POLITICA
La oposición quiere evitar que prospere la intervención oficial de la Oficina de Presupuesto del Congreso
El avance del oficialismo sobre la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) abrió un nuevo frente de conflicto legislativo. En respuesta, senadores y diputados de distintos bloques opositores comenzaron a impulsar proyectos para proteger al organismo, cuestionar las medidas adoptadas por la comisión supervisora y exigir explicaciones sobre su futuro funcionamiento.
Las presentaciones surgieron después de que la Comisión de Supervisión Parlamentaria (CSP) aprobara una serie de resoluciones que reforzaron su control sobre la oficina técnica encargada de analizar el costo fiscal de las leyes, evaluar el presupuesto nacional y estudiar la evolución de la deuda pública.
Entre otras medidas, la comisión dispuso que las áreas técnicas no podrán realizar actividades extraordinarias o informes no previstos sin autorización previa, ordenó auditorías sobre el funcionamiento de la oficina y limitó la capacidad de sus autoridades para realizar modificaciones presupuestarias.
La respuesta más ambiciosa llegó desde el Senado. Los integrantes del bloque Convicción Federal, Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán), presentaron un proyecto de ley para reformar la norma que creó la OPC y fortalecer su autonomía administrativa, financiera y técnica.
La iniciativa propone ampliar el acceso a los informes del organismo para que puedan ser solicitados por las presidencias de todas las comisiones con competencia sobre una iniciativa y no únicamente por las comisiones de Presupuesto y Hacienda. También otorga mayores facultades de gestión al director general, establece mecanismos de transparencia y crea un esquema de financiamiento propio equivalente, como mínimo, al 1% del presupuesto de cada Cámara.
Según los autores, el objetivo es reforzar la independencia del organismo y reducir la “asimetría de información” que existe entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en materia presupuestaria y fiscal.
“La OPC es un insumo muy importante de información para todos nosotros, periodistas y la sociedad en general porque nos provee información técnica específica”, explicó Moisés.
En los fundamentos, los senadores sostienen que la legislación vigente contiene “rigideces que no se le conocen a ningún otro organismo de la administración pública” y que limitan el desarrollo institucional de la oficina. También plantean que garantizar la estabilidad de sus equipos técnicos es una condición necesaria para preservar la independencia de sus análisis.
En Diputados, el radical bonaerense, Pablo Juliano, avanzó por otra vía. Presentó un proyecto de declaración para expresar la “profunda preocupación” de la Cámara por las resoluciones aprobadas por la Comisión de Supervisión Parlamentaria.
El integrante del bloque Provincias Unidas advierte que las nuevas restricciones podrían afectar la capacidad legislativa de trabajar con información propia. “Lo que está en juego es la capacidad del Congreso de la Nación para producir conocimiento propio sin depender exclusivamente de la información elaborada por el mismo Poder Ejecutivo que debe controlar”, sostiene en los fundamentos de la iniciativa.
Juliano también cuestiona que una mayoría circunstancial pueda definir qué estudios puede realizar la oficina. “Su función no puede quedar limitada únicamente a aquello que resulta previamente autorizado o políticamente conveniente”, argumenta.
A estas iniciativas se sumará un tercer proyecto impulsado por la diputada Julia Strada, de Unión por la Patria (UP). Según pudo saber , la legisladora trabaja en un pedido de informes dirigido a la presidencia de la Cámara de Diputados para obtener precisiones sobre las auditorías ordenadas, las modificaciones introducidas por la comisión y el futuro funcionamiento de la OPC.
La controversia se desató luego de que la comisión supervisora aprobara las resoluciones 003 a 006 de 2026. Sus críticos sostienen que las medidas afectan la autonomía de la oficina y podrían condicionar la elaboración de informes sobre temas sensibles. El oficialismo rechaza esa interpretación.
El senador libertario Agustín Monteverde, integrante de la Comisión de Supervisión Parlamentaria, defendió las decisiones adoptadas y sostuvo que se ajustan a las atribuciones previstas en la ley que creó la OPC.
La norma establece que la comisión tiene entre sus funciones aprobar el reglamento interno, el presupuesto, el plan anual de trabajo y la memoria institucional del organismo. También puede solicitar la remoción de sus autoridades y conformar consejos asesores de expertos.
Precisamente ese punto es uno de los que más cuestiona la oposición. La misma comisión que actualmente impulsa auditorías, revisa concursos de personal y limitó la realización de informes extraordinarios es la encargada de aprobar el plan de trabajo anual de la oficina. Hoy ese cuerpo está controlado por representantes del oficialismo y sus aliados.
“Se dispuso expresamente que la OPC siguiese trabajando de manera normal, lo que así está ocurriendo”, afirmó Monteverde a través de las redes sociales.
La preocupación opositora se explica también por el protagonismo que ganó la OPC en algunos de los debates más sensibles de los últimos meses. El organismo elaboró estimaciones que difirieron de las difundidas por el Gobierno durante las discusiones sobre jubilaciones y discapacidad y, además, fue citado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal al ordenar al Poder Ejecutivo cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Para sus defensores, esos antecedentes refuerzan la necesidad de preservar su independencia técnica.
Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC),pic.twitter.com/OrIBdDSxvZ,June 10, 2026,June 9, 2026,June 11, 2026,Delfina Celichini,Martín Menem,Conforme a,,Hace ocho días. Milei se recluyó y no tuvo actividades públicas desde la entrevista en la que Adorni admitió haber ocultado bienes,,Caso $LIBRA. Novelli pide excluir a los inversores que impulsan la investigación y sostiene que no hubo estafa,,Análisis. Lo que logró y lo que perdió Milei,Martín Menem,,Crimen en Caballito. Se negó a declarar la “viuda negra” acusada del homicidio del CEO de una empresa de Martín Menem,,»Es la autora material». Detuvieron a una «viuda negra» por el homicidio del CEO de una empresa del diputado Martín Menem,,Polémica por los números. El oficialismo interviene la oficina del Congreso que audita el costo de las leyes
POLITICA
Una agencia británica de comunicación hizo gestiones internacionales en defensa de Cristina Kirchner
El correo electrónico salió el 5 de octubre, a las 15.56. “Hola, Emma. Annie Correal tuvo la amabilidad de pasarme tu contacto”, escribió Ani Gevorgyan, una consultora radicada en Londres. El asunto prometía una entrevista con Rafael Valim, el abogado brasileño que lleva el caso de Cristina Kirchner ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La destinataria era una integrante de The New York Times.
Valim, que fue integrante del equipo jurídico que defendió al presidente brasileño, Lula da Silva, en la investigación conocida como Lava Jato, se sumó a mediados de este año al equipo de defensa internacional de la expresidenta Cristina Kirchner en el marco de la condena por la causa Vialidad.
El email presentaba al abogado brasileño como antiguo representante de Lula, especialista en lawfare y asesor en sistemas internacionales de protección de los derechos humanos.
La consultora escribía en representación de la expresidenta, según sus palabras textuales.
Gevorgyan reconoció en el mensaje que su objetivo era acompañar el trabajo para suspender temporalmente la inhabilitación perpetua que le impide a Cristina Kirchner ocupar cargos públicos. Un dato relevante de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
Ese mismo día hubo otro contacto con The New York Times y uno con Bloomberg News.
El objetivo de la agencia británica era instalar en los grandes medios internacionales el planteo de Cristina Kirchner contra la condena a seis años de prisión.
Los correos formaban parte de una campaña diseñada para extenderse durante un año y revelada por documentos presentados ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Fuentes al tanto de la estrategia de la expresidenta sostienen, sin embargo, que su equipo nunca dio la aprobación final a la contratación y que la consultora avanzó “prematuramente”, cuando todavía persistían diferencias sobre algunos detalles contractuales.
La documentación presentada por Milton ofrece otra versión. El 7 de octubre, la firma declaró ante el Departamento de Justicia que su acuerdo con Nazar Partners se encontraba vigente. Para entonces, ya había contactado a periodistas de The New York Times y Bloomberg News.
Más allá del contrapunto, la trastienda de esas conversaciones es reveladora. El contrato entre Nazar Partners FZ-LLC y Milton Advisers fue firmado el 27 de agosto. Nazar, radicada en la zona franca de Ras al-Khaimah, en Emiratos Árabes Unidos, aparece como la contratante formal. Cristina Kirchner figura como beneficiaria del trabajo y como “principal extranjera”.
Quienes conducen la estrategia internacional de Cristina Kirchner consideran que el caso tuvo buena recepción y que reciben consultas frecuentes sobre su situación. Por eso, no consideran necesaria, al menos por ahora, la ayuda adicional de una consultora.
El precio negociado era de US$10.000 mensuales durante 12 meses. Es decir, unos US$120.000 por el año completo, más impuestos y gastos. Cualquier gasto superior a £500 debía ser aprobado previamente. Al registrarse, el 7 de octubre, Milton declaró que todavía no había recibido pagos.
El calendario ayuda a entender la operación. La expresidenta había anunciado el 29 de julio pasado que recurriría al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Un mes después comenzó el contrato con Milton. En septiembre último, sus abogados presentaron como nueva prueba un informe encargado a especialistas brasileños. El 5 de octubre salieron los correos hacia los medios norteamericanos. Dos días después, la consultora quedó registrada en Washington.
El equipo de la expresidenta busca que la ONU dicte una medida cautelar para suspender la inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que le abriría una puerta para volver a competir en elecciones.
La ofensiva internacional avanza mientras se acelera la pelea por la candidatura peronista de 2027. Aunque no lo dice, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, construye su proyecto presidencial; Sergio Massa está activo, Máximo Kirchner defiende la centralidad de su madre y Cristina Kirchner busca recuperar la posibilidad de competir.
El contrato permite reconstruir las tareas que se les hubieran requerido a los consejeros británicos. Incluía la elaboración de mensajes, apoyo a voceros, relaciones gubernamentales e institucionales en Estados Unidos, Europa y América Latina, contactos con medios y coordinación entre los abogados y el equipo de comunicación.
También preveía buscar observadores jurídicos y “validadores externos”, seguir la conversación mundial sobre Cristina Kirchner y medir el tono de la cobertura.
El objetivo quedó escrito con claridad: conseguir columnas de opinión, artículos y entrevistas en medios internacionales de primera y segunda línea de Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa. El trabajo debía organizarse en ciclos de seis semanas, sincronizados con los hitos que indicara el cliente.
Nazar Partners ocupaba un lugar central, pero todavía opaco. Era la contratante formal y la responsable de pagarle a Milton. El acuerdo estaba firmado en su nombre por Almira Sylaj. Sin embargo, los documentos no explican quién contrató a la firma emiratí, cuánto cobraba por su propia intervención ni de dónde provienen finalmente los fondos. Tampoco aparece un contrato firmado directamente por la expresidenta.
Milton tiene sede en Londres y fue fundada por dos británicos con experiencia política. Louis Rynsard trabajó con equipos del Partido Laborista y luego se especializó en comunicación de crisis y litigios internacionales. Alex Walker pasó ocho años en Westminster y asesoró al alcalde de Kiev y excampeón mundial de boxeo Vitali Klitschko, entre muchas otras cosas.
Tres integrantes de la firma quedaron registrados personalmente para trabajar a favor de Cristina Kirchner. Rynsard es uno. Los otros son Tolga Inanc, un consultor británico que pasó por el Tesoro y la Cancillería de su país, y Gevorgyan, que escribió los correos y ofreció la entrevista con Valim.
La defensa de Cristina Kirchner conecta abogados y consultores de varios países. Junto al argentino Carlos Beraldi trabajan Valim y Javier Borrego, español, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y exmagistrado del Tribunal Supremo de España.
Milton se inscribió bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, conocida como FARA. La norma obliga a quienes desarrollan determinadas actividades políticas o de comunicación en favor de intereses extranjeros a revelar a quién representan, qué hacen y cuánto cobran.
Cristina Kirchner aparecía como ciudadana argentina y expresidenta. Milton declaró la actividad como política porque buscaba influir sobre la percepción de audiencias estadounidenses respecto de su situación judicial y su futuro político.
La Justicia argentina considera probado que entre 2003 y 2015 se direccionaron 51 obras públicas en Santa Cruz para favorecer a las empresas de Lázaro Báez y condenó a Cristina Kirchner por administración fraudulenta contra el Estado.
La Corte Suprema dejó firme en junio del año pasado la pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Desde entonces, la expresidenta cumple arresto domiciliario y busca trasladar la disputa a los organismos internacionales.
Pablo Fernández Blanco,Conforme a
POLITICA
Tierra del Fuego: dos libertarios se disputan el liderazgo provincial y buscan posicionarse para la gobernación
Las dos principales figuras de La Libertad Avanza (LLA) en Tierra del Fuego, Agustín Coto y Santiago Pauli, comenzaron a medir fuerzas en el territorio con la mirada puesta en la gobernación. Ambos comparten la aspiración de suceder a Gustavo Melella al frente del Ejecutivo provincial, pero, por ahora, evitan exponer sus diferencias y concentran sus esfuerzos en consolidar sus respectivos espacios políticos.
En el horizonte no aparece, al menos por el momento, la posibilidad de dirimir la disputa en una interna partidaria. La decisión sobre quién representará al espacio libertario en la contienda provincial quedaría en manos de la conducción nacional, con la Casa Rosada como principal instancia de definición.
Frente a ese escenario, tanto el senador Coto como el diputado Pauli buscan llegar fortalecidos a la instancia decisiva. La estrategia pasa por ampliar sus bases de apoyo, consolidar vínculos territoriales y demostrar capacidad de construcción política en un distrito donde el sello nacional de LLA deberá traducirse en una estructura electoral competitiva.
Pauli fue el primero en exteriorizar sus aspiraciones de conducir la provincia. Sin embargo, esa anticipación no implica necesariamente una ventaja en la carrera sucesoria ni supone que la conducción nacional haya establecido un orden de prioridades. En un espacio con fuerte centralidad de las decisiones nacionales, el posicionamiento de ambos dirigentes dependerá también de las señales que emita el núcleo de poder libertario.
El vínculo de Melella con Milei y el reordenamiento político provincial
La disputa libertaria se desarrolla en un escenario atravesado por las dificultades fiscales de Tierra del Fuego, las tensiones entre el gobierno provincial y la administración nacional y los movimientos políticos que podrían alterar el mapa de alianzas de cara a las próximas elecciones.
Melella atraviesa una etapa compleja en materia política y de gestión. En las últimas semanas trascendió un acercamiento con el gobierno de Javier Milei, canalizado a través del jefe de Gabinete, Diego Santilli, que abrió una nueva instancia de diálogo entre ambas administraciones.
Ese entendimiento tuvo una expresión concreta en el plano financiero: la provincia obtuvo un incremento de los anticipos de fondos, que pasaron de $27.000 millones a $45.000 millones, en un contexto de dificultades fiscales. El movimiento reforzó las expectativas sobre un cambio en la relación entre la Casa Rosada y el Ejecutivo fueguino, aunque sus alcances políticos todavía están sujetos a evolución.
Otro episodio que alimentó las interpretaciones sobre un eventual entendimiento se produjo en el Congreso. El diputado nacional Agustín Tita, referente de Melella y dirigente vinculado al oficialismo provincial, estuvo ausente en la sesión especial convocada para debatir la derogación del DNU 70/2023, impulsado por Milei. Su ausencia contribuyó a que la oposición no reuniera el quórum necesario para abrir el debate.
En paralelo, el gobernador respaldó públicamente el cambio de postura de Milei respecto de la cuestión Malvinas y destacó los avances para reactivar el proyecto de la Base Naval Integrada y el Polo Logístico Antártico en Ushuaia. Melella justificó la apertura del diálogo con el Gobierno nacional bajo el argumento de que existen “causas que están por encima de cualquier diferencia política”.
El acercamiento, sin embargo, abrió nuevos frentes de conflicto dentro del arco opositor y de los espacios políticos que integran el escenario provincial. Sectores vinculados al intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, y a dirigentes municipales de Río Grande cuestionaron el giro del gobernador y lo interpretaron como un entendimiento con Milei que contradice los compromisos políticos asumidos y tensiona la relación con Unión por la Patria.
Para LLA, ese reordenamiento representa una variable relevante en la construcción de una alternativa provincial. No obstante, el oficialismo fueguino conserva capacidad de influencia territorial y política, por lo que la eventual fragmentación de sus adversarios no garantiza por sí sola una victoria libertaria.
Ushuaia y Río Grande, los territorios en disputa
La competencia entre Coto y Pauli también se expresa en la distribución de apoyos en las principales ciudades de la provincia. En Ushuaia, el senador cuenta con una posición más consolidada, mientras que el diputado busca hacer valer su inserción política en Río Grande.
Esa distribución territorial puede convertirse en un factor determinante cuando la conducción nacional evalúe quién ofrece mejores condiciones para encabezar la fórmula provincial. La capacidad de movilización, el vínculo con los referentes locales y la posibilidad de ampliar la base electoral serán variables centrales en una definición que excede la exposición pública de las aspiraciones personales.
La situación institucional de Melella también forma parte de los cálculos electorales. El gobernador no podría buscar un nuevo mandato bajo las actuales restricciones constitucionales, luego de que fracasara el intento de reformar la Carta Magna provincial para habilitar la reelección indefinida. Ese escenario abre la competencia por la sucesión, aunque no despeja las incógnitas sobre el peso que conservará el oficialismo en la próxima contienda.
En las elecciones legislativas de octubre de 2025, LLA obtuvo un resultado que reforzó sus expectativas de crecimiento en Tierra del Fuego y superó al oficialismo provincial por cerca de diez puntos, según los datos consignados en el escenario electoral. Ese antecedente constituye un activo para el espacio libertario, pero trasladar el respaldo nacional a una elección ejecutiva requiere una construcción política propia y una propuesta capaz de competir más allá de la marca partidaria.
En ese contexto, Coto aparece mejor posicionado en términos institucionales por su condición de senador y por su cercanía con la conducción nacional. Esos atributos podrían favorecerlo en una eventual búsqueda de consenso, aunque no alcanzan para dar por definida la candidatura.
Pauli, por su parte, conserva margen para fortalecer su armado territorial y disputar el lugar de representante libertario en la provincia. La ausencia de una confrontación abierta entre ambos permite que la competencia continúe sin erosionar, al menos públicamente, la cohesión del espacio.
La incógnita sigue abierta: ninguno de los dos tiene asegurada la candidatura a gobernador. En una fuerza política donde las decisiones estratégicas mantienen una fuerte centralización, la disputa se resolverá tanto por la capacidad de construcción territorial de los aspirantes como por la evaluación que haga la conducción nacional en Balcarce 50.
POLITICA
En España Milei volvió a negar que haya argentinos que no llegan a fin de mes: “Es un slogan barato”
Durante su visita a Madrid, el presidente Javier Milei volvió a referirse este miércoles por la mañana (hora local) a la polémica acerca de que los argentinos se quedan sin dinero a fin de mes, apuntó contra el presidente del gobierno español Pedro Sánchez y habló sobre la situación migratoria en Europa en medio de las violentas protestas que se sucedieron durante el fin de semana en París y Milán.
“¿Vos podés vivir diez días sin comer y sin beber? Es un slogan barato para afectar a la institucionalidad. Es tan así que después salieron a aclarar que en realidad uno lo que puede tener son privaciones, entonces ahí lo que tenés que mirar es el indicador de pobreza, que pasó de 57% a 32%. La indigencia pasó de 20% a 6%. Cualquier indicador social que mires está muchísimo mejor. Si vos querés abrazarte a un slogan emocional, amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro”, le dijo Milei a un periodista de La Sexta.
Las declaraciones llegaron apenas días después de que se refiriera al mismo tema durante su discurso en una conferencia en Neuquén. Los datos a los que hizo alusión partieron de un relevamiento de Zentrix Consultora, que arrojaron que un 72% de los menores de 40 años se queda sin ingresos antes del fin de mes.
La investigación realizada por la consultora sostiene que dos de cada tres argentinos se quedan sin dinero a más tardar el día 20, con picos del 72% entre los menores de 40 años. El crédito aparece como el puente para llegar: el 56,2% tomó deuda en los últimos seis meses.
Tras cuestionar nuevamente este dato, Milei participó este miércoles al mediodía (hora local) en el Foro Nuevo Economía en la capital española. En un discurso en el que apuntó contra líderes locales como Sánchez —a quien tildó de “impresentable dictador”—, el primer mandatario apuntó contra las políticas migratorias en Europa.
“El estancamiento produce menos oportunidades para los más jóvenes, que son rápidamente captados por ideas revolucionarias por la falta de perspectiva de futuro. Lo irónico es que son precisamente esos revolucionarios de escritorio, los partidos de izquierda, los causantes del estancamiento, el negocio les cierra perfecto. Otro ejemplo claro es la cuestión migratoria”, comenzó Milei en medio de su alocución ante ministros, expresidentes y otros dirigentes políticos iberoamericanos.
“Algunas personas dicen que habilitar la migración es cuestión de humanismo y caridad. Ahora mismo se vive una situación que pinta de cuerpo entero las consecuencias de permitir la invasión y la destrucción de la cultura de occidente”, consideró y remarcó: “Lejos de integrarse, los migrantes están desintegrando la sociedad europea, incendiando monumentos ancestrales y destruyendo la propiedad de los ciudadanos de cuyos impuestos viven”.
El jefe de Estado argentino señaló que la “irresponsabilidad migratoria” traza un “sendero de decadencia muy difícil de revertir”. “Occidente se enfrenta a un problema demográfico grave. Ese problema no puede ser solucionado importando ciudadanos, sobre todo si ellos se oponen vehementemente a todos los principios que sostienen a nuestra civilización. Vemos estos desarrollos con mucha preocupación desde la Argentina”, expresó.
“Lo que pasa en Ceuta es emblemático desde la izquierda. Son capaces de transformar cualquier cielo en un infierno. Fomentan la invasión, cada inmigrante es un voto. No fue un accidente ni una casualidad… Las calles se volvieron más inseguras para las mujeres”, consideró el Presidente.
Y volvió a apuntar contra la inmigración: “El argumento económico a favor de la migración irrestricta se cayó a pedazos hace tiempo. Las economías que más inmigrantes recibieron siguen igual de estancadas que antes o incluso peor porque buena parte de los inmigrantes generan más gastos fiscales de los que producen. Por eso, siempre recuerden, no hay empatía ni solidaridad alguna de las medidas socialistas, solo ansias de poder”.
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Una agencia británica de comunicación hizo gestiones internacionales en defensa de Cristina Kirchner
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