzalo Fernández). El examen escrito es anónimo.
Pero a Emilio Rosatti no le fue tan bien en la evaluación de los antecedentes profesionales. Quedó noveno, con 62,6 puntos.
El orden de mérito (que contempla el puntaje del examen escrito más el de los antecedentes) quedó entonces así: Gonzalo Fernández (172,75), Walter Alberto Rodríguez (155,70), Patricio Octavio Longo (153,95) y Emilio Rosatti (150,45). Pero la subcomisión del Consejo integrada por Carlos Matterson y Diego Molea analizó las impugnaciones a las calificaciones: le bajó dos puntos en antecedentes a Fernández, el primero, y le subió cuatro a Rosatti, que quedó así en el puesto tres, desplazando a Longo.
Ese puesto no le garantizaba a Rosatti, no obstante, entrar en la terna vinculante que el Consejo envía al Poder Ejecutivo porque el Reglamento de Concursos del Consejo establece, en su artículo 44, que “deberá incorporarse al menos una mujer en la terna, siempre que la entrevista realizada haya sido satisfactoria”.
Rosatti se aseguró un lugar en la terna en el paso siguiente del concurso: las entrevistas personales. Pasó del tercer al primer lugar. Tal vez por esta razón el exministro de Justicia Soria le preguntó su opinión sobre el cambio de sistema de elección de jueces que impulsaron Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desde la Corte, pero que su padre no firmó.
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El Gobierno suspende las reuniones de gabinete y mesa política por el caso Adorni

Una semana corta por el feriado, con viajes al exterior de algunos funcionarios y la participación argentina de este martes en el Mundial de fútbol. El combo sirve de excusa perfecta en el gobierno de Javier Milei, que por el momento no prevé reuniones de gabinete ni de mesa política esta semana. El Presidente, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el resto del gabinete contienen la respiración, a la espera de los pedidos de interpelación opositora que comenzarán en comisión del Senado este miércoles, y que podrían culminar en una moción de censura para remover de su cargo al jefe de gabinete, Manuel Adorni, cada vez más complicado por las derivaciones políticas y judiciales de su crecimiento patrimonial.
La reunión de mesa política del jueves pasado, a la que faltó el ministro de Economía, Luis Caputo (mañana regresa de Buenos Aires de un viaje por temas familiares), tuvo como condimento principal las repercusiones de la entrevista que Adorni realizó con LN+, en la que el ministro coordinador reconoció haber ahorrado “en negro” medio millón de dólares, entre una presunta herencia familiar e inversiones en criptomonedas, para justificar la compra de casas y la realización de viajes al exterior. En esa reunión, según contó , la senadora Patricia Bullrich le planteó al propio Adorni que estaba “destruyendo el capital simbólico del Gobierno” al sostenerse en el cargo. La senadora también le habría planteado a Karina Milei, sin éxito, la posibilidad de que Adorni pida licencia mientras continúe la embestida opositora y las repercusiones negativas de sus declaraciones.
El Presidente y su hermana, mientras tanto, lo siguen defendiendo. En el Gobierno hay fuentes oficiales que aseguraron que no lo desplazarán hasta tanto no interfiera en el rumbo económico. Hoy, el primer mandatario reposteó un mensaje del usuario @mileibarrial. “Hay mucha gente que no logra comprender que Javier Milei no pertenece a la vieja política, ni se mueve bajo la lógica cínica de la conveniencia permanente. Para él pesan principalmente la moral, la lealtad, las convicciones y las relaciones humanas genuinas”. Un modo de justificar la defensa que Milei hace de Adorni, sometido, según el Gobierno, a una “carnicería mediática”, dice el posteo.
Con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de viaje oficial por Israel, y Bullrich convencida de que Adorni debería dar un paso al costado, ningún alto referente del oficialismo parece estar buscando de modo sistemático evitar la interpelación a Adorni. El ministro del Interior, Diego Santilli, tiene agendada para este martes una nueva ronda de reuniones con gobernadores (Leandro Zdero, de Chaco; Marcelo Orrego, de San Juan, y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego), pero “para hablar de la reforma electoral” que incluye la suspensión de las PASO, según aclararon cerca del titular de la cartera política. “No nos va a pedir nada de eso, no le sirve de nada, él está con su proyecto de ser gobernador”, razonaron ante cerca de uno de los gobernadores que, en las últimas horas, conversó con Santilli.
Cerca de Adorni afirmaron que el jefe de gabinete “está bien, con el respaldo del Presidente”.
Los viajes de Milei
Mientras asegura que no removerá a Adorni, allegados a Milei ya diseñan su agenda para los próximos días, con tres viajes al exterior. Además de su participación, el sábado 20, en los homenajes por el Día de la Bandera, en Rosario, fuentes oficiales dan por confirmado un nuevo viaje de Milei a España, desde el próximo miércoles 24 y por tres días, en los que ofrecerá una conferencia y tendrá reuniones con empresarios en la Universidad San Pablo, sin contactos previstos con el gobierno del socialista Pedro Sánchez.
Ya estaban confirmadas su asistencia en la cumbre del Mercosur, el 30 de junio en Asunción del Paraguay, y su viaje a Estados Unidos para los festejos de la independencia de ese país, el 4 de julio, festejos encabezados por el presidente Donald Trump.
El viaje del Presidente a España se daría horas después de una sesión prevista en la Cámara de Diputados, en la que podría tratarse una moción de censura contra Adorni, aunque todo dependerá de cómo avancen los pedidos de interpelación, esta semana en el Senado.
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