Hace un par de semanas, las farmacias conocieron la noticia de que desde el 1 de noviembre cambiaría el sistema de validación de recetas de medicamentos por PAMI. Entre ese viernes y a lo largo de una semana (más algún altibajo que se percibía al cierre de estas líneas), la nueva plataforma generó inconvenientes, lo que provocó un dolor de cabeza para los farmacéuticos y que los pacientes rebotaran de los mostradores con las manos vacías. Acá, la historia de por qué de un día para el otro la obra social de los jubilados dejó de usar el entorno informático que funcionaba desde 2018.

En el PAMI explican que el pasaje (de la plataforma FarmaPAMI a una usada en los años previos a 2018, la de la red Farmalink – IMED) respondió a la necesidad de acceder a información que hasta ahora les era vedada. ¿Por qué el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) aceptó durante seis años no acceder a esa información? ¿Qué cambió?

Para encontrar la respuesta, hay que zambullirse en las densas aguas del mercado de los medicamentos de Argentina, donde conviven -conectados por distintas relaciones de fuerza- una serie de personajes y entidades que condensan organizaciones con siglas no del todo conocidas.

Unidos por una historia común, aunque los actores que se mencionarán abajo fueron consultados para esta nota, pocos quisieron responder y los que lo hicieron pidieron anonimato. El tema incomoda y despierta sensibilidades por viejas disputas (aplacadas en buena medida, pero no del todo) que casi nadie quiere difundir.

Tenemos muchos actores divididos en tres grandes grupos. Por un lado están los laboratorios farmacéuticos, que fabrican y comercializan los remedios que consumimos. Se nuclean en cuatro cámaras: CILFA, Cooperala y CAPGEN representan a los laboratorios de capitales nacionales. Por los extranjeros está CAEME.

Por otro lado están las farmacias, unas 13.500. Se subdividen en grupos, por particularidades históricas que fueron sembrando diferencias al interior del sector. Además de dividirse en “colegios”, los farmacéuticos fueron delineando sus posiciones políticas e intereses sobre el alcance y competencias de la profesión, lo que repercutió en la creación de distintas cámaras y asociaciones.

El tercer actor es el PAMI, la mayor obra social del país, con más de 5 millones de afiliados. Siempre se dice que es una “caja” y que todos quieren poseerla. Al margen de esas apreciaciones, lo importante es que es el organismo que le da servicios de salud a la porción de la población que más medicamentos per cápita consume: los adultos mayores.

¿Cómo se conectan estos tres actores? Es evidente que el PAMI querrá lograr acuerdos de precios -al mejor precio posible- para los remedios que sus médicos les prescriben a los afiliados. Pero, ¿con quién deberían firmarse esos contratos? ¿Con los laboratorios o con las farmacias? De este meollo emerge una piola que explica por qué el PAMI cada tanto modifica su sistema informático.

Como los laboratorios, los farmacéuticos tienen sus asociaciones. Dejando de lado tres de corte “mutual y sindical” (AFMRSA, ASOFAR Y FARMASUR), hay tres que son las más importantes.

A fines de los 70 surgieron farmacias cuyos propietarios no eran profesionales del sector sino sujetos que, en busca de una inversión, habían decidido poner una farmacia (negocio concebido como muy rentable). Al no poder sumarse a los colegios farmacéuticos, no eran tratados como “iguales”, y con el tiempo se fueron juntando entre ellos, hasta que a mediados de los 80 crearon la Federación de Cámaras de Farmacias, o FACAF.

Las otras dos tienen siglas que se oyen más seguido. La primera es la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), que supo nuclear a la mayoría de los profesionales farmacéuticos del país, pero a comienzos de los 2000 empezó a padecer tensiones internas. Todo, por un subgrupo que impulsó un cambio en los objetivos de la institución. En 2005 se “cortaron” por las suyas y crearon la Federación Farmacéutica (FEFARA).

Básicamente promovían dejar de ser actores pasivos detrás del mostrador y, en cambio, tener voz y voto en el mercado de los medicamentos, lo que en la práctica implicaba meterse en las negociaciones de los contratos de precios, una manija en manos de «la farma».

Algunos encontraron buenas razones para sumarse a esos “rebeldes”, convencidos de que los peces gordos de la industria tenían tal dominio del mercado de los medicamentos, que ya no estaba garantizada la subsistencia del mercado como tal.

Se plantearon entonces veredas enfrentadas. De un lado, los que querían asemejarse a empresarios farmacéuticos. Del otro, los que los tildaban de “interesados”, en detrimento de la profesión, a lo que los primeros respondían que no querían dinero: lo que querían es poder.

Poder manejar los contratos con los “pagadores” o financiadores de la salud. Principalmente, las obras sociales, de las que la más grande -ya se dijo- es el PAMI.

¿Y qué había pasado en el PAMI hasta entonces? Desde mediados de los 90, la obra social transitaba una seguidilla de escándalos de corrupción a los que se sumó -en 1996- un enorme déficit fiscal. La falta de recursos provocó demoras en los pagos a proveedores y prestadores, que a su vez obstaculizaron el acceso de los pacientes a las prestaciones (en su mayoría, jubilados con el poder adquisitivo destrozado).

“Los veías deambulando por las oficinas en busca de reintegros, una tarea penosísima en la que con suerte lograban recuperar algunos gastos de lo que habían gastado en sus remedios”, recordó una fuente ligada al sector.

¿Alguien tendría la espalda para salir al rescate del sector? La “farma”. En un acuerdo con el entonces presidente Carlos Menem, el Gobierno les entregó a los laboratorios la gestión de los medicamentos por PAMI. El Estado pagaba y la industria se hacía cargo del resto, a través de una empresa que aún hoy opera en la inmensa red de farmacias de Argentina: Farmalink SA.

Hay que ir más allá de 2005 para ver cómo los “rebeldes” de FEFARA (ex COFA) empezaron a buscar poner un pie en ese escenario.

Los más críticos señalan que el PAMI pagaba a ciegas lo que la industria le indicaba y que los pagos a las farmacias se hacían con la clásica bicicleta de las notas de crédito “a pagar”, como si nada funcionara bien ni en forma del todo transparente. Son afirmaciones polémicas y difíciles de corroborar. Sin embargo, evidencian las rispideces del sector en esos años.

Por los desafíos informáticos en alza -incluso para el PAMI-, Farmalink, en cierto momento, se tercerizó el manejo de las validaciones de las recetas por PAMI. Estamos en la primera década del 2000, pero lo que hizo entonces fue subcontratar la misma empresa nacional que desde hace 15 días se ocupa de las validaciones del PAMI: IMED.

IMED se dejó de usar desde 2018 hasta octubre de este año. ¿Qué pasó en el medio? FEFARA, que había hecho un importante avance tecnológico para ofrecer servicios de auditoría y validación a distintas obras sociales provinciales, desarrolló un sistema propio que podría servirle al PAMI.

Se lo ofrecieron al Gobierno de Mauricio Macri, quien primero se negó, por más que al director de la obra social de los jubilados, Sergio Cassinotti, lo habían tentado, con las supuestas mayores posibilidades de transparencia y trazabilidad de datos que ofrecía el sistema.

Era una decisión política. Tomarla implicaba darles la espalda a los laboratorios. Sin embargo, en 2018, con la corrida cambiaria que provocó una inolvidable megadevaluación, la posición de Macri cambió. Las fuentes coinciden en el que el Presidente se enojó con el sector industrial por su supuesta participación en ese derrumbe económico.

Se tome la versión que se tome, Macri impulsó el reemplazo del sistema de validaciones del PAMI e instauró el que ofrecía FEFARA. Lo llamaron FarmaPAMI.

En diálogo con el propio Cassinotti tras esos cambios, entonces reportados por esta cronista, el ex director del PAMI evaluó dos cosas importantes: 1) que “desde fines de los años 90, las farmacias venían estando al margen de la negociación, pero ahora (en 2018) vuelven a tomar su papel histórico”. Y, 2) que “las cámaras de los laboratorios no están contentas con la novedad”, ya que “querían seguir manejando el circuito”.

Llegamos a 2024 y al final de esta historia. En el actual PAMI (en los papeles conducido por Esteban Leguizamo, aunque ninguna decisión excede el entorno del ministro de Salud, Mario Lugones) dijeron que reinstauraron el sistema IMED porque precisaban obtener información a la que no venían teniendo acceso.

A ellos, como a la industria, les es crucial conocer la información del sector. Quiénes consumen qué. Y quiénes prescriben qué remedios a quiénes.