POLITICA
“Si se llega a esa instancia, vamos a acompañar el pedido de censura o remoción de Adorni”, anticipó el jefe de senadores del PRO
El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara, aseguró que el futuro de Manuel Adorni como jefe de Gabinete se definirá luego de que se presente su informe en la Cámara alta el próximo 2 de julio, aunque ratificó que el partido amarillo reclama su remoción en el cargo.
En diálogo con el equipo de Infobae al Amanecer, Goerling Lara sostuvo que la permanencia de Adorni en el cargo “no da para más”, y criticó la negativa del oficialismo a habilitar la sesión parlamentaria destinada a tratar el desempeño del jefe de Gabinete.
Consultado sobre la postura del PRO ante una eventual moción de censura o remoción, el senador macrista fue tajante: “Si llega esa instancia, el PRO va a acompañar el pedido de censura o remoción”. Incluso si la iniciativa partiera de bloques opositores más duros, como el kirchnerismo: “Acá el que nos está sometiendo a todos los que ayudamos a este gobierno es el mismo Gobierno, insistiendo a esta altura que es un capricho de mantenerlo al jefe de Gabinete”.
Goerling Lara llamó la atención que la polémica en torno al jefe de Gabinete continúa, incluso cuando gran parte de la atención se la lleva el Mundial de Fútbol: “Arrancó el Mundial y seguimos hablando de Adorni. Yo pensé que a esta altura el Presidente habría tomado como decisión correrlo del cargo. Es lo que estamos pidiendo desde nuestro espacio”.
El senador recordó que fue el bloque PRO fue el que solicitó que vaya a comparecer al informe de gestión ante la Cámara alta, y que se llegó a una situación de punto límite tras el informe del funcionario en la Cámara de Diputados. “Le ha mentido al Congreso y a toda la Argentina”, aseguró. Y que la presión política y social se incrementó después de la declaración jurada de Adorni y la falta de respuestas claras. “No da para más, está rompiendo un vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión de todos los argentinos”, remarcó.
La agenda parlamentaria
El jefe del bloque PRO subrayó la diferencia la moción de censura y la remoción del cargo, que son las distintas que están sobre la mesa de los bloques opositores y cercanos al oficialismo. “La censura es un acto político fuerte que le dice al presidente que ambas cámaras no quieren que este sea el ministro de gabinete, pero el presidente puede desoír. Ahora, la remoción tiene un efecto jurídico: el presidente tiene que correrlo”, deslizó.
Goerling Lara explicó que, para avanzar con la remoción en el Senado, se requiere mayoría absoluta de 37 votos de la totalidad de los miembros. Remarcó también que, para el oficialismo, “sesionar es riesgoso” en este contexto “porque si se abre el recinto van a suceder cosas”.
La reunión de labor parlamentaria prevista para las 18, señaló, será decisiva para definir si hay sesión este jueves. “La idea era sesionar mañana. Hay un grupo de diputados del oficialismo que no quiere la sesión porque se puede dar la moción de censura o remoción”, contó.
El senador insistió que la permanencia de Adorni como jefe de Gabinete “le está haciendo un daño tremendo” al Gobierno y “está impactando en la imagen presidencial”, donde cuestiones como la “lucha contra la casta” se estaría perdiendo por los escándalos de presunta corrupción. “Era un activo de este Gobierno y lo está dilapidando”, planteó.
Goerling Lara describió la relación del PRO con el Gobierno en dos etapas. “El PRO ha tenido una actitud de acompañar a este gobierno desde el balotaje”, afirmó, recordando el rol clave del partido en la sanción de la Ley Bases: “La ley más importante que mandó este gobierno, que era la herramienta para empezar su gestión, la desempató (la vicepresidenta, Victoria) Villarruel. Si no le daba votos el PRO, esa ley no salía”.
Sin embargo, anticipó que la actual coyuntura está vinculada a una “segunda etapa” donde el oficialismo “tiene que demostrar cómo quiere gobernar la Argentina”. “Nosotros nos tenemos que preparar porque el año que viene también hay elecciones”, dijo. Sin embargo, ratificó que “el PRO no es oposición al Gobierno en el sentido kirchnerista”.
“Nos vamos a oponer cuando las cosas están mal, cuando se está desviando el rumbo, cuando se debilitan las instituciones. Vamos a acompañar los procesos de transformación económica, la baja de la inflación y del déficit. Lo que está bien acompañaremos y lo que está mal nos vamos a oponer con total claridad”, amplió.
El senador enfatizó que la crisis con el caso de Adorni entorpece la agenda legislativa, ya que se tendrían que estar tratando varios proyectos que envió el Poder Ejecutivo y “no podemos avanzar”. “Si no hay sesión es por el tema Adorni. Es un riesgo y le está perjudicando la gobernabilidad y la gestión, día a día. No puede ser que hace tres meses estemos discutiendo este tema”, lamentó Goerling Lara.
“Si el Presidente quiere evitar eso, lo tiene que correr. De otra manera, me parece que es una grave señal para la Argentina y sobre todo para la economía, porque esto mete ruido”, concluyó.
Las diferencias sobre la reforma política y el futuro del PRO
El senador también se refirió a la reforma electoral que presentó el Gobierno, en la que anticipó “la mayoría de los senadores no va a eliminar las PASO como competencia electoral previa”. “Podemos sacar la obligatoriedad, discutir el piso para que los partidos participen, el financiamiento, pero que haya primaria”, expresó. Además, defendió el mantenimiento de los debates presidenciales obligatorios porque es una “obligación de los que quieren gobernar la Argentina debatir ideas”.
Sobre el futuro del PRO, Goerling Lara expresó que le encantaría que Mauricio Macri sea candidato a presidente en 2027. “Creo que en una segunda oportunidad, después de la experiencia acumulada, sería un gran presidente. Pero va a depender de él”, planteó, y confió en la reconstrucción partidaria de cara a 2027: “Mauricio está trabajando y poniendo el cuerpo en todo el país, reorganizando nuestra fuerza política. El PRO va a ser protagonista el año que viene, o encabezando una fórmula presidencial o acompañando un frente electoral”.
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La comisión de Presupuesto en la que se debatió el capítulo Educación tuvo varios momentos de tensión, aunque no por donde todos los presentes estimaban que iba a surgir el conflicto.
Mientras todos esperaban que el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, encabezara la pelea, principalmente con el bloque del peronismo, el eje del debate lo llevó el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, quien, con un tono más amable que el de su colega del Ejecutivo, no escatimó críticas y señalamientos a los períodos anteriores de la política educativa, e incluso señaló que en el sector privado los rectores los hubieran despedido.
El debate venía con varios cruces entre uno y otro sector, algo que suele suceder en las comisiones, pero esta vez hubo incluso amenazas de golpes físicos, lo que marcó un nivel bochornoso en la discusión, en especial cuando se debatía el presupuesto en Educación para 2027.
El primer cruce fue entre el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro, quien, sin nombrarlo, dijo que uno de sus colegas lo había llamado mentiroso. “Eso, en el barrio, se merece un chirlo”, afirmó.
Finocchiaro hacía referencia al diputado Esteban Paulón, quien había publicado en sus redes un video del legislador del PRO en el que este señalaba que había hablado con el Gobierno y que existía el compromiso de cumplir el fallo de la Corte Suprema.
Pero el momento más tenso tuvo como protagonistas a un diputado de Unión por la Patria, Carlos Castagneto, y a su par de LLA, Andrés Leone.
Tras dos interrupciones en mal tono de Álvarez a Paulón, el ambiente comenzó a caldearse. Germán Martínez pidió respeto, y Luana Volnovich le gritó “irrespetuoso de mierda”.
Castagneto acusó a Leone de haberlo insultado y por eso fue a buscarlo. “Le dijo hijo de puta”, señalaron desde el entorno del legislador peronista, quien, cuando Leone se le acercó y lo increpó, lo invitó entre dientes a salir de la comisión a pelearse.
Finalmente los separaron y todo volvió a su cauce normal. Pero el clima había cambiado. La tensión quedó en el aire y, de a poco, los legisladores se fueron retirando.
Primero se fue Castagneto, luego Leone. Ambos ya habían bajado el nivel de tensión, pero el primero no paraba de recibir bromas de sus compañeros de bancada en referencia a su pasado como arquero de fútbol en equipos de primera división del fútbol local.
Alejandro Álvarez,Cámara de Diputados de la Nación Argentina,Ministerio de Capital Humano,política universitaria
POLITICA
La Justicia ordenó unificar los juicios de Hotesur y Los Sauces contra Cristina y Máximo Kirchner
La Cámara de Casación resolvió que las causas Hotesur y Los Sauces, que investigan posibles maniobras de lavado a través de las propiedades y habitaciones de hoteles que la familia Kirchner les alquilaba a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, se desarrollen en un único juicio oral.
Así, revirtió la decisión del Tribunal Oral Federal 5, que a mediados de septiembre resolvió desdoblar los procesos. Los fiscales apelaron la medida, advirtiendo que esa decisión podría terminar comprometiendo la prueba recabada y beneficiando a la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo, Máximo Kirchner, junto a otros 17 acusados por la maniobra.
La decisión la tomó este martes, por mayoría, la Sala I de la Casación, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Alejandro Slokar, que votó en disidencia.
Los camaristas revirtieron la decisión de los jueces del TOF 5, José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, quienes el mes pasado dispusieron que el juicio por Los Sauces comenzara el 23 de octubre −es decir, este viernes− y que el debate por Hotesur lo hiciera en marzo del año que viene.
De esta manera, todo el proceso comenzará este viernes, de manera presencial en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, y Cristina Kirchner, Máximo, y el resto de los imputados deberán estar presentes.
Será la primera vez que el diputado nacional y líder de La Cámpora se sentará en el banquillo de los acusados en una causa por presunta corrupción.
La defensa de la expresidenta y su hijo, en manos de Carlos Beraldi, presentó sin embargo un pedido para que ambos puedan seguir el caso de manera virtual. Todavía debe ser resuelto por el Tribunal.
En el fallo de hoy, el juez Petrone habló de una “fundamentación sólo aparente” para separar el caso Hotesur y Los Sauces, y apuntó contra la decisión del Tribunal que contradijo a los jueces de instrucción que los habían elevado a juicio juntos. “Verificada la conexidad entre ambos procesos y dispuesta su acumulación material tal como se recordó, el tribunal no ha logrado explicar de manera suficiente cuáles son las circunstancias que justificarían revisar aquella decisión y disponer, a esta altura, la sustanciación separada de los debates”, indicó Petrone.
Barroetaveña, por su parte, utilizó la expresión “fraccionamiento indebido”. Consideró que la división de los casos, “lejos de ser meramente ordenatoria, es precisamente la realización de dos juicios”.
Slokar, en tanto, interpretó que el desdoblamiento era una “medida ordenatoria” del debate, “orientada a racionalizar el desarrollo del debate, evitar demoras carentes”.
Noticia en desarrollo
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POLITICA
Ante los planteos de la Casa Blanca, el Gobierno asegura que el proyecto por Malvinas no afectará a empresas de EE.UU.
El Gobierno reconoce que existieron contactos con Estados Unidos por el alcance de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, pero descarta avanzar con sanciones contra grandes fondos de inversión estadounidenses que puedan generar un conflicto diplomático con Washington. En la Casa Rosada aseguran que los planteos no modificaron la decisión de Javier Milei de impulsar el proyecto y relativizan las versiones sobre una presión de la administración de Donald Trump para frenar su tratamiento.
En Nación admiten que hubo intercambios sobre las consecuencias que podría tener la aplicación del régimen sancionatorio sobre compañías estadounidenses, aunque sostienen que no se trató de una exigencia formal para retirar la iniciativa. “Hubo algo del estilo”, explican fuentes oficiales sobre los planteos que llegaron desde Washington. En esos sectores agregan que algunos interlocutores no tenían presente que la Argentina ya cuenta con una legislación vigente sobre la materia.
La posición de la Casa Rosada apunta a diferenciar las observaciones sobre el alcance de las sanciones de una intervención directa de la Casa Blanca para bloquear el proyecto. En el Ejecutivo consideran que la controversia fue sobredimensionada y rechazan que exista una definición estadounidense destinada a condicionar su aprobación. En ese marco, mantienen la decisión de avanzar con la iniciativa y resolver las objeciones durante la negociación legislativa.
El punto más sensible es la eventual aplicación de sanciones contra fondos de inversión con participaciones en compañías vinculadas con actividades económicas en las islas Malvinas. En el Gobierno descartan avanzar contra actores de ese peso, como BlackRock, si una medida de ese tipo compromete la relación bilateral. La definición fue transmitida en conversaciones reservadas, aunque no implica que exista una excepción incorporada al proyecto ni una decisión administrativa formal sobre empresas determinadas.
La preocupación se concentra en la amplitud del régimen sancionatorio y en la posibilidad de que alcance a accionistas, proveedores, intermediarios financieros y compañías con vínculos indirectos con proyectos de explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur. La discusión pasa por determinar hasta dónde se extiende la responsabilidad de cada actor y qué grado de participación debe acreditarse para aplicar una penalidad.
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo el 17 de septiembre propone reemplazar la Ley 26.659 por un régimen que amplía las prohibiciones a la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables. La iniciativa incorpora multas, inhabilitaciones y restricciones comerciales, además de disposiciones específicas para quienes financien, faciliten o participen en las actividades alcanzadas por la norma.
La legislación vigente ya contempla restricciones para quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en las áreas vinculadas con Malvinas. La Ley 26.659 incluye supuestos de participación directa e indirecta y establece inhabilitaciones administrativas de entre cinco y veinte años, previo procedimiento. El nuevo paquete busca ampliar ese esquema a otros recursos naturales y reforzar los mecanismos de investigación y sanción.
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