El expremier Aníbal Torres cuestionó al Congreso de la República luego de que se aprobará un informe que recomienda inhabilitarlo por 10 años de la función pública debido a que habría tenido participación en el fallido autogolpe de Estado del encarcelado expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.

“Del Congreso de la República yo no espero nada, nada que sea correcto, que sea legal”, dijo Torres a Latina Noticias. Seguidamente, el extitular de la cartera de Justicia agregó que no fue citado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para defenderse de las imputaciones en su contra.

Además, Torres aseguró que la intención de un sector del Parlamento es que tienen la idea de que tiene aspiraciones políticas con miras a elecciones generales del 2026, lo cual volvió a descartar.

“El Congreso está buscando inhabilitarme porque está pensando que yo voy a ser candidato presidencial, lo cual no soy, no hay nada de eso”, anotó.

Aprobación y cargos

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cuya presidencia está en manos de la legisladora Lady Camones (Alianza para el Progreso), respaldó con 13 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones el informe final elaborado por Martha Moyano (Fuerza Popular).

En el documento de la fujimorista se menciona que Aníbal Torres “azuzó” a la población para que se levante contra los ‘golpistas’, la derecha y el Congreso para que el golpe de Estado de Pedro Castillo tuviera éxito, pero eso no ocurrió porque no contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

“Los actos y expresiones del señor expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, vertidos fundamentalmente en los denominados Consejos de Ministros Descentralizados, así como en entrevistas en medios de comunicación, sí constituyen conductas que infraccionan los artículos constitucionales mencionados”, se lee en el reporte de Moyano Delgado.

Además, en la recomendación se observa que Aníbal Torres sea acusado vía juicio político por infringir los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución, cuya sanción máxima es que esté fuera de cualquier función o rol como servidor público.

Tras el respaldo en la SAC, el siguiente paso es que todo lo actuado pase a la Comisión Permanente. Allí se debatirá el informe contra Aníbal Torres. Debido a la correlación de fuerzas políticas -con mayoría de derecha- que hay en este órgano del Parlamento, lo más probable es que siga su curso.

Así, se crearía una comisión acusadora contra Torres que sustente el informe ante el Pleno, donde el expremier deberá acudir con su abogado para brindar su descargo. Luego de ello, viene la votación y el resultado final.

Complicado panorama judicial

En paralelo a la denuncia constitucional en el Congreso, la situación legal de Aníbal Torres se complica en el sistema judicial. El 12 de enero pasado, la Fiscalía presentó su acusación formal contra los involucrados en el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo.

Como se sabe, al expresidente se le imputa la comisión de los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, cuyas penas acumuladas suman 35 años. Sin embargo, la acusación también alcanza a un grupo de exministros suyos. Entre ellos se encuentra Torres.

Para el extitular de la cartera de Justicia se menciona que cometió el delito de rebelión y debería recibir una sentencia de 25 años. Y es que hay pruebas de que lo involucran seriamente.