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POLITICA

La oposición quiere evitar que prospere la intervención oficial de la Oficina de Presupuesto del Congreso

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El avance del oficialismo sobre la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) abrió un nuevo frente de conflicto legislativo. En respuesta, senadores y diputados de distintos bloques opositores comenzaron a impulsar proyectos para proteger al organismo, cuestionar las medidas adoptadas por la comisión supervisora y exigir explicaciones sobre su futuro funcionamiento.

Las presentaciones surgieron después de que la Comisión de Supervisión Parlamentaria (CSP) aprobara una serie de resoluciones que reforzaron su control sobre la oficina técnica encargada de analizar el costo fiscal de las leyes, evaluar el presupuesto nacional y estudiar la evolución de la deuda pública.

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Entre otras medidas, la comisión dispuso que las áreas técnicas no podrán realizar actividades extraordinarias o informes no previstos sin autorización previa, ordenó auditorías sobre el funcionamiento de la oficina y limitó la capacidad de sus autoridades para realizar modificaciones presupuestarias.

La respuesta más ambiciosa llegó desde el Senado. Los integrantes del bloque Convicción Federal, Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán), presentaron un proyecto de ley para reformar la norma que creó la OPC y fortalecer su autonomía administrativa, financiera y técnica.

La iniciativa propone ampliar el acceso a los informes del organismo para que puedan ser solicitados por las presidencias de todas las comisiones con competencia sobre una iniciativa y no únicamente por las comisiones de Presupuesto y Hacienda. También otorga mayores facultades de gestión al director general, establece mecanismos de transparencia y crea un esquema de financiamiento propio equivalente, como mínimo, al 1% del presupuesto de cada Cámara.

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Según los autores, el objetivo es reforzar la independencia del organismo y reducir la “asimetría de información” que existe entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en materia presupuestaria y fiscal.

“La OPC es un insumo muy importante de información para todos nosotros, periodistas y la sociedad en general porque nos provee información técnica específica”, explicó Moisés.

En los fundamentos, los senadores sostienen que la legislación vigente contiene “rigideces que no se le conocen a ningún otro organismo de la administración pública” y que limitan el desarrollo institucional de la oficina. También plantean que garantizar la estabilidad de sus equipos técnicos es una condición necesaria para preservar la independencia de sus análisis.

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En Diputados, el radical bonaerense, Pablo Juliano, avanzó por otra vía. Presentó un proyecto de declaración para expresar la “profunda preocupación” de la Cámara por las resoluciones aprobadas por la Comisión de Supervisión Parlamentaria.

El integrante del bloque Provincias Unidas advierte que las nuevas restricciones podrían afectar la capacidad legislativa de trabajar con información propia. “Lo que está en juego es la capacidad del Congreso de la Nación para producir conocimiento propio sin depender exclusivamente de la información elaborada por el mismo Poder Ejecutivo que debe controlar”, sostiene en los fundamentos de la iniciativa.

Juliano también cuestiona que una mayoría circunstancial pueda definir qué estudios puede realizar la oficina. “Su función no puede quedar limitada únicamente a aquello que resulta previamente autorizado o políticamente conveniente”, argumenta.

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El senador Agustín Monteverde (LLA) es el presidente de la Comisión Bicameral que supervisa la actuación de la OPC Pilar Camacho

A estas iniciativas se sumará un tercer proyecto impulsado por la diputada Julia Strada, de Unión por la Patria (UP). Según pudo saber , la legisladora trabaja en un pedido de informes dirigido a la presidencia de la Cámara de Diputados para obtener precisiones sobre las auditorías ordenadas, las modificaciones introducidas por la comisión y el futuro funcionamiento de la OPC.

La controversia se desató luego de que la comisión supervisora aprobara las resoluciones 003 a 006 de 2026. Sus críticos sostienen que las medidas afectan la autonomía de la oficina y podrían condicionar la elaboración de informes sobre temas sensibles. El oficialismo rechaza esa interpretación.

El senador libertario Agustín Monteverde, integrante de la Comisión de Supervisión Parlamentaria, defendió las decisiones adoptadas y sostuvo que se ajustan a las atribuciones previstas en la ley que creó la OPC.

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La norma establece que la comisión tiene entre sus funciones aprobar el reglamento interno, el presupuesto, el plan anual de trabajo y la memoria institucional del organismo. También puede solicitar la remoción de sus autoridades y conformar consejos asesores de expertos.

Precisamente ese punto es uno de los que más cuestiona la oposición. La misma comisión que actualmente impulsa auditorías, revisa concursos de personal y limitó la realización de informes extraordinarios es la encargada de aprobar el plan de trabajo anual de la oficina. Hoy ese cuerpo está controlado por representantes del oficialismo y sus aliados.

“Se dispuso expresamente que la OPC siguiese trabajando de manera normal, lo que así está ocurriendo”, afirmó Monteverde a través de las redes sociales.

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La preocupación opositora se explica también por el protagonismo que ganó la OPC en algunos de los debates más sensibles de los últimos meses. El organismo elaboró estimaciones que difirieron de las difundidas por el Gobierno durante las discusiones sobre jubilaciones y discapacidad y, además, fue citado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal al ordenar al Poder Ejecutivo cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Para sus defensores, esos antecedentes refuerzan la necesidad de preservar su independencia técnica.




Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC),pic.twitter.com/OrIBdDSxvZ,June 10, 2026,June 9, 2026,June 11, 2026,Delfina Celichini,Martín Menem,Conforme a,,Hace ocho días. Milei se recluyó y no tuvo actividades públicas desde la entrevista en la que Adorni admitió haber ocultado bienes,,Caso $LIBRA. Novelli pide excluir a los inversores que impulsan la investigación y sostiene que no hubo estafa,,Análisis. Lo que logró y lo que perdió Milei,Martín Menem,,Crimen en Caballito. Se negó a declarar la “viuda negra” acusada del homicidio del CEO de una empresa de Martín Menem,,»Es la autora material». Detuvieron a una «viuda negra» por el homicidio del CEO de una empresa del diputado Martín Menem,,Polémica por los números. El oficialismo interviene la oficina del Congreso que audita el costo de las leyes

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Identificaron irregularidades de más de $82 millones en un registro automotor y el ex titular enfentaría acciones penales

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El Gobierno nacional identificó una serie de irregularidades vinculadas al manejo de fondos, que debían ser depositados a favor del Estado nacional, en uno de los registros automotores de Rosario, provincia de Santa Fe. La deuda total supera los 82 millones de pesos.

De acuerdo con lo establecido por la Resolución 559/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, el monto corresponde al dinero que el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Rosario N° 12, a cargo de Alejo Uribe Escobar, tenía que girar al Ejecutivo nacional.

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De hecho, dado que Uribe Escobar había renunciado a su función antes de la conclusión del expediente, el Ministerio dispuso registrar en su legajo personal la sanción que habría recibido de mantenerse en el puesto, que sería la remoción. Además, ordenó a sus áreas competentes avanzar con las medidas administrativas o judiciales necesarias para procurar el recupero de los fondos.

El procedimiento fue abierto mediante la Resolución N° 224/2024 del Ministerio de Justicia, con el objetivo de establecer la eventual responsabilidad del entonces titular del registro en la provincia de Santa Fe.

La investigación se centró en la falta de depósito íntegro y oportuno de remanentes de recaudación que correspondían a la Administración Central. En particular, las actuaciones examinaron liquidaciones vinculadas con los meses de marzo, abril y mayo de 2024.

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De acuerdo con la resolución, a Uribe Escobar se le atribuyó haber retenido importes que debían transferirse al Estado nacional dentro de los plazos previstos por la normativa aplicable. El régimen interno establece que el remanente mensual debe depositarse dentro de los dos días hábiles posteriores al cierre del mes en que fue percibido.

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios había reunido documentación sobre esas irregularidades. Luego, durante la instrucción del sumario, se produjeron informes técnicos y se incorporaron distintas medidas de prueba.

La renuncia de Alejo Uribe Escobar fue aceptada por medio de la Resolución N° 310/2024. Durante el trámite, el exfuncionario cuestionó la continuidad del expediente y planteó nulidades. Entre sus argumentos, sostuvo que la aceptación de su renuncia impedía imponerle una sanción disciplinaria o dejar asentada una remoción de carácter virtual en su legajo.

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También afirmó que la prosecución del sumario podía ocasionarle un perjuicio moral y económico. Sin embargo, el Ministerio rechazó los planteos de nulidad y sostuvo que la desvinculación del cargo no impedía continuar la investigación, especialmente ante la existencia de un posible daño patrimonial al Estado.

La resolución citó doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación para sostener que el registro de la sanción que habría correspondido no constituye una medida punitiva en sentido estricto. Según ese criterio, se trata de una previsión de carácter preventivo ante la posibilidad de un eventual reingreso a la función.

La Sindicatura General de la Nación determinó un perjuicio fiscal de 82.557.801,47 pesos por fondos retenidos. (REUTERS/Agustin Marcarian)

El expediente también indicó que Uribe Escobar pudo consultar las actuaciones y acceder a las instancias previstas para ejercer su defensa. El Ministerio consideró que no se afectaron sus garantías, dado que tuvo vistas del material documental y pudo solicitar el acceso a instrumentos existentes en el registro.

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En sus descargos, el exencargado sostuvo que había sido objeto de una “persecución política”. Además, atribuyó la falta de depósitos a una situación económica que, según su postura, afectaba al Registro Seccional de Rosario N° 12 y al sistema registral en general.

La instrucción administrativa analizó la prueba ofrecida por la defensa y concluyó que no se verificó esa hipótesis. El acto señaló que tampoco se acreditó un deterioro generalizado de los registros seccionales que justificara el incumplimiento de las obligaciones de depósito.

La resolución remarcó que el derecho de retención propio del ámbito privado no puede ser aplicado de forma unilateral por quienes ejercen funciones delegadas por el Estado, ni utilizarse como mecanismo de compensación frente a dificultades económicas.

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En una etapa previa de la investigación, la instrucción había calculado un perjuicio fiscal nominal de $45.999.117,61, sin incluir intereses. Ese monto correspondía a los períodos que integraban de forma precisa el objeto del sumario administrativo.

Sin embargo, la Sindicatura General de la Nación revisó la situación y, en su Informe Técnico N° 72/2026, fijó el daño económico en $82.557.801,47 al 26 de agosto de 2026. La cifra fue considerada de relevante significación económica conforme a los criterios previstos en una resolución del organismo de control.

La resolución señaló que existían períodos adicionales con deuda, aunque algunos no formaban parte del objeto específico que motivó la apertura del sumario.

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Con base en esa determinación, el Ministerio instruyó a sus áreas competentes para que impulsen las acciones destinadas a recuperar el menoscabo patrimonial.

La medida también establece que la vía administrativa no quedó agotada. Uribe Escobar podrá optar por presentar un recurso de reconsideración dentro de los 20 días hábiles administrativos posteriores a la notificación o un recurso jerárquico en un plazo de 30 días hábiles.

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El peronismo se reunió en San Fernando y dejó un mensaje para Kicillof: “Unidad por encima de las aspiraciones individuales”

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El peronismo federal, el Frente Renovador y dirigentes de distintas vertientes del justicialismo se reunieron este martes en San Fernando para avanzar en la construcción de una alternativa electoral al gobierno de Javier Milei en 2027. Sin Axel Kicillof ni representantes de su Movimiento Derecho al Futuro (MDF) entre los participantes, el encuentro dejó un mensaje que también apunta a la interna del PJ: “La unidad debe estar por encima de las aspiraciones individuales”. Una consigna similar se repitió en los actos que se realizaron por el Día de la Militancia en distintas provincias.

La convocatoria fue el resultado de varios meses de negociaciones encabezadas principalmente por Sergio Massa y Juan Manuel Olmos, que buscan acercar a sectores del peronismo que habían tomado caminos diferentes y ampliar las alianzas hacia otras fuerzas políticas. El objetivo es consolidar un armado nacional con representación territorial y legislativa, en un escenario en el que Kicillof ya manifestó su intención de competir por la Presidencia y otros dirigentes también comenzaron a posicionarse.

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Durante el encuentro, los participantes coincidieron en la necesidad de dejar atrás las divisiones y las desconfianzas para construir una propuesta política común. Aunque inicialmente desde la organización habían asegurado que Kicillof no había sido convocado, Massa dio otra versión sobre su ausencia. “Entiendo que el MDF había sido invitado y después hubo alguna desinteligencia respecto de si había oradores o no”, explicó.

El líder del FR buscó restarle importancia al desencuentro con el espacio del gobernador. “Más allá de uno u otro, tenemos que juntarnos todos porque tenemos el desafío de construir no solamente con el peronismo, sino con todos los argentinos”, afirmó. Kicillof reunirá el sábado a su propio espacio político, el Movimiento Derecho al Futuro, según pudo saber TN.

Una convocatoria con peso territorial

Entre los presentes estuvieron Massa, escoltado por Gerardo Zamora y Natalia de la Sota; Olmos, Sergio Uñac, Miguel Ángel Pichetto, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Leandro Santoro, Cecilia Moreau y Sebastián Galmarini. También participaron el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, el exgobernador Juan Manuel Urtubey y dirigentes sindicales, como Cristian Jerónimo y Jorge Sola, integrantes del triunvirato de la CGT.

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La representación bonaerense incluyó a los intendentes Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Mariel Fernández, de Moreno; Federico Achával, de Pilar; y Juan Andreotti, anfitrión del encuentro. Además, asistieron referentes de La Cámpora como Mayra Mendoza, Teresa García, Julián Álvarez y Mariano Recalde.

Máximo Kirchner celebró el Día de la Militancia junto al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto (Foto: La Cámpora).

La presencia de distintos dirigentes con aspiraciones presidenciales también puso sobre la mesa la discusión por las candidaturas. Massa evitó confirmar si buscará competir en 2027 y recordó que actualmente no ocupa cargos públicos, aunque conduce el Frente Renovador. “Soy un militante político”, afirmó, y mencionó a Uñac, Zamora y De la Sota como referentes con “vocación de liderar la Argentina que viene”.

En ese escenario, defendió la continuidad de las PASO, que el Gobierno de Milei busca eliminar. “Tenemos la vocación de que se siga sosteniendo la regla electoral en la que venía la Argentina”, señaló. Sin embargo, admitió que, si el oficialismo consigue modificar el sistema, el peronismo deberá encontrar otra manera de ordenar sus diferencias.

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La reunión comenzó con la marcha peronista y el Himno Nacional, continuó con una intervención del streamer El Peroncho y cerró con un video realizado con inteligencia artificial en el que Juan Domingo Perón reflexiona sobre los problemas actuales de la Argentina y su futuro.

Distintos actos en el país

La conmemoración tuvo otras expresiones políticas fuera de San Fernando. En Formosa, Gildo Insfrán encabezó un acto en el Estadio Cincuentenario y llamó a recuperar el gobierno nacional en las próximas elecciones. “En el 2027 tenemos que volver a ser gobierno nacional”, expresó el mandatario, que convocó a la militancia a recorrer los barrios, escuchar y convencer a los ciudadanos. “Desde Formosa demostramos que la UNIDAD es la herramienta para lograrlo”, remarcó.

En La Pampa, Máximo Kirchner participó de una actividad por el Día de la Militancia junto al gobernador Sergio Ziliotto, en la localidad de Telén, y compartió en sus redes sociales videos de vecinos pampeanos que conversaron por teléfono con Cristina Kirchner.

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En paralelo, La Cámpora concentró a su militancia frente al domicilio de la expresidenta, en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, bajo la consigna “Luche y vuelve”. Pese a la demora en la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre su inhabilitación para ejercer cargos públicos, el kirchnerismo mantiene en pie la posibilidad de una candidatura presidencial de Cristina Kirchner en 2027.

Las distintas convocatorias dejaron planteado el principal desafío del justicialismo para el año próximo: transformar los llamados a la unidad en un acuerdo electoral, mientras sus dirigentes mantienen abiertas las diferencias por el liderazgo y las candidaturas presidenciales.

Peronismo, PJ, Sergio Massa, Axel Kicillof, Máximo Kirchner

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Imputaron a una concejal de Neuquén por haberse adjudicado un lote fiscal en San Patricio del Chañar

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Un juez de garantías de Neuquén dio por formulados los cargos contra la concejal de San Patricio del Chañar, Mónica Beatriz Barrera, a quien la Fiscalía le atribuyó negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas por su intervención en una ordenanza que le adjudicó un lote fiscal.

La investigación penal preparatoria tendrá un plazo de cuatro meses, según resolvió el juez Luciano Hermosilla tras escuchar la exposición del fiscal Juan Narvaez, del asistente letrado Facundo Bernat y de la querella de la Fiscalía de Estado.

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La acusación sostuvo que Barrera habría actuado en un expediente municipal que derivó en la transferencia a su favor del Lote 10 de la Chacra 28, ubicada en Picada 9. Por esto, el Ministerio Público Fiscal (MPF) neuquino indicó que la concejal integró la comisión que trató la iniciativa, defendió el proyecto en el recinto y votó por su aprobación.

Según la teoría del caso expuesta en audiencia, el 25 de noviembre de 2024 Barrera pidió al Poder Ejecutivo Municipal que dejara sin efecto una ordenanza de 1996. De esta manera, habría solicitado que le vendieran el terreno fiscal.

La sede del Honorable Concejo Deliberante de San Patricio del Chañar (Gentileza: Diario Río Negro)

El expediente llegó al Concejo Deliberante y, el 24 de junio de 2025, la Comisión de Asuntos Institucionales emitió despacho favorable. Para la Fiscalía, ese paso se produjo con participación de la propia edil y sin un dictamen jurídico formal previo.

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Al día siguiente, durante la Sesión Ordinaria N° 13, Barrera intervino para fundamentar la propuesta y acompañó con su voto la adjudicación. Finalmente, la ordenanza se aprobó por tres votos a favor y dos en contra.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, la decisión quedó plasmada en la Ordenanza N° 1497/25, que habilitó el cambio de titularidad del inmueble y fue firmada por la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Marta Verónica González.

A raíz de esto, la Fiscalía también había solicitado formular cargos contra González por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. La hipótesis fiscal señalaba que no habría aplicado los controles correspondientes durante el proceso legislativo.

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El episodio habría ocurrido durante 2024

Sin embargo, Hermosilla rechazó en esta etapa esa imputación al considerar que existen dudas sobre la existencia de dolo en la conducta atribuida a la viceintendenta. Respecto de Barrera, el delito imputado es negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en carácter de autora, previsto en los artículos 265 y 45 del Código Penal.

En este contexto, la Fiscalía sostuvo que la ordenanza fue aprobada sin respetar exigencias de la Carta Orgánica Municipal. Entre ellas, mencionó la necesidad de una mayoría de dos tercios del Concejo Deliberante, equivalente a cinco votos, y la realización de una licitación pública o remate para vender inmuebles municipales.

También señaló que el dictamen jurídico escrito se incorporó al expediente minutos después del cierre de la sesión en la que se aprobó la transferencia. Con la apertura formal de la investigación, la acusación contará con cuatro meses para profundizar las medidas del caso.

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El caso de Gloria Ruiz: el expediente en el fuero civil

A mediados de septiembre, la Justicia Civil de Neuquén condenó en primera instancia a la ex vicegobernadora Gloria Ruiz a pagar $5 millones más intereses al presidente de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos Comunitarios de Neuquén (CALF), Marcelo Severini, por daño moral derivado de una denuncia penal que fue archivada.

La Justicia Civil condenó a la ex vicegobernadora Gloria Ruiz al pago de cinco millones de pesos por daño moral al presidente de CALF, Marcelo Severini. (Fuente)

El fallo también ordenó a Ruiz retirar de sus redes sociales las publicaciones vinculadas con las acusaciones contra Severini. La ex funcionaria tuvo diez días para cumplir esa disposición, para evitar sufrir otras sanciones económicas.

La demanda fue promovida por Severini, quien sostuvo que la presentación penal y su difusión pública afectaron su honor. El tribunal hizo lugar de manera parcial al reclamo y, además, impuso las costas del proceso a la demandada.

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El conflicto se remonta a diciembre de 2024, cuando Ruiz atravesaba una crisis institucional en la Legislatura neuquina. Tras su suspensión preventiva, la entonces vicegobernadora presentó una denuncia en los tribunales federales de Buenos Aires contra ministros provinciales, legisladores y referentes de distintas instituciones.

Entre los denunciados figuraba Severini. La presentación incluyó acusaciones por asociación ilícita, falsa denuncia, abuso de autoridad, cohecho y lavado de activos. La defensa de Ruiz, encabezada por el abogado Carlos Broitman, planteó que existía una maniobra para apartarla de la conducción de la Legislatura.

La ex vicegobernadora fue destituida en 2024 (Legislatura de Neuquén)

La causa pasó primero por el Juzgado Federal porteño de Sebastián Casanello, que se declaró incompetente por razones territoriales y remitió el expediente a Neuquén. Luego, la fiscal federal Mariana Querejeta entendió que no había materia federal y derivó las actuaciones a la Justicia provincial.

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La Fiscalía provincial, a cargo de Diego Azcárate, archivó finalmente el legajo por falta de tipicidad, al considerar que los hechos denunciados no encuadraban en una figura penal que justificara avanzar con la investigación.

Al resolver la demanda civil, el magistrado consideró que la denuncia no detallaba hechos concretos que permitieran establecer una intervención material de Severini en los delitos que se le atribuían. También señaló la ausencia de elementos mínimos para respaldar esas acusaciones.

La sentencia sostuvo que el derecho a denunciar no habilita imputaciones sin una descripción precisa de las conductas ni sustento probatorio. Bajo ese criterio, entendió que la presentación excedió el ejercicio regular de ese derecho.

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Neuquén,San Patricio del Chañar

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