Entre los artículos de la Ley de Presupuesto, presentada el domingo por Milei en el Congreso, uno llamó la atención en el mundo educativo. Es el número 27.

Allí se establece que -de aprobarse la ley, está claro- se suspenderá, por un año, la obligación que tiene el Estado (Nación más provincias) de invertir en educación el 6% del PBI. Imposición que surge de la Ley de Educación Nacional vigente, votada en 2006 por unanimidad por todas las fuerzas políticas.

Conocido el texto de la ley -que también suspende la obligación de invertir 0,45% del PBI en ciencia y tecnología y 0,2% del PBI en educación técnico profesional-, se sumaron las interpretaciones por la interrupción de una medida que, en rigor, poco se cumplió. Solo en 2015 el Estado llegó a invertir 6% del PBI en educación.

Durante todo el gobierno de Macri y todo el de Alberto Fernández -por mencionar los últimos dos-, en ningún año Nación y provincias llegaron a sumar el 6% del PBI en inversión educativa. Y se fue acumulando, así, una deuda del Estado con la educación.

“Hacia 2020, la deuda educativa del Estado Nacional y las provincias era de 26 mil millones de dólares, más de la mitad de la deuda con el FMI. Hoy es mucho mayor: todos los gobiernos suspendieron de hecho la aplicación de la ley”, le dijo a Clarín Mariano Narodowski- profesor de la Universidad Di Tella y ex ministro de Educación porteño-, que el año pasado presentó un informe con el cálculo de esta deuda educativa.

Para Narodowski, “guste o no, Milei muestra lo que estaba oculto, suspendiendo por ley y acotando a un año solo y no a 14 como los gobiernos anteriores. Esta emergencia será virtuosa si en 2026 se implementa un plan serio de inversión, que aplique el 6% del PBI para educación y que asegure que los fondos lleguen eficientemente a las escuelas, los docentes y los estudiantes”, agregó el experto.

Otros especialistas muestran preocupación por una decisión que podría llegar a anticipar más ajuste para la educación. Es el caso de Javier Curcio, economista e investigador de la UBA y el Conicet, quien señaló a Clarín que “este año, el ajuste en educación será del 40% (reales), el doble que en el sector público en general. Para el año que viene, el incremento en la función educativa del Presupuesto sería del 35%, así que recuperaría parte de la caída”.

“Pero el Presupuesto estima que desde septiembre hasta fin de año va a haber 1,2% de inflación mensual y todo el año que viene 18,3%. Son supuestos de imposible cumplimiento. Entonces, como la inflación está mal calculada, el resto de las variables también”, afirma.

Desde la Secretaría de Educación nacional, por su parte, le dijeron a Clarín que ellos más que en una cifra piensan en una “inversión inteligente” para la educación.

“La crisis educativa argentina tiene un historial de gastos de recursos dispersos en sucesivos programas educativos que redundaron poco en la mejora de los aprendizajes. Más que pensar en un número fijo, es importante invertir mejor. Nuestro foco está en la asignación inteligente, es decir, priorizando los aprendizajes fundamentales, para que las personas puedan construir las bases de una educación sostenible a lo largo de la vida”, dijeron fuentes de esa Secretaría.

“Más de 189 mil millones de pesos serán destinados al Plan Nacional de Alfabetización, una iniciativa que busca una inversión total de casi 1.000 millones de dólares en los cuatro años de gobierno. Hay que revertir los índices que indican que 1 de cada 2 estudiantes en tercer grado no lee y escribe, de acuerdo a su edad. Además, cabe señalar que para 2025, la participación de Educación dentro de Capital Humano será mayor”, agregaron.

Desde su cuenta en X, el economista especializado en educación, Alejandro Morduchowicz, apuntó a las provincias y dio su punto de vista. “Las provincias que se opongan a la suspensión del 6% del PIB para educación podrían invertir por motu proprio. No necesitan una ley nacional para hacer lo que va de suyo deberían estar haciendo. Los salarios son el 90% del presupuesto educativo y están cayendo en picada”, escribió.

“Este proyecto les viene muy bien. Solo será cuestión de ver quién es la que tire la primera piedra contra la suspensión. La Ley de Financiamiento Educativo explicitaba cuál debía ser su contribución al aumento de la inversión sectorial, pero todas miran para otro costado”, agregó.

¿Cuánto debe invertir el Estado en educación? Algunos especialistas critican que se tome el porcentaje de PBI como indicador. Es porque garantiza mayor inversión cuando crece la economía y menor cuando decrece o hay recesión. Y dicen que podría pensarse en fondos anticíclicos vinculados, por ejemplo, a las ganancias que se obtengan por Vaca Muerta u otro sector de la economía.