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SOCIEDAD

Escándalo en la Legislatura: el que no afana es un gil

Los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo. (Fotos: gentileza Clarín)

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La de “Chocolate” Rigau es una historia donde se cruzan muchísimas cuestiones, delitos, trampas. Tiene una dimensión principal -de las muchas que tiene- que corrobora lo que muchos sabíamos. Cualquier persona que conozca la política de la provincia de Buenos Aires sabe que ahí hay una caja negra desde hace décadas, que se llama Legislatura bonaerense y que sirve para que casi todas las fuerzas políticas -por no decir todas- hagan una caja paralela. ¿Cómo? Con esto que acabamos de ver. Esta gente, remisa a explicar su situación porque sabe que está cometiendo un delito, recibe una designación en la Legislatura a cambio de una jubilación que va a tener después de un tiempo y del uso de la obra social, y tienen que donar su sueldo como contraprestación.

Estamos hablando de una clase política que se llena la boca con el tema de los derechos de los trabajadores, “vienen por nuestros derechos”. Estos son políticos que aprovechan la vulnerabilidad de determinadas personas para poder obtener un recurso a cambio de darles una designación que les provea a esas personas obra social y jubilación.

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Esto es un anecdotario que se va sumando, un caso detrás de otro, hasta llegar a cifras monumentales. Hay una denuncia que realizaron Ricardo López Murphy, María Eugenia Talerico y Javier Iguacel, tres diputados nacionales, son de los pocos que denunciaron. En la denuncia, ellos hacen un cálculo del presupuesto de la Legislatura.

La Cámara de Diputados bonaerense tiene un presupuesto de $62.000 millones anuales. Estamos hablando de $330 millones por diputado. Son 92 diputados. Cuando estos legisladores hacen un cálculo razonable de cuánto cobra un legislador, cuánto cobran cinco empleados que podría tener cada legislador y cuánto sale el mantenimiento, la administración de la Cámara, etc., le sobran $53.000 millones de pesos anuales. Es decir, del presupuesto de $62.000 millones, sobran $53.000 millones que, por lo menos, para decirlo de manera muy elegante, están mal asignados, por no decir que esa plata se roba.

Los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo. (Fotos: gentileza Clarín)
Los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo. (Fotos: gentileza Clarín)

Quiero ir a un concepto de Borges, aunque parezca disparatado. Borges decía que los argentinos tenemos una idea muy extraña del Estado: no tenemos noción de Estado, no tenemos tenemos la idea de que el Estado somos nosotros, de que esa plata que saca “Chocolate” de los cajeros es nuestra. Es la plata que, después, se presenta como presión impositiva, es plata de nuestros impuestos. Esta es una de las dimensiones.

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La otra dimensión tiene que ver, además del silencio de la política bonaerense frente a todo esto -las autoridades de la Cámara no han abierto la boca todavía-, con la complicidad de la Justicia, porque tenemos dos camaristas que dicen “acá no hay delito”. Hay que fijarse en lo insólito de esto: los dos camaristas dicen que no hay delito porque han sido presionados por los políticos que los pusieron como camaristas para que lo digan, pero ahora, la Justicia los quiere juzgar en un juicio político. Es decir, los mismos legisladores que debían ser investigados por ellos, los van a querer juzgar por haber obedecido a un pedido de no investigarlos. Es una especie de trabalenguas donde está contenida la corrupción, la crisis de representación, problema que representa una democracia que no sabe dar buenas prestaciones económicas, pero que sí sabe dar buenas prestaciones económicas para los propios que la operan.

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La gente está cada vez peor y casi todos los políticos -no quiero generalizar- viven una vida que no se puede explicar. Estamos dirigidos por una clase política, prácticamente, de multimillonarios gracias a estos sistemas.

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SOCIEDAD

La Anmat prohibió 30 productos para el pelo por falta de inscripción sanitaria y posibles riesgos para la salud

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Mediante la disposición 9183/2024, publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, la publicidad, la comercialización y la distribución de 30 productos para el pelo en todo el país.

Se trata de elementos de la marca BM de Mariela Alisados, los cuales eran promocionados y comercializados a través de sitios electrónicos sin sus correspondientes inscripciones sanitarias, según pudo averiguar el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos Y Productos de Higiene personal, dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (Degms).

La Anmat prohibió una serie de productos para el pelo

En tanto, la dirección consultó a la Anmat sobre la identificación de los productos comercializados vía Internet y se pudo saber que no contaban con las habilitaciones y que, incluso, algunos de ellos son probables a generar daños a la salud.

La Degms señaló que los alisadores de pelo que comercializan sin la debida inscripción sanitaria representan un riesgo para la salud ya que pueden contener formol (formaldehido) como activo alisante. “Esta sustancia se encuentra permitida como conservante de la formulación en una concentración máxima del 0.2% o como endurecedor de uñas en una concentración máxima del 5%; sin embargo, el uso de este ingrediente con la finalidad de alisar los cabellos no se encuentra autorizado por cuanto puede derivar en la exposición a vapores tóxicos con potencial para generar diversos efectos nocivos sobre la salud del usuario y del aplicador”, declaró.

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Además, pueden generar diversas reacciones adversas tras la exposición aguda, como irritación, enrojecimiento, ardor, picazón de la piel y/o de los ojos, lagrimeo, irritación de la garganta, irritación de la nariz, tos, sensibilización del tracto respiratorio y alteraciones serias.

La disposición también consideró que la exposición de estos productos puede desencadenar “desde hipersensibilidad y dermatitis alergia hasta un incremento en la probabilidad de ocurrencia de carcinomas, principalmente el nasofaríngeo”.

En este contexto, la Anmat definió: “A fin de proteger a eventuales usuarios de los productos involucrados, toda vez que se trata de cosméticos no inscriptos para los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración y en consecuencia para los que no es posible brindar garantías acerca del cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias pertinentes, y/o si fueron formulados con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable, la Degms sugirió su prohibición”.

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