El Ministerio de Seguridad estableció una serie de cambios en el sistema de visitas para los presos de alto riesgo que impiden el contacto físico entre los reclusos y sus allegados. El objetivo es “enfrentar, disuadir, desarticular y neutralizar el accionar de miembros de organizaciones criminales nacionales y transnacionales, grupos organizados u organizaciones complejas” y reducir las posibilidades de que “participen en actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios” y de que exista “riesgo de corrupción o violación del régimen interno” o de entorpecimiento de las investigaciones judiciales.

A través de la resolución 153/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la dependencia que lidera Patricia Bullrich puso en marcha nuevas medidas de control destinadas a quienes visitan a los presidiarios que forman parte del “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal”.

De acuerdo a la nueva normativa, cada interno “podrá recibir la visita de hasta dos familiares directos mayores de (16) años”. El encuentro se hará a través de un locutorio, será posible cada 15 días y tendrá una duración de una hora. La misma modalidad se aplicará para quienes tengan hijos menores de esa edad.

A partir de estas modificaciones, “el Servicio Penitenciario Federal (SPF) deberá requerir a la autoridad judicial a cuya disposición se encuentre detenido cada interno y al Ministerio Público Fiscal que por jurisdicción corresponda, que se informe si existe algún impedimento para autorizar las visitas de cada uno de los familiares directos solicitados por los internos incorporados en el sistema”.

Además, la nueva norma señala que no podrá ser autorizada como visita cualquier persona a la que un interno le haya revocado la autorización para ese fin. “No se autorizará el ingreso como visita a personas que hayan sido condenadas o que se encuentren investigadas por la posible comisión de un delito”, precisa.

Por otra parte, la disposición agrega que los integrantes del grupo afectado “no podrán recibir visitas de apoderados ni de allegados”, aunque dejaron en claro que “as restricciones establecidas no serán aplicables a las visitas de los abogados defensores debidamente acreditados en los expedientes judiciales y con los abogados que hubieran designado en tal carácter”.

En su artículo 2°, el texto firmado por Bullrich indica que el SPF “deberá denunciar todos los delitos de los cuales se tome conocimiento en el contexto del “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal, oportunidad en la cual podrá requerir que se disponga la intervención de comunicaciones telefónicas, el monitoreo de visitas, la suspensión o prohibición de visitas o de establecer comunicaciones telefónicas o cualquier otra medida de prueba que resulte pertinente a los fines de disminuir el riesgo comunitario”.

La novedad se da un año después del lanzamiento del Sistema de Alto Riesgo, un protocolo para vigilar y controlar a los presos que se incluyen en esa categoría y que “tengan la capacidad de fugarse, dirigir actividades criminales desde adentro de los penales, intimidar o corromper a funcionarios penitenciarios, entorpecer investigaciones judiciales y coaccionar a otros internos”.

El programa en cuestión, vigente desde enero del año pasado, se ocupa del monitoreo constante de los narcos detenidos, la privación de las comunicaciones por vía de teléfonos celulares, llamados unidireccionales limitados, la instalación de cámaras de reconocimiento facial, sensores infrarrojos, escáneres de cuerpo completo -full body-, detectores de metales y el aumento de las requisas en los pabellones.