El problema de los monotributistas es uno de los principales motivos del desfinanciamiento del sistema de salud. Aportan muy poco y, como cualquier ciudadano, exigen un servicio sanitario de calidad que hoy las obras sociales están obligadas a brindarles. Ahora, a partir de la puesta en marcha del Registro de Agentes del Seguro, las prepagas quedarían en igualdad de condiciones, lo que está generando preocupación en las empresas por el impacto que eso les puede provocar.

El Gobierno decidió que a partir del 1° de diciembre las prepagas que no estén inscriptas en ese registro no podrán seguir recibiendo aportes de la seguridad social. Pero uno de los factores aún no resueltos es qué pasará, precisamente, con los monotributistas y empleados con aportes muy bajos en ese nuevo esquema: ¿Podrán reclamar a las prepagas que les brinden al menos un PMO básico tan sólo por los 12 mil pesos que representa el aporte (categorías A, B y C) cuando ese plan cuesta entre 45 y 50 mil pesos?

Este martes, Clarín contó que en los registros de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) había prepagas que se habían anotado como Agentes del Seguro con la salvedad de que no aceptaban monotributistas ni personal de servicio doméstico. Luego de que esta cuestión fuera advertida, dicho registro se modificó y ahora todas dicen que aceptan a esas poblaciones. Se atribuyó el desliz a un error, producto de “un problema de la página”.

Luego de ocurrido ese episodio, este medio consultó entonces a la SSS sobre si, efectivamente, las prepagas van a estar obligadas en el nuevo esquema a brindar el PMO a cualquier afiliado que así lo requiera, por más bajo que sea su aporte, sin poder exigir un plus sobre ese dinero. La respuesta hasta el cierre de esta nota dejó las cosas en suspenso, ya que aseguraron que en las próximas horas podría haber novedades al respecto, sin aportar oficialmente mayores detalles.

Tal como están las cosas hoy, un artículo que se incorporó a la reglamentación de la Ley del Seguro Nacional de Salud N° 23.661, dice que “los Agentes del Seguro no podrán: a) supeditar la afiliación al cumplimiento de ningún requisito no previsto en la ley o sus reglamentaciones” y “b) efectuar discriminación alguna para acceder a la cobertura básica obligatoria”.

Ese artículo integra un decreto de febrero de este año y, según pudo saber Clarín, el borrador de dicha norma contemplaba un párrafo extra que luego quedó afuera de la redacción final. Decía lo siguiente: “Los Agentes del Seguro de Salud comprendidos en el inciso i) del artículo 1° de la Ley N° 23.660 podrán ofrecer sus servicios en el Sistema de Salud dentro del marco de la Ley N° 26.682”.

Clarín consultó a un experto en el tema -que prefirió el anonimato- sobre qué hubiera significado el agregado de ese texto. Palabras más o menos, dijo que hubiera establecido que las prohibiciones instauradas para las obras sociales no serían aplicables a las empresas de medicina prepaga inscriptas en el Registro Nacional de Agentes del Seguro. ¿Es ésa la novedad que tiene en carpeta el Gobierno como nueva reglamentación de la ya existente? ¿Y de ser así, qué dirán las obras sociales ante ese cuadro de situación? Habrá que esperar para saber.

Mientras tanto, en las prepagas hay preocupación, silencio y especulaciones, en un escenario que por ahora no deja de ser abstracto. Una de esas especulaciones podría ser paradójica con respecto al origen de esta historia: el Gobierno creó el Registro de Agentes del Seguro, según se explicó, para eliminar a las obras sociales que son “sellos de goma” y el afiliado deje de triangular sus aportes para depositarlos directamente en la prepaga que elija. Sin embargo, una alternativa en análisis desde las prepagas -si no hubiese cambio normativo alguno- sería tercerizar la atención de esa población de aportes bajos.

Dicho de otra manera, podría existir una triangulación a la inversa: la prepaga recibiría el aporte del monotributista y subcontrataría a otra gerenciadora de salud, con prestadores diferentes a los de la prepaga, para que atienda a esa parte de sus afiliados. Sin embargo, los analistas del sector observan que, así y todo, no sólo la ecuación de costos seguiría sin cerrar, sino que a eso habría que sumarle eventuales tratamientos extraordinarios que las empresas estarían compelidas a cubrir. “El tema es que son personas que vienen con lo que se llama demanda contenida de muchos años de mala atención, lo que aumenta las posibilidades de gasto catastrófico”, explicó un actor del sistema.

Lo que no escapa a los analistas es que prepagas y obras sociales tienen diferente estatus jurídico y social, y distinta condición impositiva, lo que estaría poniendo trabas a la voluntad original de equipararlos. “Lo que dice hoy fríamente la norma es que las prepagas tienen que cumplir con las mismas obligaciones que las obras sociales y eso va a terminar perjudicando a las prepagas”, señaló una de las fuentes consultadas, con muchos años de experiencia en la función pública.

En este contexto, hay algunas pocas voces del mercado de las prepagas, aunque potentes, con el convencimiento pleno de que al final del camino «primará el sentido común» y nada cambiará finalmente en cuanto al status actual de los monotributistas en su vínculo con las prepagas. Es decir, que su aporte seguirá siendo dinero a cuenta y que deberán completar el saldo restante para acceder a un plan prepago.

Finalmente, cuando todo esto se lleve a la práctica, sobrevendrá la hora de la verdad para la iniciativa del Gobierno: saber en qué proporción la población que hoy triangula sus aportes con una obra social finalmente opta por la nueva modalidad y pasa a derivar ese dinero directamente a una prepaga. Ese trámite individual, a diferencia de la medida compulsiva impuesta a las empresas por el Estado libertario, será voluntario.