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CARACAS.– Los giros inesperados de la política y de la vida colocaron a Edmundo González Urrutia ante un reto personal y político desproporcionadamente complejo y trascendente. A los 74 años, pasó de ser un diplomático desconocido fuera de Venezuela, con una vida familiar y centrado en sus rutinas académicas, a colocarse en el vórtice de una grave crisis de Estado, triunfante en lo político, pero indefenso ante la fuerza de las armas. Proclamando, e intentando hacer valer, un triunfo electoral que ha desatado la ira del oficialismo chavista.

El gobierno de Venezuela lo acusa, junto a María Corina Machado, de estar detrás de un plan para desconocer los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral, que dieron ganador a Nicolás Maduro, y desatar la violencia en las calles con el objetivo de deponer al gobierno. Además, fue objeto de una feroz propaganda que lo retrata como un oscuro personaje del mundo paramilitar y fascista latinoamericano desde finales del siglo XX, presuntamente vinculado a procedimientos extremistas en América Central en sus tiempos de diplomático.

Los señalamientos contra González Urrutia no se han formalizado en los tribunales, pero están a punto de serlo. La Fiscalía lo citó a declarar hoy por la presunta comisión de los delitos de “usurpación de funciones, forjamiento [falsificación] de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delito informático, asociación para delinquir y conspiración”.

El fiscal general, Tarek William Saab, señaló: “Que hable, de manera consecuencial y sucesiva, de su responsabilidad en el antes, el durante y el después del 28 de julio, por su contumacia y su desobediencia a las autoridades”.

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, anunció que remitió a la Fiscalía “información de interés penal” sobre González Urrutia y María Corina Machado, y agregó que aquel habría incurrido en “desacato” ante el máximo tribunal del país.

Las actas digitalizadas y colgadas en una página web por el comando de campaña opositor, que equivaldrían a más del 80% del escrutinio, refrendan un triunfo de González Urrutia por el 67% de los votos, frente al 30% de Maduro. El proceso de recolección y publicación de los documentos en una web que no ha podido ser desalojada de la red ha supuesto un golpe comunicacional que fortaleció la idea de la victoria de la oposición en el país y fuera de Venezuela. Todo ello ha agravado el enojo entre las autoridades, quienes ahora plantean cargos por usurpación de funciones y falseamiento de documentos públicos. El aparato chavista cívico-militar, un monstruo de mil cabezas, ha perdido mucho arraigo entre la población, pero parece tener intactos sus kilogramos de poder en las estructuras del Estado.

González Urrutia fue el único candidato que no se presentó al “peritaje” de las actas organizado por el Supremo a solicitud del Palacio de Miraflores, y demandó –además de su seguridad personal– que fuera el Consejo Nacional Electoral el órgano encargado de auditar el proceso y cotejar las actas de votación.

Entre amenazas de prisión y duros epítetos, Nicolás Maduro también lo llamó “cobarde” y lo critica reiteradamente en mítines y alocuciones televisivas. El presidente venezolano pregunta constantemente por qué “no da la cara”. El 30 de julio fue la última vez que se vio en público a González Urrutia, que vive resguardado por seguridad y solo ha publicado mensajes a través de sus redes sociales. No obstante, de acuerdo con varias fuentes de su entorno, el diplomático sobrelleva la andanada de insultos y amenazas “con mucho aplomo y serenidad”. La información en torno al paradero, sus contactos, su estrategia, es un total misterio.

Un testimonio de alguien muy cercano a González Urrutia describe el panorama: “Está rodeado de su familia. Tiene a su equipo y contactos a distancia, no se reúne personalmente con nadie. Anda con un círculo muy estrecho de colaboradores en lo político y, por supuesto, tiene un contacto permanente con María Corina Machado. Hace sus consultas, intercambia mucho con algunos políticos en los que confía, sus amigos de años. Hemos conversado un par de veces, pero solo cuando él decide comunicarse. Lo siento fuerte. Está tranquilo”.

Resguardado con hermetismo desde la última vez que acudió a una marcha de la oposición, el 30 de julio, González Urrutia ha emitido varios pronunciamientos en los que condena la parcialidad de los poderes públicos nacionales en favor del chavismo, y solicita auditorías “imparciales y verificables” sobre el proceso electoral para demostrar su victoria.

“Por supuesto que él no va a presentarse a esas citaciones”, agrega otra fuente cercana. “Presentarse sería reconocer la juridicidad de esas instituciones, todas controladas por el partido de Maduro, en el que no hay ninguna noción de justicia”.

“Ante esta arremetida contra nuestras libertades y nuestra soberanía popular, convoco a los venezolanos a unirse en su defensa”, ha afirmado González Urrutia en su más reciente proclama. “No es poca cosa lo que está en juego. Llamo a todas las organizaciones, incluso a las que no nos han acompañado electoralmente, para que unidos hagamos respetar la decisión de la mayoría”.

“Pienso que quieren presionarlo, cercarlo para obligarlo a abandonar el país”, opina un tercer contacto cercano al candidato. “Pero hay que decir que está muy activo, conversando mucho con la comunidad internacional, buscando compromisos y parámetros para avanzar”.

La población parece dispuesta a acudir a los llamados pacíficos para defender el resultado electoral que han hecho Machado y González Urrutia, pero se impone la parálisis del miedo. Las detenciones arbitrarias y el acoso policial selectivo han tenido efecto; son muchas las personas que lo piensan dos veces antes de ir a una convocatoria.

Aunque reconoce que el asedio policial del gobierno busca colocar a González Urrutia en la misma situación que a Juan Guaidó, para el historiador y analista político Pedro Benítez “las circunstancias” tienen algunas diferencias. “Esta vez la oposición reivindica haber ganado unas elecciones y afirma que tiene las pruebas para demostrarlo. No es un conflicto entre el Parlamento y el Ejecutivo con una interpretación constitucional. Edmundo tendría un problema si se hubiera reconocido su victoria. Ahora el problema es de Maduro, que no la quiere aceptar”.

Por Alonso Moleiro

EL PAIS