El Gobierno evalúa nuevas medidas contra la Superliga mientras espera una definición judicial sobre la veeduría dispuesta en la AFA. En el Ministerio de Justicia analizan los próximos pasos administrativos y sostienen que el margen de acción es más amplio que en el caso de la AFA, donde existe una apelación judicial en trámite.

La situación de las dos entidades no es la misma. En el caso de la AFA, en el Ejecutivo sostienen que existe una apelación ante la Justicia civil con recurso concedido por la Cámara, de forma que esperarán esa resolución antes de avanzar con apercibimientos o nuevas medidas administrativas. «Tenemos que esperar que resuelva la Cámara para poder apercibirlos”, expresan.

El escenario es distinto para la Superliga. En la Casa Rosada aseguran que esa entidad sólo manifestó su disconformidad con la veeduría y que la IGJ rechazó ese planteo. La estrategia oficial es mantener abierta la vía administrativa sin forzar una escena de confrontación antes de tiempo. “La semana que viene seguramente prosigamos con alguna medida según requieran los veedores”, agregan.

La Inspección General de Justicia tiene facultades para fiscalizar asociaciones civiles y fundaciones, además de controlar su funcionamiento, disolución y liquidación. La Ley 22.315 establece que el organismo puede considerar, investigar y resolver denuncias, asistir a asambleas, convocarlas en determinados supuestos y pedir medidas más graves cuando detecta irregularidades relevantes.

En este caso, una de las primeras herramientas disponibles es una nueva intimación formal para que la Superliga entregue documentación o permita el acceso requerido por los veedores. Si la IGJ considera que hubo incumplimiento, la ley la habilita a sancionar a asociaciones, fundaciones, administradores y a cualquier entidad que no provea información, entregue datos falsos, infrinja obligaciones legales o estatutarias, o dificulte el desempeño del organismo.

El esquema sancionatorio incluye apercibimiento, apercibimiento con publicación a cargo del infractor y multa. El monto máximo de la multa prevista para estos casos fue actualizado por el Decreto 609/2024 y quedó fijado en $8.000.000. La graduación debe considerar la gravedad del hecho, la eventual reiteración de infracciones y el patrimonio de la entidad.

Leé también: El Gobierno busca aprobar cuatro leyes antes del Mundial y prepara otros 10 proyectos que enviará al Congreso

La IGJ también cuenta con herramientas de mayor alcance si detecta irregularidades graves. Puede declarar la irregularidad o ineficacia administrativa de actos bajo fiscalización y, en situaciones extremas, solicitar al Ministerio de Justicia la intervención de una asociación civil o el retiro de la autorización para funcionar. El Decreto 1493/82 agrega que el organismo debe controlar que las asociaciones y fundaciones cumplan efectivamente los propósitos de sus estatutos y no desvirtúen su finalidad.

El Ministerio de Justicia monitorea el proceso y pone la mira sobre si la Superliga judicializa la medida o mantiene su resistencia sólo por vía administrativa. Sigue de cerca además la apelación de la AFA que debe resolver la Cámara y busca mantener la presión documental sobre las entidades del fútbol. “Es un proceso largo”, agregan.

Gobierno, Superliga, AFA

Tras el fracaso de la oposición de la semana pasada, cuando no logró reunir el quorum para sesionar y forzar la interpelación de Manuel Adorni, este miércoles volverá a la carga junto a Unión por la Patria (UxP) y buscará abrir las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para discutir los pedidos de interpelación y otros proyectos impulsados por el kirchnerismo.

Sin embargo, La Libertad Avanza se anticipó con una jugada propia: convocó a una sesión para las 10 con el objetivo de tratar los proyectos de ley Hojarasca y de Zonas Frías. El oficialismo ya tendría garantizado el quorum con el respaldo de aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales.

El socialista Esteban Paulón, junto al jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, el radical crítico Pablo Juliano y otros diputados, pidió una sesión especial para las 11. El objetivo es avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por denuncias sobre supuestos hechos de corrupción. También buscan debatir iniciativas vinculadas con temas sociales, como regímenes de licencias parentales, la situación del PAMI y la creación del plan Remediar.

Los proyectos presentados en Diputados apuntan a la situación judicial y patrimonial de Adorni. Entre otros puntos, solicitan informes verbales del jefe de Gabinete “sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos”, además de pedidos de información vinculados a su patrimonio declarado y la posibilidad de avanzar con una moción de censura por supuestas irregularidades.

La embestida libertaria

El jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, diseñaron la estrategia libertaria con una contraofensiva parlamentaria: convocaron a una sesión el mismo miércoles, pero una hora antes.

La convocatoria incluye temas impulsados por la Casa Rosada, como el proyecto de Derogación de Legislación Obsoleta —conocido como ley Hojarasca— enviado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; las modificaciones a la Ley de Zonas Frías, sancionada en 2021 a propuesta de Máximo Kirchner; y tratados internacionales dictaminados por la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por la libertaria Juliana Santillán.

Leé también: Las tres variables económicas que monitorea Milei para que mayo vuelva a mostrar una inflación a la baja

Las medidas energéticas

La semana pasada, el oficialismo consiguió el dictamen de mayoría del proyecto con la presencia de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti. La iniciativa modifica el esquema de subsidios al gas que amplió beneficios a provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.

Según el Gobierno, esa ampliación “desnaturalizó el carácter focalizado del sistema” al incorporar zonas “sin condiciones climáticas equivalentes”, lo que derivó en un fuerte aumento de beneficiarios y del costo fiscal.

El dictamen mantiene los subsidios para la Patagonia, Malargüe y la Puna en el consumo residencial de gas natural y gas propano por redes. Pero en las zonas incorporadas desde 2021, el beneficio quedará limitado a los hogares de menores ingresos incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.

Rechazo a Zonas Frías

Desde Unión por la Patria, la diputada Jimena López cuestionó la propuesta oficialista y aseguró que “reduce el alcance de los beneficios para millones de usuarios mientras mantienen e incluso profundizan los recargos. El manejo de los servicios básicos no puede quedar a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, ya que estos constituyen un derecho fundamental para la ciudadanía”.

López también criticó al Gobierno por “haber aumentado en cinco oportunidades durante 2025 el recargo para financiar este fondo, elevándolo hasta su máximo legal y arrogándose en abril la facultad de incrementarlo hasta un 11,25% sin pasar por el Congreso”.

Por su parte, el diputado cordobés Carlos Gutiérrez sostuvo que, de aprobarse el proyecto oficial, “670 mil usuarios de Córdoba se quedarían sin el subsidio al gas”. Además, afirmó que “el efecto derrame que —según los cálculos del Gobierno— producirían las inversiones en gas y su eventual incorporación a las tarifas de los sectores más humildes es poco creíble de parte de un Gobierno que no tiene sensibilidad social”.

Gutiérrez agregó que “Córdoba no mantiene deudas en esta materia. Con la gestión de Juan Schiaretti, se construyó 3.200 kilómetros de gasoductos troncales con una inversión de mil millones de dólares, adelantándose a los futuros desarrollos gasíferos. Resulta ofensivo que representantes del oficialismo digan que este subsidio ‘les llega a usuarios de piletas climatizadas’, cuando claramente la normativa dice lo contrario”.

Leé también: El Gobierno pagó US$17 millones en intereses por el swap con el Tesoro de Estados Unidos

El director del Instituto Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, también rechazó los cambios y explicó que “en las viviendas ubicadas en zonas ‘no frías’ de la Argentina se consumen, en promedio, 542 metros cúbicos de gas al año. De ese total, el 33% se destina a calefacción”.

“En cambio, en una vivienda ubicada en ‘zona fría’ se consumen, en promedio, 1052 metros cúbicos de gas al año. Eso es un 94% más que en zonas ‘no frías’. Pero, además, casi la mitad de ese gas que se consume en una vivienda de zona fría, más precisamente el 48%, se usa para calefacción del hogar”, señaló.

Y concluyó: “Queda bien claro, entonces, que los descuentos en gas domiciliario por Zona Fría no implican ningún privilegio; simplemente contribuyen a amortiguar el costo de calefaccionar los hogares, lo que incide directamente en la salud de las personas”.

Regularización de deudas eléctricas

Otro de los capítulos del proyecto apunta a regularizar obligaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La iniciativa instruye a la Subsecretaría de Energía Eléctrica y a CAMMESA a aplicar créditos para cancelar deudas de distribuidoras eléctricas que adhieran a acuerdos de regularización y renuncien a reclamos judiciales o administrativos contra el Estado.

En ese marco, Edenor y Edesur reclaman ingresos no percibidos por unos US$3200 millones —US$2000 millones en el caso de Edenor y US$1100 millones en Edesur—, mientras ambas empresas mantienen deudas con CAMMESA por alrededor de US$1100 millones.

La iniciativa también prorroga hasta el 31 de diciembre de 2045 la exención de gravámenes para fuentes renovables prevista en la ley de promoción de energías limpias. El beneficio alcanza a proyectos de energía eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, hidráulica, biomasa y gases de vertedero, entre otras tecnologías.

Diputados, sesion, Manuel Adorni

El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos se refirió a la interna entre Patricia Bullrich y el Gobierno, al rol del PRO de cara a 2027 y a las posibilidades de su propio regreso a la política. El ex funcionario, que dejó su cargo en noviembre de 2025, no descartó volver a la actividad partidaria y dejó una frase que resumió su postura: “Para los que amamos la política y que nos hemos dedicado, por supuesto que siempre se espera poder seguir haciendo política en el país y dar lo que uno puede ”.

Sobre la senadora nacional por LLA, Francos fue medido. Reconoció que Bullrich tiene “opinión política” y que fue contendiente del presidente Javier Milei en las elecciones de 2023. “Ella tiene su personalidad política y el presidente también. A veces coincidirán y a veces tendrán diferencias, como es lógico”, señaló en diálogo con LN+. La referencia apuntó a los roces que se registraron en torno a la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuando la ex ministra de Seguridad reclamó públicamente que el funcionario presentara su declaración jurada. Francos prefirió no profundizar en el episodio: “No sé qué papel juega la senadora Bullrich en este momento tampoco lo tengo claro”.

Respecto a la posición asumida por el PRO en las últimas semanas y la relación con La Libertad Avanza, el ex funcionario reconoció el peso político del partido fundado por Mauricio Macri, pero se mostró cauto ante la posibilidad de una ruptura definitiva. “El PRO es un partido con relevancia, con representación parlamentaria importante, y Macri jugó un rol importante en el cambio de la organización política partidaria en la Argentina“, evaluó.

Luego recordó que el propio ex mandatario expresó en actos públicos que “va a apoyar todas las políticas del Gobierno con las que coincide y por ahí no apoyará otras cosas”. En este sentido, Francos apostó a una “confluencia” entre ambas fuerzas de cara a las elecciones presidenciales de 2027, aunque reconoció que “falta todavía” para saber cómo se articulará esa relación.

En ese mismo horizonte electoral, el ex jefe de Gabinete ponderó el RIGI —el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, incluido en la Ley de Bases— como uno de los aciertos del Ejecutivo. “Nadie confiaba en la Argentina. Entonces hubo que decirle al mundo: estamos cambiando la regla de juego de nuestro país”, sostuvo, y añadió que el esquema apunta a atraer inversiones con reglas fijas de largo plazo.

Francos mencionó también el anuncio de YPF —empresa en la que integra el directorio— sobre una inversión de veinticinco mil millones de dólares en Vaca Muerta por parte de Shell Oil, que proyecta generar cien mil millones de dólares en los próximos años. “Esto es lo que va a revolucionar el país”, afirmó.

Sobre la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni, Francos volvió a referirse de manera escueta. Dijo que el presidente lo respalda con fuerza, que el funcionario presentará su declaración jurada, y que la Justicia deberá resolver. “Hemos hablado tanto de este tema”, comentó, con un tono que dejó poco margen para la especulación. Y ante la pregunta por quién integra el círculo de poder interno del Gobierno, respondió: “Lo que tengo claro es que el que manda, el que fija el rumbo, el que lidera el gobierno es el presidente”.

La gestión económica también tuvo su lugar en el análisis de Francos. El exfuncionario defendió los resultados del Gobierno y afirmó que la Argentina salió de “una crisis terminal” heredada de la administración anterior. Como referencia comparativa, citó un artículo sobre el caso de Suecia, que pasó de ser una de las economías más estatistas del mundo a reducir su carga tributaria del 52% al 42% del PBI y mejorar la gestión de sus servicios públicos, incluida la educación. “Lo que está haciendo la Argentina, obviamente partiendo desde distintos lugares de inicio”, aclaró.

Sobre ese punto, Francos fue uno de los críticos más directos de la marcha universitaria de la semana anterior. “Yo veía la manifestación universitaria, que estaba llena de condimentos políticos”, dijo, y pasó a cuestionar la planificación del sistema educativo.

Al cierre de la entrevista, Francos volvió sobre su propia situación. Reconoció que “cumplió una etapa” y que el Presidente lo entendió. Sobre un retorno, sostuvo que no lo plantea como una posibilidad concreta, pero que quienes “aman la política” siempre esperan poder seguir participando. Ante la pregunta por dónde podría jugar —ciudad o provincia de Buenos Aires—, respondió con una clave: “Si me ves hablando de lo subterráneo en los próximos días, quiere decir que voy a estar jugando en la ciudad. Si me ves hablando de los problemas del Conurbano, capaz que estoy jugando en la provincia”.